Los padres de los asesinos de la familia Cejudo, condena inevitable hasta 70 años de prisións

Hay preguntas que una ciudad no debería tener que hacerse. Preguntas que nacen de un silencio demasiado pesado, de una puerta cerrada que nadie debería haber cruzado jamás. El 28 de abril de 2026, en una colonia de apariencia tranquila enclavada en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Esa clase de pregunta surgió con toda la brutalidad de lo inevitable. ¿Quién puede volverse capaz de borrar a una familia entera de la faz de la tierra? ¿Qué clase de crianza? ¿Qué clase de entorno? ¿Qué clase de silencio o de ruido produce a alguien así? La colonia Nueva Santa María no es un lugar que la Ciudad de México suele señalar.

No figura en los reportes de violencia endémica que hablan de ciertas esquinas en otras demarcaciones. Sus calles llevan nombres de árboles y flores. Guanábana, begonias. Son calles pensadas para la quietud, para el caminar sin prisa, para los niños que salen a la banqueta. El número 146 de la calle Guanábana era para sus vecinos una dirección más.

Una familia nueva que había llegado sin alaraca, gente trabajadora, discreta, de esas que no generan problemas. Omar Sejudo Nava, de 47 años, era director comercial de genéricos Ralca, una distribuidora farmacéutica. Su trabajo era gestionar cuentas millonarias, liderar equipos comerciales, moverse en el mundo de los medicamentos que llegan a farmacias y hospitales.

Alejandra Barrios Galván, también de 47 años, era su compañera de vida, la mujer que sostenía el hogar junto a él, que había construido con Omar, ese espacio donde dos hijas crecían. Valentina tenía 16 o 17 años, según los reportes, y estudiaba en el Tecnológico de Monterrey, una de esas jóvenes que ya asoman al futuro con nombre y proyecto propios. Romina tenía apenas 12 años.

Apenas salía de la primaria, dijo una vecina llorando días después. Era una niña. Nadie en esa calle sabía todavía que dentro de esa casa, la tarde de ese martes de abril, iba a ocurrir algo que no tiene nombre amable, algo que los reportes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iban a llamar multihomicidio, pero que las personas que conocieron a Omar, a Alejandra, a Valentina y a Romina llamarían de otra manera una masacre.

El exterminio de una familia. Lo que interesa aquí, sin embargo, no empieza con las víctimas, empieza mucho antes. Empieza con una pregunta que la Ciudad de México y el Estado de México todavía no han respondido del todo porque las autoridades han guardado discreción sobre ese punto específico.

¿Quiénes son los padres de los hermanos que entraron a esa casa? Los apellidos de los victimarios son Villaseñor Barrera, Emiliano Villaseñor Barrera de 20 años, José María Villaseñor Barrera, de 21 años, María de Jesús Villaseñor Barrera, de 24 años, tres hermanos, un apellido, una misma sangre. Y detrás de esa sangre, como detrás de cualquier vida humana, hay una historia que empieza en algún lugar que no es un juzgado, no es una celda, no es un hotel de Atizapán donde un joven dispara contra la policía antes de caer herido. Empieza en una

casa, en una mesa, en el primer día de escuela, en las manos de alguien que los llamó hijos. Las autoridades mexicanas, en el marco del proceso judicial que avanza sobre los detenidos, han mantenido bajo reserva los nombres de los progenitores de los hermanos Villaseñor Barrera. Es una práctica comprensible desde el punto de vista legal.

Los padres no han sido señalados como responsables del crimen y su identidad pública podría interferir con la investigación o convertirlos en blanco de una justicia popular que ya hierve en las redes sociales. Pero esa reserva no cancela la pregunta, la deja suspendida como una sombra que cae sobre todo lo que vino después. Quienes conocen a la familia Villaseñor Barrera han descrito un entorno que desde afuera no ofrecía señales evidentes de peligro.

Las personas que tuvieron contacto con Emiliano, el más joven de los hermanos que participaron en los hechos, los que llegaron hasta la calle Guanábana esa tarde, describieron a un joven que sabía moverse en distintos mundos. era estudiante del Tecnológico de Monterrey, una de las universidades privadas de mayor prestigio en México.

Eso no es un detalle menor. El Tec de Monterrey no es una institución de acceso masivo ni gratuito. Sus colegiaturas representan un esfuerzo económico considerable y sin embargo, Emiliano estaba ahí entre aulas climatizadas y corredores donde los estudiantes hablan de proyectos de vida, de startups, de intercambios internacionales.

