En ese restaurante de la colonia Polanco, Euní se ahorraba dinero, acumulaba experiencia y esperaba el momento oportuno para dar el siguiente paso en su vida. Nunca imaginó que ese mismo lugar sería el escenario del enganche que cambiaría su destino. Un día, según relató su padre Héctor a medios de comunicación, llegaron al Hotters unas personas que decían trabajar con diputados.
No llegaron con documentos ni con credenciales verificables. Llegaron con sonrisas, con historias atractivas, con la facilidad de quien sabe exactamente cómo ganarse la confianza de personas jóvenes que buscan oportunidades. Se hicieron amigos de varias chicas que trabajaban en el restaurante. Entre ellos venía una mujer que se presentaba como diputada y que, según la familia, usaba el nombre de Irma Ester Serrano Méndez.
También aparecieron dos hombres identificados por la familia como Horacio y Raúl. Juntos estos personajes tejieron una promesa que para Eunise debió sonar como la oportunidad que había estado esperando. Un puesto en la Cámara de Diputados, un sueldo de 30,000 pesos mensuales, más del doble del salario promedio de un trabajador en México en aquel momento y viajes por toda la República.
No se trataba de cualquier empleo, se trataba de un salto de vida, del tipo de oferta que cambia las trayectorias y abre puertas que parecían cerradas. Eumer renunció al Hoters, firmó un contrato con esos hombres y con esa firma comenzó una desaparición que no ocurrió de golpe ni de manera violenta y repentina, sino en cámara lenta, frente a los ojos de su familia, que la vio alejarse progresivamente, sin entender del todo lo que estaba sucediendo, hasta que ya era demasiado tarde para detenerlo.
Desde noviembre de 2021, Eunise dejó de vivir con sus padres en Ecatepec. se mudó a un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo en la colonia Anahuac y explicó que el cambio de domicilio era parte de las exigencias de su nuevo trabajo. Paulatinamente fue cancelando sus salidas con amigos. Dejó de verse con su novio.
Sus perfiles en redes sociales desaparecieron sin explicación. Las llamadas a su familia se fueron espaciando y cuando llegaban provenían de números telefónicos distintos cada vez varios de ellos con Lada de Morelos. Según las investigaciones posteriores de la Fiscalía capitalina, Eunice llegó a comunicarse usando al menos seis números telefónicos diferentes durante ese periodo.
Para quienes conocen el modus operandi de las redes de trata de personas, ese patrón resulta inmediatamente reconocible. El aislamiento progresivo de la víctima respecto a su red de apoyo familiar y social, el control de sus comunicaciones, el traslado a un domicilio desconocido para sus seres queridos. Todo ocurre de forma gradual, con justificaciones que parecen razonables en el momento, pero que en retrospectiva revelan la mecánica de un control que se va cerrando como un cerco invisible hasta que la persona ya no puede salir por sus propios medios.
¿Y qué de la dimensional Pecapilla esa pretendida a contratarse contra el equipajio de la serpiente del padre Eco eternamente en ningustiado pericrético? Sinófica inoperativo de esos tratamientos, el 27 de enero de 2022 fue la última vez que Héctor Montaño y el hermano de Uníe pudieron verla físicamente.
Fue un encuentro breve en el edificio de la colonia Anahwak, donde ella decía vivir. La vieron unos minutos. No fue una despedida dramática ni un momento que en ese instante se percibiera como definitivo. Fue una visita cotidiana que resultó ser la última. Hubo una llamada que lo cambió todo. En algún momento posterior a esa visita, la madre de Eunise recibió una llamada de su hija que quedó grabada en su memoria para siempre.
Eunise habló en tono agitado con urgencia, como alguien que tiene poco tiempo y necesita comunicar algo importante sin que nadie más la escuche. Le dijo a su madre, “Mamá, yo sé que tú eres muy inteligente y que si algo me pasa, me vas a buscar.” Cuando la madre le preguntó con angustia por qué le decía eso, Eunise respondió que no podía hablar mucho, que luego la llamaría y colgó.
