El día que la memoria tocó a la puerta de una de las figuras más polarizantes de la historia reciente de Colombia, el silencio dejó de ser una opción. En un país donde las heridas del conflicto armado y la violencia estatal aún supuran a flor de piel, las calles se han convertido en el último lienzo de aquellos que se niegan a olvidar. Lo que comenzó como un acto pacífico de pedagogía social en las tranquilas y exclusivas vías de Llano Grande, en Rionegro, Antioquia, rápidamente escaló hasta convertirse en un episodio de altísima tensión política y emocional, protagonizado nada menos que por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La escena parecía sacada de una película sobre la polarización latinoamericana, pero era crudamente real: a tan solo 300 metros de la residencia de Uribe, un grupo de ciudadanos, colectivos sociales, defensores de derechos humanos y congresistas electos como Hernán Muriel, se congregaron con un propósito claro. No llevaban armas, no buscaban la confrontación física; llevaban brochas, pintura y, sobre todo, la pesada carga de una cifra que persigue la conciencia nacional: 7.837. Este es el número de nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, dolorosamente conocidos como “falsos positivos”, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha arrojado tras sus rigurosos estudios.
El plan era sencillo pero profundamente simbólico. Se trataba de realizar un mural en un puente cercano para hacer un ejercicio de “pedagogía de la memoria”. Vestidos con camisetas que llevaban impresos los rostros y nombres de personas de carne y hueso cuyas vidas fueron truncadas por el Estado que juró protegerlos, los manifestantes buscaban recordar a la sociedad que detrás de las cifras hay familias enteras sumidas en la incertidumbre y el luto. Sin embargo, en un país donde la memoria es un campo de batalla, recordar se convierte en un acto de rebeldía, y el arte, en una amenaza.
Desde los primeros compases de la jornada, la atmósfera se cargó de una electricidad premonitoria. La Alcaldía de Rionegro, en un intento por sofocar el eco de los brochazos, ordenó a la fuerza pública impedir el acto a como diera lugar. Las patrullas policiales no tardaron en llegar, transformando una manifestación artística en un escenario de resistencia ciudadana. Hernán Muriel, alzando la voz con la convicción de quien sabe que la Constitución y los derechos fundamentales lo amparan, apeló a la libertad de expresión y al inalienable derecho a la memoria. “La memoria como derecho fundamental de las víctimas está salvaguardada por la libertad de expresión y la movilización social”, clamaba ante los uniformados y las cámaras que transmitían en vivo para todo el país.
Pero el verdadero punto de quiebre no vino de la policía, sino del destinatario tácito del mensaje. Al enterarse de la movilización, Álvaro Uribe Vélez tomó una decisión drástica: canceló abruptamente su agenda política en Medellín y emprendió el regreso a su hogar. Lo que sucedió a continuación quedará grabado en los anales de la historia política de Colombia. El hombre que gobernó la nación bajo la bandera de la “Seguridad Democrática”, y cuyo mandato está intrínsecamente ligado al periodo más oscuro de los falsos positivos, decidió enfrentar la protesta con sus propias manos.
Uribe llegó al lugar del mural, no para dialogar, no para escuchar a las víctimas, sino para borrar. Armado con pintura, comenzó a cubrir los trazos que intentaban dignificar a los miles de asesinados. Las imágenes, rápidamente viralizadas a través de las transmisiones en vivo de líderes progresistas como Gustavo Bolívar y medios alternativos, mostraron a un expresidente desencajado, acusando a la multitud de “hostigamiento” y de ser enviados por su acérrimo rival político, el senador Iván Cepeda.
“Suspendí la agenda de Medellín y voy de regreso a la casa porque un grupo numeroso se ha agolpado cerca de la puerta”, declaró Uribe en sus redes. En su narrativa, la pedagogía de la memoria no era más que una provocación violenta, un acto de “apache solapado” impulsado por lo que él y su círculo denominan “narcosocialistas”. La maquinaria política de la extrema derecha no tardó en cerrar filas. Figuras como Paloma Valencia y su propio hijo, Jerónimo Uribe, encendieron las redes sociales denunciando un supuesto asedio a la residencia familiar, exigiendo garantías y la intervención de misiones internacionales. Para ellos, recordar a 7.837 víctimas cerca de la casa de su líder era un acto de terrorismo moral.
Mientras Uribe pasaba la brocha sobre el mural, un coro de resistencia se alzaba a su alrededor. “¡Te pusimos a pintar la memoria de las cuchas, nunca la podrás borrar!”, coreaban los manifestantes, utilizando el término popular “cuchas” para referirse a las madres valientes que llevan más de una década buscando justicia para sus hijos. Fue un choque de trenes monumental. De un lado, el poder de un exmandatario intentando censurar la historia con capas de pintura fresca; del otro, un pueblo indignado que se negaba a ser silenciado nuevamente. “Fuera el dictador”, resonaba en las carreteras del oriente antioqueño, entremezclado con los insultos cruzados entre progresistas y seguidores uribistas que llegaron a respaldar a su líder.
Este episodio trasciende la simple anécdota política. Es el reflejo de un país que se debate entre el negacionismo y la verdad. Cuando René Jiménez, otro de los presentes, expresó que “la derecha nos quiere borrar la memoria”, estaba tocando el nervio central del conflicto colombiano. Borrar un mural es, en esencia, un intento desesperado por ocultar los muertos bajo la tierra del olvido, un esfuerzo por mantener la impunidad intacta. Pero la pintura no puede cubrir las conclusiones de la JEP, ni puede silenciar el llanto de las madres de Soacha, ni mucho menos puede detener el inminente cambio político que exige transparencia y justicia.
La reacción desproporcionada de Uribe y la rápida victimización de la derecha contrastan fuertemente con la naturaleza pacífica del evento original: personas bailando, pintando y haciendo resistencia con amor. Como lo señaló acertadamente Mafe Carrascal en su intervención, el mural era un ejercicio de memoria con los familiares de las víctimas, y nadie, ni siquiera un expresidente rodeado de escoltas, tiene el derecho de intimidarlas. “A eso no vamos a volver nunca”, sentenció, marcando una línea clara frente al negacionismo al que una parte del país ha estado sometida durante años.
Al final del día, el muro pudo haber sido cubierto, pero el mensaje quedó grabado con más fuerza que nunca en la conciencia colectiva. Álvaro Uribe, en su intento por borrar un mural, terminó pintando un retrato irrefutable de su propia incomodidad frente a la verdad. La pedagogía de la memoria demostró que no necesita de paredes para existir; vive en las voces de aquellos que, desde La Paz y el arte, siguen recordando a Colombia que los nombres y los rostros de 7.837 seres humanos jamás pasarán al olvido. La pintura se seca, pero la memoria histórica de una nación es, simple y llanamente, imborrable.
