Colombianos, presten muchísima atención a lo que vamos a desglosar el día de hoy, porque estamos frente a uno de los episodios más insólitos, calculados y reveladores de esta contienda electoral. Nos encontramos ante un suceso que deja al descubierto hasta qué punto algunas campañas políticas están dispuestas a manipular la percepción pública, jugar descaradamente con el miedo de la gente y fabricar realidades paralelas para intentar rescatar una imagen pública que se hunde irremediablemente en medio de escándalos innegables.
En las últimas horas, el país entero fue bombardeado por una narrativa intensa y perfectamente coordinada. Esta fue impulsada por la gente de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y rápidamente amplificada por periodistas afines, medios de comunicación tradicionales y aliadas estratégicas como Vicky Dávila. Juntos, iniciaron un escándalo de proporciones mayúsculas sobre un supuesto intento de atentado en el departamento de Antioquia. Alegaban, con gran dramatismo, que el robusto esquema de seguridad del candidato había logrado identificar y neutralizar a un supuesto “falso escolta” que andaba merodeando, haciendo labores de inteligencia militar y preparando el terreno para un golpe letal contra el aspirante. Nos vendieron la imagen de un candidato acorralado por fuerzas oscuras, un hombre valiente que desafía al peligro, protegido apenas por el heroísmo de sus guardaespaldas y un chaleco antibalas.
Sin embargo, detrás de todo ese humo denso, detrás de todo ese teatro dramático digno de una película de acción de bajo presupuesto, se esconde una verdad completamente distinta. Una verdad que la campaña intentó ocultar desesperadamente, pero que, gracias a la investigación independiente, ha salido a la luz. Lo que parecía ser la noticia de un atentado frustrado se ha desmoronado pieza por pieza, revelando que todo este cuento no es más que un presunto montaje; una cortina de humo fabricada a la medida de sus urgencias. Y lo más impactante de todo es que el propio protagonista de este circo, el supuesto falso escolta, ha terminado por dejar en evidencia la farsa. Con sus antecedentes y sus conexiones públicas, ha confesado indirectamente que su presencia allí no tenía absolutamente nada que ver con un acto criminal, sino que formaba parte de una estrategia orquestada por el mismísimo entorno político de Abelardo.
Todo esto pareciera ser un desesperado control de daños, una maniobra de distracción milimétricamente calculada para intentar desviar la atención de la opinión pública. ¿Por qué ahora? Precisamente después de los terribles escándalos que vienen acosando a Abelardo de la Espriella en las últimas semanas. Hablamos de cuestionamientos gravísimos sobre su trato hacia las mujeres, denuncias formales de periodistas que se han sentido acosadas y polémicas que han destrozado su credibilidad, haciendo que su imagen caiga a pedazos ante el electorado. La solución que encontraron los genios en su cuarto de guerra político fue victimizarlo, crearle un enemigo invisible y obligar emocionalmente al país a sentir solidaridad por él. Pero vamos a los hechos concretos; vamos a desmenuzar cómo construyeron esta mentira paso a paso y cómo la evidencia la desarma.
El contexto nos sitúa en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia, donde el candidato se encontraba realizando uno de sus habituales eventos de campaña. Estos eventos siempre están cargados de un dramatismo extremo, rodeados de cámaras, luces y un despliegue de seguridad excesivo que parece más propio de una zona de guerra en Medio Oriente que de una campaña democrática en Colombia. En medio de ese escenario controlado, nos dicen que el esquema de seguridad intercepta a un hombre. La campaña asegura de manera categórica y alarmista que esta persona se presentó falsamente como miembro de la avanzada oficial, que estaba infiltrado, haciendo inteligencia detallada y que tenía en su poder elementos peligrosísimos. Nos dicen que, por fortuna, se frustró un atentado inminente.
