con las cuentas que tenía pendientes con la justicia y con la historia, no iba a permitir eso. Y aquí llega la primera de las cuatro cosas que Harfush reveló esta mañana. Según los documentos clasificados, recuperados de archivos militares y de la extinta estructura de la presidencia de la República, la decisión de eliminar a Colosio no fue tomada de manera impulsiva después del discurso del 6 de marzo.
Fue el resultado de un proceso de evaluación de alternativas. que comenzó en los días siguientes y que en las últimas dos semanas de marzo de 1994 se tradujo en un operativo concreto con recursos, con cadena de mando y con instrucciones precisas. Los documentos muestran que el operativo utilizó agentes del Estado Mayor Presidencial que respondían directamente a Los Pinos, no al equipo de seguridad oficial de Colosio que dependía de otra cadena de mando y que no fue informado de lo que se estaba preparando.
El Estado Mayor Presidencial era en esa época la estructura de seguridad del presidente en turno, con recursos propios, con acceso a inteligencia reservada y con la capacidad operativa para ejecutar acciones que no quedaran registradas en los canales institucionales normales. Era, en términos prácticos, el instrumento de seguridad personal del presidente, con lealtad directa a quien ocupaba la silla de Los Pinos.
Esa estructura fue la que se activó en las semanas previas al 23 de marzo de 1994. Si llegaste hasta aquí, ya estás entendiendo algo que 32 años de versiones oficiales nunca te explicaron con claridad. Si quieres seguir recibiendo este tipo de análisis cuando ocurren, suscríbete al canal. No cuesta nada y es el mejor respaldo que le puedes dar a este trabajo.
Los videos que vienen en los próximos días van a profundizar en cada ángulo de lo que Harf reveló esta mañana del 10 de mayo. Aquí llega la segunda cosa que Harf reveló esta mañana, los pagos. En los documentos de los archivos desclasificados aparece un registro de movimientos con cargo a la partida secreta de Los Pinos en las dos semanas previas al 23 de marzo de 1994.
La partida secreta era un fondo presidencial sin auditoría, sin registro público, sin obligación de rendir cuentas al Congreso ni a ningún organismo de control. Todos los presidentes del PRI la tuvieron. Todos la usaron para fines que el sistema prefería no documentar. Pero lo que aparece en los expedientes que Harfuch presentó esta mañana no es el uso discrecional de recursos para gastos políticos ambiguos.
Lo que aparece es una cadena de pagos que los investigadores han cruzado con registros de desplazamiento, con comunicaciones interceptadas y con testimonios de personas que en 1994 estaban en posiciones que les permitían ver partes del operativo sin saber que estaban viendo partes de un operativo. El resultado de ese cruce es lo que convierte los documentos en evidencia y no en especulación.
Los registros muestran pagos bajo categorías que los archivos llaman con términos codificados. logística especial, coordinación de zona, protocolo de seguridad ajustado. Los investigadores que trabajaron con Harf en el análisis de esos documentos identificaron que esas categorías coinciden en fecha y en monto con los movimientos necesarios para desplazar personas a Tijuana, para hacer modificaciones en el dispositivo de seguridad del miting de Lomas Taurinas y para garantizar que en el momento preciso hubiera un espacio de
vulnerabilidad alrededor del candidato. El miting de Lomas taurinas fue el escenario elegido porque reunía condiciones que lo hacían difícil de controlar. Era un evento masivo en una zona popular de Tijuana. El candidato tenía práctica de mezclarse con la gente en ese tipo de actos y la logística de seguridad dependía de múltiples coordinaciones que podían fallar sin que pareciera sospechoso.
Lo que los documentos revelan, según explicó Harfush esta mañana del 10 de mayo, es que esas fallas no fueron accidentales, fueron diseñadas. Las fallas en el protocolo de seguridad que dejaron a Colosio expuesto en el momento en que Mario Aburto se acercó a menos de 1 metro de él, no fueron consecuencia de la improvisación ni de la incompetencia de los agentes de seguridad del candidato.
