El reportaje sobre el ganado, sin embargo, es el que contiene el nombre que reaparece en los testimonios posteriores al secuestro. En Nanchital y sus alrededores, el apodo El Negro se usa para más de una persona. En los documentos de la Secretaría de Defensa Nacional que circularon públicamente en años previos y que fueron retomados por medios como Telediario, aparece un individuo identificado como Daniel Arsenio Chávez Cruz, el negro, señalado como operador del cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Veracruz
y la Antigua. Ese, el negro específico opera en otra zona geográfica. El negro mencionado en la nota de Roxana es localizado en los cielos, que es el nombre con el que vecinos identifican informalmente a un sector o fraccionamiento de Nanchital. No hay ningún registro público verificado que conecte directamente a ese individuo particular con la estructura del crimen organizado.
Lo que sí existe es la coincidencia temporal y geográfica, un nombre publicado en el portal de una periodista de Nanchital con 19,000 seguidores, pocos días antes de que un comando perfectamente equipado y coordinado llegara a su domicilio a las 6 de la mañana. con mazos y armas largas. En el análisis criminal, la planificación táctica de una operación de este tipo requiere conocimiento previo.
Requiere saber a qué hora sale alguien, dónde vive exactamente, cuántas personas hay en el inmueble, si hay cámaras, cuál es la ruta de escape, requiere recursos, pasamontañas, chalecos tácticos, armas de fuego largas, medios de transporte y requiere una decisión. actuar en el lenguaje del crimen organizado. Esa decisión no se toma por impulso.
Se toma cuando alguien calcula que el costo de no actuar es mayor que el costo de actuar. La madrugada del martes 2 de junio de 2026 en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo de Nanchital, ese cálculo ya estaba hecho. Eran aproximadamente las 6 de la mañana cuando los primeros golpes de mazo impactaron la puerta de aluminio y cristal de la vivienda de Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
El metal empezó a ceder. Desde adentro, un hombre que se encontraba en el inmueble comenzó a gritar. Pedía calma. Advertía sobre la presencia de menores de edad. Había un bebé en las habitaciones. Los golpes no cesaron. La puerta terminó cediendo. Cuando los encapuchados entraron, uno de ellos llevaba un arma larga.
La apuntó hacia las personas que estaban dentro. ordenó que todos se tiraran al piso. Alguien intentó grabar con un teléfono celular. Uno de los agresores notó la grabación y arrancó el dispositivo por la fuerza. El video se interrumpió en ese momento. Dura aproximadamente 35 segundos. Esos 35 segundos recorrieron el país en cuestión de horas.
Hay un detalle en las imágenes que los analistas de seguridad señalaron de inmediato. La vestimenta de los atacantes, chalecos tácticos y pantalones de cargo en color azul marino. El diseño y la paleta cromática son indistinguibles de la indumentaria oficial de la Policía Estatal de Veracruz.
No es la primera vez que se registra este fenómeno en el sur del estado. La utilización de uniformes con características idénticas a los de las corporaciones policiales cumple al menos tres funciones operativas simultáneas. Neutraliza la resistencia de las víctimas que asumen estar ante una autoridad legítima.
Inhibe las llamadas de emergencia de los vecinos que interpretan el operativo como un cateo judicial. y contamina las investigaciones posteriores, sembrando la duda sobre la participación activa de elementos en activo de las fuerzas de seguridad. La diputada Berta Ahed Malpica, presidenta de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas del Congreso Estatal, rechazó públicamente esa versión ese mismo día.
Lo que no explicó es cómo distinguir en el video de 35 segundos entre un uniforme de policía estatal y un uniforme que replica sus características exactas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz emitió su comunicado a las 12:18 horas del 2 de junio, cuatro oraciones. Confirmaba la apertura de una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Cuatzacalcos.
describía el caso como una presunta privación ilegal de la libertad. Identificaba a la víctima únicamente por sus iniciales. RGR afirmaba que la trilogía investigadora compuesta por fiscales, peritos y policías ministeriales ya realizaba actos de investigación. Al cierre del día no había líneas de investigación públicas, no había móviles comunicados, no había descripción de los vehículos utilizados por los captores.
El nombre de Roxana Berenice Guzmán Ramírez no aparecía en el Registro Nacional de Detenciones. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas actuó con mayor visibilidad. Su presidente, Luis Ramírez Vaqueiro, confirmó el secuestro y anunció el despliegue de un equipo multidisciplinario hacia la zona sur.
