El panorama político y social en Colombia atraviesa uno de sus momentos más álgidos, caracterizado por una polarización extrema en la que la desinformación, el populismo y las narrativas acomodadas se han convertido en las principales armas de campaña. Durante las últimas semanas, el país ha sido testigo de un cruce de acusaciones, propuestas insólitas y un manejo mediático que deja al descubierto las profundas grietas de la ética política. Desde la controversia por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), pasando por la apropiación de tierras baldías, hasta la utilización del dolor de los pacientes oncológicos, el escenario actual exige un análisis profundo y riguroso para desentrañar la verdad oculta detrás de los discursos grandilocuentes.
El primer gran detonante de esta controversia gira en torno a la propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Estado asuma el costo del SOAT para las motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos. Esta iniciativa, diseñada para aliviar el bolsillo de la clase trabajadora, fue recibida con un feroz ataque por parte de la senadora y candidata Paloma Valencia. En un tono de indignación, Valencia criticó duramente la medida, argumentando que el gobierno no puede gastar los recursos públicos sin la aprobación del Congreso y advirtiendo, de manera alarmista, que los dos billones de pesos que costaría este subsidio serían extraídos de los fondos de la salud, específicamente de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Según su advertencia, esto dejaría a los colombianos sin acceso a la salud.
Sin embargo, la memoria política suele ser frágil, pero los registros legislativos no mienten. Queda en evidencia una flagrante contradicción cuando se revisa el historial legislativo de la propia senadora. En el año 2022, el único proyecto radicado por Paloma Valencia respecto al SOAT no buscaba eliminarlo, sino combatir su masiva evasión para incrementar el aseguramiento en el país. En la justificación de su propio proyecto, ella misma exponía con gráficas y datos contundentes que las víctimas con cargo al SOAT representan más del 87% cada año, y que el 47% de las motos en Colombia evadían este pago. ¿La consecuencia de esta evasión, según las propias palabras de Valencia en su momento? Una pérdida calculada en unos dos billones de pesos para el sistema.
palpable cuando comprendemos que la cifra colosal de dos billones de pesos que hoy critica como un desfalco a la salud, es la misma cifra que ella identificó como una pérdida constante por evasión. Más aún, ella misma admitió que del dinero que paga un motociclista por el SOAT, solo un poco más de la mitad llega a atender realmente los siniestros, mientras que una gran parte va precisamente para el ADRES. Esta voltereta discursiva revela una estrategia puramente populista, diseñada milimétricamente para captar votos en los estratos dos y tres, el corazón de la clase media vulnerable, donde ella presenta debilidades y donde el progresismo tiene su mayor fuerza. Es una táctica de miedo, un proyecto de ley disfrazado de propuesta de campaña que, con toda seguridad, terminará archivado, pero que sirve al propósito inmediato de generar pánico.
La desconexión entre lo que se promete en los micrófonos y lo que realmente se planea ejecutar queda al descubierto al revisar el plan de gobierno de esta facción política. Al buscar propuestas reales sobre alivios económicos para los ciudadanos, lo que se encuentra es un fuerte enfoque en el desarrollo de infraestructura bajo modelos de privatización. El documento habla de dar continuidad a los contratos de obra pública, asociaciones público-privadas (APP), y ejecutar al 100% las vías de cuarta y quinta generación (4G y 5G). En términos prácticos, esto se traduce en la continuación de un modelo que llena al país de peajes.
Cuando se le cuestionó a Valencia si mantendría a las motos exentas de peajes, su respuesta fue evasiva, justificando que las vías se construyen con peajes y que las motos representan el 63% del parque automotor. Esta postura beneficia directamente a grandes conglomerados económicos como los de Sarmiento Angulo, quien en la vía Bogotá-Villavicencio instaló tres peajes en tan solo 86 kilómetros a través de Coviandina. Estos contratos están diseñados a la medida de las concesionarias, donde los activos intangibles, es decir, el derecho a cobrar el peaje, representan la mayor fuente de ingresos millonarios. Solo en 2020, las ganancias por las vías 4G para estos sectores superaron el billón de pesos, mientras sus aportes a las campañas de partidos políticos tradicionales garantizan la protección de este lucrativo negocio. La idea de que defenderán a los ciudadanos frente a los peajes es una ilusión óptica.