Pero detengámonos un momento a usar el sentido común, que dolorosamente parece ser el menos común de los sentidos en la política colombiana. ¿Cómo sabían de manera tan inmediata y fulminante que este hombre iba a cometer un atentado? ¿Qué pruebas concluyentes tenían en ese preciso instante para que todos los influenciadores, bodegas digitales, políticos aliados y periodistas de derecha empezaran a replicar el mismo mensaje exacto, con las mismas palabras, al mismo tiempo en todas las redes sociales? La respuesta es tan sencilla como aterradora: No tenían ninguna prueba. Lo que tenían era un guion, un libreto previamente escrito que solo necesitaba un actor secundario para ser puesto en marcha y encender las alarmas nacionales.
Cuando las autoridades competentes y el periodismo de investigación real se acercan a verificar los elementos incautados al supuesto peligroso sicario de élite, la narrativa oficial empieza a desmoronarse y a rozar los límites de lo ridículo. Resulta que el individuo llevaba consigo un arma traumática (que dispara balines de goma), unos binoculares, un gas pimienta, algunos dispositivos electrónicos comunes, un carnet de identificación laboral y, escuchen bien, propaganda política impresa del propio candidato Abelardo de la Espriella.
Pensemos en esto por unos segundos con total frialdad. Nos están pidiendo que creamos que un sicario profesional, contratado y enviado para atentar contra uno de los hombres más protegidos del país, decide llevar a cabo su letal misión armado con un arma traumática, un artefacto que no tiene la capacidad letal para penetrar vidrios blindados ni chalecos protectores. Y que además, como si fuera un turista, lleva consigo folletos de campaña del hombre al que supuestamente va a asesinar. Es un insulto flagrante a la inteligencia de los colombianos. Cualquier persona que entienda mínimamente cómo operan las verdaderas estructuras criminales en nuestro país sabe perfectamente que nadie realiza un operativo de sicariato de esa magnitud con un frasco de gas pimienta y un arma de juguete.
Pero la historia se pone aún más oscura, interesante y comprometedora cuando empezamos a investigar quién es realmente este supuesto falso escolta. El hombre fue identificado por las autoridades como Carlos Mauricio Zapata Moreno. En el momento crítico en que es retenido de manera preventiva por el esquema de seguridad, justo antes de que llegara la policía oficial al lugar, este señor hace una llamada telefónica urgente desde su celular. Cuando los escoltas de De la Espriella le exigen saber a quién estaba llamando, revisan el dispositivo y descubren un dato escandaloso: la llamada, que tuvo una duración exacta de 1 minuto y 42 segundos, fue dirigida al subcomisario Robinson Zapata, un alto oficial de la estación de policía del sector de Las Palmas. ¿Un supuesto sicario llamando directamente a un subcomisario de la Policía Nacional en medio de un operativo criminal?
La justificación posterior del subcomisario fue predecible y débil: dijo que él estaba de turno en la estación y que el teléfono de la estación “no guarda registro de llamadas”. Sin embargo, la conexión directa entre el retenido y la fuerza pública local quedó en evidencia. Esto nos obligó a raspar más el fondo de la olla, a buscar en los registros públicos de las cámaras de comercio y en las bases de datos de seguridad privada del país. Y lo que encontramos destruye por completo, hasta los cimientos, el cuento del atentado político.
Carlos Mauricio Zapata Moreno no es un criminal de guerra. No es un infiltrado de grupos armados ilegales ni un sicario a sueldo. Es un profesional certificado de la seguridad privada, propietario legal y debidamente registrado de una empresa llamada “Medellín Security Service”. Una compañía que fue matriculada oficialmente el 20 de abril del año 2023 en la capital del departamento de Antioquia. Esta empresa se dedica legalmente al transporte privado de pasajeros, a brindar servicios de protección a personas importantes y a ofrecer esquemas de seguridad privada. Es decir, el hombre es, en todo el rigor de la palabra, un escolta real, con una empresa real, que presta servicios reales y legales en la región de Antioquia. No es un fantasma sacado de las sombras del hampa.
