Cecilia era la que se sentaba en el suelo con los niños, la que aprendía palabras en quechua para comunicarse mejor con los abuelos, la que traía medicamentos de su propio bolsillo cuando algún niño llegaba enfermo a clase. Nadie, absolutamente nadie en aquellos años habría pensado que su historia terminaría de la manera en que terminó.
La relación de trabajo entre el obispo Salaberry y la hermana Cecilia se intensificó a partir del año 2003, cuando ella comenzó a colaborar también con la coordinación del proyecto del hospital. No era una función formal. Salaberry la incorporó de manera informal para ayudar con la comunicación con las comunidades beneficiarias para organizar las consultas participativas que exigían los donantes europeos y para traducir documentos del alemán.
Cecilia había estudiado en un colegio de religiosas alemanas en Lima y tenía un dominio funcional del idioma que resultaba invaluable. Con el tiempo, su presencia en las reuniones administrativas se volvió cotidiana. Los sacerdotes de la curia diocesana lo notaron, pero no le dieron mayor importancia.
Era común que las religiosas de las congregaciones colaboraran con la diócesis en proyectos de desarrollo. No había nada en la superficie que llamara la atención, nada, excepto algo muy pequeño que el padre Aurelio Centeno recordaría años después, durante la investigación con una mezcla de vergüenza y perplejidad.
En el último año antes de la desaparición, el obispo Salaberry había comenzado a llegar a las reuniones administrativas unos minutos después de la hermana Cecilia y al despedirse era ella quien apagaba las luces de la sala. Un detalle minúsculo, el tipo de detalle que solo adquiere significado cuando ya es demasiado tarde.
El martes 14 de agosto de 2007 amaneció en Guaraz con el cielo despejado y una temperatura que no superaba los 12 grados al alba, habitual para esa época del año en la sierra peruana. Traer la víspera de la fiesta de la Asunción de la Virgen María, una de las celebraciones más importantes en el calendario de la diócesis. y el obispo Salaberry tenía un día cargado de compromisos.
Según los registros reconstruidos posteriormente por la Policía Nacional del Perú, el obispo desayunó en la residencia episcopal alrededor de las 7:15 de la mañana. La cocinera de la residencia, señora Margarita Huanca, declaró que había preparado café de cereales, pan con mantequilla y una fruta.
El obispo comió con normalidad, sin señales de nerviosismo. Le preguntó a la señora Margarita si había comprado las flores para el altar mayor del día siguiente. Ella respondió que sí. Él asintió y dijo, “Qué bien.” A las 8:30, Teel Obispo recibió en su despacho al padre Aurelio Centeno para revisar los detalles del acto litúrgico del día siguiente.
La reunión duró aproximadamente 40 minutos. El padre Centeno declararía luego que Salaberry estuvo concentrado tomando notas sin ninguna conducta inusual. Al terminar le entregó una carpeta con el orden de la misa y le dijo que la revisara con el maestro de ceremonias.
A las 10 de la mañana, el obispo tenía programada una reunión con el ingeniero civil, responsable de la supervisión del terreno donde se construiría el hospital. El ingeniero, de nombre Gustavo Reate Torres, llegó puntualmente a la sede de la diócesis. Esperó 20 minutos en la sala de espera. El secretario fue a buscar al obispo a su despacho y encontró la puerta abierta, la silla vacía, el café a medio tomar sobre el escritorio.
La primera reacción del secretario fue de confusión leve, no de alarma. Pensó que quizás el obispo había salido un momento al jardín interior o que había ido al baño. Esperó otros 10 minutos, luego buscó en todo el edificio. El obispo Rodrigo Salaberrio Campo no estaba en ningún lugar de la sede diocesana. Se revisó el portón principal.
El guardián, un señor mayor llamado Eusebio Palomino, declaró que no había visto salir al obispo esa mañana por el ingreso principal. Sin embargo, existía una puerta lateral que daba un pasaje peatonal hacia la calle Bolívar y esa puerta no tenía custodia permanente. La cerradura no mostraba señales de forzamiento. Alguien con llave podía haberla usado sin que nadie lo notara.
El ingeniero Reateggi esperó hasta las 11. tomó su taza de té que le ofreció el secretario, como así finalmente se marchó con la promesa de que le llamarían para reprogramar. En ese momento nadie pensaba todavía en desaparición. Se pensaba en un imprevisto, en una salida urgente, en un malentendido de agenda.
La preocupación genuina comenzó a las 2 de la tarde, cuando el obispo no apareció para el almuerzo y no respondía al teléfono fijo de su despacho. En aquella época, los teléfonos celulares no eran de uso generalizado entre el clero de provincias y Salaberry era conocido por su resistencia a adoptarlos.
El padre centeno llamó a dos sacerdotes de confianza para hacer una búsqueda discreta por los lugares que el obispo frecuentaba. La capilla del cementerio de Guaraz, donde solía rezar en privado, la casa de una familia devota en el barrio de Pedregal, donde a veces visitaba a una anciana enferma y una librería religiosa cerca de la plaza de armas donde compraba material de lectura.
Nada. A las 5 de la tarde, con la luz comenzando a bajar sobre los nevados, el padre Centeno tomó la decisión de comunicar la situación al vicario general de la diócesis, el sacerdote de mayor rango después del propio obispo. La reacción del vicario fue de cautela. pidió esperar hasta el día siguiente antes de dar cualquier aviso oficial, temiendo que una denuncia pública pudiera generar pánico entre los feligreses en vísperas de la fiesta patronal.
