La historia de las naciones a menudo se escribe con la tinta de la conveniencia, y en Colombia, los medios de comunicación masivos parecen haber perfeccionado el arte de la reescritura histórica en tiempo real. Durante los últimos días, el país ha sido testigo de una campaña mediática sin precedentes, una verdadera “lavada de cara” orquestada desde las esferas del poder para glorificar la figura de Germán Vargas Lleras. Como dicta el adagio popular, “no hay muerto malo”, y la repentina ola de homenajes, discursos rimbombantes y elogios desmedidos que han inundado las pantallas de televisión y las portadas de los diarios intentan consolidar una narrativa oficial. Se busca imponer la imagen de un gran estadista, un líder intachable y un hacedor incansable al que supuestamente el país le negó la presidencia por su exceso de honestidad. Sin embargo, cuando se rasga el delicado velo de esta propaganda institucional, lo que emerge es un panorama oscuro, marcado por promesas incumplidas, escándalos de corrupción en el sector salud, alianzas con la criminalidad política y una desconexión absoluta con la realidad de los ciudadanos de a pie.
Para entender la magnitud de esta distorsión mediática, es imperativo analizar los argumentos que la propia familia y sus aliados políticos han esgrimido en su defensa. Según las declaraciones recientes de la hija de Vargas Lleras, a su padre no se le permitió llegar a la Casa de Nariño porque él era un hombre de hechos y no de promesas. La narrativa oficial sostiene que su fracaso electoral se debió a que entendía que gobernar y liderar no era simplemente llenar de discursos vacíos a las masas, sino cumplir a cabalidad, y que esta rectitud le costó la presidencia frente a rivales que sí sabían mentir. Esta premisa romántica, diseñada para convertir el rechazo popular en una virtud incomprendida, se desmorona estrepitosamente al confrontarla con los registros históricos y la cruda realidad de la infraestructura nacional.
El ejemplo más flagrante de esta falacia se encuentra en el ambicioso pero fallido programa de vías de Cuarta Generación (4G), iniciado en el año 2013, el cual Vargas Lleras utilizó de manera sistemática como su principal plataforma política y vitrina electoral. En el departamento del Valle del Cauca, específicamente en Buenaventura, se prometió con bombos y platillos la construcción de la vía Mulaló-Loboguerrero. Este acuerdo, firmado ante las cámaras y presentado como la salvación logística de la región, establecía la construcción de treinta y dos kilómetros de carretera con una inversión monumental de uno punto cinco billones de pesos. La promesa era clara: conecta
r de manera eficiente el puerto más importante del Pacífico con el centro del país. Hoy, diez años después de aquellos apretones de manos y discursos eufóricos, el saldo es desolador: no se ha construido ni un solo kilómetro de dicha vía.
Ni Germán Vargas Lleras, el supuesto “hacedor” que empeñó su palabra, ni el poderoso conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuya empresa fue la encargada de firmar y ejecutar el millonario contrato, cumplieron con su parte. Este proyecto, que debía ser un motor de desarrollo, se convirtió en un monumento a la ineficiencia, al abandono y al engaño político. Buenaventura y el pueblo caucano siguen atrapados en el subdesarrollo vial, exigiendo respuestas que se pierden en el laberinto burocrático, mientras los responsables de esta debacle son ahora aplaudidos en los grandes salones como próceres de la patria. La vía Mulaló-Loboguerrero no es un error de cálculo; es el testimonio de asfalto inexistente que desmiente la narrativa del líder que prefería cumplir antes que prometer.
Pero el intento de la prensa tradicional por vender a Vargas Lleras como un guerrero incansable por el bienestar del país encuentra su contradicción más dolorosa al analizar el sector de la salud pública, un área donde el legado familiar ha dejado cicatrices profundas. Si hubo una guerra librada en este sector, no fue a favor de los pacientes, sino por el control de los recursos públicos. Las investigaciones han revelado que Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente, fue un actor protagónico en un entramado que lucró a costa de la crisis hospitalaria. Documentos y registros evidencian que Enrique Vargas Lleras recibió jugosos y cuestionables contratos que ascendieron a los tres mil cuatrocientos millones de pesos con diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS) como Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca. El detalle macabro de esta historia es que todas estas entidades terminaron siendo liquidadas en medio de los escándalos de corrupción más grandes en la historia del sistema de salud colombiano.
El papel de Enrique Vargas Lleras no se limitó a ser un contratista afortunado. También fungió como abogado de confianza de figuras clave en este desfalco, cobrando honorarios exorbitantes para defender lo indefendible. El caso más notorio es su relación con Carlos Palacino, el expresidente de Saludcoop, quien finalmente fue condenado a prisión por el millonario desfalco que dejó a miles de pacientes sin atención y a cientos de clínicas en la quiebra. Pero la red de favores y dineros no terminaba en los tribunales. La conexión política es insoslayable: el mismo Carlos Palacino que saqueaba los recursos de la salud realizaba, simultáneamente, grandes donaciones económicas al partido político Cambio Radical, el feudo electoral de la familia Vargas Lleras.