Y aquí es donde la trama se complica enormemente para los ciegos defensores de Abelardo, porque este señor Zapata Moreno no solo es un empresario legítimo de la seguridad, sino que tiene vínculos documentados, evidentes y fotográficos con la élite política de derecha en Antioquia. Precisamente el mismo sector político que hoy apoya incondicional e irrestrictamente la candidatura de Abelardo de la Espriella. Al revisar meticulosamente sus perfiles en redes sociales, que son completamente públicos y activos, encontramos galerías de fotografías donde el supuesto “falso escolta” posa sonriente, hombro a hombro, con figuras de altísimo nivel institucional. Entre ellos destacan el actual alcalde de la ciudad de Medellín, Fico Gutiérrez, y el mismísimo secretario de seguridad de esa ciudad.
En una de estas imágenes comprometedoras, el señor Zapata aparece acompañando al secretario de seguridad, quien viste claramente una chaqueta institucional de la alcaldía, en lo que a todas luces parece ser un operativo oficial territorial o un evento gubernamental de alta importancia estratégica. Al ser cuestionado posteriormente por la prensa tradicional sobre esta comprometedora fotografía, la respuesta del secretario de seguridad de Medellín fue un libreto de manual para evadir responsabilidades. Dijo que, efectivamente, en la foto él lleva su chaqueta de la institución que suele usarla en operativos en la calle, pero que “no tiene idea de quién es el señor Zapata”, escudándose en que la gente común le pide fotos en la calle y él accede por cortesía política. Una excusa conveniente, pero sumamente débil y poco creíble cuando observamos el contexto: el señor Zapata no es un transeúnte cualquiera pidiendo un autógrafo, sino un contratista de seguridad que interactúa en el círculo íntimo del poder antioqueño, un círculo que es, casualmente, estrechamente aliado a la campaña de Abelardo.
Sumado a todo este entramado de relaciones, las autoridades oficiales verificaron que el señor Zapata es un exmilitar retirado con honores, posee certificados vigentes de las fuerzas militares de Colombia por haber prestado su servicio a la patria, y mantiene relaciones sumamente cordiales con la vasta comunidad de escoltas y policías en activo de Medellín, recibiendo constantes comentarios de apoyo, respeto y validación por parte de sus colegas en sus publicaciones digitales.
Ante toda esta aplastante avalancha de evidencias, la Policía Nacional, actuando en estricto apego al derecho, determinó que no existían motivos legales fundados para realizar una captura formal y trasladarlo a la fiscalía. No hubo flagrancia en la comisión de ningún delito, no había órdenes de captura vigentes en su contra en el sistema judicial y, lo más importante y ridículo del caso, los elementos que portaba (su arma traumática, su carnet de empresa y sus binoculares) no constituyen absolutamente ningún delito, ya que son las herramientas de trabajo propias y reglamentarias de su labor diaria como dueño de una empresa de seguridad privada. Las autoridades, simplemente, lo dejaron ir porque no había caso criminal que perseguir.
Entonces, la gran interrogante que queda flotando es: si las autoridades determinan que no hay delito, si el hombre es un escolta conocido en la región con nexos fotográficos con la alcaldía aliada de Abelardo, y si sus armas eran de juguete en términos de letalidad real, ¿por qué diablos la campaña de Abelardo de la Espriella y sus medios de comunicación aliados continúan emitiendo comunicados oficiales, infundiendo pánico nacional y hablando de un atentado terrorista frustrado? Aquí es donde entra la confesión de los hechos; el montaje político queda al descubierto a plena luz del día.
Las piezas del rompecabezas encajan a la perfección matemática para mostrarnos una maquiavélica estrategia de manipulación psicológica de masas. La campaña de Abelardo venía en caída libre en todos los sondeos internos. Las recientes y graves denuncias de las periodistas y los escándalos personales le estaban pasando una factura altísima e irreparable en términos de credibilidad e intención de voto, especialmente entre el electorado femenino. El comando de campaña necesitaba urgente, casi desesperadamente, cambiar el eje de la conversación nacional. Necesitaban que el país dejara de hablar del presunto acosador y empezara a hablar, llorar y rezar por el héroe perseguido y victimizado.
