La dirigente de Morena en el municipio de Valle de Allén de Chihuahua, María Lucía Mora, fue asesinada ayer a balazos cuando llegaba a su domicilio. Noticia de última hora. Un par de sicarios atacaron brutalmente a Lucía Guadalupe Mora Ávalos, dirigente de Morena en Chihuahua. No olvides este detalle, ya que Lucía fue una de las personas más vocales en contra de la gobernadora Maru Campos.
La joven dirigente fue abatida la noche del 12 de mayo en Valle de Allende de Chihuahua. No fue un ajuste de cuentas improvisado, no es un crimen pasional, fue una ejecución con protocolo y Omar García Harf, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, desenterró los detalles que la Fiscalía de Chihuahua no ha querido pronunciar en voz alta.
Lucía Guadalupe Mora Ávalos. Tenía 53 años. Daba clases en preescolar por las mañanas y organizaba casillas electorales por las tardes. La llamaban piña en el municipio. Era la coordinadora municipal de Morena en uno de los estados más calientes del país y la noche que la mataron llevaba consigo un cuaderno con nombres.
Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Dos armas distintas en una misma ejecución no es coincidencia, es firma, es protocolo de célula. Alguien los envió, alguien los esperaba, alguien los sacó del municipio antes de que llegara la primera patrulla. Y esa pregunta, ¿quién dio la orden? ¿Tienen nombre en los archivos de Harfch? Pero hay algo que los noticieros no te van a contar.
Valle de Allende no aparece en los mapas del turismo, aparece en los mapas del crimen organizado. Es un municipio en la zona sur de Chihuahua, donde el polvo de las calles de terracería huele a tierra seca y a gasolina barata, donde las noches caen rápido y las luces de las farmacias son el único punto de referencia en cuadras enteras de oscuridad.
Es el tipo de lugar donde todo el mundo se conoce y nadie habla. En ese municipio, Lucía Guadalupe Mora Ávalos era una figura que no pasaba desapercibida. Había construido su presencia durante años. Primero como maestra de preescolar que conocía a las familias por nombre, después como operadora política que convertía esa confianza en estructura territorial.
En Morena los cuadros como Lucía no se improvisan, se cultivan. Ella sabía qué colonia necesitaba un gestor, qué familia tenía un problema con el agua, qué vecino podía mover 20 votos si alguien lo escuchaba primero. Pero en las semanas previas al 12 de mayo, el estado de Chihuahua había entrado en una tormenta política de proporciones que pocos entendían desde afuera.
Morena había lanzado una ofensiva directa contra la gobernadora María, María Eugenia Campos Galván, Maru Campos, acusándola de permitir la operación de agentes de la CIA en territorio chihuahüense. No era un rumor de pasillo, era una acusación con nombre, con fecha, consecuencias diplomáticas potenciales y Lucía en la zona sur del estado.
Era uno de los cuadros que estaban documentando y movilizando la base territorial. En ese contexto, alguien decidió que eso era demasiado y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Lo que ningún noticiero ha conectado todavía es esto. El asesinato de Lucía Guadalupe Mora no ocurrió en el vacío político. Ocurrió en el momento exacto en que la presión sobre Chihuahua llegaba a su punto más alto.
Y eso no es una coincidencia que Harfuch está dispuesto a ignorar. Para entender por qué Lucía estaba en esa camioneta esa noche, hay que retroceder tres semanas. Porque la cadena de errores que la llevó a la calle Benito Juárez no comenzó el 12 de mayo, comenzó cuando decidió hacerse visible. Error uno. Tres semanas antes del operativo, cuando Morena activó su ofensiva contra Maru Campos por el escándalo de los agentes extranjeros, Lucía tomó una decisión que en su momento pareció exactamente correcta. subió su perfil, organizó
reuniones en Valle de Allende, convocó a la base, documentó irregularidades en la zona sur del estado y las reportó hacia arriba en la estructura del partido. Para una militante con ambiciones de crecer dentro de Morena, era el momento perfecto para demostrar lealtad y capacidad.
