del cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán lo era. La ciudad era una zona de cruce y el arzobispado por la naturaleza misma de la confesión católica, terminaba siendo un depósito sensible de información que ningún servicio de inteligencia oficial podía igualar. Y aquí es donde esta historia se pone realmente perturbadora.
Según el abogado Fernando Guzmán Pérez, coautor del libro La verdad os hará libres, no tengan miedo sobre el caso. El cardenal Posadas predicó más de 40 sermones en los que denunció directamente la situación del narcotráfico y la protección que los carteles recibían desde el poder. 40 sermones, 40 domingos en los que desde el púlpito el cardenal acusó al sistema político mexicano de estar protegiendo a los traficantes 40 veces nombró públicamente la complicidad y aunque cuidaba sus palabras, la dirección era clarísima. La Iglesia, por boca del
cardenal, decía algo que ningún partido político mexicano se atrevía a decir en 1993, que el narcotráfico no era un fenómeno externo al Estado, que el narcotráfico operaba con la complicidad activa de funcionarios mexicanos. Hay que medir bien lo que significaba esa denuncia en el contexto. En mayo de 1993, México estaba a punto de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
un tratado que iba a definir la economía nacional durante las siguientes tres décadas. Salinas y su gabinete habían trabajado 6 años para llegar a ese acuerdo y la gran preocupación estadounidense en las últimas etapas de la negociación era precisamente la corrupción mexicana y los vínculos del Estado con el narcotráfico.
Cualquier denuncia pública desde una figura tan creíble como un cardenal de la Iglesia Católica podía sabotear el proceso entero. Podía darle municiones a los republicanos del Senado estadounidense que se oponían al tratado. podía retrasar la firma, podía obligar a Estados Unidos a exigir condicionalidades adicionales. En términos económicos y geopolíticos, las denuncias del cardenal Posadas no eran solo molestas, eran potencialmente costosísimas para el proyecto salinista.
Cualquier presidente con sentido común habría visto al cardenal Posadas Ocampo como un riesgo. Pero Carlos Salinas de Gortari no era cualquier presidente. Salinas era un hombre que desde el principio de su sexenio había hecho de la Iglesia Católica un aliado estratégico. modificó la Constitución para restablecer las relaciones diplomáticas con el Vaticano, rotas desde 1858 por la confiscación de propiedades eclesiásticas durante el gobierno de Benito Juárez.
Recibió a Juan Pablo Segi en su visita pastoral a México. Reconoció oficialmente a la iglesia como persona jurídica. Salinas necesitaba a la iglesia y la Iglesia en general había aceptado esa apertura como un avance histórico. Pero el cardenal Posadas no era el resto de la iglesia. El cardenal Posadas, de manera personal no se había sumado al pacto y eso lo convertía en una pieza incómoda dentro de un acuerdo institucional que el presidente había construido con cuidado durante 6 años.
Y aquí es donde quiero que te quedes conmigo, porque lo que viene ahora cambia completamente todo lo que creías saber. 18 días antes del crimen, aproximadamente el 6 de mayo de 1993, el cardenal Posadas viaja a la Ciudad de México. Solicita una audiencia en Los Pinos con el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Lleva consigo, según el testimonio público de su amigo Ignacio Flores y de varios otros eclesiásticos, un dosier de información sobre los nexos del narcotráfico con altos funcionarios del gobierno federal. Documentos, nombres, pruebas, lo que durante años había venido recopilando desde el púlpito y desde las redes pastorales de la Iglesia Mexicana.
La reunión, según el testimonio que el cardenal compartió con su amigo en los días siguientes, no fue con Salinas directamente, o fue con Salinas y rápidamente se transformó en otra cosa. Lo que sabemos por testimonio directo de la víctima es esto. En algún momento de esa reunión, José María Córdoba Montoya, jefe de la oficina de la presidencia, intervino, tomó al cardenal de la Solapa, le dio una bofetada y lo expulsó violentamente del despacho presidencial.
Le Esa última frase de nuevo. José María Córdoba Montoya cacheteó al segundo cardenal más importante de la Iglesia Católica Mexicana dentro de Los Pinos y lo sacó a empujones. Esa es la versión que el propio cardenal le contó a sus cercanos. Esa es la versión que el abogado Fernando Guzmán Pérez ha repetido en entrevistas durante años.
Y esa es la versión que al ser confrontada con los hechos posteriores encaja con todo lo demás del expediente. Detente un segundo a pensar la magnitud simbólica del gesto. José María Córdoba Montoya no era un funcionario menor. Era el francés mexicano que había manejado durante 6 años la oficina más sensible del Estado mexicano.