Y qué mejor escenario para montar esta obra de teatro que el departamento de Antioquia, su inexpugnable bastión político, rodeado de sus aliados incondicionales de la alcaldía de Fico Gutiérrez. La teoría más sólida, respaldada por todas estas pruebas circunstanciales y materiales, es que la presencia del señor Zapata en ese evento no fue una coincidencia fortuita ni un acto criminal aislado. O bien era simplemente un escolta seguidor de Abelardo, un fanático uribista que acudió al evento político con sus herramientas de trabajo y la propaganda del candidato en el bolsillo para mostrar genuino apoyo, y la campaña de comunicaciones, al verlo con una pistola traumática en la cintura, vio la oportunidad de oro, lo interceptó y decidió sacrificarlo mediáticamente para armar un falso positivo político.
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Peor aún, existe una segunda variante mucho más oscura. Y esta es la pregunta que tanto Fico Gutiérrez como la campaña de Abelardo deben responderle al país de manera inmediata y bajo juramento: ¿Fue este señor Zapata enviado deliberadamente por aliados oscuros de la alcaldía o de sectores politizados de la policía local para infiltrarse en el evento y dejarse atrapar de manera controlada, creando así el teatro perfecto y seguro del atentado? Sea cual sea la variante exacta de los hechos, el resultado para la democracia es el mismo: un montaje mediático descarado y peligroso. Agarraron a un aliado ideológico de su propio sector político, a un escolta de derecha con fotos abrazado a Fico Gutiérrez, y lo presentaron ante el país en televisión nacional como la peor y más sanguinaria amenaza para la democracia y la vida del candidato. Lo hicieron sabiendo perfectamente que la policía lo iba a tener que soltar horas después porque, legalmente, no había cometido ningún delito.
Pero para los estrategas de esta campaña de desinformación, el destino legal del hombre no importa en lo más mínimo, porque el daño mediático y el impacto psicológico ya están hechos. El titular escandaloso ya se imprimió en las portadas de los principales periódicos, el tuit alarmista de Vicky Dávila ya se volvió tendencia global, y la semilla del miedo ya fue plantada profundamente en la mente de sus seguidores más acérrimos. Estos seguidores, cegados por la devoción política, ahora creen ciegamente que su líder está siendo cazado por fuerzas ocultas de la extrema izquierda. Es la manifestación más cruda de la política de la miseria, la política de la mentira absoluta y calculada para jugar con las emociones y el trauma de un país que ya ha sufrido demasiado por la violencia real, como para que ahora vengan unos politiqueros de escritorio a inventarse atentados con armas de balines y escoltas prestados de la misma alcaldía aliada.
Pero la estrategia de manipulación de esta campaña no se detiene únicamente en la creación de falsos atentados físicos; va mucho más allá, incursionando en la manipulación descarada y sistemática de las métricas digitales y la estadística para intentar crear, a la fuerza, una falsa percepción de triunfo inminente en las urnas. Al mismo tiempo que armaban y difundían el escándalo del falso escolta, toda la maquinaria de propaganda de Abelardo (incluyendo revistas de extrema derecha, portales web de dudosa procedencia y opinadores a sueldo en redes) empezaron a inundar las pantallas con titulares que afirmaban de manera rimbombante que Abelardo de la Espriella había desbancado sorpresivamente a Iván Cepeda, y que ahora lideraba en solitario las intenciones de voto para llegar a la Casa de Nariño.
Y aquí es donde la red de mentiras se vuelve a caer estrepitosamente con solo analizar, con un poco de rigurosidad periodística, las fuentes que citan. ¿De dónde sacan la osadía de afirmar que Abelardo está ganando las elecciones? Pues resulta que sus dos grandes “pruebas irrefutables” son Google Trends y una controvertida plataforma de apuestas en línea llamada Polymarket. Vamos a desmontar esta otra cortina de humo con datos reales y pedagogía digital.