Lo que Luciano sabía era que esa visibilidad la convirtió en el eslabón más débil y más accesible de toda la cadena. En zonas de disputa territorial como la zona sur de Chihuahua, el crimen organizado no necesita infiltrar el partido, solo necesita saber quién se está moviendo, con quién habla y a qué hora sale. Y Lucía acababa de ponerle nombre y rostro a su propia operación.
Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Error 2. Muerte. Para coordinar las acciones de su estructura con mayor discreción, Lucía comenzó a usar un número telefónico secundario. No estaba registrado a su nombre. Lo consideró una medida de seguridad razonable en un contexto político tenso. En su lógica, separar las comunicaciones era separar los riesgos. Fue su segundo error.
Ese número fue detectado al cruzar registros de actividad en torres de comunicación en la zona sur de Chihuahua. La inteligencia que lo identificó no necesitó mucho tiempo. El patrón de movimiento de Lucía quedó mapeado en menos de 48 horas. Sus rutas, sus horarios, sus contactos más frecuentes. Según fuentes cercanas a la investigación federal, ese número ya estaba siendo monitoreado desde el jueves 8 de mayo, 4 días antes de que la mataran.
Lo que Lucía no sabía era que la discreción que creyó haber comprado con ese teléfono era completamente ilusoria. Cada llamada era una coordenada. Cada mensaje era una actualización de su posición. Error 3. La noche del 12 de mayo. Esa noche Lucía salió con su esposo sin escolta, sin avisar a nadie en la estructura del partido.
El destino era una farmacia cercana, posiblemente de su propiedad. Según algunos reportes en la calle Benito Juárez, un movimiento de rutina en un municipio donde llevaba años viviendo. Valle de Allende era su territorio. Lo conocía de memoria. Creyó que eso la hacía segura. Los dos hombres que abordaron su camioneta Honda HRV azul ya sabían a qué hora saldría, sabían en qué vehículo iría, sabían a qué dirección se dirigía.
La rutina que Lucía consideró su escudo fue el mapa que sus asesinos siguieron hasta ella. Ese tercer error fue lo último que calculó mal, porque esa noche ya había alguien esperándola. A las 21:47 horas del martes 12 de mayo, vecinos de la colonia Nicolás Fernández en Valle de Allende llamaron al 911. Habían escuchado detonaciones, no sabían cuántas, no sabían de dónde exactamente.
En municipios como este, el sonido de las balas viaja diferente de noche, rebota en las paredes de Adobe, se pierde entre los perros que ladran, llega distorsionado a los oídos de quien llama temblando al teléfono. Cuando los elementos de la Agencia Estatal de Investigación llegaron a la calle Benito Juárez, la camioneta Honda HRV azul ya estaba quieta.
Motor apagado, luces apagadas, lucía dentro con heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Su esposo, vivo pero en estado grave, fue trasladado de emergencia a un hospital de la región. Los agresores no estaban. El municipio los había tragado. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas fue el despliegue que los noticieros locales no cubrieron en tiempo real.
Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Las corporaciones de seguridad activaron un operativo de búsqueda en las salidas de Valle de Allende y las zonas aledañas, no con sirenas, no con luces encendidas a toda velocidad, con la frialdad táctica de quien sabe que el ruido solo avisa al que huye.
Los puntos de control se instalaron en silencio en las carreteras que conectan el municipio con el resto del sur chihuahuense. Un dron de vigilancia llevaba ya 34 minutos sobrevolando la zona cuando se estableció el perímetro. Sus cámaras de visión térmica registraban cada movimiento en un radio de 4 km alrededor de la calle Benito Juárez.
El problema no era falta de presencia, era el tiempo. Los ejecutores habían salido antes de que llegara la primera unidad. La ventana entre las detonaciones y la primera respuesta policial fue suficiente para que desaparecieran en las brechas del municipio esas carreteras sin nombre que no aparecen en ningún GPS, pero que alguien con conocimiento local puede recorrer de memoria en completa oscuridad.
A nivel federal, la información empezó a subir en la madrugada, no porque la Fiscalía de Chihuahua lo reportara directamente, sino porque el perfil político de la víctima activó protocolos de monitoreo que van más allá de la investigación estatal. Lucía Guadalupe Mora Ávalos no era solo una militante, era un cuadro activo en el contexto de una disputa política de dimensiones federales.
