Cuando la gente en Iguala le preguntaba a Abarca sobre los hermanos de su esposa, si es que alguien se atrevía a preguntar, él respondía siempre lo mismo. Me casé con ella, no con sus hermanos. Pero eso era mentira y todos lo sabían. Porque el matrimonio Abarca Pineda no fue solo una unión sentimental, fue una alianza estratégica.
El dinero del narco necesitaba una fachada legal. Las joyerías, las propiedades, los negocios inmobiliarios, todo servía para lavar el dinero que los hermanos Pineda generaban con el narcotráfico. Y a cambio los Pineda le daban a Abarca algo que el oro nunca podría comprarle: protección armada, control territorial y el respeto, es decir, el miedo que solo da la violencia.
En Iguala, la gente no respetaba a Barca porque fuera buen alcalde o buen comerciante. Lo respetaban porque sabían quiénes eran sus cuñados y sabían lo que les pasaba a los que no respetaban. El matrimonio Abarca Pineda fue una máquina de hacer dinero. Juntos crearon la empresa Abarpin SadCV. El nombre lo dice todo, Abarca más Pineda.
Y con esa empresa empezaron a acumular propiedades como si las regalaran casas, departamentos, terrenos, locales comerciales, negocios de todo tipo. Cuando las autoridades finalmente los investigaron, encontraron más de 90 propiedades a nombre de la pareja y sus familiares, 50 inmuebles entre casas y departamentos, 15 negocios solo en Iguala, 19 propiedades registradas en el registro público de la propiedad y la joya de la corona literalmente fue Galerías Tamarindos, el centro comercial más grande de Iguala, construido en un predio de 70,000 m².
que la Secretaría de la Defensa Nacional les había cedido en 2008 300,000000es de pesos de inversión con Cinépolis, con Comercial Mexicana, con restaurantes de comida rápida, zapaterías, boutiques, un centro comercial que en cualquier otra ciudad sería normal, pero que en igual a una ciudad de 140,000 habitantes, con índices de pobreza por encima del promedio nacional, era una declaración de poder.
abarca diciéndole a toda la ciudad, “Yo soy el dueño de esto, de todo esto.” La pregunta obvia es, ¿de dónde salió todo ese dinero? Un vendedor de oro en un mercado de Iguala, por exitoso que sea, no acumula 90 propiedades y un centro comercial de 300 millones de pesos vendiendo cadenas y anillos. La respuesta, por supuesto, estaba en los hermanos de su esposa, en las rutas del narcotráfico que cruzaban Guerrero, en la heroína que bajaba de la sierra y necesitaba ser lavada, convertida en propiedades, en negocios legítimos, en inversiones que pudieran
justificarse ante Hacienda. Abarpen no era solo una empresa inmobiliaria, era una lavadora de dinero del tamaño de una ciudad. Y cuando Abarca ya tenía el dinero, decidió que lo siguiente que necesitaba era el poder político. En 2011, José Luis Abarca se acercó a Ángel Aguirre Rivero, que estaba en campaña para gobernador de Guerrero.
Le ofreció dinero, mucho dinero. Aguirre aceptó. Ganó la gubernatura y a cambio le abrió la puerta a Abarca para la alcaldía de Iguala. A través de la recomendación del exalcalde Lázaro Masón, cuya madre era amiga de la madre de Abarca y a quien la tía María le había surtido oro para que pudiera pagar su carrera de medicina.
José Luis Abarca fue postulado como candidato externo del PRD a la alcaldía de Iguala para el periodo 2012-2015. un candidato externo, es decir, un hombre que no era militante del partido, que no había hecho carrera política, que no tenía experiencia en gobierno, un empresario que llegó con una maleta llena de dinero y compró una candidatura.
Así de simple, así de burdo, así funciona la política en muchas partes de México. Y ganó, ganó con una diferencia de 30 puntos porcentuales sobre su rival más cercano. 30 puntos. En una elección municipal, eso no es ganar, eso es arrasar, eso es comprar cada casilla, cada líder de colonia, cada comité de base, cada voto que se pueda comprar.
Y es también comprar la indiferencia, la indiferencia de los partidos que sabían de dónde venía el dinero y no dijeron nada. La indiferencia de los periodistas locales que sabían quiénes eran los cuñados de Abarca y no escribieron nada. La indiferencia de las autoridades electorales que validaron una candidatura que olía a lavado de dinero desde antes de que se imprimiera la primera boleta, igual ya era suya antes de que tomara posesión.
La elección fue solo el acto administrativo que formalizó lo que el dinero y el miedo ya habían decidido. Y cuando tomó posesión, hizo exactamente lo que hacen los caciques. Llenó el ayuntamiento de familiares. Su hermano Javier en la nómina, la esposa de su hermano Lucero como directora del DIF municipal con un sueldo de 16,000 pesos al mes.