Esa noche, la diócesis celebró los oficios de la víspera de la Asunción sin su obispo. Se explicó a los fieles que monseñor Salaverry se encontraba indispuesto por motivos de salud. Nadie hizo más preguntas. Al día siguiente, 15 de agosto de 2007, o sea, cuando quedó claro que el obispo no había regresado y que nadie sabía absolutamente nada de su paradero, se hizo la denuncia formal ante la Policía Nacional del Perú, comisaría de Haraz.
Fue entonces cuando comenzaron a Abulastraron florar las primeras preguntas incómodas. La primera llegó esa misma tarde cuando el vicario general revisó los registros de la cuenta bancaria diocesana. designada para el proyecto del hospital, la cuenta especial en el Banco de la Nación, donde se acumulaban los fondos recaudados durante 9 años.
El saldo, que dos semanas antes ascendía a 842,000 soles, mostraba ahora un balance de 4300 soles. El retiro había ocurrido en tres transferencias escalonadas durante los 10 días anteriores a la desaparición, autorizadas con la firma del obispo y validadas con los documentos de identidad institucional que él mismo controlaba.
La segunda pregunta llegó al día siguiente, cuando la superiora de la congregación de las misioneras del Sagrado Corazón, en Guaraz, intentó comunicarse con la hermana Cecilia Fonseca Díaz para consultarle algo relacionado con el programa educativo. La hermana Cecilia no respondía. Su celda en la casa de la congregación estaba ordenada, pero vacía.
Sus pertenencias personales habían desaparecido. No había dejado ninguna nota. En la pequeña comunidad religiosa de Haraz, el golpe fue doble y devastador. Los días que siguieron a la desaparición del obispo Salaberry fueron días de confusión, dolor e incredulidad. La investigación policial se inició formalmente el 16 de agosto de 2007, que a cargo de la División de Investigación Criminal de Huadz, con apoyo posterior de la Dirección de Investigación Criminal de Lima.
Los primeros indicios apuntaban en varias direcciones al mismo tiempo, lo que hizo que las primeras semanas fueran especialmente complejas para los investigadores. Por un lado, la desaparición simultánea del dinero y de la persona del obispo establecía claramente un patrón de fuga voluntaria.
Las transferencias bancarias no eran el resultado de una estafa externa ni de un hackeo. En el año 2007, esa modalidad de fraude era prácticamente inexistente en la banca provincial peruana. Habían sido realizadas en persona con documentos originales en tres sucursales diferentes del Banco de la Nación en la ciudad de Huaraz en días distintos.
El funcionario bancario que procesó la última transferencia, si dos semanas antes de la desaparición recordaba vagamente al cliente, un hombre mayor de cabello blanco, bien vestido, que firmó sin titubear y agradeció con una inclinación de cabeza. Por otro lado, la naturaleza del personaje generaba resistencias psicológicas profundas en la comunidad para aceptar esa hipótesis.
Un obispo no huye, un obispo no roba. Estas frases circulaban en los mercados, en las peluquerías, en los atrios de las iglesias. La gente buscaba explicaciones alternativas, que había sido secuestrado, que alguien lo había obligado a firmar esas transferencias bajo amenaza, que lo habían matado y escondido el cuerpo.
Corrieron rumores sobre grupos criminales vinculados a la minería ilegal en la región, sobre presuntos extorsionadores que habrían estado presionando a la diócesis durante meses. La policía investigó todas esas líneas. No encontró evidencia de extorsión. No encontró testigos que hubieran visto al obispo bajo presión en los días previos.
No encontró señales de violencia en ninguna parte de la sede diocesana ni en los lugares que él frecuentaba. La única línea que se consolidó fue la que menos querían ver. El análisis de los movimientos bancarios estableció que las tres transferencias habían vaciado sistemáticamente la cuenta principal del proyecto hospitalario y también una subcuenta de gastos operativos de la diócesis.
El dinero había sido transferido a dos cuentas distintas, una en el Banco Continental de Lima y otra, según los registros, en una entidad bancaria de Santiago de Chile. La cuenta en Lima fue cerrada pocas semanas después de las transferencias, TUM y el saldo, en ese momento ya reducido, fue retirado en efectivo. La cuenta en Chile resultó ser anónima dentro del marco legal de aquel país en esa época y su rastreo requería un proceso de cooperación judicial internacional que para una diócesis en provincia y para una policía con recursos limitados resultó prácticamente
imposible de completar en tiempo razonable. Paralelamente a la investigación bancaria, los efectivos también revisaron meticulosamente la habitación del obispo en la residencia episcopal. encontraron lo que esperaban encontrar, libros, documentos pastorales, correspondencia diocesana y también lo que no esperaban.
un cajón en el escritorio que contenía tres fotografías sin marco. Ninguna era de contenido religioso, sin dos mostraban paisajes que los investigadores no pudieron identificar en ese momento. Un lago rodeado de vegetación densa y húmeda, montañas bajas en el fondo, arquitectura de madera pintada de colores suaves. El tercero era más antiguo, tomado quizás en los años 90, borroso por el tiempo.
Dos personas de pie frente a lo que parecía una capilla rural, las caras difíciles de distinguir con claridad. Los investigadores catalogaron las fotografías como evidencia y siguieron adelante. En su momento no les dieron mayor importancia. Solo años después, cuando la historia llegó a su conclusión, alguien revisó el expediente y comprendió que esas fotografías de paisaje mostraban casi con certeza el sur de Chile.