El operador detrás del operador, el hombre que decidía qué llamadas pasaban a Salinas y cuáles no. El cerebro técnico de la apertura económica, de las negociaciones del tratado de libre comercio, de las relaciones con la casa blanca de Bush padre y luego de Clinton, un hombre con poder real, poder probado, poder construido durante más de una década dentro del aparato.
Y ese hombre, según la versión que el propio cardenal compartió en sus últimos 18 días de vida, perdió la compostura, agarró por la solapa al segundo cardenal de la Iglesia Mexicana y le dio una bofetada. Una bofetada en la cultura mexicana de los años 90 era ya un acto extremadamente grave entre adultos. Una bofetada a un religioso, a un cardenal, en la oficina del presidente, era un gesto de un nivel de violencia simbólica casi imposible de medir.
Solo se hace algo así cuando se ha perdido cualquier capacidad de cálculo. Cuando la información que el cardenal había puesto sobre la mesa ese día era tan grave, tan comprometedora, tan letal para los nombres involucrados, que el operador clave del régimen se desbordó, se quitó la máscara y reaccionó con la violencia física que normalmente la maquinaria del poder mexicano disimula con métodos más sofisticados.
Si Córdoba Montoya cacheteó al cardenal Posadas, entonces ese mismo Córdoba Montoya, 18 días después tenía una motivación personal y política para querer que el cardenal no siguiera hablando. Y 18 días en la maquinaria de un estado con servicio de inteligencia, fiscalías controladas y red de contactos con el crimen organizado, es tiempo suficiente para planear y ejecutar un magnicidio.
Y hay otro detalle que vale la pena subrayar. El cardenal, después de salir de Los Pinos esa tarde, no se quedó callado. Le contó a su amigo Ignacio Flores, le contó a otros eclesiásticos cercanos. habló del incidente, lo dijo en privado, pero lo dijo. Es decir, en los días entre el 6 de mayo y el 24 de mayo, varias personas dentro del círculo de la iglesia ya sabían que el cardenal había sido agredido en Los Pinos por el hombre fuerte de Salinas.
Y si la iglesia lo sabía, entonces el Sisen, que escuchaba sus teléfonos también lo sabía. Y si el Sisen lo sabía, los superiores del Sisen también. La cadena de información estaba completa. El cardenal había hablado del incidente. El régimen sabía que el cardenal había hablado y sabía que el cardenal seguía planeando llevar la información a otras instancias.
Esa quizá fue la línea roja que precipitó la decisión final. Y esto que acabo de decirte no es lo peor. Lo peor viene en un momento. Vamos al 24 de mayo, al lunes a las 3:45 de la tarde, Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara. Día caluroso, mayo en Jalisco. El cardenal Posadas Ocampo había salido temprano de la catedral.
Su vecino y amigo Victoriano Navarro le había ofrecido llevarlo. El cardenal, en un gesto de cortesía, le agradeció, pero le dijo que no era necesario, que iría con Pedro Pérez Hernández, su chóer de confianza desde hacía años, Pedrito, como lo llamaban. Esa decisión salvó la vida de Victoriano Navarro.
Lo que iba a pasar en el estacionamiento no lo iba a sobrevivir nadie de los que estuvieran cerca. El cardenal subió a su gran marquís blanco, vestía sotana negra, alzacuellos blanco visible, cruz pectoral en el pecho. El uniforme oficial del cargo no iba disfrazado, no iba vestido de civil. Cualquier persona que lo viera a 3 m lo reconocía instantáneamente como sacerdote de alto rango.
Y cualquier persona con un mínimo conocimiento de la Iglesia mexicana lo reconocía como el cardenal de Guadalajara. Imagínate la escena física, ¿por qué importa? Pedrito Pérez al volante, hombre cortés, con casi 15 años conduciendo al cardenal, atento a cada gesto, conocedor de los itinerarios. El cardenal Posadas a su lado en el asiento del copiloto, con la sotana cuidadosamente colocada, un libro de oraciones en el regazo, posiblemente repasando la liturgia de bienvenida que iba a presidir esa noche en honor al nuncio Prigione en el asiento trasero. A
veces viajaba algún sacerdote acompañante. Ese día, sin embargo, el cardenal iba con Pedrito y nadie más. Tal vez por discreción, tal vez porque la documentación que llevaba en su portafolios no era para que más ojos la vieran. El gran marquis blanco era un modelo del año comprado pocos meses antes por la Arquidiócesis.