Sus primos Elías Flores Velázquez como contralor general con un sueldo de 51,000 pesos. Felipe Flores Velázquez como secretario de seguridad pública. Sí. El jefe de la policía de Iguala era primo de Abarca, otro primo más en el Sisi, el hijo del contralor en el DIF, otro sobrino en reparación vehicular, más de 30 familiares cobrando del erario municipal.
Iguala no era un municipio, era una empresa familiar armada y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, quedó como directora honoraria del DIF. Pero según las investigaciones posteriores de la Procuraduría General de la República, Pineda no dirigía solo el DIF. era la principal operadora del crimen organizado en el municipio, la hermana de los narcos sentada en la presidencia del DIF, organizando posadas para niños pobres con una mano y coordinando el trasciego de heroína con la otra, pero no todos se arrodillaron ante Abarca y los que no se arrodillaron
pagaron un precio altísimo. El 7 de marzo de 2013, apenas unos meses después de que Abarca asumiera la alcaldía, apareció muerto a balazos Justino Carvajal Salgado. El síndico municipal, el hombre que supuestamente debía vigilar que el dinero público se usara correctamente, el contrapeso institucional que la ley diseñó para evitar exactamente el tipo de abuso que Abarca estaba cometiendo.
Carvajal era sobrino de Félix Salgado Macedonio, uno de los políticos más poderosos de Guerrero, lo cual significaba que no era un funcionario cualquiera. Era un hombre con conexiones, con respaldo, con gente que podía pedir cuentas y aún así lo mataron. Inmediatamente después del crimen, dos patrullas de la policía municipal de Iguala, la policía que Abarca controlaba a través de su primo Felipe Flores Velázquez, se apostaron con armas de grueso calibre frente a las oficinas de la Unión Popular Campesina, Emiliano Zapata. No arrestaron a nadie,
no buscaron al asesino, se pararon frente a las oficinas de los activistas con fusiles de asalto. El mensaje era claro. Sabemos dónde están. Sabemos quiénes son. Esto les puede pasar a ustedes. Años más tarde, los familiares de Carvajal señalarían directamente a Abarca como responsable de su asesinato.
Y en abril de 2025, 12 años después del crimen, un juez de guerrero finalmente sentenció a José Luis Abarca a 20 años de prisión por ese homicidio. Pero en 2013 el asesinato de Carvajal fue solo el principio, porque dos meses después, el 30 de mayo de ese mismo año, Abarca cruzó una línea que la mayoría de los políticos corruptos de México ni siquiera se atreven a imaginar.
Arturo Hernández Cardona era un ingeniero, un perredista, un líder campesino que dirigía la Unión Popular Campesina, Emiliano Zapata, un hombre que organizaba comunidades, que exigía vivienda, obra social y fertilizante para los campesinos de la región. Desde que Abarca llegó a la alcaldía, la relación entre ambos fue tensa.
La Unidad Popular, que aglutinaba a 15 asociaciones de campesinos y colonos, exigía transparencia, rendición de cuentas, que se fueran los 30 familiares de Abarca que estaban en la nómina municipal. El primero de abril de 2013 hubo una reunión en el Cabildo que cambiaría el destino de todos los involucrados.
Hernández Cardona exigió públicamente la renuncia de los familiares de Abarca que cobraban del Ayuntamiento. Los treint y tantos parientes que habían convertido al gobierno municipal en un negocio familiar pidió transparencia en el uso de los recursos, pidió rendición de cuentas, pidió lo que cualquier ciudadano tiene derecho a pedir en cualquier democracia del mundo.
La reunión terminó mal, muy mal. Abarca se levantó furioso, mentando madres, amenazando a Hernández Cardona a gritos delante de todos los regidores. Golpeó la mesa, señaló al líder campesino con el dedo, le dijo cosas que los presentes recordarían durante años. Y Hernández Cardona, que sabía exactamente el tipo de hombre que era Abarca, que sabía de sus cuñados narcos, que sabía de los rumores que circulaban por toda iguala sobre la relación del alcalde con Guerreros Unidos, hizo algo que requería una valentía extraordinaria o una
ingenuidad suicida. lo responsabilizó públicamente por lo que pudiera ocurrirle en el futuro. Dijo delante de testigos que si algo le pasaba, el responsable era José Luis Abarca. Dejó Constancia, puso su nombre en un acta, firmó su propia sentencia de muerte sin saberlo. Ese futuro llegó 59 días después.
El 30 de mayo de 2013, Hernández Cardona organizó una manifestación en la autopista del Sol para que se atendieran las demandas de los campesinos. Fue el último lugar donde sus familiares y amigos lo vieron con vida. Esa tarde fue secuestrado junto con siete colaboradores: Félix Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Gregorio Dante Cervantes, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Nicolás Mendoza Villa y una persona más.
Ocho personas en total secuestradas por la policía municipal de Iguala, la misma policía que dirigía Felipe Flores Velázquez, el primo de Abarca, secuestradas a plena luz del día en una carretera federal, sin que ninguna autoridad estatal o federal interviniera. Lo que pasó después lo sabemos por la declaración ministerial de Nicolás Mendoza Villa, uno de los cuatro sobrevivientes que logró escapar con vida.