La investigación también estableció que en los 10 días previos a su desaparición, bueno, el obispo Salaberry había realizado al menos dos viajes a Lima en bus interprovincial, sin comunicárselo al secretario diocesano. En esos viajes, según reconstruyeron los investigadores con posterioridad, había gestionado documentos que no han sido completamente identificados.
También se determinó que durante ese mismo periodo la hermana Cecilia había solicitado y obtenido de su congregación un permiso de 5 días para atender asuntos personales relacionados con su familia en Lima, permiso que fue concedido sin mayor trámite dado su historial impecable. En ninguno de los dos casos hubo irregularidades formales que pudieran haber alertado a quienes estaban alrededor de ellos.
Lo que sí resultó revelador, aunque solo en retrospectiva, si fue una conversación que el padre Aurelio Centeno recordó durante su segunda declaración ante los investigadores tres semanas después del hecho. Aproximadamente 6 meses antes de la desaparición, el obispo le había preguntado en tono casual durante una revisión de archivos, ¿qué pensaba él sobre el canon 187 del código de derecho canónico.
El padre Centeno, que no recordaba de memoria ese artículo específico, respondió vagamente que no estaba seguro. El obispo asintió con una leve sonrisa y no dijo más. El canon 187 es el que regula la renuncia libre al estado clerical. En ese momento, el padre Centeno no conectó la pregunta con nada, solo la recordó mucho después y cuando la recordó pasó varios días sin poder dormir bien.
La investigación policial se extendió durante casi dos años y con periodos de intensa actividad seguidos de estancamientos prolongados. Se enviaron notificaciones a Interpol. Se cooperó con las autoridades eclesiásticas que abrieron su propio proceso canónico paralelo. Se entrevistó a decenas de personas, feligreses, sacerdotes, trabajadores de la diócesis, familiares del obispo que vivían en Lima y declararon no tener ningún contacto con él desde hacía meses.
Y excompañeros de congregación de la hermana Cecilia. Los familiares del obispo merecen una mención especial porque su testimonio fue particularmente perturbador. Salaverry tenía una hermana mayor, la señora Inés Salaverry, viuda, que residía en el distrito de Miraflores en Lima. Cuando los investigadores la contactaron, ella expresó un dolor genuino, pero también algo que tardó en articular, una sensación teo que llevaba años intentando ignorar de que su hermano había estado construyendo una segunda vida mental en paralelo a la que todos conocían.
En los últimos años antes de la desaparición, durante las pocas visitas que él hacía a Lima, había notado en él una calma que le resultaba extraña, como la calma de alguien que ya ha tomado una decisión y espera solo el momento de ejecutarla. Lo había atribuido a la madurez espiritual. Ahora no sabía cómo llamarla.
De la familia de la hermana Cecilia. El panorama era diferente. Sus padres habían fallecido. Tenía un hermano, el señor Lorenzo Fonseca, que vivía en Trujillo y con quien ella mantenía un contacto mínimo. Al ser entrevistado, Lorenzo declaró que su hermana le había enviado aproximadamente un mes antes de desaparecer una carta manuscrita en la que le decía que iba a empezar de nuevo y que esperaba que él la comprendiera con el tiempo.
no le había dado ninguna dirección ni forma de contacto. Lorenzo guardó la carta durante años sin saber bien qué hacer con ella, hasta que la entregó a los investigadores. La carta fue analizada grafológicamente. La escritura era consistente con las muestras de la hermana Cecilia disponibles en los archivos de su congregación y no mostraba signos de presión o coacción.
Estaba escrita con la letra pareja y un poco inclinada hacia la derecha de alguien que ha reflexionado cuidadosamente antes de poner la pluma sobre el papel. Para el año 2009, la investigación policial peruana estaba prácticamente inactiva. El caso fue incluido en el registro de personas desaparecidas con paradero desconocido.
El Tribunal Eclesiástico emitió una resolución declarando al obispo Salaberry en estado de ausencia canónica y nombrando un administrador apostólico para la diócesis de Huaz. El hospital comunitario nunca se construyó. El terreno en el distrito de independencia sigue vacío hasta el día de hoy.
Los años que siguieron fueron años de cicatrización lenta y desigual para la comunidad de Guaraz. La primera reacción colectiva en los meses inmediatamente posteriores al escándalo fue una mezcla de rabia y vergüenza que resultó difícil de procesar públicamente. La rabia era comprensible. Personas que habían donado con sacrificio sus recursos para un proyecto de salud que nunca existiría, tenían todo el derecho a sentir que habían sido traicionadas.
La vergüenza era más compleja. Venía del hecho de haber confiado, de haber creído, de haber defendido incluso en los primeros días después de la desaparición la imposibilidad de que un hombre como ese pudiera haber actuado así. La Conferencia Episcopal peruana emitió un comunicado oficial cuatro semanas después de la desaparición, expresando su preocupación por el paradero del obispo y su compromiso con esclarecer los hechos.
El comunicado no mencionaba la palabra robo, no mencionaba el dinero desaparecido. Hablaba de irregularidades administrativas en proceso de verificación. En Guaraz, la gente que leyó ese comunicado en el periódico local lo comentó con la amargura específica de quienes están acostumbrados a que las instituciones grandes midan sus palabras mientras ellos quedan con las consecuencias directas.