Empecemos por el absurdo uso de Google Trends. Los medios aliados a la campaña titulan en letras mayúsculas que Abelardo lidera las encuestas presidenciales simplemente porque “superó a Iván Cepeda en las búsquedas de Google”. Esto es, de plano, una falta de respeto mayúscula a la ciencia estadística, a las firmas encuestadoras serias y a la inteligencia del votante promedio. Google Trends no es una encuesta de intención de voto bajo ninguna circunstancia, ni pretende serlo. Google Trends es simplemente una herramienta algorítmica que mide de forma bruta exclusivamente el volumen de búsquedas de una palabra clave específica en un periodo de tiempo y ubicación determinados.
Lo único que esta herramienta tecnológica nos dice es que, en un momento específico de la semana, miles de personas más entraron a sus computadoras o teléfonos celulares a escribir el nombre “Abelardo de la Espriella” en el buscador de Google. ¿Y por qué creen ustedes que de repente, como una explosión, miles de colombianos empezaron a buscar su nombre frenéticamente en internet? ¿Creen acaso que es porque de pronto se enamoraron de sus propuestas políticas, lo aman y decidieron que quieren votar por él masivamente? Por supuesto que no. La realidad es mucho más terrenal y obvia: lo estaban buscando precisamente por los escándalos bochornosos y deplorables que protagonizó con las periodistas.
La gente común, impulsada por el morbo natural del ser humano, por la curiosidad de saber qué barbaridad había hecho o dicho ahora este polémico personaje, entró a buscar las noticias frescas sobre las denuncias de acoso en su contra, sobre sus explosivos escándalos recientes y, por supuesto, querían buscar los detalles sobre el circo mediático del falso atentado que ellos mismos acababan de inventar y sembrar en la red. Google Trends mide el interés general, el ruido mediático, la controversia y el chisme. Si un político comete un delito grave, dice un improperio en público o se ve envuelto en un escándalo nacional vergonzoso, su nombre va a explotar obligatoriamente en Google Trends de manera exponencial, superando por mucho a cualquier otro candidato serio que esté haciendo una campaña tranquila, limpia y basada en propuestas reales. Vender un pico artificial de búsquedas motivadas única y exclusivamente por el morbo de un escándalo personal, presentándolo como si fuera un crecimiento sólido y real en la intención de voto ciudadana, es una táctica tan baja, desesperada y manipuladora que roza directamente lo patético. Quieren convencer a su burbuja de seguidores de que el país entero los aclama y los elegirá, cuando en la cruda realidad, el país entero los está buscando en Google para leer con indignación sobre sus desgracias y montajes.
Y la segunda pata de esta endeble mesa de mentiras electorales es todavía peor y más preocupante para la transparencia democrática. Titulan con bombos y platillos, en primera plana, que Abelardo se dispara inexplicablemente en Polymarket y que alcanza el 45% de probabilidades de llegar a la presidencia. Sus influenciadores comparten gráficas de colores como si fuera un boletín oficial y sagrado emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Colombianos, por favor, detengámonos y entendamos qué es realmente Polymarket.
Polymarket no es una prestigiosa firma encuestadora internacional, no está avalada por el Consejo Nacional Electoral, no hace riguroso trabajo de campo en los barrios de clase trabajadora de Bogotá, no va a las veredas olvidadas del Cauca a escuchar a la gente. No le pregunta a los campesinos de Boyacá, ni a los trabajadores informales del Valle del Cauca por quién van a depositar su confianza en las urnas. Polymarket es, simple, llana y llanamente, una casa de apuestas virtual. Es un casino digital desregulado que opera a través de internet utilizando exclusivamente criptomonedas. Es un sitio web global donde apostadores lúdicos y especuladores financieros de todo el mundo, desde corredores en Estados Unidos hasta jóvenes en Europa, ponen su dinero apostando especulativamente a absolutamente cualquier cosa: desde los resultados de partidos de fútbol y el clima, hasta, como en este caso, elecciones políticas en países que muchos de ellos ni siquiera saben ubicar en el mapa mundi.