Fueron el resultado de instrucciones que llegaron desde arriba, instrucciones que algunos de esos agentes recibieron sin saber a qué respondían y que otros recibieron sabiendo exactamente a qué respondían. El nombre de Mario Burto Martínez, el hombre que disparó el arma, es conocido desde 1994. Fue detenido en el lugar, juzgado y condenado a 45 años de prisión.
Pero el debate sobre si Aburto actuó solo o si fue parte de una conspiración más amplia ha persistido durante 32 años porque los elementos del caso nunca cuadraron completamente con la versión del asesino solitario. La herida de bala en la cabeza de Colosio, que fue la herida fatal, entró por una trayectoria que varios peritos forenses independientes señalaron como incompatible con la posición en que Aburto estaba cuando disparó el primer tiro al abdomen.
Ese dato generó durante años la teoría del segundo tirador, una teoría que las investigaciones oficiales nunca cerraron con satisfacción. Lo que Harf reveló esta mañana del domingo 10 de mayo no despeja necesariamente la pregunta del número de tiradores, pero sí despeja algo más fundamental, la pregunta de quién ordenó el operativo y quién lo financió.
Y esa pregunta ahora tiene respuesta en papel. Aquí llega la tercera cosa que Harfus reveló esta mañana y es la que más acude, no por la información en sí que muchos investigadores habían sugerido durante años, sino por la frialdad con que los documentos la registran. Menos de 48 horas después del asesinato de Coloso, el 25 de marzo de 1994, Carlos Salinas convocó una reunión en la residencia oficial de Los Pinos.
No era una reunión de crisis, no era una reunión de duelo institucional, era una reunión de designación. En ella, según los documentos que Harfook presentó, Salinas supervisó personalmente el proceso que terminó con la elección de Ernesto Cedillo Ponce de León como candidato sustituto del PRI a la presidencia de México.
La velocidad de esa decisión siempre generó preguntas. En la versión oficial, Salinas se enfrentó a una crisis sin precedentes y tuvo que actuar con rapidez para no dejar al partido sin candidato. Pero los documentos que aparecieron en los archivos desclasificados muestran algo diferente. Muestran que Cedillo no fue elegido en 48 horas de deliberación desesperada.
muestran que Cedillo ya estaba contemplado como opción antes del 23 de marzo en registros de conversaciones que datan de días anteriores al asesinato. Eso no significa necesariamente que Cedillo supiera lo que iba a ocurrir. Los documentos no establecen esa conexión y Harfots fue explícito al señalar ese límite esta mañana.
Pero sí significa algo que tiene un peso propio, que la sustitución del candidato estaba siendo pensada antes de que hubiera un candidato que sustituir y eso convierte la narrativa de la crisis improvisada en algo que los propios registros del sistema desmienten. La reunión del 25 de marzo no fue la angustia de un presidente que busca soluciones a una tragedia.
Fue la ejecución del paso siguiente de un plan que ya existía. Harfud dijo esta mañana del domingo 10 de mayo con las cámaras encendidas y los documentos sobre la mesa, Carlos Salinas de Gortari traicionó a su candidato y ordenó su asesinato. No fue un error de seguridad ni el acto de un asesino solitario.
Fue una ejecución política planeada desde la cúpula del poder. Los documentos lo confirman: pagos, cadena de mando y la decisión de cerrar la herida antes de que sangrara más. Salinas no quedará impune. La verdad que se ocultó durante 32 años, hoy sale a la luz. Eso es lo que dijo, no como retórica, con documentos en la mano. Y ahora llega la cuarta cosa que te prometí al inicio, la más pesada de todas.
Los documentos que Harfordx presentó esta mañana del domingo 10 de mayo nombran a personas con roles concretos en lo que ocurrió el 23 de marzo de 1994. Carlos Salinas de Gortari está señalado como el arquitecto de la decisión, el hombre que tomó la determinación, que autorizó el uso de la partida secreta para financiar la logística y que supervisó la sustitución en las horas siguientes al crimen.
La cadena de mando que aparece en los documentos comienza y termina en Los Pinos. Los agentes del Estado Mayor Presidencial que aparecen identificados en los registros están señalados como los operadores directos del dispositivo de seguridad modificado. Algunos de ellos tienen nombres que en 32 años nunca aparecieron en ninguna investigación oficial.