Según su testimonio, un testimonio notariado presentado ante las autoridades. Todos fueron torturados. Fueron interrogados sobre sus actividades en la Unidad Popular. Los golpearon. Les preguntaron por qué se oponían al alcalde, les preguntaron quién los financiaba. Y entonces José Luis Abarca apareció. El alcalde de Iguala, el hombre que ganó la elección con 30 puntos de diferencia, el dueño de galerías tamarindos, el esposo de la hermana de los narcos, estaba ahí.
No solo estuvo presente, participó personalmente y según el sobreviviente, Abarca asesinó personalmente a Arturo Hernández Cardona con sus propias manos. Auxiliado por Felipe Flores Velázquez, su primo y jefe de la policía, un alcalde de México matando con sus propias manos a un líder social, no ordenando el asesinato desde un escritorio, no mandando a sicarios, matando él mismo.
Tres de los ocho secuestrados aparecieron muertos días después. Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez fueron localizados sin vida el 3 de junio con balazos y huellas de tortura en el municipio de Tepecuacuilco. Cuatro lograron escapar. Un dato aplastante, José Luis Abarca mató antes de la noche de Ayotsinapa.
Mató con sus propias manos y nadie hizo nada. La hija de Hernández Cardona, María Soledad Hernández Mena, presentó una denuncia penal al día siguiente de encontrar el cuerpo de su padre. Señaló directamente a Abarca, pidió justicia, gritó y nadie la escuchó. El gobierno federal ignoró el caso durante más de un año, no atrajo la investigación, no envió agentes federales a Iguala, no hizo absolutamente nada para investigar a un alcalde señalado por un sobreviviente como asesino, confeso.
El gobierno estatal miró para otro lado porque el gobernador Ángel Aguirre Rivero le debía la campaña a Abarca, le debía el dinero que le había puesto para ganar la elección y no iba a morder la mano que le había dado de comer políticamente. Y Abarca siguió siendo alcalde, siguió dando órdenes, siguió controlando la policía, siguió paseándose por iguala con sus camionetas y sus bíceps y su fanfarronería, como si no hubiera sangre en sus manos.
La defensora de derechos humanos, Magdalena López Paulino, lo dijo años después con una claridad que parte el alma. Estamos convencidos de que si en su momento las autoridades federales hubieran atraído el caso, no habría ocurrido la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Una frase que resume la tragedia entera de México en 30 palabras.
Y eso es lo que hace esta historia insoportable. Si alguien hubiera detenido a Abarca en junio de 2013, cuando ya había evidencia, cuando ya había un testimonio de un sobreviviente, cuando ya había cuerpos con huellas de tortura, cuando ya había una familia gritando el nombre del asesino, la noche del 26 de septiembre de 2014 probablemente nunca habría ocurrido.
Los 43 normalistas de Ayotzinapa probablemente estarían vivos, serían maestros rurales, estarían dando clases en escuelas de guerrero, tendrían hijos, tendrían una vida, pero nadie detuvo a Abarca. Y esa inacción, esa cobardía institucional tiene un precio que este país sigue pagando. El 25 de septiembre de 2014, María de los Ángeles Pineda Villa presentó su informe de labores como directora del DIF de Iguala.
Fue un acto público con invitados, con discursos, con flores en las mesas y un baile después. Abarca estaba ahí orgulloso acompañando a su esposa. Era su noche, la noche de los Abarca Pineda. Todo el poder de Iguala reunido en un salón, los funcionarios que les debían el puesto, los empresarios que les debían los contratos, los policías que les debían la lealtad, los regidores que habían aprendido a no hacer preguntas incómodas.
Según sus propias declaraciones posteriores ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después del evento fueron a cenar tacos a una taquería cercana. Vieron por la televisión parte de un partido de fútbol del América contra Santos. Una noche normal, una cena tranquila, tacos, fútbol, la televisión encendida, como si no estuviera pasando nada afuera, como si la ciudad que gobernaban no estuviera a punto de convertirse en el escenario de la peor noche en la historia reciente de México.
Pero afuera sí estaba pasando algo. Y para entender que hay que saber que la presencia de los normalistas en Iguala no era nueva. Los estudiantes de Ayotsinapa ya habían tomado violentamente el palacio municipal. El 3 de junio de 2013, para exigir la presentación con vida de Arturo Hernández Cardona. Para el matrimonio a Barca Pineda, los normalistas eran un problema recurrente, una molestia, un obstáculo.
Y esa noche de septiembre decidieron que ese obstáculo iba a desaparecer. Lo que pasó después ya lo conoce el mundo entero. Los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotsinapa habían llegado a Iguala para tomar autobuses y trasladarse a Ciudad de México para asistir a una marcha conmemorativa del 2 de octubre. Era algo que los normalistas hacían frecuentemente.