Una delegación integrada por el director jurídico, el director de atención y personal especializado, se trasladó a Nan Chital para representar a la familia, agilizar las denuncias formales y coordinar medidas de protección para los familiares directos de la periodista. La CAP también emitió un llamado al gremio para manejar la información con responsabilidad, evitando publicaciones que pudieran comprometer su seguridad.
Era implícitamente una confirmación de que para ese momento no existía ninguna certeza sobre si Roxana seguía con vida. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial desplegaron un operativo conjunto en la zona sur del estado.
La gobernadora Rocío Nale no emitió ningún pronunciamiento público durante el día del secuestro, ninguno. Su silencio fue consignado por múltiples medios de comunicación, incluyendo una publicación en redes sociales del legislador Manuel López San Martín e quien escribió: “Es el Veracruz violento e inseguro de Rocío Nale.
” El senador federal Manuel Huerta de Morena exigió en cambio un despliegue coordinado y transparente entre fuerzas estatales y federales y señaló que el próximo día de la libertad de expresión, el 7 de junio, no podía ser una efeméride retórica frente a una periodista desaparecida. Artículo 19 documentó el caso Horas después del secuestro y exigió a la Fiscalía Estatal que la labor periodística de Guzmán Ramírez fuera establecida como la línea prioritaria de las investigaciones.
Pidió la aplicación del protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Señaló que cuando la violencia se ejerce contra una mujer periodista convergen dos factores simultáneos de vulnerabilidad: el ejercicio informativo y la violencia de género. La Sociedad Interamericana de Prensa exhortó al Estado mexicano a utilizar todas sus capacidades de inteligencia.
La relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó alarma. Ante la persistencia de zonas de alto riesgo para el periodismo en Veracruz, la organización Simac activó la alerta mujeres periodistas. Todas estas organizaciones emitieron pronunciamientos en el transcurso del mismo martes.
Era un coro amplio, urgente y Roxana seguía sin aparecer. El contexto en el que ocurre este secuestro no es accidental aislado. Veracruz aparece en todos los mapas del crimen organizado como uno de los territorios más complejos del país. Su posición geográfica lo convierte en bisagra entre el surproductor y el norte consumidor de drogas, en corredor de tráfico de personas, en zona de control de ductos petroleros, refinerías y plataformas marinas.
La Sedena identificó en documentos internos la presencia de al menos cinco organizaciones criminales activas en el estado, disputándose simultáneamente el narcomenudeo, el huachicol, el secuestro, la extorsión y el cobro de piso. En el corredor específico que va de Cuatzacalcos a Minatitlán, pasando por Nanchital, Agua Dulce y Las Choapas, analistas como Héctor de Mauleón han documentado la presencia de Jarochos Unidos, Mandosur, Antrax, Gente Nueva, El Cártel Nuevo Veracruz, el Grupo
Sombra, Losetas, Vieja Escuela, el Cártel de Noreste y el Cártel Jalisco Nueva Generación. No es un solo grupo, es un festín, como lo ha descrito la literatura periodística sobre la región. Un festín donde las reglas las fijan quienes tienen las armas largas y los chalecos tácticos.
En ese contexto, el asesinato del esposo de Roxana en 2017 no fue un episodio aislado de violencia doméstica o personal. Las investigaciones de ese crimen apuntaron a disputas entre grupos vinculados al narcomenudeo en la zona industrial y de complejos de Pemex. Carlos Fernández Escalante, alias el loco, había sido detenido por el ejército en 2012 con armas militares y drogas.
Había sobrevivido un atentado en 2015. Fue ejecutado en 2017. El expediente de su homicidio apuntaba, según medios locales, a viejas rencillas. Pero en Anchital, las rencillas que matan no son viejas, son presentes, son territoriales, son económicas y no se olvidan. Cuando Roxana volvió en 2025, volvió a ese mismo territorio.
Volvió con un micrófono digital y una página de Facebook con 19,000 seguidores. Volvió a cubrir lo que nadie más cubría en esa escala. Las quejas de los vecinos, los accidentes con camionetas del ayuntamiento, los huevos en mal estado, las vacas sueltas. y también regresó a un ambiente donde la persona que nombras públicamente puede ser alguien que prefiere no ser nombrado, donde la transparencia es en sí misma un acto de riesgo calculado.