¿Y quiénes son las personas que están apostando grandes sumas de dinero real, en criptomonedas, a favor de Abelardo de la Espriella en una plataforma de apuestas extranjera y nicho? Podemos asegurar con total certeza que no es el pueblo colombiano de a pie; no es la señora que madruga a vender arepas, ni el trabajador que a duras penas tiene para pagar el pasaje del transporte público diario. Los que están inflando artificialmente esos números en Polymarket son pequeños y organizados grupos de especuladores, muy probablemente empresarios allegados a la misma campaña política, que residen cómodamente en el exterior, en lugares como Miami. Estas personas inyectan su propio dinero en estas apuestas digitales para generar artificialmente una subida técnica en la gráfica de la plataforma.
Ellos saben perfectamente cómo funciona el juego mediático: saben que al meter unos miles de dólares en este oscuro casino de apuestas, el porcentaje de probabilidad a favor de su candidato va a subir como la espuma en la pantalla. Luego, el siguiente paso de la estrategia es tomar una captura de pantalla de esa gráfica manipulada y comprada, y se la envían rápidamente a sus revistas y periodistas amigas en Colombia para que, sin el más mínimo pudor ni ética, titulen que “Abelardo de la Espriella está arrasando en las proyecciones y encuestas internacionales”. Es, en toda regla, un fraude masivo a la percepción pública del electorado. Además, es un dato de conocimiento público en los círculos financieros que figuras de la extrema derecha internacional tienen fuertes intereses económicos y acciones millonarias en empresas relacionadas con la creación y promoción de este tipo de plataformas de apuestas y criptomonedas, lo que ensombrece y anula aún más la legitimidad democrática de cualquier número o tendencia que salga de allí.
Estamos siendo testigos presenciales de cómo opera una campaña política que, ante la carencia absoluta de propuestas serias para solucionar los problemas del país, y ante el repudio generalizado generado por las actitudes reprochables de su candidato hacia las mujeres, ha decidido, en un acto de desesperación, apostarlo todo a la guerra psicológica y la desinformación masiva. Mienten sin pudor sobre intentos de asesinato usando como extras a escoltas aliados armados con pistolas de juguete. Mienten descaradamente sobre las encuestas nacionales usando para ello simples herramientas de búsqueda de internet que miden el chisme. Y mienten sobre sus probabilidades reales de victoria electoral usando gráficas de casinos de criptomonedas para millonarios. Es un retrato de desespero absoluto y monumental que degrada la contienda política.
A medida que nos acercamos peligrosamente al día de las elecciones, los ciudadanos deben tener claro que estas estrategias de manipulación no van a disminuir su intensidad. Por el contrario, se van a intensificar exponencialmente, se van a volver más sucias, más elaboradas a nivel tecnológico y más desesperadas. Los cuartos de guerra de esta campaña van a intentar crear más y más cortinas de humo para tapar el sol con un dedo. Van a inventar nuevos escándalos falsos, producirán videos manipulados y van a seguir retocando gráficas y titulares para que ustedes, los votantes, duden de la realidad que están viendo con sus propios ojos y viviendo en sus calles. Por eso, hoy más que nunca, es de vital importancia mantener el sentido crítico en máxima alerta, cuestionar profundamente cada titular rimbombante o catastrófico que provenga de estos sectores polarizantes, y exigir incansablemente pruebas materiales contundentes y fuentes verificables antes de compartir información o tomar una decisión en las urnas.
En este punto, el alcalde Fico Gutiérrez tiene una deuda moral y le debe una explicación urgente, clara y pública a la nación sobre cuáles son sus verdaderos vínculos con este falso sicario y contratista de seguridad, para que los colombianos podamos entender la magnitud y la profundidad de esta burla institucional que le están haciendo al país con el cuento de los falsos atentados terroristas. Y para dimensionar verdaderamente la miseria ética de esta manipulación política, solo tenemos que alzar la mirada y hacer el contraste absoluto con la dura y sangrienta realidad que viven, sufren y enfrentan todos los días nuestras verdaderas fuerzas del orden en las zonas rurales.