No era nuevo, no era una amenaza. Eran estudiantes, jóvenes de entre 18 y 25 años que estudiaban para ser maestros rurales en una de las escuelas más pobres del país. Muchos de ellos venían de comunidades indígenas y campesinas de guerrero, de familias que no tenían dinero para mandarlos a una universidad privada, de pueblos donde ser maestro era la forma más digna de salir adelante.
Pero Abarca tenía miedo de que los estudiantes sabotearan el evento de su esposa. Y aquí hay que detenerse un segundo. Porque el miedo de Abarca no era irracional en el sentido estricto. Los normalistas de Ayotsinapa tenían un historial de protestas, de bloqueos de carreteras, de toma de autobuses. Pero la respuesta que Abarca eligió no fue la de un alcalde preocupado por el orden público.
La respuesta que Abarca eligió fue la de un narco que protege su territorio. Dio la orden. Ordenó a la policía municipal interceptar y detener a los normalistas. Y según la investigación de la Procuraduría General de la República, la policía los entregó a miembros de Guerreros Unidos, el cártel de su esposa, la organización criminal de sus cuñados.
43 estudiantes desaparecieron esa noche. Seis personas más fueron asesinadas. Decenas resultaron heridas. Y la vida de José Luis Abarca, tal como la conocía, se terminó para siempre. 4 días después de la desaparición, el 30 de septiembre de 2014, Abarca dio un discurso en el Ayuntamiento de Iguala, pidió licencia para dejar temporalmente el cargo de alcalde y desapareció. Huyó.
El hombre que había sido dueño de iguala durante dos años. El hombre que había asesinado con sus propias manos. El hombre que controlaba la policía y el narcotráfico de toda una ciudad, se subió a un coche con su esposa María de los Ángeles Pineda y manejó hasta Ciudad de México, sin escolta, sin convoy, sin la protección que durante años le habían dado sus cuñados narcos policía corrupta.
Solo él, su esposa y la carretera. Primero se quedó en casa de su hija en Tlalpan, pero sabía que ahí lo iban a buscar tarde o temprano. Luego una amiga de su hija les consiguió alojamiento en Iztapalapa, un departamento rentado, un escondite improvisado en una de las alcaldías más populares y más densamente pobladas de la capital.
El dueño de Galerías Tamarindos, el hombre de las 90 propiedades, el que había invertido 300 millones de pesos en un centro comercial, ahora vivía escondido en un departamento de alquiler en Itapalapa, sin poder salir, sin poder usar su nombre, sin poder llamar a nadie por miedo a que rastrearan la llamada. Y ahí se acabó la película, porque la propietaria del lugar que alquilaban lo reconoció, lo vio en las noticias, lo vio salir del departamento y lo denunció.
El 5 de noviembre de 2014, apenas 37 días después de la noche de Iguala, agentes federales llegaron al departamento en Itapalapa y detuvieron a José Luis Abarca y a María de los Ángeles Pineda, Villa. Los encontraron juntos, escondidos, sin armas, sin guardaespaldas, sin la protección que durante años los había hecho sentir invulnerables en Iguala.
Su hija Yasaret, que entonces era menor de edad, presenció la detención. La vio, la vivió. Entrado, cejado, cejado, cejados, cejados, cejados, Sejado, cejado, cejado, cejado, cejado, Sejado, cejado, cejado, cejado, cejado, cejado, cejad, cejad, cejad, Sejado, cejado, después en un documental de la plataforma Max, reveló algo que nadie esperaba, que su padre había intentado quitarse la vida en los días previos a la captura.
El estrés, dijo, era insoportable. Las noticias no paraban. Fue a Barca. Fue a Barca. Fue a Barca. Todo el país gritaba su nombre. Cada canal de televisión, cada periódico, cada portal de noticias mostraba su fotografía al lado de la de los 43 estudiantes desaparecidos. Y el hombre que había asesinado con sus propias manos a un líder campesino que había dado la orden que provocó la desaparición de 43 estudiantes, que había construido un imperio criminal disfrazado de gobierno municipal, ese hombre no pudo soportar la presión de ser descubierto, pero no murió. Lo
detuvieron, lo esposaron, le tomaron la fotografía que dio la vuelta al mundo, un hombre bajito, con la mirada perdida, con una chamarra oscura, flanqueado por agentes federales que le sacaban dos cabezas. El dueño de Iguala, el hombre de los 90 propiedades, el esposo de la hermana de los narcos, reducido a una fotografía de ficha policial.
Y al lado de él, en otra foto, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, con la expresión de quién sabe que todo se terminó, que el oro se convirtió en plomo, que las galerías tamarindo se convirtieron en un recuerdo, que los vestidos de novia que habían unido a sus familias no iban a protegerlos de lo que venía.
México entero vio esas fotografías. Las familias de los 43 normalistas las vieron y por un instante, solo por un instante, sintieron algo parecido a la justicia. Pero la justicia verdadera nunca llegó, porque de tener a Abarca no les devolvió a sus hijos, solo les dio un rostro al que culpar, un nombre al que odiar, un hombre bajito al que señalar.