La nota sobre el negro de los cielos no era una investigación de crimen organizado, era una denuncia de vecindad, una queja sobre animales que deambulan sin control y que lesionaron a un anciano frente a niños que recogían mangos. era exactamente el tipo de periodismo hiperlocal que las organizaciones internacionales describen como el más importante y el más desprotegido, el que documenta lo que pasa en una calle específica, en un sector específico, con un nombre específico.
Ese tipo de periodismo no tiene cobertura satelital, ni abogados en Ciudad de México, ni números de emergencia memorados. tiene 19,000 personas que lo leen y tiene a veces la desgracia de nombrar a quien no quiere ser nombrado. Hay una pregunta que las investigaciones aún no responden.
¿Quién es exactamente el negro de los cielos en el ecosistema de Nanchital? El apodo circula en la denuncia ciudadana que Roxana publicó. Los vecinos que le llevaron la historia lo conocen como el propietario del ganado. No existe registro público verificable que lo vincule a ninguna estructura criminal específica. Lo que existe es una coincidencia temporal que las autoridades están obligadas a explorar y que la lógica del contexto hace imposible ignorar.
Entre los últimos reportajes publicados por la periodista y su secuestro, ese nombre aparece. En un municipio donde la violencia letal se administra con precisión quirúrgica, nombrar puede tener consecuencias que ninguna redacción de pueblo debería tener que calcular. La cuarta pieza es la más oscura, el historial de impunidad.
Desde julio de 2010, cuando fue creada formalmente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la libertad de expresión hasta septiembre de 2025, ese organismo federal obtuvo nueve sentencias condenatorias por homicidio de periodistas y cuatro por tentativa a nivel nacional, nueve sentencias en 15 años.
En un país donde artículo 19 documenta al menos 176 asesinatos de comunicadores vinculados a su labor desde el año 2000. En un país donde la misma organización registra 32 desapariciones de periodistas desde 2003 sin resolver, cifra que colectivos civiles elevan a 35 casos activos. En un país donde durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Shainbaum se reportaron al menos 12 homicidios de periodistas y una desaparición más, nueve sentencias, 176 muertos documentados.
El cálculo que hace quien ordena un secuestro de periodista en Veracruz no es complicado, no requiere abogados, no requiere análisis jurídico, requiere saber que en 15 años de operación de la Fiscalía Especializada, la probabilidad estadística de que ese crimen tenga consecuencias penales para sus autores intelectuales es prácticamente nula.
El territorio lo confirma. Veracruz es uno de los estados con mayor concentración de crímenes contra periodistas del país y uno con menor tasa de resolución judicial de esos mismos crímenes. La impunidad no es una falla del sistema, es el sistema. A esa impunidad estructural se superpone la crisis forense del Estado. Los colectivos de búsqueda que operan en Veracruz han documentado miles de expedientes acumulados sin avance sustantivo.
Los servicios periciales están saturados. Los análisis genéticos se demoran por falta de presupuesto y capacidad instalada. En ese contexto, quienes perpetran desapariciones en Veracruz operan con la certeza práctica de que el ocultamiento de una persona puede ser definitivo. La ineficiencia estatal en el procesamiento forense no es una consecuencia involuntaria del rezago burocrático.
Es funcionalmente un escudo para quienes desaparecen personas. Roxana Berenice Guzmán Ramírez regresó a Nanchital sabiendo parte de eso. Nadie que haya visto a su esposo caer a balazos a unos metros de distancia. Nadie que haya huido de un estado durante 8 años por amenazas a su vida puede ignorar completamente las coordenadas del riesgo.
que posiblemente no calculó, lo que ninguna metodología de protección al periodista disponible en México le habría permitido calcular era que el regreso a un periodismo de colonia, de vacas y camionetas del Ayuntamiento y huevos en mal estado la reinsertaba en las mismas redes de poder local que en 2017 ya habían cobrado una víctima en su núcleo familiar más cercano.
El mecanismo federal de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que por definición debería haber evaluado el nivel de riesgo de su retorno. No tiene registro público de haberla acompañado en ese proceso. La diputada Berta Ahed Malpica declaró el mismo 2 de junio que hasta esa fecha no había registro de denuncias previas emitidas por Roxana ante las instancias correspondientes.
Esa afirmación leída con cuidado revela exactamente el problema. El sistema de protección espera que el periodista en riesgo active él mismo las alertas formales. No tiene mecanismos de análisis proactivo que detecten cuándo alguien que fue desplazado forzadamente regresa a su zona de origen a fundar un medio de comunicación en un municipio donde su esposo fue ejecutado por grupos vinculados al narcomenudeo.