Mientras en la comodidad de las grandes ciudades, algunos políticos de saco, corbata y reloj caro se inventan amenazas cinematográficas con pistolitas de balines, gas pimienta y actores secundarios para ganar unos cuantos miles de “clicks” en redes sociales y desviar la atención de sus problemas personales y legales con las mujeres, allá afuera, en la manigua, hay un país real, crudo y doloroso enfrentando un conflicto armado histórico que no perdona errores. Jugar frívolamente con el miedo ciudadano y banalizar la figura trágica del atentado político en un país con la historia de Colombia, es escupirle directamente en la cara y faltarle el respeto a la memoria de quienes realmente se juegan la vida todos los días, recibiendo plomo real, por mantener la frágil seguridad de la nación.
Y es que no tenemos que irnos muy lejos en el tiempo ni en el mapa para encontrar la abismal e insultante diferencia entre un patético montaje de campaña urdido por publicistas y un operativo legítimo de seguridad nacional. Miremos con atención lo que ocurrió hace apenas unas horas, este pasado 14 de mayo, en las profundas e inhóspitas selvas del departamento del Caquetá. Allí, bajo el asedio de la humedad y el peligro inminente, no hubo un teatro ridículo armado con escoltas amigos fingiendo ser sicarios. Allí no hubo chalecos institucionales de la alcaldía prestados para salir bien en la foto de Instagram.
Allí, las verdaderas fuerzas militares de Colombia ejecutaron una operación táctica de altísimo riesgo vital y complejidad estratégica. Se adentraron valientemente en un territorio hostil dominado por la insurgencia para asestar un golpe contundente a las verdaderas estructuras criminales que desangran al país. Como resultado de sangre y fuego, lograron la captura efectiva de un peligroso y escurridizo líder de las disidencias armadas; un hombre que sí representaba una amenaza real, comprobada y letal para las comunidades campesinas de la región.
En ese oscuro campamento guerrillero en el Caquetá, los soldados no encontraron a un simpatizante fanático repartiendo inofensivos volantes de un candidato presidencial. La realidad fue otra. Las tropas incautaron material de guerra auténtico, fusiles de asalto listos para disparar munición letal, e hicieron hallazgos financieros que demuestran, sin lugar a dudas, cómo se mueve el verdadero poder y el dinero de la ilegalidad en los bajos mundos de este país. Encontraron, escondidos celosamente en caletas y maletines de lona, miles de millones de pesos colombianos en efectivo; dinero manchado literalmente de sangre y extorsión que se utiliza para financiar la maquinaria del terror y el narcotráfico. Esas imágenes crudas, sin filtros ni producción de Hollywood, son las evidencias irrefutables de un verdadero golpe a la criminalidad organizada. Imágenes que muestran la dureza implacable del conflicto armado colombiano y no un triste, inofensivo y patético carnet de una empresa de vigilancia privada de Medellín, mostrado triunfalmente ante las cámaras de las periodistas amigas como si se tratara del gran trofeo de la inteligencia militar y el contraespionaje nacional.
Resulta profundamente indignante, repugnante y moralmente cuestionable que la gran maquinaria mediática tradicional, al servicio de ciertos intereses, intente equiparar en sus titulares de primera plana el heroísmo anónimo y real de los soldados y policías que desmantelaron bajo fuego ese campamento disidente, con la supuesta, fabricada e ilusoria “valentía” de un esquema de protección VIP que simplemente detuvo a un contratista de seguridad conocido por ellos mismos en un evento público, seguro y controlado en Envigado. Utilizar descaradamente la narrativa sagrada del héroe de combate, de la víctima de la guerra, para limpiar artificialmente la imagen manchada de un político acorralado por graves denuncias de acoso a mujeres, es, sin lugar a dudas, una de las estrategias de relaciones públicas más bajas, cínicas y despreciables que hemos presenciado en la historia reciente de la política nacional. Intentan, a plena luz del día, robarse el prestigio ganado con sangre por las instituciones militares para fabricar a la medida una épica de cartón piedra que, como hemos visto, no resiste el más mínimo análisis forense serio, ni siquiera la más básica verificación de antecedentes públicos en una cámara de comercio.