El vicario general que había pedido esperar antes de hacer la denuncia fue reemplazado en su cargo meses después en un movimiento que las autoridades eclesiásticas describieron como una renovación ordinaria de la administración diocesana y que en Guaraz nadie interpretó de esa manera. El nuevo administrador apostólico llegó de Lima con instrucciones de ordenar las cuentas, restaurar la confianza y, en la medida de lo posible minimizar el daño reputacional de la institución en la región. Encontró una comunidad que no
estaba en disposición de ser gestionada. Encontró personas que querían respuestas, no comunicados. Una de las acciones más dolorosas de ese periodo fue la revisión de todos los contratos y compromisos que la diócesis había firmado en nombre del proyecto hospitalario y varios proveedores locales, un distribuidor de materiales de construcción, una empresa de servicios topográficos, un estudio de arquitectura regional, habían realizado trabajos preliminares bajo acuerdo verbal o con contratos de avance, confiando en la solvencia moral
de quien lo había contratado. Esos trabajos no fueron pagados. Algunos de esos proveedores eran empresas pequeñas, familiares, para quienes los montos adeudados representaban una parte significativa de su facturación anual. Presentaron reclamaciones a la diócesis. La diócesis, en una situación financiera comprometida por el faltante, no tenía capacidad de pago inmediata.
El proceso de resolución tomó años. Doña Filomena Quispe, la señora que había donado los ahorros de su vida, no habló con periodistas, no hizo declaraciones públicas. Varios vecinos del barrio de Nicrupampa dijeron que durante meses no la vieron salir de su casa más que para ir a la bodega de la esquina. Su nieta, que entonces tenía 12 años, contó años después que su abuela dejó de ir a misa por más de un año y que cuando finalmente volvió, lloraba durante el evangelio, aunque el sacerdote estuviera hablando de otra
cosa. En la congregación religiosa de la hermana Cecilia, el proceso fue igualmente doloroso, pero de otra naturaleza. Las hermanas que la habían conocido enfrentaban una pregunta que ninguna formación teológica les había preparado para responder. ¿Cómo es posible que alguien que vivió los votos con aparente autenticidad durante más de 20 años los abandonara así? La superiora de la casa en Guaraz, una mujer de 70 años llamada hermana Beatriz diría en una conversación privada que fue recogida mucho después por uno de los
investigadores en sus notas. Lo más difícil no fue el escándalo, fue preguntarme si yo la conocí alguna vez. Esa pregunta, la conocí alguna vez, se replicó de diferentes formas en muchas personas que habían estado cerca de Salaberry. El padre Centeno pidió traslado a otra diócesis a los 6 meses de los hechos. le fue concedido.
Pasó varios años en una parroquia rural de Cuzco, lejos del mundo que había conocido. En una entrevista que concedió mucho después, cuando el caso volvió a la actualidad, dijo una frase que quedó grabada: “Fui testigo de algo que no vi. Eso es lo que más me pesa. La comunidad también tuvo que procesar el escándalo dentro del contexto más amplio de la iglesia peruana y que en aquellos años ya enfrentaba múltiples crisis de credibilidad.
El caso de Haraz fue cubierto ampliamente por los medios nacionales durante las primeras semanas con el énfasis que suelen poner los medios en los elementos más llamativos: el dinero robado, la religiosa desaparecida, la traición a los pobres. y luego fue cediendo espacio a otras noticias.
Para el año 2009 era un caso que la mayoría de los peruanos conocía vagamente si se lo mencionaban, pero que no ocupaba ningún primer plano informativo. En Hu, sin embargo, no desapareció de la memoria colectiva. Permanecía en la conversación cotidiana, como permanecen esas heridas que ya no duelen agudamente, pero que dejan un tejido diferente donde antes había piel normal.
Los nuevos sacerdotes que llegaban a la diócesis aprendían rápidamente que había ciertos temas que no se tocaban en las primeras semanas. Los comerciantes, que habían donado al proyecto hospitalario desarrollaron una prudencia que antes no tenían respecto a cualquier solicitud de contribución para obras religiosas. Y el terreno en el distrito de independencia seguía ahí con un letrero de madera que alguien había clavado en algún momento y que decía futuro hospital comunitario.
Y que el viento de los años fue desgastando hasta dejar solo la madera desnuda. Pasaron 4 años, luego cinco, pasaron siete. La investigación policial no registraba movimientos, ningún avistamiento verificado, ninguna pista que llevara a ningún lugar concreto. En el año 2012, 5 años después de la desaparición, un periodista de Guaraz intentó revivar el caso con un artículo de aniversario.
Habló con la policía, que no tenía nada nuevo que decir, con el padre Centeno, que ya se encontraba en Cusco y que declinó la entrevista, y con algunos feligreses. El artículo fue publicado en el Diario Regional, ocupó media página interior y generó una semana de comentarios en los lectores de la versión online.
Luego desapareció también él en el flujo interminable de otras noticias. En el año 2014, un detective privado que trabajaba para la familia de una de las personas que habían donado cantidades significativas al proyecto hospitalario, realizó una investigación independiente durante varios meses. Revisó registros migratorios, contactó redes de la diáspora peruana en varios países, rastreó registros de entrada en Argentina, Bolivia y Ecuador.