Su nombre ya estaba en el radar antes de que la mataran. Los especialistas de la unidad de servicios periciales llegaron a la escena con el protocolo que exige la Fiscalía Especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género. Procesaron la camioneta, fotografiaron las trayectorias de los proyectiles, levantaron los casquillos uno por uno.
Y fue en ese momento cuando los casquillos estaban en la bolsa de evidencia y alguien los contó, los midió y los clasificó, que el patrón se volvió imposible de ignorar. Afuera todo parecía normal, adentro ya era demasiado tarde. La reconstrucción del ataque que la Fiscalía de Chihuahua tiene en su expediente y que Harfuch ha solicitado como parte del análisis federal del caso, cuenta la historia en tres tiempos.
A las 21:43 horas exactas, Lucía y su esposo se detuvieron en la calle Benito Juárez. Rutina, farmacia. Noche de martes en un municipio tranquilo. Nada en el ambiente sugería lo que venía. Los primeros 90 segundos fueron de aproximación. Dos hombres se acercaron a la camioneta Honda HRV azul. No corrieron, no gritaron, caminaron. Eso es lo que los testigos no directos, quienes escucharon pero no vieron, no pudieron describir con claridad al 911.
No hubo alarma previa, no hubo forcejeo audible. Los dos sujetos se acercaron al vehículo, sostuvieron un intercambio de palabras con Lucía. breve de acuerdo con la reconstrucción de la escena y en algún punto de esa conversación alguien tomó la decisión de que había terminado. Eso no es todo.
El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala. Los siguientes 2 minutos fueron de ejecución y control. Las detonaciones que los vecinos escucharon desde adentro de sus casas y que motivaron las llamadas al 911 correspondían a dos armas distintas disparadas en secuencia. calibre pun 380 y calibre 9 mm. No fue un tirador solitario que perdió el control, fue una operación de dos ejecutores coordinados donde uno cubrió y el otro disparó o ambos dispararon desde ángulos distintos.
El esposo de Lucía recibió heridas de gravedad. Ella no sobrevivió. Los agresores no intercambiaron palabras después. No revisaron el interior de la camioneta, no buscaron nada. Su trabajo ya estaba hecho. Los últimos minutos fueron de desaparición y esta es la parte que más incomoda a los investigadores. Dos hombres armados con pistolas de dos calibres distintos en una calle de un municipio pequeño donde todo el mundo se conoce desaparecieron sin dejar rastro antes de que llegara la primera patrulla.
Eso no es suerte, eso es logística. Eso significa que había una ruta de escape planeada, un vehículo esperando y posiblemente alguien monitoreando los canales de comunicación de la policía local para saber exactamente cuánto tiempo tenían. La búsqueda que se desplegó en las salidas de Valle de Allén de esa noche no encontró a nadie.
Las carreteras de acceso al municipio fueron monitoreadas, los puntos estratégicos fueron cubiertos y aún así nada. Cero detenidos, cero vehículos sospechosos interceptados. Cero evidencia de fuga en las cámaras disponibles. Lo que eso revela es más perturbador que la ejecución misma. Significa que los asesinos de Lucía Guadalupe Mora Ávalos no improvisaron.
Conocían el municipio, conocían los tiempos de respuesta de la policía local, conocían las brechas y alguien les dio toda esa información antes de que salieran esa noche. La captura de los responsables directos no se produjo esa noche, ni el miércoles, ni al cierre de esta información. Pero lo que se ocurrió fue que los casquillos llegaron al laboratorio, los registros telefónicos empezaron a ser cruzados y el expediente federal comenzó a crecer con una velocidad que la Fiscalía de Chihuahua no esperaba. Harfuch no
improvisa cuando activa un protocolo de análisis sobre un caso como este. El cerco no se ve, se siente después, cuando ya es demasiado tarde para quien pensó que había escapado. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Las investigaciones estatales lo señalaban además como generador de violencia en la región por su presunta participación en operaciones armadas y enfrentamientos entre células rivales.