Otros aparecieron brevemente en las investigaciones de la época y luego desaparecieron de los expedientes sin que se explicara por qué. Lo que hace que estos documentos sean cualitativamente diferentes a todo lo que ha circulado sobre el caso Colosio en tres décadas es exactamente lo mismo que Harf señaló esta mañana frente a las cámaras.
No son análisis periodísticos, no son libros académicos, no son declaraciones de testigos que el sistema puede descalificar, son registros internos que el propio sistema generó para su uso interno y que alguien, por razones que los investigadores todavía están reconstruyendo, no destruyó cuando debía haberlo hecho.
Eso cambia la naturaleza de lo que se puede hacer con ellos legalmente. Pero aquí hay algo que necesitas entender para ver el peso completo de lo que Harfch reveló esta mañana. La pregunta que se hace todo el mundo cuando escucha esto es inevitable porque nadie lo investigó antes porque esto no es un secreto que acaba de descubrirse en archivos polvorientos que nadie conocía.
La sospecha de que el asesinato de Colosio tenía una explicación que iba más allá de Mario Burto ha existido desde el primer día. Investigadores, periodistas, académicos y hasta funcionarios de diferentes gobiernos han señalado durante 32 años que la versión oficial no cerraba. ¿Por qué entonces ningún gobierno abrió el expediente de manera efectiva? Ernesto Cedillo asumió la presidencia en diciembre de 1994, el mismo año del asesinato.
Nombró un fiscal especial para el caso, pero los límites de esa investigación nunca quedaron claros y los resultados fueron los que ya conocemos. aburto en la cárcel, la teoría del asesino solitario como versión dominante y un proceso que se fue apagando sin llegar al fondo. Cedillo tenía además un problema estructural.
Era él quien había sido designado sustituto de Colosio en la reunión del 25 de marzo. Abrir completamente el expediente significaba poner bajo la lupa el proceso mismo por el que él había llegado a ser candidato y luego presidente. Ese no era un expediente que Cedillo tuviera incentivos para abrir de par en par. Vicente Fox llegó al poder en el año 2000 con la promesa del cambio histórico, el fin de 71 años de gobierno del PRI.
Creó la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, conocida como FEMOSP, que tenía entre sus mandatos revisar crímenes políticos del pasado priista. Pero esa fiscalía tuvo una vida corta, recursos limitados y encontró resistencias institucionales que la vaciaron de capacidad. real. El informe que produjo fue parcialmente censurado antes de hacerse público.
El caso Colosio nunca llegó a la etapa en que los documentos que Harf presenta esta mañana del 10 de mayo pudieran haber salido a la luz. Felipe Calderón gobernó entre 2006 y 2012, completamente absorbido por la guerra contra el narcotráfico. No había espacio político ni institucional para abrir simultáneamente el expediente de los crímenes del pasado priiststa cuando el gobierno estaba combatiendo una crisis de seguridad que costaba decenas de miles de vidas por año.
Enrique Peña Nieto, que gobernó entre 2012 y 2018, era en términos de origen político el producto más refinado del sistema que el salinismo había construido. Investigar a Salinas hubiera sido investigar el modelo del que él mismo era a continuación. y Andrés Manuel López Obrador, que prometió la cuarta transformación y que señaló al gobierno de Salinas repetidamente como la fuente histórica de la corrupción sistémica en México.
Tampoco procesó a Salinas ni abrió los expedientes del caso Colosio de manera que llevara resultados concretos. Las razones son complejas y hay quien dice que la red del salinismo era suficientemente transversal como para que el costo político de confrontarla directamente excediera los recursos que cualquier gobierno quería invertir en esa batalla mientras tenía otras prioridades.
El resultado es el mismo en todos los casos. 32 años, seis presidentes. Y el expediente del asesinato de Colosio nunca se cerró de la única manera en que puede cerrarse, con responsables procesados y con la verdad documentada de manera oficial. Eso es lo que hace que Harf sea un actor diferente en esta historia.