Esta puerta giratoria entre los fondos de la salud, los despachos de abogados y la financiación de campañas políticas revela un modus operandi sistémico. Incluso cuando Enrique Vargas Lleras formó parte de la junta directiva de Cafesalud, se registraron donaciones millonarias desde estas entidades hacia el partido Cambio Radical. Las alarmas de los entes de control no guardaron silencio, aunque sus ecos fueron sistemáticamente silenciados por el poder. Una investigación de la Contraloría General de la República descubrió un detrimento patrimonial gigantesco, superior a los dos mil millones de pesos en los registros de Saludcoop. El hallazgo fue escandaloso: entre los supuestos “gastos necesarios” que reportaba la EPS para justificar la fuga de capitales, se encontraban pagos millonarios a la firma “Vargas Abogados CIA Limitada”, propiedad de Enrique Vargas Lleras. Esta misma firma, años más tarde, continuó su racha de éxito obteniendo contratos millonarios en la Caja de Compensación Comcaja, coincidentemente durante la época en que esta institución era dirigida por Germán Córdoba, actual director general del partido Cambio Radical. La triangulación de poder, contratos y política es evidente, desnudando un legado que poco tiene que ver con la probidad administrativa que hoy le quieren adjudicar.
La construcción de la narrativa heroica también nos exige creer que Germán Vargas Lleras dejó un gran legado institucional, un partido político fuerte y cohesionado que sirvió como faro de la democracia. La realidad, documentada en miles de folios judiciales y sentencias de la Corte Suprema de Justicia, es diametralmente opuesta. El partido Cambio Radical, dirigido históricamente por la dupla de Germán Vargas Lleras y Fuad Char, terminó con su reputación arrastrada por el lodo de la criminalidad. Lejos de ser una escuela de estadistas, esta colectividad se transformó, en la práctica, en una fábrica de avales para candidatos fuertemente cuestionados, paramilitares y saqueadores del erario público.
La penetración del crimen organizado en las filas de Cambio Radical fue tan profunda y sistemática que la sociedad colombiana comenzó a hacerse una pregunta dolorosa pero necesaria: ¿quienes ingresan a este partido ya son corruptos por naturaleza, o se convierten en corruptos durante su paso por la maquinaria de la colectividad? Los números son fríos y aterradores. Solo para finales de la década del dos mil, en medio del escándalo de la parapolítica que sacudió los cimientos del Estado colombiano, Cambio Radical aportó ocho miembros del Congreso que fueron condenados por vínculos directos con grupos paramilitares de extrema derecha. Y esto sin contar a la decena de congresistas que posteriormente, en años venideros, fueron investigados y condenados por delitos similares.
Pero la metástasis de la corrupción no se detuvo en el Capitolio Nacional. Esta verdadera “Universidad de la Corrupción”, como muchos analistas políticos han bautizado a Cambio Radical, le entregó al país un saldo dantesco en las regiones. Desde el año dos mil tres hasta el dos mil diecinueve, diez gobernadores que fueron avalados o coavalados por el partido de Vargas Lleras terminaron condenados por corrupción, malversación de fondos y concierto para delinquir. Si sumamos a los congresistas y gobernadores, la lista asciende a decenas de altos funcionarios investigados y enviados a prisión por vínculos con grupos armados ilegales y por desangrar los presupuestos locales. La radiografía del poder regional de Cambio Radical incluye alianzas estratégicas con los clanes políticos más oscuros del país: la participación activa del clan Gnecco en el departamento del Cesar, las influencias del clan de “La Gata” en Bolívar, y las maquinarias de dudosa procedencia en Sucre y La Guajira. Enumerar la lista completa de alcaldes, diputados y concejales de este partido que han terminado tras las rejas tomaría horas, constituyendo un prontuario delictivo que la historia oficial, promovida por Caracol y otros grandes medios, intenta desesperadamente borrar con minutos de silencio y aplausos en recintos cerrados.
El surrealismo político en Colombia alcanza niveles insospechados cuando los grandes titulares de prensa destacan que figuras de la oposición, e incluso el expresidente Álvaro Uribe, manifiestan hoy una profunda admiración por Vargas Lleras. Esta reconciliación póstuma o de conveniencia omite las acusaciones gravísimas que alguna vez cruzaron. Es el mismo escenario político donde a los aliados se les archivan convenientemente y con rapidez inusitada casos de vínculos con el paramilitarismo, como ocurrió en Córdoba. Es el mismo sistema judicial que nunca investigó a fondo a Vargas Lleras por su supuesta intriga e influencia indebida en la elección del Fiscal General de la Nación. Hoy nos quieren vender la imagen de un demócrata a ultranza, un defensor férreo de las instituciones. Sin embargo, su biografía política demuestra que la democracia era un concepto moldeable a sus ambiciones. Cuando Juan Manuel Santos buscó su reelección presidencial, Vargas Lleras se subió cómodamente al bus como candidato a la vicepresidencia, celebrando con entusiasmo la continuidad en el poder. No hubo en ese entonces rasgaduras de vestiduras ni defensas acérrimas contra la figura de la reelección; esas críticas las reservó años después, cuando el espectro político cambió y se posicionó como el gran crítico de Gustavo Petro, demostrando que sus principios constitucionales eran, ante todo, tácticos.
