La política en Colombia ha alcanzado, una vez más, un punto de ebullición insostenible. En la antesala de unas elecciones que se perfilan como cruciales para el futuro del país, el ambiente se encuentra enrarecido por un torbellino de acusaciones cruzadas, montajes y tensiones que trascienden las fronteras nacionales. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha elevado el tono de manera drástica, estallando ante lo que él describe como un plan orquestado por la extrema derecha para secuestrar la voluntad popular. En el centro de este gigantesco escándalo se perfilan figuras prominentes: el polémico abogado Abelardo de la Espriella, el senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno, y una sombra de traición que se extiende hasta las propias filas de las fuerzas militares.
Este episodio, que el propio mandatario ha bautizado como una operación al estilo “Honduras Gate”, amenaza con destapar uno de los episodios de guerra sucia política más graves en la historia reciente del país. Mientras el gobierno progresista se atrinchera para defender la legitimidad de las próximas elecciones, la trama de audios falsos, intervenciones extranjeras y discursos polarizantes nos obliga a analizar en detalle los hilos de poder que se mueven en la sombra.
El Detonante: El Asesinato de un Coordinador y la Reacción de Bernie Moreno
El preludio de este último choque institucional ocurrió a miles de kilómetros de Bogotá, en los pasillos del poder de Washington. La noche del 16 de mayo, el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno (un empresario de origen colombiano que ha mantenido una postura crítica frente a la administración Petro), emitió un pronunciamiento que encendió las alarmas en el Palacio de Nariño.
Moreno expresó su “profunda preocupación” tras el trágico asesinato de Rogers Mauricio Devia, quien se desempeñaba como gerente de campaña del sector afín a Abelardo de la Espriella en un municipio del departamento del Meta. Devia, un exalcalde local, fue asesinado cuando se dirigía a su residencia portando material publicitario.
Lo que desde el gobierno se percibe como el inicio de la maniobra de la extrema derecha radica en el uso político de este crimen. A pesar de que las autoridades colombianas, incluida la Fiscalía, aún no han esclarecido los móviles del asesinato ni han confirmado que se trate de una retaliación política, el sector opositor y el senador Moreno tomaron el suceso para construir de inmediato una narrativa de persecución y victimización.
La respuesta de Abelardo de la Espriella a las palabras del congresista estadounidense elevó la tensión a niveles preocupantes. “Gracias senador Bernie Moreno por su postura firme y por dejarlo cristalino. (…) No toleraremos esta ola de violencia política y asesinatos con nuestra campaña”, afirmó De la Espriella.
Pero el abogado fue más allá, lanzando una petición que sectores del oficialismo interpretaron como un llamado a la violación de la soberanía nacional: “Exigimos que la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, permanezca alerta, vigilante e intransigente en la defensa de la democracia en Colombia. Necesitamos ojos en el terreno para garantizar elecciones seguras, libres y transparentes, sin intimidación, terror ni asesinatos”.
Para el progresismo, esta retórica, que coquetea abiertamente con la intervención extranjera en asuntos internos, no es casual. Recordaron que semanas antes, el entorno de extrema derecha celebraba una imagen compartida por figuras cercanas a Donald Trump donde se mostraba un mapa de Venezuela anexado a Estados Unidos. El llamado de De la Espriella a que “el mundo actúe” y fije “ojos en el terreno” colombiano es percibido por la Casa de Nariño como un acto desesperado para deslegitimar de antemano unos comicios que se prevén complejos para el conservadurismo.
El Grito de Alerta de Petro y la Teoría del “Honduras Gate”
Ante esta escalada discursiva y las maniobras internacionales, el presidente Gustavo Petro no guardó silencio. A través de sus canales oficiales, el mandatario ordenó hacer frente a estos supuestos planes del uribismo para perpetrar un fraude electoral.
“La justicia debe investigar por qué se construyó este crimen contra las elecciones”, sentenció Petro, dejando claro que considera la campaña de difamación no como un simple choque de opiniones, sino como un ataque sistemático a la democracia.
Para dimensionar la gravedad del asunto desde su perspectiva, Petro trazó un paralelismo alarmante: “Es una operación del Honduras Gate que financió Netanyahu y el narco para destruir a los progresistas de México y Colombia”. Esta afirmación del presidente sugiere la existencia de un ecosistema internacional coordinado para desestabilizar gobiernos de corte progresista en América Latina, empleando tácticas de desinformación masiva y el uso ilegítimo de aparatos de inteligencia.
Petro apuntó directamente a los responsables históricos de este tipo de montajes en Colombia. Recordó episodios pasados donde sectores oscuros impulsaron denuncias falsas contra generales (a quienes denominó los “zapateiros”) que investigaban la corrupción dentro de las fuerzas armadas. La acusación presidencial es una severa advertencia de que las instituciones democráticas, y en particular los organismos de seguridad del Estado, están siendo minados desde adentro.