Las piezas del rompecabezas, enumeradas sin especulación son estas. una periodista que huyó de Veracruz en 2017 tras el asesinato de su esposo en un entorno de narcomenudeo vinculado a la zona industrial petrolera. Un regreso en 2025 con un medio digital que en pocos meses acumuló 19,000 seguidores.
Un portal que cubría denuncias ciudadanas, política municipal y seguridad en Nanchital, Cuatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce e Xuatlán del Sureste. una nota publicada antes del secuestro que identificaba por nombre y apodo al propietario de ganado que lesionó a un adulto mayor en la colonia Mundo Nuevo. Una nota sobre un accidente con camioneta oficial del Ayuntamiento.
Un comando de al menos tres personas con chalecos tácticos azul marino, pasamontañas y armas largas que llega a las 6 de la mañana a la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo. Una puerta de aluminio y cristal destruida a mazazos. Un bebé en las habitaciones. Un video de 35 segundos.
Una periodista que no aparece en el Registro Nacional de Detenciones, una fiscalía que abre una carpeta y nombra a la víctima solo por sus iniciales. El escritor e investigador Héctor de Mauleón escribió al día siguiente del secuestro que Nanchital y sus alrededores forman parte de un corredor donde la zona ha sido definida como un festín de grupos criminales, funcionarios y cuerpos de seguridad.
No lo describió como un problema de orden público, lo describió como una condición estructural, una geografía donde el periodismo hiperlocal opera sobre una falla tectónica invisible que de vez en cuando se abre. Roxana Berenice Guzmán Ramírez tenía 19000 personas que la leían. tenía una historia personal de violencia y desplazamiento que debería haber activado protocolos de acompañamiento institucional desde el momento de su regreso.
Tenía publicados en los días previos a su desaparición al menos tres reportajes que tocaban intereses locales concretos. La responsabilidad de un ganadero identificado, la negligencia de una camioneta oficial, la comercialización irregular de alimentos. Tenía un medio con nombre, dirección y cara pública y tenía en el municipio donde vivía el peso de una historia que incluía el asesinato de su pareja en circunstancias relacionadas con disputas del narcomenudeo en la zona de instalaciones petroleras.
La pregunta que las investigaciones deben responder no es únicamente quiénes entraron a su domicilio. Eso es lo que responden los procedimientos ordinarios de identificación de autores materiales. La pregunta que distingue una investigación de una simulación es, ¿quién tomó la decisión de entrar? ¿Quién hizo el encargo? ¿Qué información de toda la publicada en las semanas anteriores activó ese encargo? Si la nota sobre el negro de los cielos fue el detonante, entonces la investigación tiene que examinar qué es
exactamente lo que ese nombre representa en el ecosistema de poder informal de Nanchital. Si el detonante fue la nota sobre la camioneta del ayuntamiento, la investigación tiene que seguir esa línea hasta donde llegue, incluyendo la estructura municipal. Si fue otra cosa, todavía no visible en el registro público, la investigación tiene que descubrirla.
Lo que no puede ocurrir, lo que estadísticamente ha ocurrido 99 veces de cada 100 en los últimos 15 años de la Fiscalía Especializada es que la carpeta de investigación acumule polvo en la Fiscalía Regional de Cuatzacoalcos, mientras el paradero de Roxana sigue sin saberse, Veracruz tiene miles de expedientes de personas desaparecidas sin resolver los servicios periciales no tienen capacidad de procesarlos todos.
Las organizaciones criminales que operan en el sur del estado lo saben. Por eso actúan de madrugada con uniformes que se parecen a los de la policía, con mazos para no usar armas de fuego en la entrada, con la certeza operativa de que el tiempo está de su lado. La última imagen verificada de Roxana Berenice Guzmán Ramírez es el momento en que su teléfono celular es arrancado de las manos de quien lo sostenía.
35 segundos de video. Una puerta destruida, una bebé en las habitaciones cuya presencia nadie dentro ni fuera del comando armado consideró razón suficiente para detenerse. La nota sobre las vacas del negro de los cielos seguía publicada en la página de Facebook de Pulso Informativo del Sureste.
Cuando este texto fue escrito, 19000 personas podían leerla todavía. La periodista que la escribió no.
