En el volátil y apasionante tablero de ajedrez que es la política mexicana, a menudo somos testigos de jugadas maestras, traiciones dolorosas y alianzas impensables. Sin embargo, muy de vez en cuando, el destino nos regala un giro de tuerca tan poético y cargado de ironía que parece sacado de un guion de suspenso en Hollywood. La historia actual de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y Ernestina Godoy Ramos es exactamente eso: una lección magistral sobre cómo el exceso de confianza y la falta de visión a largo plazo pueden convertir una victoria pasajera en la peor pesadilla judicial imaginable.
Para entender la magnitud de este sismo político, es imprescindible viajar en el tiempo unos meses atrás, específicamente a enero de 2024. En aquel momento, Alejandro Moreno hizo una de las apuestas políticas más arriesgadas e importantes de su carrera reciente. Con el objetivo de asestar un golpe mediático y demostrar su poderío como líder de la oposición, movilizó a todos los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México. Su instrucción fue clara, contundente e innegociable: votar en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital.
Cuando la maniobra tuvo éxito y Godoy no logró los votos necesarios para continuar en el cargo, Alito Moreno no escatimó en celebraciones. Se presentó
ante los medios de comunicación arropado por los suyos, llamó “valientes” a sus legisladores y proclamó a los cuatro vientos que esta era una victoria histórica de la oposición contra lo que él denominó una “fiscal carnala” al servicio del régimen en el poder. La arrogancia del triunfo embriagó a las filas priistas. En ese momento, Moreno creía genuinamente haber eliminado a una ficha fundamental del tablero de sus adversarios. Pero, como bien dice el refrán popular, “nadie sabe para quién trabaja”.
Lo que Alejandro Moreno no calculó en su festejo precipitado fue el efecto dominó que acababa de desencadenar. Al cerrarle la puerta a Ernestina Godoy en la Ciudad de México, sin querer, le estaba abriendo las puertas de par en par hacia una esfera de poder muchísimo mayor. Dieciséis meses después de aquel bloqueo legislativo, el 3 de diciembre de 2025, el Senado de la República ratificó a Ernestina Godoy como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR). De pronto, la mujer a la que Alito había intentado neutralizar se convirtió en la cabeza de la institución de procuración de justicia más poderosa de todo el país, con una vasta jurisdicción sobre los 32 estados y, lo más alarmante para el líder tricolor, con acceso irrestricto a todas las investigaciones y carpetas federales.
Y es precisamente aquí donde la ironía alcanza su punto máximo de ebullición. Al llegar a la cúspide de la FGR, Ernestina Godoy heredó una monumental lista de asuntos pendientes, investigaciones rezagadas y expedientes polémicos. Entre la montaña de documentos legales aguardaba, pacientemente, la carpeta de investigación número Fed FEMCC Camp 002752. Este no es un expediente cualquiera; es un documento que tiene el potencial de cambiar radicalmente la vida de Alejandro Moreno.
La carpeta fue abierta por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y se centra en los años 2015 a 2020, periodo que abarca la controvertida gestión de Moreno como gobernador del estado de Campeche y sus primeros años al frente de la dirigencia nacional del PRI. Los delitos por los que se le investiga no son menores, sino que dibujan un presunto esquema de saqueo institucional: enriquecimiento ilícito, desvío masivo de fondos federales, fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
Curiosamente, este voluminoso expediente federal estuvo durmiendo el sueño de los justos durante siete largos años. Mientras Alejandro Gertz Manero dirigió los destinos de la FGR (desde 2019 hasta su renuncia en noviembre de 2025), la carpeta contra Alito Moreno permaneció en una congeladora judicial. No hubo citatorios públicos, ni diligencias sustantivas, ni ningún intento de ejercer acción penal. Fue un periodo de gracia que muchos analistas atribuyen a la particular forma en que Gertz Manero manejaba los tiempos políticos, donde ciertos casos avanzaban a paso de tortuga o se estancaban por completo dependiendo de los acuerdos y conveniencias del momento. Baste recordar que el primer intento de desafuero contra Alito se diluyó misteriosamente en 2022 cuando el PRI aportó votos clave para la reforma de la Guardia Nacional.
Pero el contexto de 2026 es radicalmente distinto. El 17 de abril de 2026, la nueva fiscal Ernestina Godoy presentó públicamente su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029. En su discurso, aunque no mencionó el nombre de Alejandro Moreno, lanzó una advertencia que sin duda resonó con fuerza en las oficinas de la dirigencia nacional priista: “Donde haya impunidad, habrá investigación. Donde haya crimen, habrá consecuencias. Nunca más una fiscalía opaca con una burocracia dorada”. Esa misma opacidad que Godoy criticó fue la que permitió que la investigación contra el exgobernador de Campeche durmiera impunemente en un cajón.
Hoy, las piezas del rompecabezas se están alineando de una manera que debe quitarle el sueño a más de uno. Por un lado, tenemos a un líder partidista fuertemente cuestionado, con 34 propiedades bajo sospecha, acusaciones de utilizar prestanombres y un récord histórico de inasistencias en el Senado. Por el otro, tenemos a una Fiscal General con una agenda declarada de combate a la impunidad y con el poder absoluto para reactivar un expediente devastador. La gran incógnita que mantiene en vilo al círculo rojo de la política nacional no es si el expediente existe (está plenamente documentado), sino si Ernestina Godoy tiene la voluntad institucional de pisar el acelerador.
No se puede ignorar el factor humano en esta ecuación. Alejandro Moreno no solo se limitó a votar contra Godoy en 2024; la humilló, orquestó una campaña en su contra, la tildó públicamente de “fiscal carnala” y se jactó de su caída. Incluso, en un arrebato de autoritarismo partidista, Alito expulsó el mismo día a las diputadas priistas Mónica Fernández César y Wesley Chantal Jiménez simplemente porque se atrevieron a votar a favor de la ratificación de Godoy. Como un detalle poético adicional, Mónica Fernández es hoy diputada federal arropada por Morena, demostrando que cada castigo que Moreno repartió en aquel entonces se le ha devuelto multiplicado.
El tiempo apremia y los frentes se multiplican para Moreno. Mientras la carpeta federal de la FGR pende sobre su cabeza como la espada de Damocles, a nivel local enfrenta otro reloj de arena: el proceso de desafuero impulsado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. Si ese desafuero llega al pleno y Alito pierde su inmunidad constitucional, las barreras legales que actualmente complican la actuación plena de la justicia federal se desmoronarían. Sin el escudo protector del fuero, el expediente que Ernestina Godoy tiene ahora en sus manos podría activarse sin las ataduras procedimentales que tradicionalmente protegen a la clase política de alto nivel.
Estamos presenciando un escenario donde no hace falta inventar filtraciones ni exagerar los hechos; la realidad documentada es lo suficientemente explosiva. Una carpeta dormida por siete años. Un político acorralado que celebró prematuramente. Y una Fiscal General que ahora tiene en su poder el futuro del hombre que intentó arruinar su carrera. En política no hay coincidencias menores, y el caso de Alito Moreno pasará a la historia como el recordatorio definitivo de que, en el juego del poder, el verdugo de hoy puede ser fácilmente el prisionero del mañana.