No encontró nada verificable. El informe que entregó a sus clientes concluía que las personas buscadas habían construido con éxito nuevas identidades documentarias y que sin cooperación internacional activa era prácticamente imposible localizarlas. Lo que el detective no buscó porque nadie le indicó que buscara allí era Chile, específicamente la zona sur de Chile, esa región de lagos y bosques y lluvia permanente donde la presencia de extranjeros hispanohablantes no llamaba la atención porque había llegado a ser
relativamente frecuente y donde las comunidades pequeñas guardaban una reserva natural hacia las preguntas de forasteros, que no pertenecía a ninguna política deliberada. sino simplemente a la cultura del lugar. En Guaraz, algunos habían llegado a creer que el obispo Salaberry y la hermana Cecilia estaban muertos.
Que algo los había alcanzado en su huida, que el dinero que llevaban los había convertido en blanco de alguien más peligroso que ellos y que sus cuerpos reposaban en algún lugar donde nadie los encontraría. Esta teoría tenía cierta lógica psicológica. Era más fácil, en cierto sentido, imaginar los muertos que imaginarlos vivos y bien, pero estaban vivos y estaban bien.
Y lo que el joven profesor de historia encontraría en Chile en el año 2019 lo cambiaría todo, porque no fue solo una fotografía, fue el comienzo de un hilo que, cuando se jaló con paciencia y cuidado desenrolló 12 años de silencio cuidadosamente construido. El nombre del joven profesor era Martín Escudero Palacios. Tenía 34 años en el año 2019.
Había crecido en Guaraz y había pasado su infancia en el barrio de Centenario. Yo a pocos metros de la Iglesia de la Soledad, una de las más antiguas de la ciudad. Su padre había sido músico en la banda de la diócesis durante los años del obispo Salaberry. Martín tenía 12 años cuando ocurrió la desaparición, la edad exacta en que los escándalos de los adultos dejan marcas que uno no termina de comprender hasta mucho después.
Había estudiado historia en la Universidad Nacional Santiago Antúez de Mayolo en Guaraz. Luego había hecho una maestría en Lima y en el año 2019 viajó a Santiago de Chile para participar en un congreso académico sobre migraciones andinas en el siglo XX. El Congreso duró 4 días.
Después tomó un bus hacia el sur, hacia la región de los lagos, donde tenía previsto visitar los archivos parroquiales de varios pueblos como parte de una investigación secundaria sobre las comunidades de migrantes peruanos en Chile. Fue en un pueblo pequeño entre Osorno y Puerto Mont, cuyo nombre prefirió no divulgar públicamente en un primer momento, aunque los investigadores lo conocieron, donde se hospedó en una pensión familiar y donde el tercer día de su estadía, caminando por la calle principal del pueblo, vio al hombre de la terraza. No
lo vio de frente, lo vio de perfil a través del ventanal de un pequeño restaurante familiar sentado ante una mesa de madera frente a una mujer de cabello canoso. Martín pasó por la vereda y siguió caminando. Dio unos 10 pasos, se detuvo, volvió sobre sus pasos y miró de nuevo. El hombre era mayor, tendría unos 70 años, cabello blanco escaso, espejuelos de armazón oscura, más gruesos que los que Martín recordaba de las fotografías que había visto de niño.
Las manos grandes de dedos largos que sostenían una taza de cerámica. La postura, esa postura particular con la espalda ligeramente inclinada hacia delante y los codos sobre la mesa le resultó familiar de una manera que no supo explicar de inmediato. Siguió caminando. Esa noche, en su habitación de la pensión, buscó en internet imágenes del obispo Salaberry.
No había muchas. Algunas fotos de archivo de periódicos peruanos del año 2007, una imagen de la página web de la Conferencia Episcopal que todavía no había sido actualizada. Una fotografía en blanco y negro de su ordenación sacerdotal en los años 70. Las miró durante un largo rato, luego abrió su cuaderno de notas y escribió, “¿Es posible?” Al día siguiente, tío armado con su cámara fotográfica llevaba siempre una para el trabajo de campo.
Regresó al restaurante a la misma hora. El hombre no estaba. Esperó en una banca de la plaza frente al restaurante durante casi dos horas con la excusa de revisar sus notas. A las 12:30 vio salir del restaurante a la mujer de cabello canoso, sola, con una bolsa de tela.
La siguió a distancia prudente, sintiéndose, según contaría después, ridículo y al mismo tiempo incapaz de parar. La mujer caminó seis o siete cuadras, entró en una ferretería, salió 10 minutos después con un paquete pequeño y continuó hacia un barrio residencial al borde del pueblo, donde se detuvo frente a una casa de madera pintada de vino tinto. Abrió el portón y entró.
Martín tomó una fotografía de la fachada de la casa. Luego se quedó de pie en la vereda durante un momento y sin saber exactamente qué estaba haciendo ni por qué. Y entonces, por el ventanal lateral de la casa, vio al hombre de cabello blanco sentado en la terraza interior leyendo un libro. Sacó la cámara y tomó varias fotos.
Regresó a Guaraz 10 días después con las fotografías. Las revisó decenas de veces, las comparó meticulosamente con las imágenes de archivo del obispo Salaberry que pudo reunir. La edad cuadraba, el perfil facial, aunque envejecido, guardaba proporciones similares: las manos, la postura.
Lo que hacía el ejercicio particularmente difícil era que las fotografías que existían de Salaberry en 2007 no eran muchas ni muy claras. Las imágenes oficiales de los medios peruanos eran tomas formales en las que él aparecía con vestimenta episcopal y en posiciones protocolares que no capturaban la naturalidad de movimientos cotidianos.