El Montaje Contra Iván Cepeda: Audios Falsos y Traición Militar
El evento que funcionó como catalizador de la furia presidencial fue la divulgación masiva de un audio que pretendía destruir la reputación del senador Iván Cepeda. En la grabación, filtrada de manera casi sincronizada a diversos medios de comunicación, una voz que supuestamente pertenecía a alias “Rogelio Benavides” (cabecilla de las disidencias bajo el mando de alias “Calarcá”) invitaba descaradamente a las bases guerrilleras a votar por Cepeda. El objetivo de la filtración era evidente y letal: manchar al candidato progresista con el estigma del apoyo subversivo.
Sin embargo, el elaborado montaje se derrumbó con estrépito gracias a las investigaciones de la propia inteligencia policial. Análisis preliminares desarrollados por investigadores expertos del Gaula de la Policía Nacional determinaron que la voz del audio no correspondía al temido cabecilla disidente. En realidad, se trataba de alias “Sergio”, un extorsionista común preso en el patio 10 de la cárcel Picaleña, en la ciudad de Ibagué. El criminal, ajeno a las estructuras postguerrilleras, estaba simplemente fingiendo, ejecutando una de las “dinámicas de extorsión carcelaria” que las autoridades venían rastreando desde hacía meses.
Pero el verdadero escándalo que sacude las bases del Estado no radica únicamente en la falsedad del audio carcelario, sino en la manera en que llegó a los principales noticieros del país. Noticias Uno reveló de manera explosiva que la filtración del montaje se habría originado en el interior mismo del Comando de las Fuerzas Militares.
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Esta revelación confirmaría los peores temores de Gustavo Petro: la existencia de facciones militares politizadas que actúan a espaldas de la Constitución y de sus superiores, traicionando a la patria para favorecer intereses electorales específicos de la extrema derecha.
Frente a este ataque alevoso, Iván Cepeda no se amilanó. Calificó el hecho como “un montaje orquestado por sus contradictores políticos” y exigió rectificaciones públicas inmediatas a quienes se hicieron eco de la calumnia. Cepeda no dudó en señalar con nombre y apellido a sus acusadores, exigiendo disculpas a “Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Claudia López, Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo”. Hasta la fecha, el silencio o la evasión han sido la norma entre los señalados, mientras las Fuerzas Militares intentan purgar y sancionar las fugas de información en sus propias filas.
Las Malas Compañías: Duque, Moreno y la Sombra de Alex Saab
En el intrincado mapa de relaciones que conforman esta ofensiva opositora, resulta particularmente llamativa la reaparición pública del expresidente Iván Duque, fortaleciendo el eje Washington-Bogotá. A través de sus redes sociales, Duque presumió de un reciente encuentro con Bernie Moreno durante la ceremonia Champions of Freedom celebrada en el exclusivo Trump National Doral de Florida. “Me honró participar… Felicitaciones a Gianni Infantino y a Bernie Moreno”, escribió el exmandatario, posando sonriente junto al mismo senador estadounidense que ahora busca influir en el panorama electoral colombiano a favor de Abelardo de la Espriella.
La exhibición de esta camaradería internacional contrasta duramente con el turbio y contradictorio pasado profesional del abogado De la Espriella. Durante el frenesí de la campaña actual, reflotó una incisiva y recordada declaración del polémico periodista y presentador peruano de ultraderecha, Jaime Bayly. A pesar de compartir afinidades ideológicas con el sector conservador colombiano, Bayly criticó en su momento de manera feroz al abogado.
El presentador recordó con evidente desprecio la decisión de De la Espriella de asumir, años atrás, la defensa penal del empresario colombo-venezolano Alex Saab, ampliamente conocido como el testaferro de Nicolás Maduro. “Nosotros los abogados criminalistas lavamos los inodoros de la gente rica… y ahora este señor de la Espriella es el lavador de inodoros de Saab”, sentenció Bayly en televisión abierta.
Bayly cuestionó profundamente la “coherencia moral” de un profesional que se autoproclama fervorosamente “uribista y antichavista”, pero que termina aceptando honorarios multimillonarios provenientes de las entrañas de la corrupción venezolana. “Los millones que tenía Alex Saab apestaban… El señor De la Espriella no supo o no quiso saber de dónde sacó esa fortuna, heredada y robada a Venezuela, y aceptó ser su abogado”, concluyó el presentador. Esta sombra imborrable sobre el autoproclamado “defensor de la democracia”, que ahora exige a gritos intervenciones extranjeras, erosiona gravemente la credibilidad moral de su actual cruzada electoral y da argumentos al oficialismo para deslegitimar sus advertencias.
