La escena política en el estado de Chihuahua atraviesa un periodo de intensa fiscalización y debate público debido a una serie de acontecimientos que vinculan la administración de la gobernadora María Eugenia “Maru” Campos Galván con decisiones logísticas y presupuestales sumamente controvertidas. Los cuestionamientos abarcan desde la presencia no autorizada de agentes de inteligencia estadounidenses en dependencias estatales de procuración de justicia, hasta el uso de insignias extranjeras en vehículos oficiales y contratos de arrendamiento de aeronaves con costos que la opinión pública califica como desproporcionados.
Uno de los puntos centrales que ha encendido las alarmas en el ámbito de la seguridad nacional es la presunta operación de personal adscrito a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Según declaraciones e investigaciones emanadas de unidades especializadas, estos elementos extranjeros habrían ingresado al territorio nacional omitiendo los canales diplomáticos formales y haciéndose pasar por turistas, lo cual constituye una transgresión directa a la Ley de Seguridad Nacional
de México. A diferencia de los esquemas tradicionales de cooperación bilateral en materia de narcotráfico y crimen organizado que se coordinan formalmente con agencias como la DEA mediante estrictos protocolos informativos y operativos ejecutados por las fuerzas armadas mexicanas, la presencia encubierta en Chihuahua carecía de los permisos regulatorios necesarios, generando suspicacias sobre el nivel de soberanía institucional que se mantiene en la entidad.
A esta controversia se suma la asimilación visual de corporaciones policiales de los Estados Unidos en la infraestructura local. Diversas denuncias en plataformas digitales han expuesto la incorporación de logotipos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en las unidades de transporte de la policía municipal de Chihuahua. Si bien las autoridades del estado han argumentado de manera oficial que dicha simbología responde a convenios de colaboración y capacitación técnica signados a principios del año 2024 para fortalecer las estrategias operativas de la Secretaría de Seguridad, amplios sectores sociales y analistas políticos cuestionan la necesidad y el costo político de exhibir emblemas de jurisdicciones foráneas en el equipamiento público financiado por los contribuyentes mexicanos. Asimismo, se ha señalado la existencia de acuerdos de monitoreo tecnológico con empresas vinculadas al estado de Texas, permitiendo que sistemas de videovigilancia locales fueran accesibles desde territorio estadounidense.
En medio de este panorama de tensiones institucionales, la conducta pública de la mandataria estatal también ha sido objeto de severas críticas y escrutinio en redes sociales. Diversos comunicadores y usuarios han contrastado las intervenciones de la gobernadora en ruedas de prensa imprevistas frente a los mensajes institucionales previamente producidos y editados. En las comparecencias directas, se ha señalado una aparente dificultad en la elocución y gesticulaciones que denotan cansancio o falta de preparación, lo cual ha sido aprovechado por la oposición política para cuestionar su capacidad de respuesta ante las problemáticas urgentes que aquejan a Chihuahua en materia de orden público y desarrollo social.
Por otro lado, el aspecto financiero de la estrategia de seguridad de la administración estatal enfrenta duras acusaciones de irregularidades presupuestales. El foco de atención se encuentra sobre el contrato de arrendamiento de dos helicópteros destinados a tareas de patrullaje y apoyo táctico, integrados al proyecto de la Torre Centinela. Los registros financieros indican que el Gobierno del Estado mantiene un compromiso de renta que abarca desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2027, con un costo total estipulado en aproximadamente 64 millones de dólares. Esto implica un desembolso diario estimado en más de 813 mil pesos mexicanos por el uso temporal de las aeronaves.
La polémica adquiere mayores dimensiones al contrastar el costo de la renta con el valor comercial real de adquisición de dichos transportes aéreos en el mercado internacional. Modelos nuevos de helicópteros Bell 429 poseen un precio estimado que oscila entre los 7.5 y los 8 millones de dólares por unidad. Bajo esta lógica económica, la adquisición definitiva de dos aeronaves nuevas habría representado una inversión máxima de 16 millones de dólares para el patrimonio del estado. La decisión de optar por un esquema de arrendamiento que cuadruplica el valor de compra ha sido catalogada por diversos sectores de la sociedad civil y legisladores de oposición como una gestión ineficiente de los recursos públicos y un indicio de posibles esquemas de corrupción institucional que benefician a corporaciones privadas con nexos políticos.
Ante la presión mediática, figuras afines al partido gobernante a nivel estatal han salido en defensa de la gestión de Campos Galván, argumentando que los señalamientos forman parte de una campaña de persecución política orientada a demeritar los logros obtenidos en la región, tales como el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de sustancias ilícitas. No obstante, los críticos de la administración señalan que dichas operaciones a menudo carecen de detenciones efectivas y que los resultados palidecen en comparación con los esfuerzos coordinados por las fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) en el resto del territorio nacional.
El panorama en Chihuahua continúa siendo complejo, con llamados crecientes por parte de la ciudadanía y de diversos representantes legislativos para que se realicen auditorías independientes y profundas sobre los contratos de seguridad y los convenios internacionales vigentes. La exigencia principal radica en esclarecer el destino final de las partidas presupuestales y garantizar que los esquemas de cooperación con entidades extranjeras se realicen bajo un estricto apego al marco constitucional y con absoluto respeto a la soberanía del Estado mexicano.
