El reloj de la justicia en Colombia parece estar detenido o, peor aún, manipulado a conveniencia de los poderosos. La tensión política y social ha vuelto a encenderse con fuerza tras las recientes y explosivas revelaciones del programa “Señal Investigativa” y la revista Raya. El centro del huracán no es otro que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya sombra vuelve a proyectarse sobre uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia reciente del país: las masacres de El Aro, La Granja, San Roque, y el cobarde asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. A casi tres décadas de estos crímenes de lesa humanidad, las víctimas, marginadas y desterradas de sus tierras, continúan exigiendo un juicio que la Fiscalía General de la Nación, inexplicablemente, parece empeñada en frenar.
La bomba mediática estalló a principios de este año cuando se conoció, a través de fuentes altamente confidenciales, que la Fiscalía General estaba a escasos pasos de llamar a indagatoria formal a Álvaro Uribe Vélez. Esta citación no era un trámite menor; representaba la vinculación formal y directa del expresidente a un expediente que lo ha perseguido implacablemente desde que ejerció como gobernador de Antioquia entre los años 1995 y 1997. Según la investigación de “Señal Investigativa”, incluso existía una fecha proyectada en el calendario judicial para llevar a cabo esta crucial diligencia. Sin embargo, en el último momento, a las puertas de que se hiciera pública la decisión, una serie de extraños movimientos dentro y fuera de los despachos de la Fiscalía alteraron el curso de la justicia. La defensa de Uribe, comandada por el astuto abogado Jaime Granados, habría logrado frenar esta medida judicial.
¿Qué sucedió realmente en las entrañas de la Fiscalía? El programa investi
gativo reveló que la entidad convocó un comité interno estrictamente confidencial para evaluar los riesgos y pormenores de dicho llamado a indagatoria. Misteriosamente, los detalles de este comité se filtraron casi de inmediato. La información privilegiada y reservada terminó directamente en las manos del propio Álvaro Uribe. A partir de ese instante, él y su equipo de defensa iniciaron una agresiva campaña en medios y redes sociales, agitando la narrativa de que esta vinculación legal obedecía a una estrategia de persecución política orquestada por el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, con el único y malicioso fin de afectar las próximas elecciones presidenciales.
El propio Uribe confirmó esta filtración, casi jactándose de tener informantes dentro del ente acusador. En su cuenta de la red social X (antes Twitter), publicó mensajes que dejaron atónita a la opinión pública. El 28 de enero escribió: “Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y Cepeda”. Tres días después, el 31 de enero, fue mucho más específico, revelando el alcance de sus contactos: “En la Fiscalía votaron 11 fiscales para que lo acusen a usted. Otro dijo que después de elecciones”. Estas declaraciones, sumadas a la publicación oportuna de artículos afines en la revista Semana, consolidaron la teoría de que Uribe utilizaba su influencia mediática para paralizar la acción de la justicia escudándose en la coyuntura electoral. Y, al parecer, la estrategia funcionó a la perfección: el llamado a indagatoria quedó congelado.
Sin embargo, los fantasmas del pasado no desaparecen tan fácilmente. Los intentos por sentar a Álvaro Uribe en el banquillo de los acusados no son un capricho reciente ni una invención del actual gobierno. A lo largo de los años, al menos tres jueces de la República, en distintos procesos judiciales y valorando un acervo probatorio robusto, han compulsado copias formales para que se investigue a fondo el rol de Uribe como gobernador en la expansión y apoyo al paramilitarismo. La primera gran campanada ocurrió en septiembre de 2013, cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias tras escuchar las desgarradoras declaraciones de más de 30 exparamilitares.
El magistrado detrás de esta valiente decisión, Rubén Darío Pinilla Cogollo, investigaba los crímenes del temible Bloque Cacique Nutibara, comandado por Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”. Pinilla constató, a través de testimonios y documentos irrefutables, que la expansión paramilitar en Antioquia habría sido no solo permitida, sino activamente auspiciada desde la Gobernación de Antioquia, con la colaboración estrecha de Pedro Juan Moreno Villa, secretario de gobierno y mano derecha de Uribe en aquel entonces. Fue precisamente el abogado Jesús María Valle quien denunció públicamente estos hechos atroces, una osadía que pagó con su propia vida.
La sentencia del Bloque Cacique Nutibara, suscrita en 2015, es un documento histórico que vincula el nombre de Álvaro Uribe con el origen y la expansión de estos grupos sanguinarios. Menciona específicamente las masacres de El Aro y La Granja, perpetradas bajo las órdenes de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. El documento cuestiona de manera frontal la versión oficial, señalando que resulta inverosímil que una operación militar y paramilitar de diez días, que implicó la movilización de más de cien hombres armados y el robo sistemático de cientos de cabezas de ganado, ocurriera sin el conocimiento y la cooperación directa del batallón Girardot y de la propia Gobernación de Antioquia.