Hay algo en ese dato que el país debería procesar con más cuidado del que normalmente le dedica. Se tiende a imaginar que la violencia organizada recluta exclusivamente en los márgenes, en los barrios donde la pobreza es dura, donde las escuelas no tienen techos, donde el estado nunca llegó. Y es cierto que esos márgenes producen violencia, entre otras muchas cosas que los márgenes producen y que nadie celebra.

Pero la historia de Emiliano Villaseñor Barrera interrumpe ese relato cómodo. Aquí hay un joven que pudo pagar una universidad privada, que frecuentaba los espacios donde se supone que se forja la clase media del futuro y que al mismo tiempo, según las investigaciones en curso, ya cargaba deudas no solo bancarias, sino también con un grupo delictivo. Ya consumía drogas.

Según algunos reportes, ya portaba armas si uno revisa los videos que él mismo presumía en sus redes sociales. Videos donde aparece disparando al aire exhibiendo una imagen de poder que es en sí misma uno de los signos más tristes del tiempo que vivimos. ¿Qué vieron sus padres en esos videos? Si es que los vieron.

¿Qué dijeron? O fueron padres que no miraron las redes sociales de sus hijos, o que miraron y no supieron leer lo que estaban viendo, o que leyeron y creyeron que era pose, brabuconería de muchacho, el tipo de exageración que los jóvenes proyectan para sentirse grandes. La respuesta a esas preguntas no está en los expedientes que se han hecho públicos, está en un silencio que las autoridades están por el momento decididas a mantener.

Y en ese silencio caben todas las hipótesis. Caben los padres que no sabían nada. Caben los padres que sabían demasiado. Caben los padres que un día miraron a ese hijo y ya no reconocieron a la persona en la que se había convertido. Lo que sí se sabe es esto. Los hermanos Villaseñor Barrera no actuaron de manera improvisada. El crimen del 28 de abril de 2026 no fue un arrebato, fue una operación.

Y para que una operación así sea posible, algo tuvo que suceder durante años en la trayectoria de esas personas, en sus vínculos, en su exposición a un mundo que premia la violencia y castiga la debilidad. Los padres de Emiliano, José María y María de Jesús, son los primeros testigos de esa trayectoria. Los primeros que tuvieron frente a sí a estos tres seres humanos cuando todavía eran niños.

cuando todavía eran modificables, cuando todavía la historia podía haber ido de otra manera. Lo que hicieron o dejaron de hacer en ese periodo es una pregunta que el proceso judicial no está obligado a responder, pero que la sociedad mexicana tiene todo el derecho de hacerse. Existe un detalle que complica aún más el cuadro.

Según las personas cercanas a la familia Cejudo, que hablaron con las autoridades, Emiliano se esforzaba conscientemente por proyectar una imagen de buen muchacho, de joven de familia decente, cuando se relacionaba con Valentina y con el entorno de la familia de ella. Hay informes que hablan de que aparentaba provenir de una familia con recursos, con valores, con raíces reconocibles, que cultivó esa imagen de manera deliberada como parte de la estrategia para acercarse, para ganarse la confianza, para llegar hasta el

corazón de un hogar ajeno y convertirlo en el escenario de su crimen. Eso requiere una capacidad de disimulo que no se improvisa. Eso requiere práctica. Y la práctica de mentir sobre quién se es, de construir una identidad alternativa para consumo de los demás, generalmente tiene sus raíces en una vida doméstica donde algo no encajaba, donde la apariencia y la realidad empezaron a disociarse muy pronto.

Nada de esto exonera a Emiliano Villaseñor Barrera ni a sus hermanos. Absolutamente nada. Explicar no es justificar. Y el abismo entre esas dos palabras es el abismo donde viven Valentina y Romina, que ya no tienen edad, que ya no tienen años por venir, que se quedaron en los 17 y los 12 para siempre.

Pero entender qué produce a alguien así no es un lujo intelectual, es una necesidad social urgente. Porque mientras el país no se haga esa pregunta con honestidad, mientras siga mirando la violencia como algo que llega desde afuera y no como algo que se fabrica en ciertos hogares, en ciertos silencios, en ciertas complicidades familiares y estructurales, seguirá ocurriendo.

Seguirá habiendo familias que cierran la puerta de su casa creyendo que están a salvo, y seguirá habiendo alguien del otro lado que ya tiene trazado el plan para atravesarla. Los padres de los hermanos Villaseñor Barrera no están en el banquillo, pero están en la historia. Están en el principio de una cadena cuyos eslabones llegaron el 28 de abril de 2026 hasta la calle Guanábana número 146, Azcapotzalco, Ciudad de México.