Harf no formó parte del sistema salinista, no le debe lealtad a esa red, no heredó los compromisos que ataron a los presidentes anteriores y tiene algo que ninguno de los seis gobiernos que precedieron a este momento tuvo a la hora de enfrentar este expediente. Los documentos físicos, la cadena de custodia legal sobre esos documentos y la voluntad institucional de presentarlos.
Esta mañana del domingo 10 de mayo lo demostró. Y aquí quiero hacer una pausa porque lo que viene a continuación es lo más pesado de todo. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale click al botón y activa la campanita. Lo que vienen los próximos días sobre este caso va a necesitar que estés aquí para entenderlo en su totalidad.
Ahora quiero que entiendas el costo real de lo que estamos hablando, porque a veces la historia política se convierte en un debate de nombres y fechas y deja de pesar lo que debería pesar. Luis Donaldo Colosio tenía 44 años cuando murió en Lomas Taurinas. tenía una hija de 3 años y un hijo de siete. Tenía una visión del país que más allá de si era la visión correcta o si hubiera podido realizarla, era genuinamente suya y representaba para millones de mexicanos la posibilidad de que el sistema cambiara desde adentro. era el tipo de político
que aparece pocas veces, alguien que el propio sistema produce y que luego se convierte en un problema para el sistema porque empezó a creerle a lo que el sistema dice de sí mismo. El 23 de marzo de 1994 a las 5:10 de la tarde en Lomas Taurinas, Tijuana, ese hombre fue asesinado. Su cuerpo fue trasladado de urgencia al hospital general de Tijuana, donde los médicos trabajaron durante horas sin poder remontar el daño.
Murió a las 11:20 de la noche. Tenía una herida de bala en la cabeza y una herida de bala en el abdomen. México despertó el 24 de marzo con la sensación de que algo irreversible había ocurrido. No solo la muerte de un político, sino el cierre de una posibilidad. Esa sensación de que las cosas podían haber sido diferentes y no fueron es el costo más duradero de lo que ocurrió ese día, porque es un costo que no aparece en ningún registro, que no se puede medir en pesos ni en estadísticas, pero que está presente en la manera en que los
mexicanos han mirado a sus líderes y a sus instituciones desde entonces. La desconfianza que la crisis económica de ese mismo año profundizó hasta el hueso tiene parte de su raíz en lo que ocurrió en marzo, cuando un país ve morir a su candidato presidencial y durante años no recibe una explicación verdadera.
Lo que aprende no es a olvidar, lo que aprende es a no creer. Lo que reveló Harf mañana del 10 de mayo. No devuelve la vida a Colosio ni borra los 32 años de impunidad, pero hace algo que tiene un valor que no puede subestimarse. Nombra a los responsables con documentos que el sistema generó para registrar sus propias acciones y que ahora son el instrumento de su propio proceso.
Esa es la ironía más afilada de todo esto. El sistema que construyó Salinas fue tan meticuloso, tan burocrático en su funcionamiento interno, que dejó un rastro de papel que alguien decidió no destruir. Y ese rastro es el que hoy convierte la impunidad en algo que ya no puede sostenerse. Carlos Salinas de Gortari tiene 78 años.
Vive en México, no tiene cargos en su contra. Su red sigue siendo parcialmente funcional en el tejido político y económico del país. Eso es lo que Harfo sobre la mesa esta mañana, la distancia entre lo que los documentos dicen y el estado actual de la justicia en México. Esa distancia es la medida exacta de lo que queda por hacer.
El proceso que estos documentos pueden abrir es complejo. La prescripción de los delitos, la cadena de custodia de los archivos desclasificados, la identificación y localización de los operadores directos del Estado Mayor Presidencial que aparecen en los registros. La voluntad del sistema judicial para procesar a un expresidente con las conexiones que Salinas mantiene activas hasta el día de hoy.