Era un coche grande, con asientos amplios, propio de un cardenal y sí, era un modelo de auto que en esos años algunos narcotraficantes también solían usar por su comodidad y bajo perfil. Esa coincidencia en una ciudad de 3 millones de habitantes no debería tener mayor consecuencia, pero a partir del 24 de mayo de 1993 esa coincidencia se convirtió en la columna vertebral de la versión oficial.
La versión que aún hoy, 33 años después sigue siendo la oficial. El gran marquís llegó al estacionamiento del aeropuerto. Avanzó hacia la zona de espera del nuncio Prigione, que aterrizaba en pocos minutos. El auto se detuvo. Otro vehículo estaba estacionado adelante. El cardenal decidió bajar. Estaba descendiendo.
Tenía una pierna ya fuera del gran marquís. Cuando, según testigos directos, alguien gritó desde la caseta de ingreso una frase escalofriante. Ya llegó. Es él. Esa frase registrada en el expediente original es uno de los datos más demoledores del caso. Porque si fue una confusión, ¿quién gritó? Es él. ¿Cómo es posible que alguien identificara al objetivo desde la caseta de ingreso antes de que los sicarios hicieran cualquier cosa? Es él implica reconocimiento.
Implica que alguien desde una posición de observación previa estaba esperando exactamente la llegada del gran marquis blanco con un sacerdote vestido de negro adentro. Es él. No es lenguaje de confusión, es lenguaje de operación planeada. Tres hombres salieron de un auto estacionado a pocos metros. Se acercaron al Grand Marquis a menos de un metro de distancia y abrieron fuego.
14 disparos al cardenal, 11 disparos a Pedrito el chóer. El auto recibió 38 impactos directos según los peritos. Otros conteos hablan de más de 200 casquillos recogidos del estacionamiento. Las armas posteriormente identificadas rifles ar 15 y cuernos de chivo AK47. Armas largas, armas militares, armas de ejecución, no de pelea.
Detente un segundo a procesar el detalle balístico. 14 balas a menos de 1 m. Eso significa que el tirador o los tiradores mientras disparaban podían ver perfectamente a los ocupantes del auto, podían ver la sotana negra, podían ver el alzacuellos blanco, podían ver el rostro del cardenal y siguieron disparando. No se detuvieron al ver al sacerdote.
No retrocedieron al notar la cruz pectoral. No abortaron al darse cuenta de que ese no era el Chapo Guzmán. 14 balas, una detrás de otra, con plena visibilidad del objetivo. Eso no es un error. Eso es la firma de una ejecución que sabe exactamente lo que está haciendo. Y hay otro detalle que vale la pena subrayar.
La pólvora encontrada en la mandíbula del cardenal. Según el dictamen del forense Mario Rivas Sousa, indicaba que el último disparo se le hizo a menos de 80 cm de distancia. 80 cm. Es decir, el último tiro fue prácticamente a quemarropa contra un hombre ya inmóvil, ya posiblemente muerto. Ese disparo final en lenguaje técnico se llama tiro de gracia.
Es el disparo que se hace para confirmar la muerte. Es el disparo que distingue una balacera de una ejecución profesional. El cardenal Posadas Ocampo murió en el acto. Pedrito Pérez también. Otras cinco personas resultaron muertas en el aeropuerto, incluyendo civiles que pasaban por la zona, una mujer y su sobrino que viajaban a León, dos hombres sinaloenses no identificados de inmediato, en total siete víctimas.
La escena, según los testigos, era un caos de cristales, sangre, cuerpos, gente corriendo. Imagina por un segundo el estacionamiento del aeropuerto Miguel Hidalgo a las 3:47 de la tarde de ese lunes de mayo. Sol fuerte de la tarde tapatía, los claxones de los autos que llegan a recoger a familiares del vuelo, el olor a combustible y de pronto, en cuestión de segundos, una ráfaga de 200 disparos de armas largas en un espacio cerrado entre coches.
El eco multiplicado por el techo bajo del estacionamiento, la gente tirándose al suelo, las maletas abandonadas, los gritos y al fondo de la escena, el gran marquis blanco con sus cristales reventados. con dos cuerpos adentro, con la sotana negra del cardenal cubierta de su propia sangre, mientras los tiradores se subían tranquilamente a otro vehículo y se alejaban hacia las salidas del aeropuerto.
Esa imagen, esa imagen exacta es el corte de la historia mexicana donde algo se rompió para siempre. Esa fue la primera vez que el narcotráfico, real o presunto, mataba en territorio público mexicano a una figura de la Iglesia Católica con esa brutalidad. Y fue también el primer aviso de que las reglas del juego entre el Estado y el crimen organizado habían cambiado.