El Miedo como Arma: La Amenaza a la Protesta Social
La preocupación del progresismo colombiano frente a las elecciones venideras trasciende el ámbito puramente numérico o de control gubernamental. Para figuras representativas como la congresista Mafe Carrascal, las próximas semanas representan una dicotomía existencial para el país: elegir entre un proyecto que busca la justicia social y el respeto a la protesta (encarnado por figuras como Iván Cepeda), o retornar a un autoritarismo represivo que ya ha dejado cicatrices profundas en la juventud colombiana.
El discurso de la extrema derecha frente a los movimientos sociales y el derecho a la huelga ha sido históricamente de confrontación frontal y estigmatización. Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia han dejado claras sus posturas implacables. Mientras De la Espriella promete públicamente que a quien viole la ley durante las manifestaciones “le cae la mano de hierro del Estado, independientemente de su raza y condición”, Paloma Valencia ha llegado al extremo de proponer castigos colectivos inaceptables en una democracia moderna. En el pasado, Valencia sugirió estrategias de asedio como generar “bloqueos de acceso a la alimentación y al agua” en los resguardos indígenas para obligarlos a someterse a las autoridades.
Esta visión punitiva y autoritaria de la protesta no es un caso aislado ni nuevo. Durante el estallido social bajo el gobierno de Iván Duque, figuras clave como el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, validaron la represión policial violenta y llegaron a proponer ideas como la creación de un “protestódromo” para encerrar a la ciudadanía que deseara manifestarse, limitando así su acceso al espacio público.
La estrategia argumentativa ha sido siempre la misma: construir una narrativa conspiranoica donde todo descontento social, toda movilización estudiantil o sindical, es fruto de una “coordinación criminal” orquestada por enemigos externos. Llámense comunistas, chusmas, extranjeros, guerrilleros, agitadores o vándalos, el libreto busca deslegitimar las reivindicaciones sociales válidas para justificar la persecución, la represión violenta y el exilio de quienes piensan diferente.
El gobierno progresista ha jurado no permitir el regreso de ese país “donde la autoridad veía al pueblo como enemigo, no como un sujeto de protección”. La defensa férrea del derecho a la huelga, considerada como la madre de todos los derechos civiles, se erige como el baluarte último frente al resurgimiento de esta maquinaria represiva y elitista.
Una Victoria Silenciosa en Salud y la Estigmatización Eterna
Paradójicamente, en medio de este clima extremadamente tóxico de acusaciones de fraude, montajes militares y manipulación internacional, el gobierno de Gustavo Petro logró recientemente lo que él mismo calificó como “la mayor victoria internacional de Colombia en la salud para su pueblo”.
A través de un prolongado litigio internacional y una fuerte presión gubernamental, Colombia logró doblegar el férreo monopolio de una multinacional farmacéutica, reduciendo drásticamente el costo de un fármaco esencial para el tratamiento del VIH (Dolutegravir), pasando de precios abusivos de 200 dólares a tan solo 6 dólares por tratamiento.
Este hito no solo permitirá aliviar las finanzas del sistema de salud, sino que posibilitará la producción masiva de medicamentos a nivel nacional (mediante una alianza con la Universidad de Antioquia para fabricar tabletas contra la malaria y el VIH) y la implementación de verdaderos sistemas de salud preventivos eficaces, comenzando en centros emblemáticos como el Hospital San Juan de Dios en Bogotá.
Sin embargo, en el polarizado escenario nacional, donde la oposición se aferra a la negación sistemática de cualquier avance gubernamental, no han faltado las voces que, frente a este gigantesco y vital logro en salud pública que salvará miles de vidas, insisten de manera satírica o cínica en culpar al gobierno de cualquier malestar, repitiendo irracionalmente la consigna: “Esta también es culpa de Petro”.
La encrucijada actual en Colombia es evidente y peligrosa. Mientras el gobierno intenta, con luces y sombras, implementar reformas profundas y democratizar el acceso a derechos fundamentales como la salud, enfrenta el embate coordinado y despiadado de una derecha dispuesta a cruzar las delicadas fronteras de la legalidad institucional y la soberanía nacional. Con militares filtrando montajes desde las cárceles, abogados de pasado cuestionable exigiendo la intervención extranjera, y senadores estadounidenses azuzando el fuego de la polarización, el país se asoma a unas elecciones que decidirán muchísimo más que el poder político de turno; decidirán la supervivencia misma de las instituciones democráticas, el derecho a disentir sin temor a perder un ojo o la vida, y la frágil paz social de Colombia. En medio de esta guerra de narrativas, el pueblo colombiano será el juez definitivo que deberá resistir, una vez más, el fragor de la tormenta.