Los antecedentes públicos de El Checo se remontan a marzo de 2016 cuando fue detenido sobre la carretera libre Tijuana Tecate con más de 28 kg de cristal y 36,000 en efectivo. Cuando los especialistas de la unidad de servicios periciales terminaron de procesar la escena en la calle Benito Juárez, el inventario que quedó documentado en el expediente contaba una historia que ningún boletín oficial ha narrado completa.
Primero los casquillos calibre pun 380 y calibre 9 mm, no uno de cada uno, varios. La dispersión en la escena indicaba que los disparos no fueron ejecutados desde una posición fija. Los tiradores se movieron mientras disparaban o dispararon desde ángulos distintos alrededor del vehículo. Eso tiene un nombre técnico en los protocolos de balística forense, patrón de fuego convergente.
Significa que la víctima no tenía salida desde el momento en que comenzaron los disparos. El HRV azul era una trampa cerrada antes de que sonara el primer disparo. Cada casquillo recuperado esa noche representa una decisión, una fracción de segundo en que alguien apretó un gatillo contra una mujer de 53 años que daba clases de preescolar por las mañanas.
Multiplica eso por la cantidad de orificios que peritos encontraron en distintas partes del cuerpo de Lucía. El resultado no es un número, es una declaración de intención. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. Después del inventario balístico vino el interior de la camioneta y aquí es donde el expediente deja de ser un documento forense y se convierte en algo más difícil de leer.
Sobre el asiento del copiloto abierto con las páginas expuestas a la noche de Chihuahua estaba el cuaderno. No era un cuaderno de lujo, era el tipo de cuaderno que cualquier maestra de preescolar tiene en su bolsa. pasta gruesa, hojas cuadriculadas, escritura a mano con tinta azul. Pero las páginas de ese cuaderno no tenían sumas ni nombres de niños.
Tenían colonias, tenían casillas electorales, tenían nombres de personas con anotaciones al margen, quién podía mover estructura? ¿Quién necesitaba seguimiento? ¿Quién había confirmado asistencia a las reuniones de las últimas semanas? Era el mapa operativo de Lucía en la zona sur de Chihuahua. Su trabajo de años condensado en páginas a mano.
Una de esas páginas tenía una mancha de sangre en la esquina inferior derecha. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Lucía no iba a una reunión de negocios oscuros esa noche. No iba a cerrar ningún trato. Iba a una farmacia en su municipio con su cuaderno de trabajo con su esposo en su camioneta. iba siendo exactamente lo que era, una maestra que hacía política de base en el único municipio que conocía bien. Pero lo más valioso no brillaba.
Porque entre todo lo que los peritos levantaron de esa escena, lo que más peso tiene en el expediente federal no son los casquillos ni la camioneta, son los registros, los documentos, las comunicaciones que la investigación federal comenzó a cruzar en las horas siguientes al crimen. Ese cuaderno manchado de sangre es solo la versión análoga de algo mucho más grande que Harfouch está reconstruyendo página por página en Ciudad de México.
Y entonces surgió la pregunta que nadie en los noticieros ha formulado todavía. ¿Qué información tenía Lucía Guadalupe Mora que alguien consideró suficientemente peligrosa como para silenciarla esa noche? Ese cuaderno está en la Fiscalía de Chihuahua. Esta noche sus páginas contienen nombres y hay al menos una persona con poder que está rezando para que nadie las lea.
Lo que más valioso no brillaba y eso es lo que nadie está discutiendo. El 13 de mayo, mientras la presidenta Claudia Shane Bound pedía no adelantar conclusiones en su conferencia mañanera, Omar García Harfuch ya tenía sobre su escritorio el primer reporte de análisis federal del caso. No habló en cámara esa mañana, no necesitó hacerlo.
Cuando Harfu habla sobre un caso como este, lo hace con la precisión de quien ya tiene más información de la que está dispuesto a revelar en público. Su postura transmitida a través de los canales institucionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue la siguiente. Lo ocurrido en Valle de Allende es un crimen que no va a quedar sin respuesta.
La coordinación federal con las autoridades de Chihuahua está activa. Los responsables serán identificados y quienes dieron la orden también. Cuatro oraciones sin adjetivos, sin retórica. Analicemos cada una. Eso explica el error. Lo que sigue explica la magnitud. Lo ocurrido en Valle de Allende es un crimen que no va a quedar sin respuesta.