Uribe, fiel a su estilo beligerante, ha negado sistemáticamente estas acusaciones, acusando a quienes lo señalan de mancillar su honra. Pero la evidencia sigue acumulándose. En 2017, otro magistrado del Tribunal Superior de Medellín, Óscar Bustamante Hernández, volvió a compulsar copias tras la condena de los hermanos Francisco Antonio y Jaime Alberto Angulo Osorio. Estos acaudalados ganaderos de Ituango fueron hallados culpables de colaborar logística y financieramente con el Ejército y los paramilitares para planear la matanza. Nubia Ciro, investigadora y lideresa social de Ituango, relató a “Señal Investigativa” cómo los campesinos fueron testigos del apoyo logístico brindado por un helicóptero de la Gobernación de Antioquia que abastecía a los asesinos. “No creo que desconocieran y que no tuvieran relación con personas con un alto cargo, en este caso el gobernador, para concertar acciones de ese nivel”, aseveró Ciro.
La crueldad de la masacre de El Aro, ocurrida a finales de octubre de 1997, es difícil de dimensionar. Quince campesinos, humildes trabajadores de la tierra, fueron vilmente asesinados. Entre ellos, el joven Wilmar de Jesús Restrepo Torres, de apenas catorce años. Miladis del Carmen Restrepo, hermana de Wilmar, recuerda con horror la noche en que los paramilitares irrumpieron en el pueblo, asesinando a los pobladores y obligando a su familia a marchar con el cadáver del menor a lomos de una mula, sufriendo burlas y humillaciones. Luis Modesto Múnera, otro de los masacrados, era un hombre servicial que, en palabras de su hija Marta, le daba de comer a todo el que llegaba al pueblo. Los paramilitares lo señalaron absurdamente de ser colaborador de la guerrilla para justificar su ejecución y la posterior quema del pueblo.
A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2006 por su aquiescencia y participación directa en estas masacres, la justicia penal interna contra los altos mandos civiles sigue en deuda. Testimonios clave, como el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el asesinado paramilitar Francisco Enrique Villalba (alias “Cristian Barreto”), sitúan a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago en reuniones clandestinas en la finca “La Caucana”, donde supuestamente se planificó y luego se celebró el “éxito” de la masacre de El Aro. Villalba declaró bajo juramento que Uribe los había felicitado personalmente tras la operación. Misteriosamente, poco después de ratificar sus denuncias, Villalba fue acribillado en la puerta de su casa.
Ante este panorama desolador, la postura de la actual Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, resulta alarmante. Miguel Ángel del Río, abogado representante de varias de las víctimas, aseguró en entrevista que existen “suficientes elementos de convicción para establecer la responsabilidad de Álvaro Uribe” y que el acervo probatorio es “contundente y abundante”. Del Río denunció que la filtración de la decisión de llamar a indagatoria demuestra cómo ciertos sectores oscuros y afines al uribismo aún mantienen redes de poder en las entrañas de la institución. “No es posible que la administración de justicia no tome decisiones cuando tiene que tomarlas, amparándose en calendarios electorales”, sentenció el jurista, recordando que estos crímenes están clasificados como de lesa humanidad y son imprescriptibles.
El nivel de hartazgo por la dilación de la justicia ha llegado a tal punto que el exfiscal general Eduardo Montealegre anunció que interpondrá una acción de tutela contra la Fiscalía por violar tratados internacionales, específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos, al no emitir fallos en un “plazo razonable”. Montealegre advirtió que han transcurrido más de 25 años sin una decisión de fondo. “Si la jurisdicción constitucional no le ordena a la Fiscalía General de la Nación tomar decisiones de fondo en El Aro y La Granja, iré ante la Corte Penal Internacional a denunciar a Álvaro Uribe por esos delitos”, prometió, argumentando que la omisión de las autoridades colombianas es flagrante e injustificable.
Mientras los abogados libran esta dura batalla en los fríos despachos judiciales, en las montañas de Antioquia las heridas siguen abiertas y sangrantes. Miladis, Marta y Gabriela, junto a miles de desplazados, viven con el terror grabado en la piel y el recuerdo de sus seres queridos asesinados sin piedad. El silencio ensordecedor de la fiscal Luz Adriana Camargo ante las revelaciones de la filtración y la paralización del proceso solo añade sal a esa herida. El país observa atónito cómo la maquinaria de la impunidad sigue operando a favor de los más poderosos. ¿Hasta cuándo se escudará Álvaro Uribe Vélez en las elecciones y las denuncias de persecución política para evadir la acción de la justicia? Las víctimas no piden venganza, exigen la verdad y la justicia que el Estado, cómplice de su desgracia, les ha negado durante casi tres décadas. El reloj sigue su marcha, y con cada día de dilación, la democracia colombiana se debilita un poco más.