Pero la hipocresía política no se detiene en la infraestructura; llega a niveles dolorosos cuando se instrumentaliza la tragedia humana. En un intento desesperado por culpar al gobierno de Gustavo Petro de la crisis del sistema de salud, se han utilizado casos de pacientes con cáncer que han fallecido por la falta de atención y medicamentos. Historias desgarradoras de mujeres jóvenes suplicando por sus quimioterapias, testimonios de famosos como Luly Bossa denunciando la retención de medicamentos, y casos de pacientes que reciben sus órdenes médicas diez días después de haber muerto, han sido presentados como el resultado de las políticas actuales.
La verdad, respaldada por las fechas y los registros de prensa, es que ninguna de estas tragedias ocurrió bajo el mandato de Petro. El caso de Luly Bossa corresponde a 2021, bajo el gobierno de Iván Duque; la joven con cáncer de estómago falleció en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos; el caso de Danilo Padilla es de 2021; y la indignante historia de María Edith Marín y Gloria Elsy ocurrieron en 2022 y 2018 respectivamente. Todos estos dramas tienen una raíz común: la inoperancia estructural de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las fallas del modelo creado por la Ley 100, implementada y defendida a capa y espada por el mismo sector político que hoy se rasga las vestiduras.
Desde 2015 se reportaba que la inoperancia del sistema estaba matando a los niños, con el 60% de los menores con cáncer falleciendo por no acceder a tratamientos, no por falta de tecnología, sino por la burocracia, las deudas de las EPS con los hospitales y un modelo que incentiva el ahorro económico por encima de salvar vidas. La respuesta más contundente a esta manipulación emocional vino de la ciudadana y abogada María Bolívar Maurí, quien recordó cómo su madre falleció de cáncer en 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En su poderoso testimonio, desnudó la perversidad de figuras como Paloma Valencia, quienes actúan como si el drama de los enfermos fuera algo nuevo, instrumentalizando el dolor ajeno para fabricar miedo político, ocultando que ellos mismos diseñaron, defendieron y se lucraron de un sistema indigno, cruel y deshumanizado durante décadas.
Mientras se acusa al gobierno de destruir el país, los verdaderos escándalos de la oposición intentan ser silenciados. Un caso paradigmático es el de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la recuperación de terrenos baldíos. Mientras voceros de la derecha exigen investigaciones contra la ANT por supuesta baja ejecución, la entidad recuperó la finca “Buena Vista”, un terreno de 6,182 hectáreas en Primavera, Vichada. Este enorme baldío de la nación estaba en poder de Nicolás Laserna, primo de Paloma Valencia. A pesar de los intentos de la senadora por minimizar el parentesco y defender la apropiación argumentando que eran posesiones de larga data, la ley fue clara. El terreno, que contaba con casas campestres de alta gama y cientos de cabezas de ganado, fue declarado como indebidamente ocupado y devuelto al Estado para ser entregado a campesinos colonos del Vichada que carecen de tierras. Las críticas a la jurisdicción agraria esconden, en el fondo, el temor a perder los privilegios ilícitos acumulados por décadas.
En el ámbito de la justicia y la corrupción, las propuestas no son menos escandalosas. El abogado Abelardo de la Espriella planteó, con total naturalidad, legalizar el 10% de los capitales ilegales del narcotráfico y la minería ilegal. Su fórmula consiste en que los criminales entreguen el 90%, paguen solo tres años de cárcel y no sean extraditados, argumentando que se les debe dejar un “incentivo” para que no pasen hambre. Una propuesta que, en la práctica, premia el delito, convierte al crimen transnacional en un negocio altamente rentable y envía el mensaje de que delinquir en Colombia vale la pena. Esta visión contrasta cómicamente con las posturas de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, quien habla de mano dura, extradición y extinción de dominio.