Mientras seguían preguntando la única pregunta que importaba, ¿dónde están? Y entonces empezó lo que lleva ya más de 11 años. La cárcel. José Luis Abarca ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en noviembre de 2014.
El mismo penal donde estuvo el Chapo Guzmán. El mismo penal donde estuvo el Cárdenas Guillén, el penal de máxima seguridad más célebre de México. Y ahí se quedó año tras año sin salir, sin ver el mundo exterior, más que a través de las paredes de concreto y los pasillos metálicos. de una prisión diseñada para contener a los hombres más peligrosos del país.
Piensa en lo que significó para un hombre como Abarca, un hombre que necesitaba ser visto, que necesitaba presumir, que exhibía sus bíceps como trofeos y se pavoneaba por iguala, como si fuera el dueño del mundo verse reducido a un número de expediente, a un uniforme beige, a una celda donde nadie le preguntaba cómo le había ido en el gimnasio, donde nadie lo llamaba presidente, donde nadie le tenía miedo, le bastado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado.
Cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado,
cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado. Cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, cergado, El hombre que medía 1,52 y compensaba su estatura con poder, ahora no tenía ni una cosa ni la otra, solo tenía un catre, una cobija y el silencio helado de la meseta de Almoloya, a 2600 m sobre el nivel del mar, y afuera, mientras él se hundía en la rutina interminable del penal.
México entero lo odiaba. Su cara estaba en todos los periódicos. Su nombre era sinónimo de la peor noche en la historia reciente del país. Los padres y madres de los normalistas marchaban con las fotos de sus hijos y gritaban el nombre de Abarca como si fuera una maldición. Y él, encerrado, impotente, sin poder responder, sin poder explicarse, sin poder hacer nada, excepto esperar a que los abogados hicieran lo que él ya no podía hacer por sí mismo.
Y mientras Abarca se pudría en el altiplano, los procesos judiciales se acumulaban como capas de sedimento, capa tras capa, delito tras delito, sentencia tras sentencia. En mayo de 2023, un juez federal lo sentenció a 92 años y 6 meses de prisión, 92 años. por el secuestro agravado de seis activistas de la Unidad Popular, entre ellos Arturo Hernández Cardona, el hombre que, según el sobreviviente Nicolás Mendoza Villa fue asesinado personalmente por Abarca, también le impusieron una multa de 920,700 pesos de reparación del daño. El dinero,
por supuesto, nunca va a reparar nada. En abril de 2025, otro golpe. La Fiscalía General del Estado de Guerrero obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión por el homicidio calificado del síndico Justino Carvajal Salgado, 12 años después del asesinato, 12 años para que un juez dijera lo que todo igual sabía desde el primer día, que Abarca había ordenado matar a Carvajal.
92 años más 20 años, 112 años de prisión acumulados. 112. Si José Luis Abarca tuviera que cumplir esa condena completa, saldría libre en el año 2012, un siglo después de hoy. Pero aquí viene la paradoja más cruel de toda esta historia. A pesar de tener 112 años de condena acumulados, José Luis Abarca fue absuelto del cargo más grave que pesaba sobre él, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotsinapa.
En 2023, un juez federal con sede en Matamoros, Tamaulipas, determinó que no existían evidencias suficientes de la plena responsabilidad de Abarca en la desaparición de los estudiantes. Y en enero de 2026 un tribunal ratificó esa absolución. El hombre que dio la orden, el hombre que mandó a la policía a interceptar a los normalistas, el hombre en cuyo municipio desaparecieron 43 jóvenes absuelto de ese cargo, lo cual no cambia absolutamente nada en términos prácticos porque sigue preso.
Porque los otros procesos, lavado de dinero, delincuencia organizada, homicidio, secuestro, son más que suficientes para mantenerlo encerrado el resto de su vida natural. Pero la absolución por el caso Ayotsinapa es una herida abierta para las familias de los 43, una herida que sangra cada vez que alguien la menciona, porque significa que ante la ley ningún funcionario de alto nivel ha sido condenado por la desaparición de esos estudiantes.
Un alcalde puede dar una orden que resulta en la desaparición de 43 personas y que el sistema judicial puede determinar 10 años después que no hay evidencia suficiente para condenarlo. Por eso, que la justicia en México puede sentenciarte a 92 años por secuestrar a seis activistas, pero absolverte de participar en la desaparición de 43.
como si los crímenes fueran compartimentos estancos, como si un hombre que ya demostró ser capaz de asesinar con sus propias manos no fuera capaz de dar una orden que resultara en algo peor. Y entonces llegó el traslado. El 30 de abril de 2025, después de más de 10 años en el mismo penal, José Luis Abarca fue sacado del altiplano y trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 18 en Ramos Arispe, Coahuila.
