La estabilidad democrática de Colombia atraviesa un momento de tensión sin precedentes tras las recientes revelaciones de Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro. En un contundente hilo de evidencias y declaraciones técnicas, Carranza ha puesto en tela de juicio la transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señalando directamente al registrador Hernán Penagos por lo que califica como un “desacato flagrante” a las órdenes impartidas por el Consejo de Estado hace más de un lustro.
El mito del software estatal y la “caja negra”
El núcleo de la controversia radica en la sentencia del 8 de febrero de 2018, en la cual el Consejo de Estado conminó a la organización electoral a garantizar una trazabilidad completa del escrutinio, desde la mesa de votación hasta la declaratoria final de resultados. Según la denuncia de Carranza, la Registraduría ha intentado venderle al país una narrativa de cumplimiento que no se ajusta a la realidad técnica.
El registrador Penagos ha sostenido en diversos medios de comunicación que el código fuente de los software electorales no puede ser entregado por razones de “ciberseguridad”. Sin embargo, Carranza desmintió esta postura, aclarando que el mandato judicial no sugería, sino que ordenaba que el Estado colombiano tuviera soberanía digital sobre su propio sistema. “Usted insiste en que ya cumplió el fallo del 2018, pero la pregunta es: ¿qué fue lo que cumplió?”, cuestionó el abogado, señalando que solo se ha implementado software estatal para el último eslabón de la cadena, dejando las etapas críticas en manos privadas.
Una arquitectura electoral privatizada al 80%
Uno de los puntos más inquietantes del análisis forense presentado por la defensa del presidente es la distribución del control operativo del sistema electoral. Carranza reveló que la arquitectura del escrutinio en sus etapas zonal, municipal y departamental sigue siendo operada por la unión temporal conformada por empresas como Disproel, Cisne, Cronos y Thomas Greg & Sons.
“Aproximadamente 2.1 billones de la logística electoral los maneja el operador privado. Estamos hablando de un 80% privado frente a un escaso 20% estatal”, afirmó Carranza. Esta dependencia de terceros para el conteo y consolidación de los votos iniciales es lo que el Protocolo Carisma y la Misión de Observación Electoral (MOE) han descrito históricamente como una “caja negra”: un sistema hermético, cerrado y oscuro donde no existen garantías de que el software presentado a auditoría sea exactamente el mismo que se utiliza el día de los comicios.
Tres fallas documentadas en la transparencia
El abogado Carranza detalló tres requisitos fundamentales de transparencia que han fallado sistemáticamente bajo la actual administración electoral:
Auditoría de código fuente fallida: El acceso real de los partidos políticos al corazón del sistema sigue restringido.
Trazabilidad de integridad (hash) fallida: No hay una cadena de custodia digital verificable que asegure que los datos no han sido alterados.
Independencia técnica estatal fallida: El Estado sigue siendo un invitado en su propio proceso electoral, dependiendo de contratistas externos.
Incluso dentro de la propia Registraduría, en actas firmadas por auditores de diversos espectros políticos —desde el Pacto Histórico hasta el Centro Democrático—, se ha consignado la falta de garantías sobre la integridad del software. Este no es un reclamo de una sola orilla política; es un reconocimiento institucional de la fragilidad del sistema.
El reconocimiento del Gobierno y el camino a 2026
La gravedad de estas denuncias se ve reforzada por las declaraciones de figuras dentro del propio Ejecutivo. Se recordó que, ante la Comisión de Seguimiento Electoral, se ha señalado que las entidades implicadas han incumplido parcialmente las determinaciones del máximo tribunal administrativo del país. Cumplir solo una de las cinco etapas del proceso no es transparencia, es, en palabras de Carranza, un “relato”.
En paralelo a este terremoto jurídico, el ambiente político se caldea con las movilizaciones sociales. Líderes del progresismo, como Iván Cepeda Castro, han reforzado en plazas públicas de regiones como el Valle del Cauca que el despertar del pueblo es la única garantía contra cualquier intento de retroceso democrático. El compromiso con la verdad y los derechos de las víctimas de la violencia se ha convertido en el centro del discurso gubernamental, contrastando con las sospechas que recaen sobre el poder electoral.
Conclusión: ¿Hacia dónde va la democracia colombiana?
La conclusión de Carranza es forense y técnica, no meramente política. El mandato judicial de 2018 no se ha cumplido en su esencia. Mientras el escrutinio inicial siga operado por privados bajo contratos millonarios y sin auditorías independientes reales, la sombra del fraude seguirá planeando sobre las urnas.