Antes del 24 de mayo de 1993, los carteles operaban en sombras. Después del 24 de mayo de 1993, la sombra empezó a salir a plena luz y nadie en el aparato de estado parecía sorprendido. Nadie en el aparato de estado parecía dispuesto a actuar con la dureza que el momento exigía. Eso por sí solo dice mucho, pero quédate conmigo porque este dato es el que nadie ha juntado antes.
Mientras los cuerpos aún estaban en el suelo del estacionamiento, los presuntos sicarios del cártel de los Arellano Félix Ramón Arellano y su hermano Javier ya estaban en el mostrador de Aeroméxico esperando el pase de abordar para un vuelo comercial a Tijuana. Con ellos viajaba un hombre llamado Jesús Vallardo, un pequeño traficante de la organización que estaba tan ebrio que las despachadoras de la aerolínea le negaron la tarjeta de embarque.
Pero a los Y aquí entra un dato que conviene poner sobre la mesa. Las despachadoras del vuelo de Aeroméxico, que negaron el pase de abordar a Ballardo por estar borracho posteriormente declararon ante el Ministerio Público Mexicano. Sus testimonios constan en el expediente. Vieron a los Arellano. reconocieron sus rostros más tarde en fotografías oficiales.
Confirmaron la hora de abordaje y con esos testimonios, cualquier autoridad mínimamente comprometida con la investigación podría haber reconstruido en horas el itinerario de los presuntos asesinos. Pero la PGR de carpizo no lo hizo. Tardaron días en conectar las piezas y para entonces los arellanos ya estaban escondidos al otro lado de la frontera, protegidos por sus redes de Tijuana y, según testimonios posteriores, por contactos en California.
Y como si el escándalo no fuera suficiente, hay un detalle más perturbador. Joaquín Guzmán lo era el Chapo, según las propias declaraciones que él mismo ha hecho desde prisión y según testimonios de testigos del aeropuerto, también estaba ese día en el aeropuerto Miguel Hidalgo, pasando supuestamente rumbo a la playa. Cuando empezó la balacera, según su versión, abandonó sus maletas y su identificación dentro del buic que viajaba con él, se tiró al piso y entró a la terminal aérea.
La PGR posteriormente usó esa identificación abandonada como prueba de que el Chapo era el blanco real de los arellano. Pero, ¿no es extrañísimo que dos de los capos más buscados del país coincidieran en el mismo aeropuerto a la misma hora en una operación tan delicada? Si hubo coincidencia, fue una coincidencia provocada.
Si fue provocada, alguien con poder federal la organizó. Esa es la lectura que sostiene el arzobispado de Guadalajara desde hace tres décadas. Vamos ahora a la cadena de decisiones que siguió al crimen, porque la cadena de decisiones es lo que más delata. Primer hecho, el cuerpo del cardenal fue trasladado a la Cruz Roja de Guadalajara.
En el camino, un vehículo se emparejó al de Prigione, el nuncio que llegaba en ese momento al aeropuerto. Le pasaron un teléfono. Hablaba el presidente Carlos Salinas de Gortari en línea directa, en tiempo real dando instrucciones. La llamada quedó documentada por testigos que viajaban en la comitiva y la instrucción fue clara. Dispensa de autopsia.
Una dispensa de autopsia en cualquier sistema judicial mínimamente serio es una decisión gravísima. Significa renunciar a las pruebas físicas que el cuerpo puede aportar. Significa eliminar la posibilidad de determinar con exactitud el tipo de bala, la trayectoria, el ángulo, la distancia, la secuencia de los disparos, la posición exacta del tirador.
Significa, en términos simples, borrar evidencia. Y esa decisión, en el caso Posadas se tomó en menos de 2 horas, por orden directa del presidente, por teléfono móvil, mientras el cuerpo aún estaba caliente. El procurador de Jalisco, presionado por el nuncio y por la llamada presidencial, concedió la dispensa. Solo se identificaron las heridas de bala y se asentó que era suficiente para inferir la causa de la muerte.
sin disección interna, sin estudio balístico completo del cuerpo, sin comparación de las trayectorias con la posición de los presuntos tiradores. Nada de eso ocurrió. Y hay un detalle adicional casi olvidado por la prensa, pero registrado en los textos eclesiásticos, que dice más sobre la prisa institucional que cualquier otro dato.
