El escenario político mexicano enfrenta uno de sus episodios más complejos y controvertidos en el norte del país, donde la fina línea entre la soberanía estatal, la seguridad nacional y la rendición de cuentas parece haberse difuminado por completo. La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, reapareció en la escena mediática de la Ciudad de México tras un mes de absoluto hermetismo respecto al grave incidente que involucró el fallecimiento de agentes de la ley y las subsecuentes indagatorias sobre la supuesta operación irregular de personal vinculado a agencias de inteligencia extranjeras, específicamente la CIA, en territorio chihuahuense. Su reaparición no estuvo exenta de polémica, ya que sus argumentos defensivos y la revelación de millonarios presupuestos destinados al blindaje informativo han desatado un encendido debate en las plataformas digitales y los círculos de análisis político.
Durante un encuentro con el periodista Ciro Gómez Leyva en el espacio de Radio Fórmula, la mandataria panista intentó justificar la falta de comunicación directa con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en semanas previas reveló que intentó contactar telefónicamente a la gobernadora para coordinar esfuerzos y esclarecer la naturaleza del operativo clandestino. Campos Galván argumentó de forma pública que su omisión no se debió a un desaire político, sino a cuestiones netamente logísticas. Explicó que al momento de la llamada presidencial ella no se
encontraba físicamente en su despacho y que el denominado “teléfono rojo” —el canal de comunicación directa e institucional entre los gobernadores y el Ejecutivo Federal— se encuentra instalado exclusivamente en su oficina central. Esta respuesta, recibida con escepticismo por diversos sectores, provocó que la presidencia de la República determinara canalizar de forma permanente todo asunto de seguridad pública en Chihuahua de manera directa a través del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, omitiendo la intermediación de la oficina de la gobernadora.
Asimismo, al ser cuestionada sobre si la estructura de su administración estatal poseía conocimiento previo de las actividades de inteligencia que se desarrollaban en la entidad, Maru Campos reiteró su total desconocimiento del caso. La mandataria deslindó a su círculo cercano de colaboradores y atribuyó la total responsabilidad de las operaciones perimetrales y de investigación al extinto director de la Agencia Estatal de Investigación, quien lamentablemente perdió la vida en cumplimiento de su deber durante los citados acontecimientos. Este señalamiento hacia un exfuncionario que ya no puede ofrecer su propio testimonio ante los tribunales ha incrementado las críticas sobre el manejo de crisis implementado por la administración local.
El trasfondo de esta intensa gira de medios por parte de la gobernadora ha puesto bajo el escrutinio público los considerables recursos financieros que el erario del estado de Chihuahua destina a los principales consorcios de comunicación del país. Analistas independientes han ventilado una serie de contratos de publicidad oficial y difusión institucional que justifican el trato preferencial y la cobertura favorable que recibe la gestión panista. Entre las cifras destacadas que perciben los medios con presencia nacional se reportan asignaciones presupuestales considerables: el grupo televisivo Televisa encabeza la lista con un monto de 111 millones de pesos; le sigue el consorcio TV Azteca con 94 millones; mientras que Radio Fórmula, espacio donde se originó la primera entrevista aclaratoria de la mandataria, percibe una partida de 47 millones de pesos. Otros grupos periodísticos de gran alcance como Imagen Televisión cuentan con asignaciones de 31 millones, El Universal con 22 millones, y la plataforma digital Latinus con un contrato de 16.5 millones de pesos anuales, configurando una robusta estrategia de comunicación que busca mitigar los impactos negativos de la actual crisis de gobernabilidad.
Paralelamente a las declaraciones de la gobernadora, el presidente municipal de la capital del estado, Marco Bonilla, se sumó a la narrativa de confrontación con la Federación. El alcalde reaccionó de manera defensiva ante los comentarios emitidos en la conferencia matutina de la presidencia de la República, donde se cuestionó el uso del escudo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en la heráldica y las unidades de la policía municipal de Chihuahua. Aunque las declaraciones federales no implicaban una descalificación directa a su persona, Bonilla emitió un comunicado defendiendo los esquemas de cooperación internacional, bajo el concepto de “corporaciones hermanas”. Argumentó que estas asesorías internacionales son una práctica común y legítima encaminada a fortalecer la capacitación técnica de los elementos policiales. Sin embargo, las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar, señalando que la percepción de seguridad reflejada en encuestas del INEGI contrasta severamente con los índices delictivos reales en materia de delitos de alto impacto que padece la región.
El punto más álgido y polarizante de esta coyuntura se registró durante la transmisión de un programa de debate político donde Ignacio Zavala, conocido asesor de comunicación institucional vinculado familiarmente al entorno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, vertió polémicas declaraciones que rozan el discurso secesionista. Zavala aseveró que las constantes presiones ejercidas por el Gobierno Federal, la Secretaría de Bienestar y personajes de la política centralista están provocando una reacción defensiva extrema en la sociedad chihuahuense. El analista afirmó textualmente que “Chihuahua se va a defender solo” y que la entidad no requiere de la intervención o el auxilio de las dependencias federales, sugiriendo la viabilidad de impulsar movimientos de carácter separatista. Estas afirmaciones generaron inmediatas burlas y descalificaciones por parte de conductores de diversas posturas ideológicas, quienes calificaron la propuesta como una muestra de desesperación y desconexión absoluta con la realidad constitucional y la soberanía del pacto federal que rige a la República Mexicana.
Mientras la discusión política se concentra en la retórica mediática, las instituciones del Estado mexicano avanzan formalmente en la vía legal para esclarecer las irregularidades del caso. El encargado de despacho de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, emitió un reporte oficial a través de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos. Lara López informó que la institución ha procedido a entrevistar formalmente tanto a mandos de la policía estatal de Chihuahua como a elementos en activo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que brindaron labores de seguridad y resguardo perimetral posterior a la localización de los laboratorios clandestinos donde operaban los presuntos agentes extranjeros provistos de insignias locales. La Fiscalía Federal se encuentra en un riguroso proceso de verificación ministerial para determinar si existieron violaciones en materia de ejercicio ilícito de atribuciones y afectaciones a la seguridad nacional. El organismo autónomo refrendó su compromiso constitucional de conducir la investigación bajo los principios de estricto debido proceso, objetividad y transparencia, reiterando la máxima institucional de que “al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie”, dejando en claro que las fronteras de Chihuahua siguen sujetas a la jurisdicción suprema de la Constitución federal.