Sin embargo, el historial de Restrepo tampoco resiste el archivo. Como ministro de Hacienda de Iván Duque, fue el artífice de la desastrosa “Ley de Solidaridad Sostenible”, una reforma tributaria que intentó gravar con IVA productos básicos y hasta servicios funerarios, lo que desató un estallido social sin precedentes. Bajo su gestión, la pobreza monetaria, en lugar de reducirse, aumentó en cuatro millones de personas. Además, perteneció a un gobierno que intentó eliminar la Ley de Garantías, la principal barrera contra la corrupción electoral que impide a alcaldes y gobernadores celebrar convenios interadministrativos a dedo en época de elecciones. Una medida que hasta el mismo uribismo había calificado en el pasado como una trampa y un llamado al fraude, pero que Restrepo y Duque avalaron hasta que la Corte Constitucional la tumbó. Que hoy se presenten como adalides de la lucha anticorrupción resulta, como mínimo, un insulto a la inteligencia del electorado.
Todo este ecosistema de manipulación política no podría sostenerse sin el papel fundamental de ciertos medios de comunicación tradicionales, que han abandonado la imparcialidad para convertirse en trincheras de la oposición. Directores de medios como El Colombiano y Semana, encarnados en figuras como Luz María Sierra y Vicky Dávila, mantienen una agenda monotemática basada en el ataque constante a Gustavo Petro y al Pacto Histórico. Las portadas diarias siembran narrativas de dictadura, relacionan a Colombia con Venezuela y descalifican cualquier iniciativa gubernamental. Mientras a los líderes progresistas los tachan de ladrones y destructores, el trato hacia figuras de la extrema derecha es de total complacencia, risas y camaradería.
Ante este acoso mediático disfrazado de periodismo, el senador Iván Cepeda fijó una postura digna, calificando de “comportamiento esquizofrénico” la actitud de estos medios que someten a líderes a insultos, calumnias y montajes grotescos cada mañana, para luego exigirles entrevistas como si nada hubiera pasado. La decisión de no participar en sus “jueguitos de manipulación mediática” desató la furia de periodistas como Juanita Gómez y la propia directora de El Colombiano, quienes al verse expuestas, recurrieron a la vieja táctica de tildar a los ciudadanos críticos de “bodegas” pagadas, demostrando su incapacidad para sostener un debate argumentativo. La ciudadanía, cansada del sesgo, les recuerda constantemente en las calles y en las redes sociales que han perdido la credibilidad y la ética profesional al actuar como sicarios de la información al servicio de las élites.
Finalmente, el debate trasciende las fronteras nacionales y toca la distorsión de la historia universal. En un intento por manchar las políticas sociales, figuras como el multimillonario Elon Musk han repetido la falacia de que “Hitler era socialista” basándose únicamente en el nombre de su partido. Como bien lo explicó Gustavo Petro y lo respaldan los historiadores y la Enciclopedia del Holocausto, el término “Nacional Socialismo” fue una farsa, una herramienta populista diseñada para atraer a las masas trabajadoras desocupadas, simulando una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo.
En la realidad, la faceta socialista fue una ilusión. Hitler jamás persiguió el beneficio colectivo; se alió y fue financiado por los empresarios más ricos de Alemania, destruyó violentamente los sindicatos, prohibió el derecho a la huelga, persiguió a los verdaderos líderes obreros llevándolos a campos de concentración y favoreció a grandes corporaciones privadas que incluso lucraron con el exterminio a través del trabajo esclavo. Argumentar que el nazismo es de izquierda solo por usar la palabra “socialista” es tan absurdo e ignorante como creer que un partido político defiende la democracia y el centro solo porque incluye esas palabras en su logotipo. El verdadero núcleo del nazismo fue la defensa extrema de lo “nacional”, el supremacismo racial y la alianza con la élite económica para aplastar la diversidad y los derechos laborales.
En conclusión, la semana política en Colombia ha dejado expuesta la radiografía de una oposición desesperada que no escatima en recursos para recuperar el poder. Hemos visto cómo la compasión es fingida, cómo las leyes se proponen y se rechazan según la conveniencia electoral, cómo se intenta legalizar el crimen mientras se castiga a la clase trabajadora, y cómo la historia y las tragedias de la salud pública son reescritas y manipuladas por voceros mediáticos. Sin embargo, frente a este avasallante aparato de propaganda, se erige una ciudadanía cada vez más crítica, dispuesta a revisar el archivo, a recordar quiénes fueron los verdaderos causantes de las crisis estructurales, y a no dejarse engañar por las lágrimas de cocodrilo de quienes, desde sus privilegios, siempre han gobernado de espaldas al pueblo.