Y ahí terminó la infancia de una niña de 12 años. La segunda parte de esta historia tiene nombre, tiene apodo, tiene una geografía precisa y una estructura organizacional que los investigadores han estado rastreando durante años. con éxito desigual, pero con una certeza creciente. El crimen organizado en la zona metropolitana del Valle de México no es un fenómeno uniforme ni centralizado.

Es un mosaico de células que a veces se solapan, a veces se enfrentan, a veces se alían por conveniencia y se traicionan por codicia. Y en ese mosaico hay una pieza que lleva años incrustada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el estado de México, extendiéndose como raíz hacia Naucalpan, Tlalnepantla, Guautitlán Iscali y los bordes mismos de la ciudad de México.

Se llaman los julios. El nombre proviene, según las investigaciones, del periodista Carlos Jiménez y de la propia Fiscalía General de Justicia. del Estado de México, de un linaje del sindicato Julio Sánchez Vargas, encabezado históricamente por una triada de hermanos, Julio, Francisco y Carlos Sánchez.

Ahí está la paradoja fundacional de esta organización. nació con apariencia de legalidad o más exactamente nació envuelta en la apariencia de legalidad que otorga un sindicato. En México, la figura sindical tiene una historia larga y compleja, ligada a movimientos obreros legítimos, pero también desde hace décadas a prácticas de control y extorsión que se disfrazan de representación laboral.

Los julios tomaron ese disfraz y lo llevaron hasta sus últimas consecuencias. La organización opera, según documentan las autoridades estatales y capitalinas, bajo la fachada de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, conocida como CATEM. Esta central sindical dirigida por figuras con historia política en el país, ha sido señalada en repetidas ocasiones como paraguas bajo el cual los julios mueven sus actividades delictivas con una impunidad que durante años fue casi absoluta.

No es que el sindicato sea la organización criminal, es que la organización criminal usa al sindicato como escudo, como credencial. como mecanismo para infiltrarse en espacios donde de otro modo no podría operar. Una constructora en apuros recibe la visita de gente que dice representar a trabajadores sindicalizados.

Una familia recibe a personas que dicen tener derechos sobre un predio. Un comerciante recibe el mensaje de que debe pagar una cuota semanal. En todos esos escenarios, los julios aparecen con papeles, con uniformes, con argumentos legales, que son en realidad el envoltorio de una amenaza muy concreta, paga o sufre las consecuencias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha documentado un catálogo extenso de las actividades de esta célula. El despojo de inmuebles es quizás el delito más emblemático que se les atribuye. Los julios, según las investigaciones, se especializan en invadir propiedades, particularmente en zonas residenciales.

Hay registros de invasiones en colonias como Condado de Sayara en Atizapán de Zaragoza, un desarrollo de nivel alto que uno no esperaría ver en los reportes de crimen organizado. Pero los julios no operan exclusivamente en los márgenes geográficos. Van donde hay valor que arrebatar. Un inmueble invadido luego puede convertirse en punto de venta de bebidas alcohólicas, en expendio de drogas, en espacio controlado por la organización.

Las parejas sentimentales de los integrantes del grupo son quienes, según el periodista Carlos Jiménez, en muchos casos operan esos negocios. Es una cadena de valor criminal construida sobre el despojo de familias que un día llegaron a casa y encontraron a extraños dentro con papeles que decían que ya no era su casa.

El narcomenudeo es el otro eje de su operación. Marihuana y cocaína principalmente no son grandes volúmenes de trasiego internacional, no son los niveles de los cárteles que dominan los titulares nacionales. Es el narco de la esquina, el que vende en colonias concretas a personas concretas, el que construye sus redes de distribución sobre el conocimiento territorial, que solo dan años de operar en el mismo municipio.

Ese tipo de narcomenudeo tiene una característica que lo hace especialmente difícil de erradicar. Está integrado al tejido social de la comunidad. Los vendedores son vecinos, los compradores son conocidos. Las rutas de distribución pasan por calles que también usan las madres cuando llevan a sus hijos al colegio.

La extorsión es el tercer gran rubro y aquí los julios han demostrado una versatilidad inquietante. Extorsionan a conductores del transporte público, cobran derecho de piso a negocios de todo tamaño. exigen cuotas a constructoras que trabajan en obras de infraestructura, incluyendo, según algunos reportes, proyectos de envergadura como el tren interurbano México Toluca.