En la Cruz Roja, mientras acomodaban el cuerpo del cardenal en el ataúd, el váculo de obispo no cabía bien por el ángulo. Llegaron noticias de que el presidente Salinas estaba ya aterrizando en el aeropuerto y se dirigía a la catedral para asistir a las honras fúnebres. El nuncio Prigione, según relatan dos testigos eclesiásticos presentes en la escena, tomó el váculo con cierta violencia y lo empujó dentro del ataúdici que no se podía hacer esperar al presidente.
Esa frase narrada en los archivos de la Iglesia dice mucho. Habla de un nuncio que en ese momento priorizó la conveniencia política del presidente sobre el respeto litúrgico al cuerpo de un cardenal asesinado. Y eso, en términos protocolarios, es ya una señal de la red de complicidades en las que el propio Vaticano se vería enredado durante los meses siguientes.
Y aquí, escúchame bien, porque este dato es el que nadie quiso publicar. Mario Rivas Souza, el médico forense que estuvo presente, lo dijo años después en cámara con todas las letras. La autopsia no se hizo por orden escrita del presidente Carlos Salinas de Gortari. Orden escrita. No fue una sugerencia, no fue una recomendación informal, fue un documento firmado, según el forense, que circuló por los canales oficiales de la Procuraduría de Jalisco esa misma tarde.
Ese documento, hasta donde la investigación pública ha podido rastrear, no aparece hoy en los archivos accesibles. Otra prueba que se evaporó. Segundo hecho, el portafolios. El cardenal Posadas Oocampo, según testimonios de personas cercanas, había llevado consigo esa tarde un portafolios. No era inusual.
Era un hombre meticuloso, organizado, que llevaba documentos de trabajo a casi todas sus actividades públicas. Lo que sí es inusual es que ese portafolios, según el reporte de varios investigadores que han trabajado el caso, contenía presuntamente copias de los documentos sobre nexos narcogobierno que el cardenal había estado recopilando, las mismas pruebas que 18 días antes había llevado a Los Pinos.
Ese portafolio desapareció esa tarde. No aparece en el inventario de pertenencias del cuerpo, no aparece en los registros del estacionamiento. No aparece en los documentos entregados posteriormente al arzobispado. Nadie sabe hasta hoy qué se hizo con él. La hipótesis más probable es que alguien en los minutos posteriores al asesinato se acercó al gran marquís y lo retiró deliberadamente porque era exactamente lo que necesitaba ser eliminado para que la versión oficial pudiera sostenerse.
Cada pregunta que haces sobre este caso genera dos preguntas nuevas. Esa es la firma del encubrimiento. Y aquí es donde esta historia se pone realmente perturbadora. Tercer hecho, el SISEN intervenía los teléfonos del cardenal antes del crimen. Esto está documentado en el trabajo de Anabel Hernández y otros periodistas mexicanos.
El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dirigido por Jorge Carrillo Olea, tenía bajo escucha telefónica al arzobispo de Guadalajara. ¿Por qué un servicio de inteligencia interviene los teléfonos del segundo cardenal del país? La respuesta operativa es siempre la misma, porque alguien con poder pidió saber qué estaba diciendo, saber qué estaba sabiendo, saber a quién estaba contactando.
Si el Sisen escuchaba al cardenal, entonces el Sisen sabía qué información tenía, con quién hablaba, qué planeaba. Y si el Sisén sabía todo eso, entonces los superiores del SISÉ, incluyendo a Salinas y a Córdoba Montoya, sabían exactamente qué estaba a punto de hacer público el cardenal. Eso convierte el ataque del 24 de mayo en una decisión preventiva.
Antes de que dijera todo, mejor silenciarlo. Anabel Hernández, periodista, en sus reportajes acumulados durante décadas, ha sostenido la tesis de que en la planeación del crimen del cardenal Posadas habrían participado tres figuras clave. José María Córdoba Montoya, jefe de la oficina presidencial, Manlio Fabio Beltrones, en ese momento gobernador de Sonora con peso operativo en el norte.
y Jorge Carrillo Olea, director del CISEN. Los mismos tres nombres, atención, que después aparecerían en su investigación sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio 10 meses más tarde. Es decir, la misma trinidad operativa estaría detrás de los dos magnicidios más importantes del sexenio salinista. No estoy afirmando que esa hipótesis esté probada en tribunales. No lo está.
