La política, en su esencia más pura, debería ser el escenario del debate de ideas, la confrontación de modelos de país y la búsqueda del bienestar común. Sin embargo, en la historia reciente de Colombia, la arena política ha descendido a un nivel donde la línea entre el luto y el proselitismo ha sido borrada por completo. Las recientes convulsiones sociales y políticas que han sacudido a la nación han dejado al descubierto una práctica tan perturbadora como efectiva: la instrumentalización de la muerte para ganar elecciones. En un país donde el dolor ha sido una constante, observar cómo los discursos de campaña se construyen sobre la memoria de quienes acaban de perder la vida resulta no solo doloroso, sino éticamente cuestionable.
Para entender la magnitud de este fenómeno, es imperativo retroceder un poco en el tiempo y observar el comportamiento de las maquinarias políticas antes de que la tragedia tocara a sus puertas. La coherencia es una virtud escasa en la política, pero los recientes acontecimientos en el seno del Centro Democrático han llevado esta premisa a extremos desconcertantes. Hace apenas unos meses, el clima interno de este partido era un auténtico campo de batalla. Los protagonistas de esta contienda fratricida eran figuras prominentes: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y el hoy fallecido Miguel Uribe.
En noviembre de 2024, el ambiente preelectoral estaba enrarecido por la publicación de encuestas que favorecían a Miguel Uribe. Lejos de celebrar el posicionamiento de un copartidario, las reacciones de figuras como Cabal y Valencia fueron de un ataque visceral. La narrativa que se construyó desde adentro del partido no era la de un bloque unido frente a la izquierda, sino la de una guerra c
ivil declarada. María Fernanda Cabal no tuvo reparos en manifestar públicamente su inconformidad, acusando a la campaña de Uribe de publicar encuestas pagadas que estaban en entredicho a escasos días de un foro crucial en Barranquilla. Las palabras utilizadas fueron duras y directas, afirmando que este tipo de acciones constituían un acto de deslealtad y que se estaba “corriendo la línea ética” de un partido que, según ella, se había caracterizado por hacer política con base en ideas y no en manipulaciones mediáticas.
El 2 de diciembre de ese mismo año, en una entrevista radial, Cabal fue aún más incisiva. Al ser cuestionada sobre la encuesta de Invamer, descalificó el ejercicio argumentando que era una medición contratada a medida. La crítica no se limitó a la encuesta en sí, sino al enorme despliegue de recursos. La palabra “grotesco” fue empleada por Paloma Valencia para describir lo que consideraba un despilfarro en una etapa de precampaña. La crítica central era que la abundancia de dinero estaba desvirtuando el ejercicio democrático, transformando la conexión con la ciudadanía en una simple transacción comercial de pauta digital y encuestas pagadas.
La tensión era tan palpable que los mismos medios de comunicación comenzaron a utilizar el término “canibalización” para describir la dinámica de la derecha. En su momento, se le cuestionó a la senadora Cabal si esta guerra interna no terminaría por beneficiar a sus opositores políticos, recordando la vieja máxima de que mientras la derecha se divide, la izquierda avanza. La respuesta fue fría: toda acción tiene su reacción. En ese momento, Miguel Uribe no era visto como un mártir ni como el pilar de la democracia colombiana; era retratado por sus propias compañeras como un advenedizo, un “nieto de políticos” con aires de superioridad, alguien a quien, en palabras de Valencia, “le tocaba entender que este proceso no es contra Petro”.
El nivel de hostigamiento era severo. Se hablaba de límites de tiempo impuestos por patrocinadores desencantados, de desesperación por ser “coronado” candidato, y de una falta de austeridad que chocaba de frente con los supuestos principios del partido. La imagen de Miguel Uribe estaba siendo sistemáticamente minada desde su propia casa política.
Sin embargo, el destino, trágico y violento, cambió por completo el guion de esta contienda. El magnicidio de Miguel Uribe sacudió los cimientos del país. En cualquier sociedad democrática y civilizada, un evento de esta magnitud obligaría a una pausa, a una reflexión profunda y a un cese inmediato de las hostilidades políticas para dar paso al duelo, a la justicia y a la institucionalidad. Pero la realidad demostró ser mucho más cruda y calculadora. Las mismas voces que lo vilipendiaban, que lo tachaban de tramposo y despilfarrador, encontraron en su muerte un combustible inestimable para sus maquinarias electorales.
El giro narrativo fue abrupto y descarado. De repente, el “candidadito muy gastón” se transformó en el estandarte de la libertad y la seguridad. Pero lo que resulta aún más complejo y polémico es la entrada en escena de su viuda, María Claudia Tarazona. En medio del dolor natural que conlleva una pérdida tan violenta, Tarazona asumió un rol protagónico en la campaña política, lanzando acusaciones de un calibre tan grueso que desestabilizan cualquier intento de debate sosegado.