Fue la primera vez en más de una década que lo movieron de prisión. La primera vez que vio un paisaje distinto al de la meseta de Almoloya de Juárez. La primera vez que respiró un aire diferente, aunque fuera el aire filtrado por las ventanillas de un vehículo de traslado penitenciario. Nadie le avisó con anticipación. Los traslados en el sistema penitenciario federal mexicano no funcionan con cortesías ni con agendas compartidas.
Un día estás en tu celda, en la rutina que llevas años conociendo y al día siguiente te sacan, te esposan, te suben a un vehículo blindado y te llevan a otro penal en otro estado. Sin explicaciones detalladas, sin derecho a empacar más que lo básico, sin despedidas, como un paquete que se mueve de un almacén a otro porque alguien decidió que había demasiados paquetes en la misma estantería.
El traslado no fue voluntario y la razón oficial que dieron las autoridades penitenciarias fue la habitual. Criterios administrativos, rotación de reos, saturación de las instalaciones. Pero para Abarca fue un golpe devastador, porque el altiplano, con todo lo terrible que era, era lo que conocía.
Era donde había pasado más de 10 años. Era donde sabía cómo funcionaban las cosas, quiénes eran los custodios, cuáles eran las rutinas, dónde estaban los médicos, cómo se movía el sistema. El ceferezo 18 de Coahuila era territorio desconocido. Era empezar de cero a los 64 años con cáncer de próstata, en un penal donde no conocía a nadie, donde las paredes solían diferente, donde los pasillos tenían otra acústica, donde la comida tenía otro sabor, donde la soledad, esa soledad específica de estar preso lejos de todo lo que conoces, se multiplicaba
por la distancia. Porque si José Luis Abarca tiene cáncer de próstata. Desde 2022, cuando familiares del exalcalde informaron que su salud se había deteriorado gravemente, se sabe que padece esta enfermedad. Fue trasladado al Hospital Médica Sur en la Ciudad de México para una valoración médica en estado grave y después lo regresaron al penal.
Su abogado pidió atención de tercer nivel alta especialidad y el traslado a un hospital adecuado. Y las autoridades penitenciarias respondieron con lo que siempre responden, que se le estaba brindando la atención correspondiente dentro del sistema penitenciario federal. Antes de que lo trasladaran a Coahuila, Abarca había presentado un amparo contra las autoridades del altiplano, alegando que no le proporcionaban atención médica especializada.
La lista de especialidades que reclamaba era larga: gastroenterología, cirugía vascular, nefrología, nutrición, psiquiatría, odontología, oncología, endocrinología, medicina interna, traumatología, prácticamente todo. El cuerpo de un hombre de 64 años que lleva más de una década encerrado y enfermo pidiendo auxilio a un sistema que no tiene incentivo alguno para escucharlo.
Pero el traslado al Cfereeszo 18 eliminó ese amparo. La jueza Raquel Yet Duarte Cedillo sobreselló la demanda porque Abarca ya no estaba en el altiplano. La lógica jurídica es impecable y al mismo tiempo absurda. Como ya no estás en el penal contra el que te quejabas, tu queja ya no tiene objeto. El hecho de que en el nuevo penal los problemas médicos siguieran exactamente igual no importaba legalmente.
Había que empezar otra demanda, otro amparo, otro proceso, otra espera. La jueza dejó sin efecto incluso la audiencia que ya estaba programada para el 22 de mayo de 2025. Todo borrado. Avemesa de mayo de 2025. Todo cancelado, como si los problemas de salud de Abarca hubieran desaparecido junto con su cambio de domicilio penitenciario.
Y eso fue exactamente lo que Abarca intentó hacer, pelear desde Coahuila. Presentó un amparo contra su traslado involuntario, argumentando que el cambio de penal traería consecuencias irreversibles para su salud. Un juez de distrito desechó la demanda. Abarca interpuso una queja ante el cuarto tribunal colegiado en materia penal.
Y en diciembre de 2025, la Navidad más amarga de su vida, el tribunal ratificó la decisión. La queja fue declarada infundada. Abarca se queda en Coahuila, no regresa al altiplano. No va a ningún hospital. se queda donde está, en el desierto, con su cáncer, con sus amparos rechazados, con la certeza creciente de que el sistema judicial, que una vez usó a su favor, ahora lo tritura con la misma indiferencia con la que él trituró, a los que se le opusieron, piensa en lo que es la vida de José Luis Abarca hoy, porque el contraste entre lo
que tuvo y lo que tiene es tan brutal que parece ficción. tuvo 90 propiedades. Hoy tiene un catre de metal en un penal en medio del desierto de Coahuila, donde las temperaturas en verano superan los 40º y en invierno bajan hasta casi cero. Tuvo un centro comercial de 300 millones de pesos con cinépolis y restaurantes y cientos de locales.
Hoy tiene una cobija gris y un uniforme beige que huele a detergente industrial. tuvo a la policía de una ciudad entera a su servicio, con patrullas que lo escoltaban, con agentes que le obedecían ciegemente, con un primo al frente de la Secretaría de Seguridad que ejecutaba cada orden sin preguntar, “Hoy tiene que pedir permiso para ir al baño.
