Eran las 3:45 de la tarde del lunes 24 de mayo de 1993. El calor de Jalisco pesaba sobre el asfalto del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Nada hacía presagiar que, en cuestión de segundos, la historia de México cambiaría para siempre. El Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, una de las figuras más queridas y respetadas de la Iglesia Católica, llegaba al lugar para recibir al Nuncio Apostólico Girólamo Prigione. Vestía su sotana negra, el alzacuellos blanco y una cruz pectoral que brillaba bajo el sol. No había margen para el error: su identidad era innegable.
Sin embargo, en un instante, el estacionamiento se convirtió en un infierno de pólvora y plomo. Más de 200 casquillos de armas largas alfombraron el suelo mientras 14 proyectiles impactaban directamente en el cuerpo del prelado. La versión oficial, acuñada casi de inmediato por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, habló de una “confusión” en medio de un fuego cruzado entre los carteles de Tijuana y Sinaloa. Pero hoy, 33 años después, los documentos y testimonios emergentes pintan una realidad muc
ho más siniestra: una ejecución de Estado diseñada para silenciar a un hombre que sabía demasiado.
La bofetada en Los Pinos: El preludio de la tragedia
Para entender por qué mataron al Cardenal, hay que retroceder 18 días antes del crimen. El 6 de mayo de 1993, Posadas Ocampo solicitó una audiencia urgente en la residencia oficial de Los Pinos. Bajo el brazo llevaba un portafolios que contenía pruebas demoledoras: nexos directos entre altos funcionarios del gabinete salinista y las cúpulas del narcotráfico.
Según testimonios de personas allegadas al eclesiástico, la reunión no terminó en diálogo, sino en violencia. Se afirma que José María Córdoba Montoya, el poderoso jefe de la oficina de la presidencia, tomó al Cardenal por la solapa, le propinó una bofetada y lo expulsó del despacho. La línea roja se había cruzado. El Cardenal ya no solo era un observador incómodo desde su época como obispo en Tijuana; se había convertido en una amenaza letal para el proyecto del Tratado de Libre Comercio (TLC), que dependía de mantener una imagen de “limpieza” ante los ojos de Estados Unidos.
Una ejecución a quemarropa: El mito de la confusión
La teoría del “error” se desmorona ante la evidencia balística. El médico forense Mario Rivas Souza, quien documentó miles de autopsias en su carrera, fue enfático años después: los disparos fueron “directísimos”. El Cardenal recibió impactos a menos de un metro de distancia. Incluso, se detectó pólvora en su mandíbula, lo que indica un tiro de gracia a escasos 80 centímetros. ¿Cómo puede un sicario entrenado confundir a un hombre con sotana y vestimenta clerical con un narcotraficante a esa distancia?
Además, la logística del evento sugiere una operación coordinada desde las sombras del poder. Mientras el cuerpo del Cardenal aún sangraba en el Grand Marquis blanco, los hermanos Arellano Félix abordaban tranquilamente un vuelo comercial de Aeroméxico hacia Tijuana. Nadie los detuvo. Nadie los interrogó. Como si una mano invisible hubiera despejado el camino para su huida tras cumplir con el encargo.
La autopsia prohibida y el silencio del Vaticano
Uno de los detalles más perturbadores de este expediente es la intervención directa de la Presidencia de la República tras el asesinato. Mientras el cuerpo era trasladado a la Cruz Roja, el nuncio Prigione recibió una llamada de Carlos Salinas de Gortari. La orden fue tajante: se dispensaba la autopsia. En un caso de magnicidio, renunciar a las pruebas físicas es, en términos judiciales, un acto de encubrimiento masivo. Sin disección interna ni estudio de trayectorias completo, la evidencia se evaporó por decreto presidencial.
Pero el escándalo no termina ahí. Meses después, el propio Nuncio Prigione se reunió en secreto con los hermanos Arellano Félix en la Ciudad de México. Los asesinos materiales le confesaron al representante del Papa que ellos no habían matado al Cardenal. Prigione, en lugar de llevar esta información a las autoridades judiciales, llamó esa misma noche a Salinas para informarle. El Vaticano y el Estado Mexicano cerraron filas en un pacto de silencio que ha durado décadas.
El portafolios desaparecido y el hilo conductor del magnicidio
¿Qué pasó con los documentos que el Cardenal llevaba consigo ese día? El portafolios que contenía las pruebas de la narcopolítica desapareció de la escena del crimen. Nunca fue entregado al arzobispado ni incluido en el inventario de pertenencias. Alguien se aseguró de que las palabras de Posadas Ocampo murieran con él.
Este crimen no fue un evento aislado. Analistas y periodistas de la talla de Anabel Hernández han señalado que los mismos nombres que aparecen en el expediente Posadas (Córdoba Montoya, Manlio Fabio Beltrones, Jorge Carrillo Olea) resurgirían apenas diez meses después en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Parece ser que el mismo aparato operativo que “limpió” el camino en Guadalajara, lo hizo de nuevo en Lomas Taurinas.
Justicia en el olvido: Un caso que se niega a morir
Hoy, el caso sigue formalmente “abierto” en un juzgado de Jalisco, pero sin avances reales. Las sentencias contra los supuestos autores materiales fueron anuladas en 2009 debido a las múltiples irregularidades y pruebas sembradas por la entonces Procuraduría General de la República. El sistema apuesta al olvido biológico: esperar a que los protagonistas mueran para que la verdad sea enterrada por el tiempo.
Sin embargo, la Iglesia Católica de México ha decidido no callar. En cada aniversario, la demanda de justicia resuena en la Catedral de Guadalajara. No es solo la pérdida de un líder religioso; es la herida abierta de un país que descubrió ese 24 de mayo que nadie, ni siquiera un príncipe de la Iglesia, está a salvo cuando decide desafiar a la maquinaria del poder y el narcotráfico. La memoria de Posadas Ocampo sigue viva en cada fiel que reza en su tumba, recordándonos que mientras no haya verdad, no habrá paz en la historia contemporánea de México.