El mecanismo es siempre el mismo. Primero aparecen los emisarios con la propuesta. Luego, si no hay acuerdo, viene la demostración de capacidad para hacer daño. La frase que una víctima recordó ante las autoridades en el contexto de una investigación por secuestro captura perfectamente esa lógica. Con los julios no se juega. La estructura interna del grupo es compleja y ha evolucionado con el tiempo.

En la cúspide estuvieron y quizás siguen estando en alguna medida los hermanos Sánchez, los fundadores del linaje criminal. Pero las organizaciones que duran no dependen de individuos, dependen de estructuras que sobreviven a los individuos. Según las investigaciones, al menos 26 medios hermanos coordinan operaciones en los municipios mexiquenses.

Eso no es una pandilla, eso es una organización ramificada, con capacidad para absorber bajas y continuar operando, con territorios asignados, con jerarquías reconocidas, con mecanismos de disciplina interna que incluyen, como en todas las organizaciones criminales de ese nivel, la violencia contra quienes desobedecen o traicionan.

El 15 de diciembre de 2021, en la colonia Los Olivos de Atizapán, los vecinos encontraron una bolsa con restos humanos. El mensaje que acompañaba al horror era explícito. Esto me pasó por extorsionar para los julios y los peluches. La muerte como comunicado, el cuerpo como advertencia. Esa es la gramática de los julios.

La organización también ha demostrado capacidad para infiltrar instituciones del Estado. El caso de Alejandro Maya, alias el bebé, es ilustrativo. Maya fue identificado como un líder de alto rango dentro de los julios, con capacidad para coordinar operaciones en múltiples municipios. Pero antes de ese rol había sido policía.

Entlalne Pantla, un servidor público que después usó sus contactos y su conocimiento del sistema para proteger al grupo criminal y facilitarle operaciones. Fue detenido en septiembre de 2023 por elementos de la Marina Armada de México y la Fiscalía de Asuntos Especiales del Estado de México en una operación que requirió desplegar marinos para asegurar que la detención se sostuviera y no fuera revertida por influencias internas.

Eso dice algo sobre el nivel de penetración que el grupo había alcanzado en las corporaciones de seguridad locales. Es en ese contexto donde aparecen los hermanos Villaseñor Barrera, no como figuras de alto rango dentro de la organización, no como los que dan órdenes, sino como lo que las organizaciones criminales siempre necesitan y siempre encuentran.

ejecutores, gente joven dispuesta a cruzar líneas a cambio de dinero, de protección, de pertenencia a algo que se siente más grande que uno mismo. Emiliano Villaseñor Barrera, de 20 años, estudiante del TEC de Monterrey, pero también deudor de la organización, también portador de armas que presumía en redes sociales, también alguien que ya había deslizado un pie dentro de ese mundo fue el punto de contacto entre los Julios y la familia Sejudo Berrios.

Según declaraciones atribuidas al propio Emiliano y reportadas por el periodista Carlos Jiménez, la organización le habría prometido 40,000 pesos por participar en el crimen. Las autoridades expresaron dudas sobre esa versión, no porque descarten el vínculo con los julios, sino porque creen que Emiliano pudo estar minimizando su rol o exagerando el componente externo para diluir su responsabilidad personal.

Lo que es indudable, porque las pruebas así lo indican, es que la operación tenía varios objetivos simultáneos. Primero, robar los bienes de alto valor que la familia poseía. Dos camionetas de lujo, una BMW valuada en 1.6 millones de pesos, una GMC valuada en 2.2 millones. joyas, objetos de valor, dinero en efectivo.

Segundo, y esto es lo que conecta la operación con la lógica de los julios y su historial de despojo inmobiliario. Forzar el traspaso de documentos de una propiedad que la familia Sejudo poseía en el municipio de Atizapán de Zaragoza. un predio que la organización quería, un activo que en la visión criminal del grupo valía más que cuatro vidas humanas.

La investigación posterior de la Fiscalía del Estado de México reveló que un hombre identificado como Alexis Ricardo apodado Lobito, hijo de un integrante de alto rango de los julios, habría sido quien planificó con detalle que los hermanos Emiliano y José María Villaseñor acudieran al domicilio de las víctimas para robar pertenencias, vehículos y la documentación de la propiedad en Atizapán con la instrucción de entregarse a él para que los julios se apoderaran del inmueble.

La firma de la Unión Tepito, que fue clavada en el cuerpo de una de las víctimas junto a un arma blanca no era una firma real, era una pista falsa plantada deliberadamente para desviar la investigación hacia una organización rival y comprar tiempo de escape. El mensaje estaba calculado para que los primeros minutos de la investigación apuntaran en la dirección equivocada.