” Tuvo 30 familiares cobrando del erario público, un ejército de primos y cuñados y sobrinos que controlaban cada rincón del gobierno municipal. Hoy comparece por videoconferencia desde el Ceferezo 18 a 800 km de Iguala, mirando a una pantalla de computadora mientras un juez lee su expediente en una sala donde él no está presente y donde su voz llega con el retraso y la distorsión de una conexión de internet penitenciaria.
Tiene 65 años, tiene cáncer de próstata, lleva 11 años preso, tiene 112 años de condena acumulados y procesos pendientes por lavado de dinero y delincuencia organizada. Fue absuelto de la desaparición de los 43 normalistas, lo cual es al mismo tiempo una victoria legal y una irrelevancia práctica, porque las otras condenas son más que suficientes para que muera en la cárcel.
Su esposa, María de los Ángeles, Pineda Villa, también está presa. La pareja que construyó un imperio de oro, heroína y sangre en Iguala, está separada por muros de concreto, por procesos judiciales independientes, por la distancia entre dos penales federales distintos. Los cuatro hijos que tuvieron juntos, tres mujeres y un varón, se dedican ahora al comercio de joyería, pero ya no venden oro, venden bisutería, lo que en el gremio llaman oro Goldfield, la imitación del metal que les dio su fortuna. Y mientras tanto, en
Iguala, los negocios de la familia Abarca siguen funcionando. La hermana de José Luis, Roselia Abarca Velázquez, bisica a Tominto CBL, administra la Plaza Galerías Iguala el centro comercial de 300 millones de pesos que fue construido en un predio cedido por la Secretaría de la Defensa Nacional. También dirige una escuela privada llamada Benemérito de las Américas.
Los locales comerciales siguen abiertos. El centro joyero propiedad de la familia desde hace más de 35 años sigue operando. Los hijos de Abarca van al mercado, abren sus vitrinas, venden bisutería a los clientes que entran buscando algo dorado. Y en las calles de Iguala la gente sigue caminando por las mismas banquetas donde los normalistas corrieron la noche del 26 de septiembre.
Los autobuses siguen pasando por las mismas rutas, las escuelas siguen dando clases, los mercados siguen abriendo a las 6 de la mañana. La vida sigue en igual como si nada hubiera pasado, como si 43 estudiantes no hubieran desaparecido una noche de septiembre, como si el alcalde que ordenó su desaparición no estuviera pudriéndose en un penal en el desierto de Coahuila, como si Arturo Hernández Cardona no hubiera sido asesinado por las manos del propio alcalde, como si Justino Carvajal Salgado no hubiera aparecido con balazos
en el cuerpo, como si todo fuera normal. Porque en México, cuando el escándalo pasa y las cámaras se van, la normalidad regresa con una velocidad que da escalofríos. Y esa normalidad, [carraspeo] esa capacidad de seguir adelante como si nada es quizás la forma más silenciosa y más devastadora de impunidad que existe.
Y eso es quizás lo más devastador de toda esta historia. No es que abarca esté preso. Eso es justicia incompleta, tardía, insuficiente, pero justicia al fin. Lo devastador es lo que no se resolvió, lo que sigue abierto, lo que sangra. Los 43 normalistas de Ayotsinapa siguen desaparecidos.
11 años después de aquella noche, las familias siguen marchando, siguen exigiendo, siguen poniendo las fotos de sus hijos en las pancartas, siguen preguntando lo mismo que preguntaron el primer día, ¿dónde están? Y nadie les ha dado una respuesta. ni Abarca, que se ha negado sistemáticamente a colaborar con las investigaciones, insistiendo en que él no sabe nada de lo que ocurrió aquella noche, que él estaba cenando tacos, que él estaba viendo el partido del América contra Santos, que él no dio ninguna orden, que él no sabía lo que hacía su
policía, que él no tenía nada que ver con guerreros unidos. 11 años, repitiendo la misma versión que nadie cree, ni las autoridades que han producido investigaciones contradictorias, versiones oficiales cuestionadas por expertos internacionales y un caso judicial que se ha convertido en el símbolo de todo lo que funciona mal en el sistema de justicia mexicano.
La primera versión oficial, la llamada Verdad histórica del entonces procurador Jesús Murillo Karam, fue desmentida por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH. Y desde entonces, cada nueva investigación ha abierto más preguntas de las que ha cerrado. Arturo Hernández Cardona, el líder campesino que Abarca supuestamente asesinó con sus propias manos en mayo de 2013, tampoco ha recibido justicia completa.