Esa fue la última conversación real que la familia tuvo con ella. Los padres actuaron de inmediato, presentaron la denuncia de desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La policía de investigación logró establecer contacto con Eunice y le pidió que se presentara personalmente ante las autoridades para confirmar su estado y demostrar que estaba bien.
Nunca lo hizo. Ante esa negativa, las autoridades le solicitaron al menos una fotografía como prueba de que se encontraba con vida. Días después, desde un número desconocido que no era el de Unise, llegó una imagen. La joven sosteniendo una hoja de papel escrita a mano en la que afirmaba que su ausencia era voluntaria y que se encontraba bien.
Para la fiscalía, esa fotografía pudo haber representado una justificación. Para reducir la urgencia del caso, para la familia no lo era. La madre de UNISE lo expresó con una claridad que no dejaba lugar a dudas. No podía saber si su hija había mandado esa foto por su propia voluntad o si lo había hecho bajo coacción, bajo amenaza, o simplemente porque alguien se lo ordenó con una pistola apuntándole.
Una hoja con texto escrito sostenida frente a una cámara no prueba libertad. Prueba únicamente que alguien estuvo disponible para tomar la foto en ese momento. La imagen, sin embargo, resultó útil por razones distintas a las que quienes la enviaron probablemente esperaban. Gracias al análisis policial de los elementos visuales de la fotografía, las autoridades lograron identificar el lugar donde aparentemente había sido tomada, una zona hotelera en Tepotsotlán, en el estado de Morelos.
La familia acudió a buscarla, no la encontraron. El expediente que la Fiscalía capitalina fue construyendo en torno a la desaparición de UNICE Joseline Montaño Hover acumuló al cabo de casi un año de investigación cerca de 200 páginas de diligencias, testimonios y evidencias documentadas. Una carpeta gruesa que representaba horas de trabajo ministerial, pero que para la familia no se traducía en resultados concretos.
Las investigaciones crecían en volumen documental, pero el paradero de UNE seguía siendo una incógnita sin respuesta. Los sospechosos que la familia señaló desde el principio fueron Moracio y Raúl, los dos hombres que reclutaron a Eunice en el Hotters con la promesa del trabajo en la Cámara de Diputados.
Horacio se presentó ante el Ministerio Público para rendir su declaración. En ese momento, las autoridades concluyeron que no existían elementos suficientes para imputarle cargos formales. Raúl, por su parte, simplemente desapareció del mapa. No se volvió a saber nada de él. En el contexto de la investigación formal, los asesores jurídicos de la familia impulsaron una reclasificación jurídica del caso que consideraban fundamental para darle mayor alcance a la investigación.
No querían que UNICE siguiera siendo buscada únicamente bajo la categoría de desaparición voluntaria. Una tipificación que en la práctica puede reducir la urgencia y las herramientas disponibles para la investigación. Querían que el expediente fuera reorientado hacia el delito de trata de personas con base en los elementos que el propio expediente ya documentaba.
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el enganche mediante una oferta laboral falsa, el aislamiento progresivo de la víctima respecto a su familia, la pérdida del control sobre sus comunicaciones propias y el uso de teléfonos rotativos para mantener una presencia intermitente sin revelar una ubicación estable. Los abogados también denunciaron que la fiscalía había intentado archivar el caso en algún momento, argumentando que UNCE había aparecido en referencia precisamente a esa fotografía enviada desde un número desconocido.
Los representantes legales de la familia rechazaron ese argumento con firmeza. Una imagen enviada desde un teléfono que nunca perteneció a la víctima mostrando a alguien sosteniendo un papel escrito no constituye prueba de libertad. Es por el contrario uno de los mecanismos más documentados que las redes de explotación utilizan para desviar investigaciones formales y ganar el tiempo que necesitan para mover a sus víctimas o consolidar el control sobre ellas.
El patrón descrito en el caso de UNICE no es un fenómeno aislado ni reciente. De acuerdo con el quinto reporte sobre trata de personas elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, publicado en 2024 y 2025, las falsas ofertas de empleo se han consolidado como el principal mecanismo de captación de víctimas en este delito, representando aproximadamente el 30% de todos los casos reportados a nivel nacional.