Martín imprimió las fotografías en tamaño A4 y las puso lado a lado sobre la mesa de su departamento. Pasaba horas mirándolas, luego las volteaba hacia abajo para descansar la vista. Luego volvía a mirarlas. Un colega suyo de la universidad, sin saber de qué se trataba, le preguntó un día por qué tenía tantas fotografías de ancianos sobre su escritorio.
Pasó tres semanas sin decírselo a nadie, paralizado entre la certeza de lo que creía ver y el miedo a equivocarse y causar daño innecesario. Finalmente, en noviembre de 2019, llamó al padre Aurelio Centeno, que para ese entonces dirigía una parroquia en Cuzco y con quien Martín había tenido contacto esporádico por razones académicas.
Le envió las fotografías por correo electrónico sin explicación inicial, solo escribió, “¿Reconoces a alguien en estas imágenes?” El padre Centeno tardó dos horas en responder. Su respuesta fue una sola línea. Necesito que me llames. La llamada duró más de una hora. Al terminar, los dos hombres habían acordado que la información debía llegar a las autoridades, no a los medios, no a las redes sociales, a la Policía Nacional del Perú.
La denuncia formal fue presentada en enero de 2020 ante la división de personas desaparecidas de la Dirección de Investigación Criminal en Lima. Martín Escudero entregó las fotografías, su relato detallado y la ubicación aproximada de la casa. Los investigadores tardaron varias semanas en evaluar el material y activar los canales de cooperación policial con Chile.
Lo que ocurrió en las semanas siguientes fue un proceso de verificación meticulosa, no un operativo de detención inmediata, porque las circunstancias del caso tenían complejidades legales significativas. Rodrigo Salaverry, si era la persona de las fotografías, había cumplido 74 años, había desaparecido 12 años antes. El delito principal, malversación de fondos de una entidad religiosa privada.
Tenía implicaciones penales que en el Perú, para ese monto y en esa época entraban en una zona gris respecto a la prescripción. La cooperación entre la policía peruana y la Policía de Investigaciones de Chile requirió verificaciones previas y la activación de un tratado bilateral de cooperación judicial. La verificación de identidad fue realizada de manera encubierta por efectivos chilenos que establecieron contacto inicial con las autoridades municipales del pueblo y con el registro civil, donde la persona que vivía en esa dirección aparecía
registrada bajo el nombre de Ernesto Vargas Montiel, jubilado de nacionalidad peruana, residente en Chile desde el año 2008. Junto a él residía una mujer registrada como Alejandra Montoya Fierro, también de nacionalidad peruana. La comparación dactilar fue el paso definitivo. Se obtuvo mediante un procedimiento que la investigación no divulgó en detalle, una muestra que fue cotejada con las huellas digitales del obispo Salaverry registradas en su pasaporte peruano original. La coincidencia fue
del 100%. Ernesto Vargas Montiel era Rodrigo Salavero Campo y Alejandra Montoa Fierro era Cecilia Fonseca Díaz, la hermana Cecilia. los habían encontrado. Pero lo que encontraron los investigadores cuando profundizaron en los 12 años de esa vida construida en silencio resultó más complejo, más perturbador y, en cierto modo, más humano de lo que cualquiera habría anticipado.
La detención ocurrió en febrero de 2020, una tarde de verano austral. Dos efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile llegaron a la casa de madera color vino tinto junto con un funcionario consular peruano. Tocaron el timbre. La mujer que abrió la puerta, Cecilia Fonseca o Alejandra Montoya o quien quiera que fuera en ese momento, los miró durante un segundo con esa mirada atenta que sus excompañeras de congregación recordaban y dijo simplemente, “Los estábamos esperando.
” Esa frase fue consignada en el acta policial y reproducida en los medios cuando el caso se hizo público semanas después. Los estábamos esperando. Generó todo tipo de interpretaciones, que era una confesión de culpa, que era resignación, que era incluso una especie de alivio. La propia Cecilia, en las declaraciones que daría a lo largo de las semanas siguientes, no la explicó directamente.
dijo que era simplemente lo que sentía en ese momento, que durante años había sabido que algo así ocurriría, que había construido su vida cotidiana con esa certeza al fondo, como quien sabe que una estación cambia, aunque no sepa exactamente en qué día. Rodrigo Salaberry, cuando los efectivos entraron a la sala, estaba sentado en su sillón habitual con un libro cerrado sobre el regazo.
Tenía el aspecto de alguien que ha dormido bien esa noche y todas las noches anteriores durante años. se puso de pie sin dificultad, si a pesar de sus 74 años y de una leve cojera en la pierna izquierda que había desarrollado en los últimos tiempos, preguntó si podía ponerse un abrigo porque hacía frío.
se le permitió y salió de la casa que había compartido con Cecilia durante 12 años sin mirar atrás. Según el testimonio de los efectivos, lo que salió a la luz en los interrogatorios y en el proceso judicial que siguió fue una historia que ninguna de las personas que los habían conocido en Waráz habría podido imaginar completamente, aunque sí hubieran podido imaginar algunas de sus partes.
Los investigadores chilenos que condujeron el interrogatorio inicial describieron a ambos detenidos como personas que habían reflexionado mucho sobre ese momento antes de que ocurriera, no hubo negaciones, no hubo intentos de confundir. Si respondieron con una precisión que sugería que habían revisado mentalmente esas conversaciones muchas veces.