Abarca fue sentenciado por el secuestro de los activistas, pero la hija de Hernández Cardona, María Soledad, ha llevado el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En febrero de 2022, la CIDH dio entrada al litigio. La familia espera que el caso llegue a la Corte Interamericana porque están convencidos y tienen razón de que si las autoridades mexicanas hubieran actuado cuando debían, cuando ya había un testimonio, cuando ya había cuerpos, cuando ya había evidencia, la noche de Ayotsinapa nunca habría ocurrido. Agustino Carvajal
Salgado, el síndico asesinado, tardó 12 años en obtener una sentencia, 12 años para que un juez condenara a su asesino. La familia de Carvajal, sobrino de Félix Salgado Macedonio, primo de la gobernadora Evely Salgado Pineda, tuvo que esperar más de una década para escuchar la palabra culpable en una sala de audiencias.
José Luis Abarca Velázquez está hoy en el Cefereeso 18 de Ramos Arispe, Coahuila. Un penal federal en medio del desierto del noreste mexicano a 800 km de Iguala, a 1000 km de la Ciudad de México, a una distancia infinita de todo lo que alguna vez fue. Ramos Arispe es una ciudad industrial en el corredor Saltillo Monterrey, rodeada de maquiladoras y desierto.
El penal está en las afueras, en un terreno plano donde no hay nada, solo tierra seca, matorrales y el zumbido de los cables de alta tensión que alimentan las luces del penal que nunca se apagan. Ahí está Abarca, el vendedor de sombreros de paja que se hizo vendedor de oro, el vendedor de oro que se casó con la hermana de los narcos, el esposo de la hermana de los narcos compró una alcaldía, el alcalde que mató con sus propias manos a un líder campesino, el asesino que dio la orden que provocó la desaparición de 43 estudiantes, el hombre de las 90
propiedades, del centro comercial de 300 millones, de los bíceps que exhibí como trofeos del ego que compensaba la estatura que Dios no le dio. Ese hombre lleva 11 años encerrado, tiene 112 años de condena, tiene cáncer y nadie quiere que vuelva, ni el sistema penitenciario que lo traslada de penal en penal como quien mueve una caja de un almacén a otro, ni el sistema judicial que rechaza cada uno de sus amparos con la eficiencia burocrática de quien sella un formulario más, ni la sociedad, que ya casi no habla de él porque tiene otros
escándalos, otros criminales, otros dolores que procesar. Ni siquiera el PRD, el partido que lo postuló como candidato externo, el partido que le dio la candidatura a cambio de su dinero, el partido que se benefició de los 30 puntos de diferencia con los que ganó la elección, lo expulsó por unanimidad en 2014 y borró su nombre de todos los registros como si nunca hubiera existido, como si nunca lo hubieran postulado, como si nadie en la dirigencia nacional hubiera sabido quién era José Luis Abarca y de dónde venía su
dinero. Como si la política mexicana no funcionara exactamente así, aceptar el dinero primero, preguntar de dónde viene después y fingir sorpresa cuando todo explota. Solo sus hijos siguen ahí vendiendo bisutería donde antes vendían oro, administrando lo que queda del imperio que sus padres construyeron con sangre ajena.
Tres mujeres y un hombre que crecieron rodeados de lujo, de camionetas blindadas, de fiestas del DIF con cientos de invitados. de la sensación de que todo igual a les pertenecía y ahora venden imitaciones de oro en un mercado donde todos saben quiénes son sus padres, donde los clientes que entran a comprar una pulsera de Goldfield saben que están comprándole mercancía a la hija del hombre que desapareció a los 43, donde cada transacción lleva consigo el peso invisible de una historia que Iguala no puede sacudirse por más que lo intente,
porque en Iguala el apellido Abarca ya no significa poder, significa vergüenza. Significa aquella noche, significa los autobuses, los disparos, los cuerpos, los 43 nombres que el país entero memorizó y que la ciudad entera quiere olvidar, pero no puede. Hay 43 familias en Guerrero que llevan 11 años sin poder enterrar a sus hijos.
11 años despertándose cada mañana con la misma pregunta que se hicieron el primer día, 11 años sin respuesta. Y el hombre que podría darles esa respuesta, si es que alguna vez la tuvo, está encerrado en un penal en medio del desierto con cáncer de próstata, con 112 años de condena, esayos de condena.
El congres este está la de las puestas que la cebide está laestal rechazado por todos los tribunales del país pidiendo que alguien lo escuche, pidiendo atención médica que nadie le da, pidiendo regresar al altiplano como si el altiplano fuera su casa. La ironía es perfecta. José Luis Abarca quiere volver al altiplano. Las familias de los 43 quieren que sus hijos vuelvan a casa.
Abarca tiene a quien pedirle. Las familias no tienen a quien pedirle nada. Y esa diferencia, esa diferencia monstruosa entre un preso que puede interponer amparos y 43 familias que no tienen ni un cuerpo que llorar, es la diferencia entre ser victimario y ser víctima en México. Si esta historia te hizo pensar en algo que no habías considerado antes sobre quién era Abarca antes de Ayotsinapa, sobre los asesinatos que nadie investigó a tiempo o sobre lo que significa llevar 11 años preso sin que eso le devuelva nada a nadie. Suscríbete al canal y dale click
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