En intervenciones públicas, la viuda apuntó directamente contra el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda. Lejos de limitarse a exigir justicia a las autoridades competentes, Tarazona utilizó los micrófonos para construir una teoría del caso con claros fines proselitistas. Afirmó, sin presentar pruebas concluyentes en ese instante, que Cepeda es socio del narcotráfico y de la guerrilla. Más aún, estableció que la única forma de que la muerte de su esposo no haya sido en vano es evitar a toda costa que Iván Cepeda llegue al poder.
La gravedad de sus declaraciones subió de tono al responsabilizar al presidente Petro. Argumentó que, bajo el Código Penal colombiano, la responsabilidad no recae únicamente en el autor material, sino que existe la figura de la “instigación”. Según Tarazona, los constantes ataques públicos del presidente durante tres años constituyeron una instigación que derivó en el asesinato. La viuda sembró dudas profundas al cuestionar el origen del dinero para el atentado, mencionando a Venezuela y exigiendo conocer quiénes fueron los determinadores reales.
Este discurso, cargado de dolor y rabia, fue rápidamente absorbido y amplificado por la maquinaria política del Centro Democrático. María Claudia Tarazona no se quedó en la exigencia de justicia; dio un paso al frente para endosar su apoyo político. De manera sorprendente, decidió apoyar a Paloma Valencia, la misma que semanas atrás criticaba ferozmente los métodos de su difunto esposo. La justificación de Tarazona fue doble: por un lado, afirmó que esa habría sido la voluntad de Miguel, y por otro, aseguró que Valencia es la única capaz de ganar en segunda vuelta y cumplir el “gran propósito” de evitar la victoria de Iván Cepeda.

Este fenómeno de heredar el capital político a través del luto no se limitó al caso de Miguel Uribe. La estrategia pareció convertirse en un modelo a seguir en la recta final de las elecciones. Clemencia Vargas Umaña, hija del también fallecido dirigente político Germán Vargas Lleras, irrumpió en los medios con un mensaje calcado. En una entrevista radial, afirmó que el mejor homenaje y el gran legado que se le podía rendir a su padre era salir a votar masivamente para no entregarle el país a “Cepeda y sus secuaces”. La consigna era clara: “salvar este país”.
La utilización sincronizada de estas dos tragedias para atacar a un mismo objetivo político, Iván Cepeda, encendió las alarmas éticas de la opinión pública. Las redes sociales y los foros de discusión se inundaron de reacciones encontradas. Mientras un sector radicalizado abrazaba estas narrativas con fervor, gran parte de la ciudadanía y diversos analistas políticos expresaron su profundo rechazo.
Las críticas no se hicieron esperar y fueron contundentes. Ciudadanos indignados señalaron la frivolidad de utilizar palabras como “valió la pena” para referirse a un homicidio. Surgieron cuestionamientos válidos y dolorosos: ¿Es posible que un dolor genuino encuentre consuelo en la victoria electoral de un partido? ¿Hasta qué punto se ha degradado la moralidad política cuando se sugiere que la muerte de un ser humano puede ser interpretada como un sacrificio necesario para ganar las elecciones? La frase “no hay muerto que respete”, pronunciada por ciudadanos hastiados del espectáculo, resume a la perfección el sentimiento de una sociedad que siente que la clase política ha cruzado un límite sin retorno.
A esto se suma el papel de ciertos sectores del periodismo. Figuras mediáticas como Vicky Dávila han sido señaladas de fungir como cajas de resonancia de estas narrativas, amplificando el dolor ajeno y utilizándolo como ariete contra sectores progresistas o de izquierda. La indignación ciudadana también se ha dirigido hacia estos medios, acusándolos de comportarse como aves de rapiña que no permiten siquiera que el cuerpo se enfríe antes de comenzar a lucrarse políticamente de la tragedia.
Lo que queda en evidencia es una hipocresía sistemática. El “fuego amigo”, esa especie de canibalismo político que desgarraba a la derecha internamente, desapareció mágicamente frente a la utilidad de un mártir. Queda en el aire la amarga sensación de que a figuras como Miguel Uribe no se les quería verdaderamente en su partido, pero que su trágico final resultó ser extremadamente conveniente para reagrupar fuerzas, apelar al miedo de los votantes y construir un enemigo común con tintes apocalípticos.
A tan solo quince días de los comicios, la dinámica política colombiana ha demostrado que en tiempos de desesperación electoral, todo es válido. El luto se ha mercantilizado, la tragedia se ha empaquetado en eslóganes de campaña y la memoria de los difuntos ha sido secuestrada por aquellos que necesitan votos para aferrarse al poder. La ciudadanía, bombardeada por acusaciones, miedo y llanto, se enfrenta al desafío de discernir entre la búsqueda legítima de justicia y la manipulación más cruel de las emociones humanas. En este escenario, la verdadera víctima no es solo el que pierde la vida, sino la democracia misma, que se desangra ante la mirada cómplice de quienes han decidido que el fin justifica cualquier medio, incluso el de no dejar a los muertos descansar en paz.