La Fiscalía peruana cuando recibió las transcripciones, notó que en ningún momento de las declaraciones iniciales ninguno de los dos preguntó por un abogado de manera urgente. Respondieron primero y luego solicitaron asesoría legal como si hubieran estado esperando la oportunidad de hablar, no de evadir. El vínculo entre Salaverry y la hermana Cecilia no había comenzado en Guaraz.
Se habían conocido 15 años antes en Ayacucho, durante los años más duros del conflicto armado, cuando ambos trabajaban en programas de atención a población desplazada. Ella tenía entonces 29 años y él 41. Eran dos personas que habían elegido el servicio religioso desde convicciones profundas, pero que en aquellas circunstancias extremas, trabajando entre el miedo, la muerte y el sufrimiento colectivo, habían desarrollado entre sí una conexión que ninguno de los dos supo nombrar correctamente durante mucho tiempo o que
sí supieron nombrar, pero decidieron ignorar. Cuando Salaverry fue trasladado a Guaraz en 1998, intentó, según sus propias palabras, dejar atrás esa conexión. Creía que la distancia la disolería. No la disolvió. Cuando la hermana Cecilia llegó a Guaraz en 2001, ninguno de los dos lo había planificado.
Fue el resultado de una solicitud ordinaria de su congregación que necesitaba a alguien con su perfil para los programas educativos de la diócesis. Pero al verse de nuevo, ambos reconocieron lo que habían creído superar. Lo que ocurrió en los seis años siguientes fue, pues, en palabras del propio Salaverry, durante el proceso, un periodo de lucha interior constante y de fracasos progresivos.
Llevaban vidas formalmente separadas en instituciones distintas, cumpliendo con sus responsabilidades externas, sin faltar en ningún punto visible. Pero habían construido en los márgenes de esas vidas formales una relación que los sostenía y que los consumía. Al mismo tiempo, la decisión de irse no fue tomada de un día para otro.
Salaberry declaró que el proceso de planificación comenzó aproximadamente dos años antes de la desaparición, cuando ambos reconocieron que no podían seguir en esa situación indefinidamente, que la doble vida, porque era eso, aunque sin las connotaciones más crudas que suele tener la expresión, los estaba destruyendo lentamente.
La decisión del dinero fue en el propio relato de Salaverry. ya la más difícil y la que más peso moral le había generado durante todos esos años. Reconoció haberse apropiado de los fondos del proyecto hospitalario. Presentó una justificación que los investigadores y el público recibieron con escepticismo comprensible.
Decía haber creído ingenuamente, era la palabra que usaba, que podría restituir el dinero con el tiempo mediante trabajo y ahorro. una vez establecidos en Chile, no lo había hecho. No había enviado ni un centavo. El hospital nunca se construyó. La señora Filomena Quispe había perdido sus ahorros para siempre.
Ante esa realidad, Salaverry no ofreció más explicaciones. Guardó silencio y ese silencio fue para muchos de quienes siguieron el proceso más revelador que cualquier argumento. La hermana Cecilia, por su parte, T sostuvo desde el primer momento que ella no había participado en la apropiación del dinero, que no había sabido de los montos exactos hasta que ya estaban en Chile y que en los años siguientes había intentado en múltiples ocasiones convencer a Rodrigo de devolver lo que había tomado.
No había evidencia documental para corroborar para refutar esta versión. El proceso judicial evaluó su grado de participación con cuidado y finalmente las acusaciones directas contra ella por el delito patrimonial resultaron imposibles de sostener con la evidencia disponible. Lo que nadie pudo negar era su responsabilidad en la desaparición voluntaria, en el abandono de su congregación sin aviso.
En 12 años de silencio, mientras comunidades enteras se preguntaban qué había ocurrido y mientras personas concretas sufrían consecuencias reales de lo que ellos habían hecho. El proceso de extradición de Rodrigo Salaverry al Perú tomó varios meses adicionales, complicado por la pandemia de COVID-19, que estalló pocas semanas después de su detención y que paralizó los mecanismos de cooperación judicial internacional durante buena parte de 2020.
Finalmente llegó a Lima en el primer trimestre de 2021 y fue procesado por los delitos de apropiación ilícita agravada, abuso de confianza y fraude en el marco de la administración de fondos de una institución de beneficencia. El juicio fue cubierto ampliamente por los medios peruanos, aunque en un contexto de pandemia que limitó la cobertura presencial.
Las audiencias se transmitieron parcialmente por plataformas digitales, lo que tuvo el efecto inesperado de generar una audiencia más amplia de la que cualquier caso judicial peruano había alcanzado en circunstancias ordinarias. Miles de personas siguieron las transmisiones. En los comentarios se mezclaban quienes pedían la condena más severa posible con quienes expresaban una confusión genuina ante el perfil del acusado.
Un hombre de 74 años, visiblemente frágil después del traslado, que respondía a las preguntas del tribunal con la misma voz pausada que sus feligreses recordaban de las misas. En el tribunal, Salaberry no negó hechos esenciales. Reconoció haber realizado las transferencias bancarias. reconoció haber planificado la salida del país.
Reconoció que el dinero no había sido devuelto. Lo que sí disputó con una energía que sorprendió al tribunal fue la caracterización de su conducta como un acto premeditado de cinismo sin remordimiento. Dijo haber vivido 12 años con el peso de lo que había hecho. El fiscal señaló que 12 años de peso interno no equivalían a 12 años de intento de reparación.