Funcionó por un rato. Este es el mundo en el que Emiliano Villaseñor Barrera eligió operar o fue arrastrado o ambas cosas, como suele ocurrir cuando alguien tiene deudas con una organización de ese tipo y recibe la alternativa de saldarlas de una determinada manera. No hay manera de saber con certeza desde afuera cuánta agencia y cuánta coacción hubo en su participación, pero lo que sí se sabe es que esa tarde del 28 de abril de 2026, Emiliano llegó con su hermano José María al número 146 de la calle Guanábana, que entró sin forzar ninguna

puerta porque Valentina le abrió, porque confiaba en él, porque él había construido esa confianza. durante meses en los pasillos del Tec de Monterrey, en las conversaciones de pareja, en los gestos que los jóvenes tienen cuando quieren convencer a alguien de que los quieren bien. Y una vez adentro, todo lo que había sido construido se derrumbó de la peor manera posible.

El desenlace empieza con cuatro cuerpos. Los primeros reportes hablaron de arma blanca. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó el mismo martes 28 de abril que las víctimas presentaban lesiones producidas por objeto punso cortante. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó esa versión inicial, pero la necropsia practicada en los días siguientes contradijo todo lo que se había dicho.

Las autoridades forenses confirmaron que Omar Sejudo Nava, Alejandra Barrios Galván, Valentina y Romina, las cuatro personas que conformaban esa familia murieron a causa de disparos en la cabeza, ejecuciones, tiros de gracia en una casa de la colonia Nueva Santa María en una tarde de abril, en una ciudad que creyó por horas que estaba ante un crimen de arma blanca, el cuchillo clavado en uno de los cuerpos con el mensaje de La Unión Tepito era parte de la escenografía criminal.

Los disparos en la cabeza eran la realidad. Ese dato cambió la percepción del crimen de manera radical. Un ataque con arma blanca puede ser un crimen de oportunidad, un robo que se salió de control, una situación que escaló sin que el agresor hubiera previsto hasta dónde podía llegar. Los disparos en la cabeza no tienen esa ambigüedad.

Los disparos en la cabeza, aplicados sistemáticamente a cuatro personas de edades tan distintas, incluyendo a una niña de 12 años, son una ejecución planificada, son un protocolo, son alguien que entró a esa casa sabiendo exactamente lo que iba a hacer. La respuesta del Estado fue en este caso relativamente rápida.

El análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Poniente y del 65 del Estado de México permitió rastrear las dos camionetas robadas de la propiedad de la familia Sejudo. Una de ellas, con placas de Morelos, se dirigió hacia el Estado de México por la avenida de los Maestros en la colonia Francisco Villa de Tlalnepantla de Bas con dirección a Atizapán de Zaragoza.

Esa ruta fue la que sellé el destino de los fugitivos. Un cerco virtual se activó. Un despliegue operativo en tiempo realzado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los policías municipales de Atizapán de Zaragoza, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia Estatal.

También participaron elementos de la Marina Armada de México. En ese operativo de la tarde y la noche del 29 de abril fueron detenidos en la camioneta con placas de Morelos María de Jesús Villaseñor Barrera, de 24 años, hermana de Emiliano, José María Villaseñor Barrera, de 21 años, hermano de Emiliano, y Francisco Javier Auara Santos, de 36 años, cuñado de los anteriores, esposo de María de Jesús.

En el vehículo fueron asegurados prendas de vestir, zapatos, tenis y artículos de valor sustraídos de la casa de la familia Sejudo, además de dos armas de fuego cortas, cartuchos útiles, un silenciador y 95 dosis de aparente marihuana y cocaína. El perfil del grupo quedó claro en ese momento. No eran solo los hermanos, era una célula familiar completa, integrada también por la esposa de uno de ellos y por un pariente político, todos actuando en coordinación.

Emiliano Villaseñor Barrera fue localizado en un hotel de la colonia Lomas del Valle Escondido en el mismo municipio de Atizapán, a bordo de la segunda camioneta robada a la familia. una BMW con placas de San Luis Potosí. Al percatarse de la presencia de los agentes, Emiliano no se entregó, abrió fuego. Hubo un intercambio de disparos.

Emiliano resultó herido y fue trasladado bajo custodia al hospital Adolfo López Mateos en Toluca. En los días siguientes, una vez que su condición médica lo permitió, fue ingresado al reclusorio oriente de la Ciudad de México. era el mismo joven que en sus redes sociales aparecía posando con armas, disparando al aire, exhibiendo una estética del poder, que es en realidad la estética de quien ya sabe.