Todos esos elementos van a ser el escenario de los próximos meses y cada uno de ellos merece un análisis propio que este canal va a hacer, lo que los documentos también registran y que Harf mencionó esta mañana del domingo 10 de mayo con una precisión que ela sala es que Colosio lo sabía. No con certeza, no con nombres ni con fechas, pero sí con la intuición que desarrolla cualquier persona que ha pasado suficientes años dentro del sistema para reconocer cuándo el sistema empieza a moverse en su contra. En los días previos al miting de
Lomas Taurinas, Colosio hizo comentarios a personas de su círculo íntimo sobre la sensación de que algo había cambiado en la manera en que ciertos operadores del gobierno se relacionaban con su campaña. No eran amenazas directas. Era un cambio de temperatura que él percibía y que las personas que lo escuchaban en ese momento interpretaron como el estrés natural de una campaña tensa.
Hoy esas conversaciones tienen otro significado. La esposa de Colosio, Diana Laura Riojas, declaró públicamente en varias ocasiones durante los años siguientes que nunca creyó la versión oficial del asesino solitario, que había elementos del caso que nunca le fueron explicados con claridad, que las investigaciones que se abrieron después del asesinato llegaron hasta cierto punto y luego se detuvieron sin que nadie le dijera por qué.
Diana Laura murió en 1999, 5 años después del asesinato de su esposo, a los 37 años por un tumor cerebral. Nunca tuvo la respuesta que buscaba. Sus hijos, Luis Donaldo Colosio Riojas, que hoy es senador de la República, y Natalia Colosio Riojas, llevan 32 años con esa pregunta abierta. Esta mañana del 10 de mayo, por primera vez los documentos ofrecen algo que se parece a una respuesta.
Hay otro elemento que los archivos desclasificados revelan y que cambia la lectura de los meses previos al asesinato. El primero de enero de 1994, el mismo año en que Colosio fue asesinado, el ejército zapatista de liberación nacional se levantó en armas en Chiapas. El gobierno de Salinas reaccionó con una combinación de operativo militar y negociación política que gestionó con la misma lógica con que gestionaba todo, controlando la narrativa, administrando los tiempos y manteniendo la imagen internacional intacta. Pero el levantamiento zapatista
reveló al mundo que debajo del México moderno que Salinas había vendido en los foros internacionales, había una realidad de pobreza, exclusión y violencia institucional que el proyecto salinista no había tocado. Esa fractura pública llegó justo cuando Colosio estaba pronunciando su discurso del monumento a la revolución.
Los dos eventos, el zapatismo y el discurso de Colosio, ocurrieron en el mismo trimestre y los dos apuntaban en la misma dirección. El modelo de Salinas tenía fisuras que ya no podían administrarse con los instrumentos habituales. Los documentos presentados por Harf incluyen también un elemento que tiene que ver con la cadena de información entre Los Pinos y el equipo de seguridad de Colosio en las semanas previas al atentado.
Lo que los registros muestran es que existió una comunicación paralela entre agentes del Estado Mayor Presidencial y personas dentro del dispositivo de seguridad del candidato que no estaba registrada en los canales formales. Esa comunicación paralela es la que los investigadores identifican como el mecanismo mediante el cual se transmitieron las instrucciones de modificar el protocolo de seguridad para el mitín de Tijuana.
No fue una orden directa y documentada con membrete oficial. Fue una instrucción que circuló por los canales informales que el sistema priista usaba precisamente para que ciertas decisiones no dejaran rastro en el papel. El hecho de que ese rastro exista de todas formas, aunque de manera fragmentaria, es lo que convierte los archivos desclasificados en lo que los abogados llaman evidencia circunstancial de alta densidad.
El papel de Tijuana en todo esto no es accidental. La ciudad era en 1994. Uno de los puntos de mayor tensión en el mapa del poder en México. Era una plaza donde el narcotráfico tenía una presencia consolidada, donde los operadores de seguridad mantenían vínculos cruzados con múltiples estructuras de poder y donde la complejidad logística de un evento político masivo creaba naturalmente las condiciones para que algo saliera mal sin que pudiera atribuirse fácilmente a una causa única.
Elegir Tijuana como escenario no fue casual. Era el lugar donde la confusión posterior al hecho podía administrarse con mayor facilidad, donde las líneas de responsabilidad podían enturbiarse y donde la versión del asesino solitario tenía más posibilidades de sostenerse en el tiempo.