Pero su consistencia entre los dos casos, el patrón de comportamiento institucional, la repetición de protocolos de encubrimiento, hacen que ignorarla sea ya un acto de complicidad histórica. Quédate conmigo porque la parte más escalofriante todavía no llegó. Vamos a Rodolfo León Aragón, el Chino, director de la Policía Judicial Federal en mayo de 1993, hombre cercano a Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente y a Justo Ceja, secretario privado del propio Carlos, es decir, miembro del círculo íntimo del salinismo. La hermana
del cardenal y los abogados del arzobispado de Guadalajara han sostenido durante años, con base en testimonios y declaraciones cruzadas, que fue precisamente Rodolfo León Aragón, quien citó a Ramón Arellano Félix y al Chapo Guzmán a la misma hora en el aeropuerto de Guadalajara. Lee esa frase de nuevo. Despacio, una autoridad federal habría citado a los dos capos rivales del narcotráfico mexicano a la misma hora, en el mismo lugar.
sabiendo que iban a coincidir físicamente. Esa coincidencia provocada es en cualquier lectura técnica la creación deliberada de las condiciones para el fuego cruzado que después la versión oficial usaría como coartada. El fuego cruzado no fue un accidente. Habría sido, según esta hipótesis sostenida desde el arzobispado, una emboscada con dos blancos, Chapo y Los Arellano, se matan entre sí y de paso muere el cardenal.
La explicación se construye sola. Confusión. León Aragón ha negado siempre haber estado en el aeropuerto ese día. Su coartada oficial fue que esa noche cenó con Jorge Carpiso, el procurador general de la República. Carpizo confirmó la coartada, pero Carpiso, atención, fue quien pocas horas después construyó la versión oficial del fuego cruzado y años más tarde el subprocurador Mario Ruiz Macier, en una carta documentada a Carpiso, lo acusaría directamente de haber sembrado pruebas falsas en la investigación. Cito casi
textual el contenido de esa carta según las fuentes periodísticas, que fue obvio que no hubo confusión, que el narcotraficante Guzmán no circulaba en un auto normal, sin blindaje como el del cardenal, y que la única evidencia que hubo, porque carpizo la sembró, fue el supuesto auto similar de la esposa del Chapo.
Ese lectores es el pilar sobre el que se sostiene la versión oficial mexicana durante 33 años. una prueba sembrada por el propio procurador, según el subprocurador, es decir, según la versión interna del aparato de procuración de justicia, el caso fue manipulado desde el principio. Eso no lo dice un periodista opositor, lo dijo el segundo al mando de la PGR de la época en una carta dirigida al primero al mando.
Y aquí es donde quiero que prestes atención, porque lo que sigue cambia completamente todo lo que creías saber. Diciembre de 1993. 7 meses después del crimen, el nuncio Girólamo Prigione, el mismo que estuvo presente en la Cruz Roja, el mismo que recibió la llamada del presidente Salinas, el mismo que es toda Salinas, el mismo que metió con cierta violencia el váculo del cardenal en el ataúd para que no hicieran esperar al presidente que llegaba a las honras fúnebres.
Ese mismo nuncio se reunió en secreto en la ciudad de México con Benjamín y Ramón Arellano Félix. Lee esa frase otra vez. El representante del Vaticano en México se reunió en secreto con los presuntos asesinos materiales del cardenal, sin avisar a la procuraduría, sin avisar al gobierno de inmediato, en condiciones que solo después se conocerían por filtraciones.
En esa reunión, según el resumen que el periodista Sebastian Rotella hizo años después, con base en fuentes diplomáticas, los hermanos Arellano le afirmaron al nuncio que ellos no habían matado al cardenal, que Ramón en realidad era la víctima del operativo original, porque el blanco era el cártel de Tijuana y no el de Sinaloa. Una negación directa en privado frente al nuncio del Vaticano.
Y aquí viene lo que verdaderamente eriza. Frigione, después de esa reunión llamó por teléfono a Carlos Salinas de Gortari y esa misma noche fue recibido en Los Pinos. Esto significa, dicho en frío, que el presidente de la República supo en diciembre de 1993 que los presuntos autores materiales le habían dicho personalmente al representante del Vaticano que ellos no habían matado al cardenal.
Y aún así, la versión oficial del fuego cruzado se mantuvo durante años más. El presidente sabía, el nuncio sabía y nadie dijo nada en público. Piensa lo que esto significa en términos del Vaticano. La Santa Sede, a través de su nuncio acreditado en México, recibió la confesión privada de los presuntos asesinos materiales del cardenal.
una confesión que negaba la versión oficial mexicana, una confesión que jurídicamente podía haber reabierto el expediente entero y la Santa Sede, en lugar de comunicarlo a las autoridades judiciales mexicanas, lo comunicó al presidente que tenía interés directo en mantener la versión oficial. Esa decisión diplomática, dicho con todas las letras, convirtió al Vaticano en cómplice del encubrimiento, no por activa tal vez, pero sí por omisión calculada.
