En el corazón de Colombia, donde el horizonte parece infinito y la altillanura se extiende como una promesa de progreso, late uno de los conflictos más profundos y antiguos de nuestra nación: la propiedad de la tierra. Recientemente, un intercambio verbal entre la senadora Paloma Valencia y un entrevistador ha vuelto a poner sobre la mesa una llaga que nunca termina de sanar. La pregunta fue directa y punzante: ¿Cómo se explica que figuras cercanas a su círculo político, presentadas bajo la imagen de “humildes campesinos”, posean extensiones de tierra que superan con creces lo que cualquier trabajador del campo podría soñar en varias vidas?
Este interrogante no es solo un dardo político; es la puerta de entrada a un complejo entramado de leyes, decretos y estrategias empresariales que han transformado el mapa de la propiedad rural en departamentos como Meta y Vichada. Para entender por qué este tema genera tanta fricción, debemos alejarnos del ruido de las redes sociales y analizar con lupa cómo se ha construido la realidad de la altillanura colombiana en las últimas décadas.
l espíritu de la legislación colombiana buscaba proteger al eslabón más débil de la cadena: el campesino de escasos recursos. La Ley 160 de 1994 se creó con un objetivo noble y claro: las tierras baldías —aquellas que pertenecen al Estado por no tener un dueño privado— debían ser adjudicadas preferencialmente a quienes no tenían nada. La norma establecía límites estrictos mediante la Unidad Agrícola Familiar (UAF). En esencia, la tierra del Estado era para la pequeña empresa familiar, para el sustento de quienes sudan el surco día a día.
La restricción era tajante: no se podían titular baldíos a favor de personas naturales o jurídicas que ya fueran propietarias de otros predios rurales. Esta barrera legal tenía un propósito preventivo: evitar la acumulación de tierras en manos de unos pocos y fomentar una distribución equitativa que permitiera el desarrollo rural integral. Sin embargo, en el mundo de la alta política y los grandes capitales, las leyes a veces se perciben como obstáculos que deben ser “flexibilizados” en nombre del desarrollo industrial.
El cambio de reglas: Incentivos y “Proyectos Especiales”
La historia dio un giro drástico cuando las necesidades de los grandes inversionistas, como el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, empezaron a resonar en los pasillos del poder. En eventos empresariales de alto nivel, el llamado ha sido recurrente: se necesitan “marcos regulatorios a medida” e incentivos para que el capital privado se atreva a colonizar la altillanura.
Fue bajo la administración de Juan Manuel Santos cuando este clamor encontró eco legislativo. A través del Plan Nacional de Desarrollo, se introdujeron modificaciones que permitieron la creación de los “Proyectos Especiales Agropecuarios o Forestales”. Esta figura jurídica, criticada por diversos sectores sociales, abrió una “puerta trasera” para que grandes empresas pudieran adquirir tierras que originalmente eran baldíos o que habían sido entregadas con subsidios estatales, incluso si con ello se superaba el tamaño permitido de la UAF.
El resultado fue una concentración masiva. Informes y libros de investigación señalan que grandes conglomerados terminaron poseyendo decenas de miles de hectáreas, mientras recibían créditos subsidiados por el Estado. La paradoja es dolorosa: el dinero y la tierra que debían rescatar al campesino pobre terminaron, en muchos casos, apalancando la expansión de los hombres más ricos del país.
El caso Alirio Barrera y la defensa de Paloma Valencia
Es en este contexto donde surge la incómoda mención a Alirio Barrera. Presentado por sectores del Centro Democrático como el ejemplo del “hombre de campo” que llega a la política, Barrera ha sido una pieza clave en la estrategia de su partido. Sin embargo, cuando se le cuestiona a la senadora Valencia sobre la posesión de más de 480 hectáreas por parte de Barrera —tierras que presuntamente habrían tenido origen en baldíos—, la respuesta se torna emocional y evasiva.
La defensa de Valencia se centró en los “orígenes” de Barrera, apelando a su historia personal para justificar su patrimonio actual. Pero para los críticos, el punto no es la biografía del líder llanero, sino la transparencia en la adjudicación de recursos estatales. ¿Cómo un campesino, bajo las restricciones de la Ley 160, logra consolidar tales extensiones? ¿Se utilizaron las figuras de “flexibilización” que tanto daño le han hecho a la pequeña propiedad rural?
La tensión en la entrevista refleja una realidad nacional: cuando se toca el tema de la tierra, la política colombiana se divide entre quienes ven el desarrollo agroindustrial a gran escala como la única salida, y quienes denuncian que ese desarrollo se está construyendo sobre el despojo legal de los baldíos de la nación.
La altillanura: ¿Motor de desarrollo o botín de guerra?
Mientras tanto, en el terreno, la disputa continúa. El interés por la altillanura no es gratuito. El desarrollo de infraestructuras, como la doble calzada Bogotá-Villavicencio, aumenta el valor de estas tierras de manera exponencial. Quienes poseen el suelo poseen también el control sobre la producción de alimentos y materias primas del futuro.
La crítica fundamental que surge de este debate es la falta de resonancia para las necesidades del pequeño productor. Mientras los grandes banqueros piden incentivos para invertir, los campesinos de base denuncian que el Estado les da la espalda o los etiqueta bajo discursos ideológicos para evitar la entrega efectiva de títulos.
Conclusión: La necesidad de una mirada humana y justa
Colombia no puede permitirse que la discusión sobre la tierra siga siendo un intercambio de ataques personales o defensas sentimentales. Se requiere una auditoría profunda y transparente sobre el uso de los baldíos nacionales. Si bien la inversión privada es necesaria para el crecimiento económico, esta no puede realizarse a costa de los derechos de la población rural más vulnerable.
El intercambio entre Paloma Valencia y sus críticos es solo la punta del iceberg. Debajo subyace la necesidad de una reforma agraria que sea real, técnica y, sobre todo, justa. Una reforma que entienda que la tierra es un bien social y no simplemente un activo financiero para el mejor postor. La pregunta sigue en el aire, esperando una respuesta que no dependa de la política de turno, sino de un compromiso genuino con la equidad: ¿Para quién es la tierra de Colombia?