Uno de los elementos más perturbadores que Harfood presentó esta mañana del 10 de mayo tiene que ver con lo que ocurrió con los registros originales del caso en los días y semanas posteriores al asesinato. Según los archivos desclasificados, hubo un proceso activo de sustracción y alteración de documentación en al menos dos dependencias del gobierno federal durante las dos semanas siguientes al 23 de marzo.
No fue una destrucción masiva y evidente. Fue la desaparición selectiva de elementos específicos, informes de inteligencia, registros de comunicaciones y bitácoras de Movimiento de Agentes del Estado Mayor Presidencial que corresponden exactamente al periodo en que el operativo de Lomas taurinas estaba siendo ejecutado. La ausencia de esos documentos en los archivos oficiales fue señalada por varios investigadores durante los procesos judiciales de los años 90.
Lo que los archivos desclasificados aportan ahora es la confirmación de que esa ausencia no fue negligencia institucional, fue una operación deliberada de limpieza, pero lo que ya no puede deshacerse es lo que ocurrió esta mañana. Harfud puso los documentos sobre la mesa en una conferencia de prensa grabada, transmitida y registrada en el centro de mando de la Secretaría de Seguridad.
La declaración existe, los nombres existen, los montos existen, la cadena de mando existe. Lo que durante 32 años fue sospecha, teoría y narrativa periodística, es hoy evidencia institucional con firma y fecha. piensa en lo que eso significa, no como dato político, como hecho humano. Un hombre fue asesinado hace 32 años porque decidió creerle a las palabras que el propio sistema le había enseñado a decir.
Porque cuando subió al estrado frente al monumento, a la revolución y habló de justicia y de transformación, no estaba improvisando un discurso de campaña, estaba describiendo lo que genuinamente pensaba que México necesitaba y eso le costó la vida. Esa es la historia que los documentos cuentan entre líneas, más allá de los pagos y las cadenas de mando y los nombres codificados en los archivos.
La historia de un país que durante tres décadas no pudo procesar lo que le ocurrió en la tarde del 23 de marzo de 1994, porque nunca tuvo la versión completa de lo que pasó. ¿Cuántos casos más están esperando en esos archivos? Escríbelo en los comentarios porque el caso Colosio no fue el único crimen político de esa época que nunca tuvo una respuesta completa.
Y los archivos desclasificados que Hardfo presentó esta mañana del 10 de mayo no son los únicos que existen. Lo que Harf dijo al cierre de la conferencia de prensa de esta mañana fue breve. Con la misma frialdad que lo caracteriza sin adornos, mirando directamente a las cámaras. dijo esto. Los rostros del viejo régimen creyeron que el tiempo borraba las pruebas.
Se equivocaron. El papel sobrevivió. La justicia también sobrevivirá. Eso es lo que dijo. Y esa frase no es retórica de comunicado. Es un diagnóstico preciso de lo que pasó esta mañana del domingo 10 de mayo de 2026 en el centro de mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El proceso que viene es largo. Nadie que entienda cómo funcionan los sistemas judiciales va a pretender que Salinas estará frente a un juez la semana que viene. Pero lo que sí ocurrió esta mañana es irreversible. Los documentos son públicos, los nombres son públicos, la cadena de mando es pública y eso crea una presión sobre el sistema de justicia que no existía antes de las 11 de la mañana de hoy.
Si llegaste hasta aquí es porque esto te importa. Y si quieres seguir recibiendo análisis como este cuando suceden, suscríbete ahora si todavía no lo has hecho. No te cuesta nada y es la manera más directa de asegurarte de no perderte lo que viene, porque la historia que comenzó esta mañana del 10 de mayo apenas está entrando en su segunda fase.
La semana que viene vamos a contar la historia completa de có asesinato de Colosio y la crisis económica de diciembre de 1994 no son dos tragedias del mismo año, son dos movimientos del mismo operativo. El primero para eliminar al candidato que amenazaba la red. El segundo para proteger los activos de esa red antes de que el peso se derrumbara.
Cuando termines de escuchar esa historia vas a entender por qué 1994 no fue el año en que México tuvo mala suerte. Fue el año en que México pagó la cuenta de lo que alguien decidió hacer desde Los Pinos.