Arfuch no dijo homicidio, no dijo feminicidio, dijo crimen. En el lenguaje de la inteligencia operativa, esa palabra es más amplia y más deliberada. Implica que hay una red detrás del hecho, no solo un gatillero. La coordinación federal con las autoridades de Chihuahua está activa. Esta frase es la más cargada de las cuatro.
Chihuahua tiene gobernadora de oposición. La relación entre el gobierno federal y el estado ha sido tensa desde hace meses y el escándalo de los supuestos agentes de la CIA la tensó al máximo. Decir que la coordinación está activa no es un gesto de cortesía, es una advertencia. El gobierno federal ya está dentro del caso. Con o sin la cooperación plena del Estado.
Los responsables serán identificados. No dijo detenidos. No dijo capturados, dijo identificados. Harf sabe que en casos como este la identificación pública es a veces más poderosa que la detención. Cuando el nombre sale la red se mueve y cuando la red se mueve comete errores y quienes dieron la orden también.
Esta última frase no estaba dirigida a la prensa, estaba dirigida a una persona específica que esa mañana leyó la declaración en algún lugar de Chihuahua y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El intérprete sabe que Harfook ya está mirando en su dirección, pero había algo que el objetivo no sabía todavía.
El asesinato de Lucía Guadalupe Mora Ávalos no es el primer caso en que un cuadro político territorial es eliminado en el contexto de una disputa entre el gobierno federal y un estado de oposición en México. Es parte de un patrón que los analistas de seguridad llevan documentando desde 2021. El patrón funciona así.
Cuando la tensión política entre la federación y un gobierno estatal llega a un punto de quiebre, los actores más vulnerables no son los que aparecen en los titulares. Son los operadores de base, los que tienen la información territorial, los que mueven la estructura en los municipios, los que saben qué está pasando en las colonias que los líderes nacionales nunca visitan.
Esos son los que desaparecen primero. En Chihuahua ese patrón tiene un agravante que lo hace diferente a los casos de otros estados. La presencia documentada de organizaciones criminales con capacidad logística suficiente para ejecutar operaciones de este nivel de coordinación en municipios rurales y desaparecer sin dejar rastro.
No se necesita un cartel grande con nombre conocido. Se necesita una célula local con conocimiento del territorio, acceso a armamento de dos calibres distintos y una ruta de salida planeada. Eso existe en la zona sur de Chihuahua, ha existido por años. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: ¿Por qué la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no ha confirmado el móvil del crimen ni la identidad de los agresores en más de 24 horas? En casos de alto perfil político, el silencio institucional no es neutral, es una posición. Cuando una
fiscal estatal no sale a cámara a decir, “Estamos investigando todas las líneas cuando los boletines oficiales son escuetos y técnicos, cuando las respuestas se limitan a confirmar que la víctima fue encontrada sin vida, ese silencio dice más que cualquier declaración.” La dirigencia nacional de Morena lo leyó correctamente.
Ariadna Montiel Reyes no esperó 24 horas para señalar a Maru Campos, no porque tuviera evidencia forense de su responsabilidad directa, sino porque en la política mexicana, cuando algo así ocurre en tu estado y tú guardas silencio, el silencio se convierte en tu declaración. Lo que este operativo confirma y que Harf ha articulado en privado a su equipo es que la violencia política en México ha dejado de ser un fenómeno electoral.
Ya no ocurre solo en periodos de campaña, ocurre en los momentos de mayor tensión institucional cuando alguien con información sensible está en el lugar equivocado. En el momento equivocado, Lucía Guadalupe Mora tenía información, la estaba usando para hacer su trabajo y eso fue suficiente y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente.
Mientras los titulares hablan de política partidista y de la guerra de declaraciones entre Morena y el gobierno de Chihuahua, hay un hombre al que nadie nombra todavía en ningún noticiero. En los archivos de inteligencia federal lo llaman el intérprete. No es el gatillero. No es el jefe visible de ninguna organización criminal.