En algún nivel de su conciencia que su historia va a terminar de una forma violenta. Paralelo a la detención de los cuatro implicados directos, la Fiscalía del Estado de México fue más allá. identificó a Alexis Ricardo, alias Lobito, hijo de un integrante de alto rango de los julios, como el cerebro que habría planificado la operación desde atrás.

Lobito fue detenido mediante una orden de apreensón. También cayó Luis Enrique, identificado como miembro de los Julios, señalado por haber coordinado a los hermanos Villaseñor para ejecutar el crimen y por haber sido quien clavó en uno de los cuerpos el arma blanca con el mensaje falsamente atribuido a la Unión Tepito.

También fue detenido Valentín, escolta de Lovito. Las investigaciones de la fiscalía mostraron que el hotel en Atizapán, donde se había refugiado Emiliano, había sido previamente utilizado por José María y él mismo como punto de reunión con los organizadores del crimen. En ese hotel fueron encontrados durante una diligencia de cateo más pertenencias presuntamente sustraídas de la familia Sejudo Berrios.

El viernes 2 de mayo, cuatro carrozas salieron de una funeraria en la colonia Moctezuma segunda sección. Recorrieron circuito interior y ejército nacional. Llegaron hasta Naucalpán, al parque Memorial Galloso, bajo carpas blancas, entre flores y el llanto de personas que no habían podido imaginar encontrarse en ese lugar.

Los féretros de Omar, Alejandra, Valentina y Romina fueron bajados uno a uno hasta su última morada. Una tía de las menores, con la voz rota, dijo lo que muchos pensaban y nadie quería decir en voz alta. Nunca, nunca esperé que este caso se fuera a dar en mi familia y menos con niñas. Los aplausos que acompañaron el descenso de los féretros eran despedida.

Pero eran también exigencia. Los familiares, amigos y conocidos de la familia Sejudo Berrios pidieron a la Fiscalía General de Justicia Capitalina que no haya impunidad, que se llegue al fondo, que se castigue con todo el rigor de la ley. Eso trae la pregunta que inevitablemente cierra esta historia. ¿Qué es el rigor de la ley en México para un crimen de esta naturaleza? Los detenidos enfrentan cargos que se acumulan con una lógica que el sistema penal mexicano llama concurso real de delitos. Cuando una misma persona en el

mismo hecho o en hechos conexos comete varios delitos independientes que se suman en la condena. En el caso de los hermanos Villaseñor Barrera, el listado de delitos probables incluye homicidio calificado múltiple, robo con violencia, portación de armas de fuego, lesiones a policías, posesión de narcóticos y, en el caso de Emiliano, además resistencia de particulares y el enfrentamiento armado al momento de su detención.

La Fiscalía del Estado de México también integra carpetas por secuestro en el marco de las investigaciones más amplias sobre los julios. El homicidio calificado es el eje central de la acusación. El Código Penal de la Ciudad de México establece que quien cometa homicidio calificado recibirá de 20 a 50 años de prisión.

El Código Penal Federal, que puede aplicarse cuando el delito tiene vínculos con crimen organizado o cuando así lo determina la instancia competente, establece para el homicidio calificado una pena de 30 a 60 años. Algunos análisis jurídicos han señalado que en casos donde el homicidio calificado se cometió como resultado de un robo en casa habitación, habiéndose infiltrado al inmueble mediante engaño, las penas pueden alcanzar los extremos más altos del rango.

La premeditación queda acreditada. Emiliano pasó semanas o meses construyendo la relación con Valentina como mecanismo de acceso. La alevosía queda acreditada. Las víctimas no tenían posibilidad de defensa frente a agresores armados que entraron a su propio hogar. La traición queda acreditada. La confianza de Valentina fue el instrumento del crimen.

Todos esos elementos en la taxonomía del homicidio calificado bajo la legislación mexicana agraban la pena al máximo. Pero hay más. El crimen involucra a dos menores de edad como víctimas. Eso activa agravantes específicas en el código penal. Valentina tenía 16 o 17 años. Romina tenía 12. En ambos casos, las víctimas eran personas menores de 18 años.

La legislación mexicana establece que cuando el activo comete el homicidio y la víctima es menor de 18 años, la calificación se agrava. Eso eleva aún más el umbral de la pena posible. Algunos casos de feminicidio que podrían ser considerados para las víctimas femeninas del crimen llevan penas de 40 a 60 años adicionales a otras condenas. Si los jueces determinan que las muertes de Alejandra, Valentina y Romina tienen elementos que los hacen tipificables como feminicidio, el cuadro penal se vuelve todavía más severo, sumando los cuatro homicidios calificados con todas

sus agravantes, el robo con violencia, la aportación de armas, las lesiones, la resistencia y los delitos relacionados con narcóticos, los abogados especialistas en derecho penal que han analizado casos similares en México, estiman que un juez podría aplicar penas que en su máximo teórico superen los 100 años de prisión para los autores materiales.