El 75% de las víctimas captadas a través de este mecanismo son mujeres. Más de la mitad termina en contextos de explotación sexual. El grupo etario más afectado se concentra entre los 18 y los 31 años, exactamente el perfil de Unise cuando desapareció. Este dato revela una transformación preocupante en las estrategias de captación de redes criminales.
Durante años, el método principal para reclutar víctimas de trata fue el enamoramiento, un vínculo afectivo construido deliberadamente para generar dependencia emocional y luego derivar hacia la explotación. Hoy ese método ha sido desplazado por uno más frío, más empresarial y en muchos sentidos más difícil de detectar.
La oferta laboral que parece completamente legítima porque se presenta en un contexto cotidiano a través de personas aparentemente normales en espacios donde uno no esperaría estar en peligro. La respuesta institucional al caso de Unise Joselin ilustra los obstáculos estructurales que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México cuando la investigación no avanza al ritmo que la urgencia demanda.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Berta alcalde Luján, abrió el expediente, documentó las diligencias y llevó a cabo actuaciones iniciales. Pero los años fueron pasando y el paradero de UNE continuó siendo un misterio sin resolver. Los abogados de la familia presionaron para que el caso no fuera archivado, para que los sospechosos fueran investigados con mayor profundidad y para que la tipificación del delito fuera reorientada hacia trata de personas.
lo que habilitaría herramientas jurídicas distintas y una coordinación interinstitucional más robusta entre la fiscalía capitalina y las autoridades federales. Esa lucha fue constante, desgastante y en muchos momentos completamente solitaria. Lo que las investigaciones revelaban encajaba con patrones que las autoridades federales habían documentado en múltiples operativos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la conducción del secretario Omar García Harfuk, ha identificado y desmantelado diversas redes de trata de personas que operan con estrategias muy similares. el enganche mediante empleos falsos, el traslado de víctimas entre entidades federativas, el uso de teléfonos rotativos para controlar las comunicaciones sin dejar rastros fácilmente rastreables y la presentación de pruebas de vida fabricadas para dilatar o desviar las investigaciones ministeriales.
En octubre de 2025, el secretario Harfuch anunció la captura de tres presuntos integrantes del tren de Aragua en la Ciudad de México. Entre los detenidos estaba Nelson Arturo Echesuria Alcántara, apodado Nelson, vinculado por las autoridades con feminicidios y con redes de trata activas en Morelos, Puebla, Estado de México y la capital del país.
El modus operandi de esa organización incluía la captación de mujeres mediante falsas ofertas laborales, el mismo estado de Morelos, donde la familia de UNE ubicó gracias al análisis de la fotografía el lugar donde su hija fue fotografiada. En enero de 2025, la FGTSMX y la SSPC ejecutaron de forma coordinada una orden de apreción contra una mujer extranjera acusada de trata de personas en un operativo conjunto realizado en la alcaldía Azcapotzalco.
Esta clase de coordinación interinstitucional es exactamente lo que los abogados de la familia de UNICE han solicitado que se aplique a su caso. Una investigación que cruce los datos de la Fiscalía capitalina con la inteligencia federal disponible sobre redes de captación que operan en la Ciudad de México y en el estado de Morelos.
La fiscal Berta alcalde Luján presentó en mayo de 2025 la estrategia de la Ciudad de México para la búsqueda y localización de personas 20 2530. Un plan que contempla el fortalecimiento de la FIPED, la creación del banco forense de ADN, la adquisición de tecnología especializada para búsquedas en campo y la coordinación activa con las fuerzas de seguridad para priorizar casos según patrones criminales.
La propia fiscal se comprometió, según reportes de la familia, a activar la búsqueda de UNICE con recompensa en una reunión reciente. El caso de Edit Guadalupe Valdés, la joven de 21 años que en abril de 2026 perdió la vida tras acudir a una supuesta entrevista laboral en un edificio de la alcaldía Benito Juárez.
Encendió de nuevo las alarmas sobre la respuesta institucional a las desapariciones en la capital. La fiscalía reconoció una demora de 15 horas en la atención del caso. Un servidor público fue separado de su cargo por señalamientos de haber solicitado dinero a los familiares y se abrió una línea de investigación para determinar si el edificio era usado como punto de operaciones de una red de trata.