Es el eslabón que conecta las órdenes que se dan en oficinas con los hombres que las ejecutan en calles de terracería. El intérprete opera en la zona sur de Chihuahua desde hace al menos 3 años. Conoce el territorio mejor que cualquier funcionario de seguridad estatal. Sabe qué rutas están vigiladas y cuáles no.
Sabe a qué hora cambian los turnos en los retenes. Sabe qué celular escuchar y qué conversación ignorar. Y la noche del 12 de mayo, según la reconstrucción que la inteligencia federal está armando pieza por pieza, fue el intérprete quien coordinó la logística de la operación que terminó con la vida de Lucía Guadalupe Mora Ávalos.
Esta noche el intérprete sigue libre. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. Lo que Harfuch tiene ahora es el patrón, los casquillos con su análisis balístico, los registros de torres de comunicación de la zona sur de Chihuahua, en los días previos al crimen, el cuaderno de Lucía con sus páginas manchadas y sus nombres escritos a mano.
el testimonio del esposo que sobrevivió, quien desde su cama de hospital ha comenzado a hablar con los investigadores federales sobre lo que vio y lo que escuchó en los segundos antes de que comenzaran los disparos. Lo que le falta a Harf cadena de mando completa sabe quién ejecutó, está reconstruyendo quién coordinó. Lo que todavía está atrasando es quién tomó la decisión original, quién levantó el teléfono, en qué ciudad, desde qué oficina o desde qué rancho, y dijo el nombre de Lucía con la frialdad de quien está resolviendo un problema logístico.
En el próximo video vamos a entrar al expediente que la Fiscalía de Chihuahua no quiere que el gobierno federal revise. Hay en ese cuaderno manchado de sangre al menos cuatro nombres que aparecen subrayados con tinta roja. Una anotación que Lucía hizo en los días previos a su muerte. Cuatro nombres que conectan la operación política de Morena en la zona sur con el escándalo de los agentes extranjeros en Chihuahua.
Y uno de esos nombres pertenece a alguien que hoy ocupa un cargo público. La fecha en que esa información llegó al escritorio de Harfush fue el 13 de mayo a las 6:17 de la mañana. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta. ¿Quién le dijo a el intérprete el nombre de Lucía? Volvamos al principio.
Dos armas, dos calibres distintos, cero detenidos. Eso es lo que quedó en la calle Benito Juárez la noche del 12 de mayo. Pero ahora sabes lo que hay detrás de esos tres datos. Una maestra de preescolar que construyó durante años la confianza de un municipio entero y la convirtió en estructura política.
Una mujer que creyó que su trabajo de base no la convertía en objetivo. Un cuaderno con páginas a mano que alguien en Chihuahua quería que desapareciera esa noche junto con ella. y una mancha de sangre en la esquina de una página que los noticieros convencionales no van a mostrar nunca. Lucía Guadalupe Mora Ávalos no murió porque era un cuadro político menor en un municipio olvidado del sur de Chihuahua.
murió porque sabía exactamente qué estaba pasando en su territorio. Murió porque lo estaba documentando y murió porque alguien, alguien que todavía no tiene nombre público, alguien a quien en los archivos federales llaman el intérprete y alguien por encima de él que todavía no tiene ni siquiera un código, decidió que esa información no podía seguir moviéndose.
Ese detalle pequeño cuenta una historia grande y esa historia no ha terminado. Fuch tiene el expediente, tiene los casquillos, tiene los registros de comunicación, tiene al esposo que sobrevivió y que está hablando. Lo que viene ahora no es una investigación que avanza despacio, es un cerco que se cierra en silencio, el tipo de cerco que Harf ha cerrado antes y que los objetivos siempre subestiman hasta que ya es demasiado tarde.
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Activa la campanita porque el próximo video entra directo al expediente que la Fiscalía de Chihuahua no quiere que exista. Comparte este video con alguien que crea que ya sabe toda la historia, porque lo que acabas de escuchar es solo la primera capa. El cuaderno de Lucía tiene cuatro nombres subrayados en tinta roja.
Uno de ellos ocupa un cargo público hoy y Harfuch ya sabe cuál es. Esa respuesta tiene fecha, tiene nombre. Y la próxima semana la vamos a contar aquí. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Hardfick y nosotros vamos a encontrarla.