El nivel de cinismo en la construcción de este mito queda expuesto en las propias palabras de sus defensores más cercanos. Su hermano, en un intento por destacar su carácter fuerte, afirmó que a Vargas Lleras “nunca le tembló la mano”. Y la verdad es que, históricamente, los trabajadores colombianos saben que eso es cierto: no le tembló la mano para apoyar políticas y decisiones que dejaron sin empleo a miles de ciudadanos, amenazando con despedir a masas de trabajadores antes de que ciertas reformas fueran sancionadas, dejando en el desamparo a familias enteras bajo la justificación de una supuesta eficiencia estatal. Los titulares que hoy leemos, muchos de ellos redactados u originados por voces de la oposición, como Paloma Valencia, buscan crear un consenso artificial. Intentan convencer a la opinión pública de que Colombia perdió a un “gran colombiano”, a un estadista sin precedentes que habría cambiado la historia del país si hubiera llegado a la presidencia.
Sin embargo, basta con salir a la calle para comprobar que este dolor mediático es una ilusión óptica fabricada en los estudios de televisión. Todo lo bueno que los medios están repitiendo como un mantra no fue inspirado por el sentimiento genuino de la gente de a pie. Fue dictado por sus familiares, sus amigos del establecimiento, sus contratistas y sus aliados políticos. Resulta altamente dudoso, por no decir imposible, encontrar a un trabajador en Buenaventura sin carretera, a un paciente esperando atención en una EPS colapsada, o a un campesino del Cesar desplazado por paramilitares, que repita con lágrimas en los ojos que Vargas Lleras fue el salvador que el país no supo aprovechar.
El abismo que separa a la familia Vargas Lleras de la nación que pretendían gobernar quedó brutalmente expuesto en una entrevista reciente que pasará a la historia como el retrato perfecto de la oligarquía colombiana. Al ser interrogado sobre sus recuerdos de infancia, sobre si recorría las calles del centro de Bogotá junto a su hermano para conocer la realidad de su país, Enrique Vargas Lleras respondió con una mezcla de sorpresa y altivez, acompañada de risas condescendientes. Aclaró que ellos no recorrían las calles. Su infancia transcurrió en los pasillos de la casa de gobierno, cobijados por la sombra de su abuelo expresidente, rodeados de los privilegios de su casta. Afirmó que Germán fue formado desde su más tierna edad para asumir “los destinos que la patria le tuvo reservados”. Concejal, parlamentario, senador, ministro, vicepresidente… Una carrera política diseñada no desde el mérito de la lucha popular, sino como un derecho divino, una herencia dinástica que les correspondía por el simple hecho de llevar su apellido.
Esta confesión de aislamiento voluntario es la clave para entender por qué las políticas y la visión de país de Vargas Lleras siempre chocaron con las necesidades de las mayorías. No se puede legislar ni liderar con justicia a un pueblo cuyas calles nunca se han caminado. Y esta arrogancia estructural es precisamente la razón por la cual el periodista Gonzalo Guillén, con la pluma afilada y la valentía que caracteriza al verdadero periodismo independiente, desnudó la falsedad de este luto nacional. En respuesta a los reportes de canales como Caracol, que aseguraban que el “país entero” desfilaría para darle el último adiós, representando a la mujer, los jóvenes y todos los sectores sociales, Guillén escribió una verdad que retumba en la conciencia nacional: “No es Colombia la que despide a Vargas Lleras, como dicen los medios, sino la gavilla de ladrones y sapos de cuello duro con la que operó y delinquió toda su vida”.
La historia de Germán Vargas Lleras, de Néstor Humberto Martínez y de la casa Char, los grandes fundadores de Cambio Radical, es la historia de una élite política que transformó un partido en un blindaje institucional para sumar diecinueve congresistas condenados por parapolítica, exgobernadores en prisión por enriquecimiento ilícito, corrupción y homicidio. Esa es la verdadera obra de la que hoy los medios corporativos no quieren hablar. La lavada de cara mediática puede llenar horas de transmisión y centímetros de papel en los diarios, pero no puede borrar la memoria de un país que ha sufrido las consecuencias de estas administraciones. El gran homenaje de este fin de semana no fue un acto de duelo nacional, sino una reunión de la élite celebrando su propia impunidad, dándose palmadas en la espalda mientras el verdadero país los observa desde la exclusión, recordando que la historia verdadera no la escriben los noticieros, sino el sufrimiento y la memoria de su gente.