La indignación social que desató ese caso es la misma indignación que la familia de UNCE ha llevado consigo en silencio durante más de 4 años. Mientras las instituciones construyen estrategias y los expedientes se acumulan, el padre de UNIE, Héctor Montaño, sigue levantándose cada día con la misma certeza que se niega a ceder. Su hija está viva.
4 años después de aquella última visita en la colonia Ahawak, Héctor sigue repitiendo las mismas palabras con la misma firmeza. quiere que Unise sepa que no han dejado de buscarla, que están haciendo todo lo que está en sus manos, que nadie en su familia ha dado el caso por perdido. Y la madre de Unise desde el primer día hasta hoy, repite con una convicción que parte el alma.
Está segura de que su hija sigue con vida. Esa certeza no es irracionalidad ni negación. Es la respuesta racional a una pregunta que las autoridades no han podido contestar de manera satisfactoria. ¿Cómo pueden decir que Unise está bien si nadie la ha visto libremente? Si nadie ha podido hablar con ella de forma independiente, si la única prueba de que existe es una fotografía enviada desde un teléfono ajeno? Son preguntas que resultarían obvias para cualquier investigador serio, pero que según la familia no han sido tratadas con esa misma obviedad por
la fiscalía capitalina. La historia de Unise no ocurre en el vacío. Es el reflejo de una realidad que el caso de Edit Guadalupe volvió a poner en el centro de la conversación pública en abril de 2026. Edit tenía 21 años y fue a buscar trabajo. Eunise tenía 27 y encontró lo que creyó era la oportunidad de su vida.
Sus historias están unidas por el mismo Anzuelo, una promesa de trabajo que escondía una trampa y por el mismo fracaso institucional. Una respuesta que llega demasiado tarde, con demasiadas trabas, con demasiados funcionarios que prefieren archivar antes que investigar. Los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México confirman que este tipo de captación no es excepcional, sino sistemática.
Aproximadamente tres de cada 10 víctimas de trata llegan a las redes criminales a través de una vacante que nunca fue real. Y en ese universo, las mujeres representan tres de cada cuatro víctimas captadas mediante ese mecanismo. La desigualdad económica, la precariedad laboral y la necesidad urgente de empleo son los factores estructurales que estas redes explotan con una eficiencia calculada y despiadada.
¿Cómo puede una persona protegerse? Los especialistas señalan señales de alerta concretas, un salario desproporcionadamente alto para las funciones descritas, actividades laborales definidas de forma vaga o cambiante, solicitud de documentos personales antes de cualquier contrato formal, comunicaciones que migran rápidamente a aplicaciones de mensajería privada y captadores que se presentan de forma amigable en espacios cotidianos sin referencias verificables de empleadores formales o instituciones reales. En el caso de
Eunise, varias de esas señales estuvieron presentes desde el principio. Que no fueran reconocidas a tiempo no es culpa de ella ni de su familia. Es consecuencia de la sofisticación creciente con la que estas redes operan y de la falta de educación preventiva masiva. Sobre este delito. La investigación sobre la desaparición de Unise Joselin continúa abierta.
La familia no ha renunciado, sus abogados no han renunciado y las autoridades presionadas por el escrutinio renovado que el caso Evit Guadalupe impuso sobre la fiscalía capitalina y sobre la respuesta institucional a las desapariciones en la Ciudad de México, no tienen margen para seguir difiriendo el deber de buscarla con toda la energía que el caso merece.
Si alguien tiene información sobre el paradero de Eunise Josely Montaño Jober, puede comunicarse con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La recompensa ha sido activada. El caso sigue abierto y la familia de UNICE lleva más de 4 años esperando la llamada que les dé respuesta. Para quienes buscan trabajo hoy en México, este caso es un recordatorio.
Ante cualquier señal de alerta, denuncien. La Línea Nacional contra la trata de personas atiende las 24 horas del día en el número 8553300. Una llamada puede marcar la diferencia. M.