En México la prisión no puede durar más de 70 años, que es el límite establecido en el Código Penal de la Ciudad de México. Eso significa que en la práctica, incluso si la condena acumulada superara ese límite teórico, el techo legal serían 70 años. Para Emiliano Villaseñor Barrera, de 20 años en el momento del crimen, eso significaría pasar el resto de su vida entre rejas hasta los 90 años, si llegara a vivir tanto.

Para José María de 21, el mismo horizonte. Para María de Jesús de 24, la cuenta es similar, aunque su participación específica determinará si los jueces aplican o no la totalidad de las agravantes que corresponden a los autores materiales. Hay un elemento adicional que puede operar en la determinación de la condena, la pertenencia o colaboración con el crimen organizado.

En México, la ley federal contra la delincuencia organizada establece penas independientes para quienes pertenecen o auxilian a organizaciones criminales. Si el Ministerio Público logra acreditar la vinculación formal de los hermanos Villaseñor con los Julios, eso añadeños adicionales a la condena.

El propio Emiliano en sus declaraciones mencionó a los julios como los que encargaron el crimen. Si esa afirmación se sostiene jurídicamente, abre la puerta a una acusación por delincuencia organizada que puede sumar entre 8 y 16 años adicionales a la condena base, dependiendo del rol que se acredite dentro de la organización.

El recorrido judicial que les espera a los detenidos es largo y sinuoso. El sistema acusatorio mexicano, que opera desde las reformas de 2008 y se implementó plenamente en 2016 establece plazos, audiencias, pruebas, contraprueba, acceso a la defensa. es en teoría un sistema más garantista que el que existía antes, pero también es un sistema que para casos de esta complejidad puede extenderse durante años antes de llegar a una sentencia definitiva.

Los familiares de la familia Sejudob Berrios lo saben. ¿Saben que la justicia en México es un proceso que empieza mucho antes de la sentencia y termina mucho después de que los cuerpos sean sepultados? Emiliano Villaseñor Barrera fue vinculado a Proceso, sus hermanos también. Francisco Javier Auara Santos, el cuñado del grupo igualmente, Alexis, Ricardo, alias Lobito y Luis Enrique enfrentan sus propios procesos en el Estado de México.

El expediente crece con cada diligencia, con cada pericia, con cada declaración. Hay cámaras de videovigilancia que captaron rutas, hay necropsias que establecieron la causa de la muerte. Hay armas aseguradas que los peritos están analizando. Hay objetos robados que fueron recuperados. Hay teléfonos celulares que los investigadores están estudiando para mapear las comunicaciones previas al crimen.

La cadena de pruebas, si se construye con rigor, puede ser determinante en el juicio. La ciudad que rodeó a la colonia Nueva Santa María esos días de mayo de 2026 fue una ciudad en estado de conmoción. Hay crímenes que sacuden porque son estadísticamente inesperados. Porque ocurren donde la gente no esperaba que ocurrieran, porque las víctimas son personas que todos podemos reconocer como podríamos ser nosotros.

La familia Sejudo Berrios era ese tipo de familia. Omar trabajaba en el sector farmacéutico. Alejandra era su esposa. Valentina estudiaba en el Tec. Romina tenía 12 años. No había nada en el perfil de esa familia que sugiriera que vivían en el ojo de ninguna tormenta criminal. Eran una familia de clase media que había construido lo que muchos mexicanos consideran la vida deseable.

Trabajo estable, hijas en escuelas reconocidas, un departamento en una colonia tranquila, dos camionetas de valor que representaban el esfuerzo de años. Esa es también la tragedia de fondo, no solo que murieron, sino que murieron porque ese perfil de éxito visible, esa combinación de bienes materiales y vínculos sociales que la familia proyectaba fue exactamente lo que la convirtió en blanco.

Los julios no eligen a sus víctimas al azar, eligen a quienes tienen algo que robar, ya sea dinero, vehículos o propiedades. Y encontraron en los Villaseñor Barrera el puente perfecto, un joven con acceso al interior de la familia, con la cara de quien no debería causar sospechas, con el cuento completo del estudiante universitario de familia decente que quería a la hija mayor.