Nadie en la sala pudo rebatir ese argumento. Varias personas de Hu viajaron a Lima para seguir el juicio desde las afueras del tribunal. Entre ellas, algunos cargaban carteles escritos a mano. Uno decía, “El hospital no se construyó con el arrepentimiento.” Otro más simple, devuelvan el dinero. La condena fue de 6 años de pena privativa de la libertad suspendida en consideración a su avanzada edad y a la ausencia de antecedentes penales.
una condena que muchos en Guaraz consideraron insuficiente y que la señora Filomena Quispe, que cuando le preguntaron su opinión respondió simplemente diciendo que el dinero seguía sin existir y que el hospital seguía sin construirse y que ninguna condena cambiaba eso. La hermana Cecilia no fue extraditada. continuó residiendo en Chile bajo su identidad documentaria, pendiente de un proceso de revisión de sus documentos obtenidos de manera irregular, que tomó años adicionales en resolverse.
Lo que quedó después de todo esto no fue solo la historia de dos personas que traicionaron una confianza. Fue algo más difícil de nombrar y más difícil de resolver. La diócesis de Haraz, con el paso de los años y bajo el liderazgo de nuevas autoridades eclesiásticas, logró retomar parte de sus programas comunitarios, aunque a una escala más modesta.
El proyecto hospitalario fue rediseñado en una versión reducida y con financiamiento que esta vez fue gestionado con mecanismos de auditoría externa y para el año 2022 existía en el distrito de independencia una posta médica ampliada, no el hospital soñado, pero algo que lleva el nombre de un médico local que murió durante la pandemia.
Martín Escudero, el joven profesor que inició el hilo del que tiró hasta encontrarlos, siguió trabajando en Haraz. Nunca buscó notoriedad por lo que hizo. Cuando los periodistas lo contactaron, respondía siempre que él no había hecho nada especial, que cualquier persona con esa misma fotografía hubiera hecho lo mismo.
Quizás tenía razón, pero también es cierto que cualquier persona con esa misma fotografía podría haber dudado durante más tiempo. Podría haber convencido a sus propios miedos de que estaba confundido. podría haber caminado 10 pasos más y no haber vuelto. El padre Aurelio Centeno, hoy en sus y tantos años sigue en la parroquia rural de Cuzco, donde se refugió hace más de 15 años.
En la entrevista que concedió cuando el caso se resolvió, dijo algo que se quedó resonando. La fe no desapareció. Lo que desapareció fue la certeza de que las personas en las que creemos son las personas que creemos que son. Y eso, honestamente, no sé si es una pérdida o un aprendizaje. La hermana Beatriz, la superior a que durante años se preguntó si alguna vez había conocido a Cecilia, falleció en el año 2018, un año antes de que el hilo empezara a jalarse.
supo el final y Cecilia Fonseca Díaz, la mujer que abrió la puerta aquella tarde de verano en el sur de Chile y dijo que los estaban esperando. Convive todavía en ese pueblo cuyo nombre los medios peruanos eventualmente publicaron. Tiene 72 años ahora. Ya no usa el hábito. Claro, ya no se llama hermana. Vive sola desde que Rodrigo fue extraditado en una casa más pequeña que la de madera color vino, cerca del lago.
La gente del pueblo la conoce como Alejandra. Algunos saben su historia, muchos no. Un periodista chileno que viajó al pueblo en 2022 para escribir un perfil describió haberla encontrado en la plaza, sentada en un banco con un libro. Ella no le negó la conversación. le dijo que no tenía nada más que agregar a lo que ya había dicho en los tribunales, que había vivido los años en Chile con conciencia de lo que habían hecho, que no había un solo día en que no pensara en ello. El periodista le preguntó si se
arrepentía. Ella no respondió de inmediato, conmiró el lago durante un momento, luego dijo, “Me arrepiento de no haber encontrado otra manera.” No especificó qué significaba otra manera. El periodista no le preguntó. A veces las preguntas que no se hacen dicen más que las que sí se hacen.
Lo que queda de esta historia no es solo la traición de dos personas. Es la pregunta de cómo es posible que alguien construya durante años una vida entera que la gente a su alrededor no puede ver. ¿Y qué dice eso sobre los límites de lo que podemos conocer de quienes están más cerca de nosotros? Es la pregunta de qué pesa más.
El daño concreto causado a personas reales que confiaron o la comprensión de que quienes causaron ese daño eran también personas reales con sus propias contradicciones irreducibles. Y es la pregunta que doña Filomena Quispe nunca respondió públicamente, pero que su nieta, que hoy tiene 27 años y trabaja como enfermera en la nueva posta médica del distrito de Independencia, respondió de una manera que no requería palabras.
Simplemente eligió trabajar exactamente donde el hospital debió haberse construido, con el dinero que nunca llegó, en el barrio que esperó durante décadas, algo que finalmente llegó en una forma más pequeña pero real. A veces la respuesta más elocuente a una traición es seguir construyendo. Este caso nos muestra como las instituciones en las que depositamos nuestra confianza están habitadas por personas con sus propias contradicciones y como esa realidad no anula la confianza, pero sí nos invita a ejercerla con los ojos abiertos. ¿Qué
piensan ustedes de esta historia? lograron identificar los indicios que la narrativa fue dejando a lo largo del relato? ¿Comprenden la decisión de Cecilia o la condenan sin matices? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Nos interesa genuinamente lo que piensan. Si este tipo de casos los hace reflexionar y quieren seguir escuchando historias como esta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ningún nuevo caso.
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