Y ese silencio costó casi 22 años más de impunidad para los autores intelectuales del crimen. Cuando esa información finalmente se filtró en julio de 1994 a través de Excelsior, Prigione tuvo que admitir las reuniones y admitir también que el presidente Salinas y todo el gabinete de seguridad supieron del paradero de los Arellano y no los detuvieron. No los detuvieron.
Esa frase dicha por el propio nuncio equivale a una confesión institucional. El Estado mexicano protegió a los presuntos asesinos del cardenal durante meses. Y aquí es donde esta historia se pone realmente inquietante para el creyente que lo escucha. A lo mejor tú mismo mientras escuchas esto, ¿recuerdas dónde estabas el 24 de mayo de 1993? ¿Recuerdas que tu mamá puso la radio a las 4:30 de la tarde y se quedó pálida? ¿Recuerdas que las campanas de la catedral de tu pueblo o de tu ciudad sonaron a luto durante toda la noche?
¿Recuerdas que en la siguiente misa el padre habló del cardenal con la voz entrecortada y la mitad de los feligreses lloraron? Esa imagen colectiva de un país católico llorando a su cardenal asesinado la cargamos los mexicanos desde hace 33 años y nunca tuvimos justicia real. Tuvimos una versión oficial absurda, tuvimos sentencias, pero nunca tuvimos verdad y duele especialmente en términos de memoria popular, porque el cardenal Posadas Oocampo era de los pocos eclesiásticos mexicanos a los que la gente del pueblo sentía como propio. No
era un cardenal distante, era el sacerdote que había caminado por los pueblos de Bajío, que había confirmado a generaciones enteras, que conocía nombres de familias humildes, que recordaba historias de feligreces concretos. Cuando lo mataron, cada barrio de Guadalajara, cada pueblo de Jalisco, cada parroquia de la zona occidental del país sintió que había perdido a un padre cercano.
Esa cercanía es la que ha mantenido viva la demanda de justicia durante 33 años. en un país donde tantos otros casos similares se olvidaron en los archivos. Y la iglesia, que durante todos estos años ha sido la única institución que ha mantenido viva la demanda de verdad, en mayo de 2025 volvió a alzar la voz.
En el aniversario número 32 del asesinato, la jerarquía católica mexicana, en una misa solemne en Catedral de Guadalajara exigió públicamente que se reabriera el caso, que se hicieran las preguntas que durante 32 años los fiscales mexicanos no quisieron hacer, que se nombraran a los autores intelectuales, que la confesión privada de los arellano, Alnuncio Prigione se considerara finalmente parte del expediente público.
Esa demanda hasta hoy sigue sin respuesta institucional. Vamos al expediente judicial porque el expediente judicial 33 años después es una vergüenza pública. En 2009, 16 años después del crimen, el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco anuló todas las sentencias que habían condenado a los miembros del Cártel de Tijuana como autores materiales del asesinato del cardenal.
Anuló todo y ordenó la reposición total del procedimiento. ¿Por qué? Porque según el propio tribunal las sentencias estaban llenas de contradicciones de elementos, situaciones totalmente irregulares. En otras palabras, el expediente estaba tan mal armado, tan lleno de pruebas dudosas, tan contaminado por la manipulación previa de Carpiso y los fiscales sucesivos, que el sistema judicial mexicano no pudo defender legalmente sus propias condenas.
Desde entonces, 2009, el caso está formalmente abierto en el Juzgado Penal de Jalisco, 17 años. Y no hay sentencia, no hay autores intelectuales identificados, no hay autores materiales formalmente condenados. La justicia mexicana, dicho en términos llanos, ha decidido no tocar el caso y lo ha dejado caducar en silencio, sin decir oficialmente que nadie es culpable, sin decir oficialmente que alguien sí lo es, simplemente esperando a que pase el tiempo, mueran los protagonistas y el problema desaparezca por inercia
biológica. Esa es la estrategia que el sistema mexicano ha usado para Posadas, para Colosio, para Ruis Maier, para los grandes magnicidios del sexenio salinista. Esperar, dejar que la verdad muera con los testigos y conformarse con la versión oficial, por absurda que sea, hasta que ya nadie tenga edad ni voluntad de seguir preguntando.