La última imagen que la investigación nos deja de Emiliano Villaseñor Barrera antes de su captura es la de un hombre herido esposado en una cama de hospital en Toluca bajo custodia policial. No el estudiante del TEC que posaba en redes con armas. No, el novio que convencía a Valentina de que el rechazo de su padre era injusto, un herido, un detenido, alguien que disparó contra la policía y salió peor de ese intercambio de lo que esperaba.

Alguien que en el tiempo que le quede, que puede ser el resto de su vida, según lo que determina el juicio, tendrá que vivir con lo que hizo, con los cuatro disparos en la cabeza, con Romina, que tenía 12 años y apenas salía de la primaria, con Valentina, que le abrió la puerta porque confiaba en él. La tía, que no levantaba la voz en el parque Memorial Galloso, dijo algo más, además de lo que ya se ha citado en los reportes.

Dijo que este crimen no debía olvidarse. Dijo que la exigencia de justicia era también la exigencia de que esto no le pasara a ninguna otra familia, que el sistema no solo castigara a los que entraron a esa casa, sino que aprendiera algo de lo que ocurrió. que se preguntara cómo fue posible que un joven de 20 años que estudiaba en una de las universidades más reconocidas del país estuviera al mismo tiempo endeudado con una organización criminal, portara armas, publicara videos disparando al aire y se moviera en el entorno de una familia de

clase media sin que nadie en ningún punto del camino activara ninguna alarma. La respuesta a esa pregunta no es sencilla. Implica hablar de grietas en el sistema educativo que no detecta la doble vida de sus estudiantes. Implica hablar de organizaciones criminales que se expanden hacia entornos que no son los tradicionales.

Implica hablar de familias, incluyendo la familia de los victimarios, donde algo falló o donde algo fue deliberadamente ignorado. implica hablar de un estado que tardó años en desarticular a los julios y que aún hoy no ha conseguido eliminar la organización, sino apenas golpearla en sus capas más visibles. Implica hablar de una ciudad y una zona metropolitana donde el crimen organizado ha aprendido a moverse entre los mundos que la gente común ocupa sin que la gente común lo sepa.

Omar Sejudo Nava y Alejandra Barrios Galván están enterrados en Naucalpán. Valentina, que tenía toda la vida por delante, que estudiaba en el Tec, que tuvo el terrible infortunio de conocer a Emiliano Villaseñor Barrera y creer que él era lo que decía ser. Descansa junto a ellos. Romina, que tenía 12 años, que apenas salía de la primaria, que no había hecho ninguna elección que la pusiera en riesgo, más allá de ser hija de sus padres y hermana de su hermana, también está ahí.

Los que los mataron están en el sistema judicial. Emiliano en el Reclusorio Oriente. José María detenido. María de Jesús, detenida. Francisco Javier Azuara Santos, detenido, Lobito y Luis Enrique en la Fiscalía del Estado de México. Todos enfrentando la posibilidad de que el sistema judicial mexicano los condéco. Si la justicia funciona como debe funcionar, si las pruebas se sostienen, si los jueces aplican el peso de la ley con toda su extensión, Emiliano Villaseñor Barrera podría pasar los próximos 50 o 60 años en prisión. Su

hermano José María también. La condena que merecen por cuatro homicidios calificados con premeditación, alevosía y traición, cometidos en casa habitación con dos de las víctimas, siendo menores de edad, en el contexto de un robo organizado con participación de crimen organizado, es la condena más alta que el sistema puede administrar.

Y aún así, no hay condena que devuelva a Romina su adolescencia. No hay sentencia que restaure los años que Valentina no va a vivir. No hay fallo judicial que borre el vacío que Omar y Alejandra dejaron en una familia que ahora tiene que seguir sin ellos. La calle Guanábana número 146 sigue ahí.

La ciudad de México sigue girando y en algún lugar de Atizapán de Zaragoza, en algún nivel de esa organización que se llama Los Julios, alguien que no fue detenido en este operativo está viendo cómo van cayendo sus piezas en un tablero que él mismo diseñó y calculando el próximo movimiento. Esa es la razón por la que esta historia no termina aquí.

Esta historia termina cuando el Estado mexicano tenga la voluntad, los recursos y la honestidad de desmantelar no solo las células que ejecutan los crímenes, sino también las estructuras que los ordenan, los financian y los protegen. Mientras eso no ocurra, habrá otras familias que abran la puerta de su casa creyendo que están a salvo.

Y habrá alguien del otro lado que ya tiene el plan trazado. La colonia Nueva Santa María lo aprendió de la peor manera posible el 28 de abril de 2026. Y el país entero, si tiene la valentía de mirarse en ese espejo también.