Aquí es donde, como sociedad civil, nos damos cuenta y despertamos ante la realidad de cómo operan realmente los hilos invisibles del poder político y la burda manipulación de la información a la que estamos sometidos a diario. Los grandes conglomerados de medios de comunicación y las revistas de línea editorial de extrema derecha, no dudaron en dedicarle apresuradamente portadas enteras a todo color, extensas horas de transmisión en vivo con música de tensión y debates de opinión interminables al falso y fabricado atentado en Antioquia. Su misión era clara: intentar sembrar el pánico en las clases medias de las grandes ciudades, creando la ilusión de que el país se caía a pedazos y que su candidato era el único mártir salvador. Sin embargo, en un contraste que indigna, los verdaderos e innegables golpes a la criminalidad, los operativos donde hay fuego cruzado real, bajas, incautaciones masivas que desfinancian a los violentos y capturas de cabecillas reales, reciben apenas una mención pasajera a pie de página en los noticieros, si es que acaso los mencionan. Los ignoran sistemáticamente porque la realidad del éxito institucional de las fuerzas del orden no favorece la narrativa apocalíptica de la campaña que ellos mismos están intentando impulsar, desesperada y artificialmente, con encuestas falsas sacadas de casinos de internet.
El objetivo central, la meta final de toda esta gigantesca y elaborada cortina de humo mediática es perturbadoramente claro. Quieren mantener a la ciudadanía distraída, debatiendo acaloradamente sobre mentiras, teorías de conspiración y atentados prefabricados, para que el pueblo no exija respuestas concretas, planes de gobierno, ni rendición de cuentas sobre lo verdaderamente importante y los escándalos reales que los rodean. Quieren, a través de la manipulación psicológica, que el electorado deposite su voto guiado desde el miedo irracional y la lástima hacia un candidato artificialmente victimizado en los estudios de televisión, en lugar de votar desde la razón, la memoria histórica, la evaluación de propuestas y la exigencia ciudadana de construir un país más justo, transparente y equitativo.
Pero la arrogancia les costó cara y el teatro se les cayó a pedazos frente a todo el país. Las pruebas del montaje fotográfico, los antecedentes del contratista, las llamadas a la policía, los folletos y las armas de balines están a la vista de todos aquellos que quieran investigar. El contraste definitivo con la dura y cruel realidad que enfrenta el resto del país los deja expuestos a la intemperie como lo que verdaderamente son: un grupo de manipuladores profesionales y cínicos que están dispuestos a venderle a la nación cualquier ilusión de peligro, cualquier mentira por más grave que sea, con tal de no asumir de frente la responsabilidad moral, legal y política por sus propios actos repudiables del pasado y del presente.
Hoy, la policía metropolitana de Antioquia le debe una explicación detallada, técnica y transparente al país sobre cuál fue el conducto regular real que se siguió en la atención de este caso que movilizó recursos del Estado por un falso positivo. Y, por supuesto, la campaña del candidato Abelardo de la Espriella le debe, cuanto menos, una disculpa pública y un mínimo de respeto a la inteligencia, al dolor y a la memoria de los votantes colombianos. Como sociedad, no podemos, bajo ninguna circunstancia o afiliación política, permitir que conviertan la sagrada democracia de nuestro país, construida con tanto sacrificio, en una obra de teatro barata, de pésimo gusto, diseñada en la oscuridad por libretistas de campañas sin el más mínimo asomo de escrúpulos ni moralidad.