Pero hay algo que el sistema no calculó, la memoria de la Iglesia. La Iglesia Católica, a diferencia de las instituciones políticas mexicanas, tiene una temporalidad distinta. La Iglesia mide sus duelos en siglos, no en sexenios. El cardenal Posadas Ocampo, 33 años después de su muerte, sigue siendo recordado en cada misa de mayo en la Arquidiócesis de Guadalajara.
Su tumba en la cripta de la catedral recibe flores constantemente y la jerarquía católica mexicana ha mantenido, generación tras generación de obispos, la tesis de que su asesinato fue un crimen de estado. No lo soltarán. No es un caso para ellos. Es una herida pastoral que se rezará hasta que se haga verdad.
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Porque hay un portafolios que desapareció esa tarde y nunca apareció. Hay una autopsia que el presidente prohibió por teléfono móvil mientras el cuerpo aún sangraba. Hay dos hermanos Arellano que abordaron tranquilamente un vuelo comercial 29 minutos después del crimen. Hay un nuncio que se reunió en secreto con esos asesinos 7 meses después y avisó al presidente esa misma noche.
Hay un caso anulado en 2009 que lleva 17 años sin sentencia y hay una jerarquía católica mexicana que en mayo de 2025 volvió a exigir públicamente justicia. Y mientras no haya autores intelectuales identificados, mientras los nombres documentados por Anabel Hernández no se someto, mientras los archivos del SISEN sobre las escuchas al cardenal sigan clasificados, mientras la orden escrita de dispensar la autopsia siga sin aparecer, la herida del 24 de mayo de 1993 va a seguir abierta, no por necedad eclesiástica, por dignidad histórica de
un país, porque un país que asesina a su cardenal y no es capaz de explicar por qué, 33 años después es un país que no termina de saber qué le pasó. Y conviene cerrar con una observación que muchos analistas mexicanos han hecho a lo largo de los años. El asesinato del cardenal Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993 no fue un episodio aislado.
Fue el primer eslabón de una cadena de magnicidios que marcó al sexenio salinista. 10 meses después, el 23 de marzo de 1994, mataron a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. 6 meses después de eso, el 28 de septiembre de 1994, mataron a José Francisco Ruiz Macier en la Ciudad de México. Tres asesinatos políticos en menos de 18 meses, tres figuras incómodas para el régimen, eliminadas con métodos cada vez más sofisticados y en los tres casos, los nombres documentados por la investigación periodística seria coinciden parcialmente. Carrillo Olea,
Córdoba Montoya, las redes de inteligencia, los protocolos de encubrimiento, como si el mismo equipo operativo hubiera ejecutado tres expedientes consecutivos. Y cuando uno mira la cadena completa, deja de tratarse de tres crímenes separados y empieza a aparecer una secuencia, una secuencia diseñada para limpiar el camino interno del régimen antes de que el sexenio terminara.
Y esa al final es la pregunta que sigue abierta esta semana. Mientras Carlos Salinas de Gortari recibe entrevistas tranquilamente desde el extranjero, mientras José María Córdoba Montoya da clases en Estados Unidos, mientras el nombre de Manlio Fabio Beltrones sigue activo en la política mexicana, mientras Jorge Carrillo Olea ha publicado libros defendiendo su versión y la justicia mexicana sigue formalmente investigando.
¿Algún día va a haber alguien con coraje suficiente para nombrar lo que tantos saben? O el sistema una vez más va a esperar a que la biología cierre el expediente sin que la verdad llegue jamás a la luz. Esa pregunta no la va a responder este documental, la va a responder la Iglesia Mexicana en los próximos años con la única herramienta que le queda, la memoria, la oración y la negativa a olvidar al hombre que 18 días antes de morir salió cacheteado de Los Pinos por defender lo que ningún otro había defendido, la verdad sobre el
narcotráfico en México. Y por esa verdad, exactamente por esa verdad, lo callaron a balazos en un estacionamiento de aeropuerto vestido con la sotana negra y el alzacuellos blanco que nadie, absolutamente nadie, podía haber confundido con un narcotraficante. Y mientras la versión oficial siga defendiendo el absurdo de la confusión, mientras los nombres de los autores intelectuales sigan sin ser sometidos a proceso, mientras el portafolio desaparecido siga sin aparecer y la orden escrita de Salinas siga sin recuperarse del archivo, la Iglesia
Mexicana seguirá rezando por el cardenal Posadas Campo cada 24 de mayo. Lo seguirá nombrando en cada misa de Catedral de Guadalajara. lo seguirá invocando como mártir civil, como hombre que murió por decir verdades incómodas
