Y por eso viene a cuento el parafrasear a Sorjuana Inés de la Cruz. nuestra gran poetisa del siglo XV en sus famosas redondillas, hombres necios. Y el verso podría ser este, a ver, ¿qué les parece? O cuál es más de culpar, aunque cualquier mal haga, el país de los que pecan por la paga México, o el de los que pagan por pecar, Estados Unidos.
Igual tiene sentido parafrasear el inicio mismo del verso y decir, “Vecino necio del norte, que acusáis a México casi sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.” Hasta aquí, Sorjuana y el parafraseo. Y es que de no existir la notable demanda de drogas ilegales en la sociedad norteamericana y de no existir el contrabando masivo de armas procedentes del norte del Río Bravo, los llamados carteles de la droga mexicanos no serían las formidables organizaciones criminales que hoy son y que tanto
malestar causan en las buenas conciencias norteamericanas. Y sin la existencia de esos consumidores y proveedores del norte, los carteles mexicanos no tendrían razón ni recursos para existir, al menos no en su modalidad de actores criminales internacionales dignos de aparecer en Netflix. Como ya quedó claro, fue solo por accidente que el gobierno mexicano descubrió que al menos cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, estaban operando ilegalmente en Chihuahua y con el consentimiento de la autoridad
local. Inmediatamente después de darnos por enterados del caso Chihuahua y del reclamo del gobierno federal a Washington, unos fiscales de Nueva York hicieron pública su petición de captura y extradición de 10 funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluidos el gobernador y un senador, ambos del partido de la presidenta Claudia Shabound, acusándolos de estar o haber estado en la nómina de los narcotraficantes del cartel de Sinaloa.
Desde la óptica de la prensa norteamericana, la acusación de los fiscales neyororquinos opaca en importancia la ilegalidad de la presencia de la Cí en chihuahua y supuestamente habrá de sumir al gobierno de la 4T en México en una crisis justo cuando según esa misma prensa, el apoyo ciudadano a la presidenta Shane Bam está declinando.
desde México, la situación no pareciera ser la propia de una crisis interna y en cualquier caso conviene tener en cuenta que según los sondeos de opinión al finalizar abril la presidenta mexicana tenía la aprobación del 68% de la ciudadanía. Encuesta del Financiero. En contraste, el ocupante de la Casa Blanca apenas cuenta con la aprobación del 37% de los ciudadanos de su país.
Encuesta del Washington Post, ABC News y Ipsos. Y el embrollo en que está por decisión propia este personaje en el Oriente Medio, sí tiene realmente visos de una crisis, aunque hay que reconocer que la posición dura del mandatario norteamericano en relación al control de la frontera con México le ha redituado, pues de entre todas sus políticas esa posición dura en relación a los mexicanos tiene El mayor reconocimiento positivo por parte de la ciudadanía del norte, el 45%, aunque el 56% la desaprueban Guardian del 3 de mayo de este año. La
reacción de la presidenta mexicana ante las acciones norteamericanas ha sido la de exigir una vez más respeto para la soberanía mexicana. caso Chihuahua y luego demandar las pruebas realmente sustantivas con que se sustenta la petición de arresto y extradición de los funcionarios, el caso de Sinaloa. Veamos ahora las dos soberanías y en su relación con estos problemas.
Es natural e inevitable que en un entorno como el descrito, la soberanía esté en el centro del discurso presidencial mexicano. Pero, ¿qué significa exactamente ese concepto y qué implica su defensa? Partamos de que no hay una definición de soberanía universalmente aceptada, pero puede decirse que en teoría cualquiera que sea la definición se referirá al ejercicio efectivo de la autoridad suprema de un estado dentro de su territorio.
Y ese ejercicio tiene al menos dos dimensiones, una interna y otra externa, como lo señalara un reconocido teórico del tema Stephen Krasner en Soberity Organized Hipocrisy de 1999, si bien fueron los acuerdos de Vesfalia de 1648, donde se puso fin no solo a dos guerras europeas que parecer interminables, sino que por primera vez propusieron crear un orden europeo que bajo el principio de reconocer a todos los estados involucrados como entes plenamente soberanos e iguales, aceptara el derecho irrestricto de todos y cada uno de ellos
a gobernarse sin interferencias externas. Desafortunadamente, la norma defalia fue sistemáticamente negada por la realidad y la desigualdad en poder siguió siendo la relación central entre los estados y el respeto a la soberanía de los débiles fue en la práctica letra casi muerta, pues el grado de soberanía de cada estado desde entonces y hasta ahora ha seguido dependiendo endo no de los tratados e instrumentos jurídicos, sino de su poder y de su habilidad para usarlo.
En el caso mexicano y desde la restauración de la República en 1867, el comportamiento del, llamémosle entre comillado, factor norteamericano ha sido el elemento determinante del grado en que la sociedad y el estado de nuestro país han podido ejercer su soberanía. En el caso de la externa, la gran asimetría de poder militar y económico frente a nuestro vecino del norte ha sido la determinante y este es un hecho tan obvio que no tiene sentido ahondar en él.
En contraste, el caso de la soberanía interna es relativamente diferente. En el plano interno tenemos y debemos emplear a fondo el poder gubernamental y el de la movilización social para ser efectivo y dar sentido al reclamo de respeto a nuestra autonomía. La coyuntura actual, así lo demanda. La soberanía interna se refiere a la capacidad del gobierno de efectivamente ejercer su derecho y obligación de ejecutar su autoridad dentro de las fronteras.
Y aquí viene a cuento la definición de Max Weber sobre la esencia del Estado, su monopolio de la violencia legítima. Si quien debe mantener como un instrumento insustituible el monopolio de la violencia legítima, pero no puede imponerse claramente sobre aquellos que le retan de manera abierta, sistemática y organizada, ejerciendo una violencia criminal y que en determinadas regiones incluso supera en mando a la de el gobierno.
Entonces, hay una falla grave e inaceptable en la esencia del Estado y de la soberanía. Y algo casi equivalente ocurre si la corrupción, la ausencia de profesionalismo y de sentido de responsabilidad de los funcionarios afecta al aparato administrativo. Y resulta que nuestro caso, de tarde en tarde, el gobierno de Estados Unidos aprovecha estas fallas del Estado mexicano para deslegitimarlo y presionarlo, lo que afecta tanto al gobierno como al régimen y por ende a la soberanía.
El cambio de régimen a partir de 2018 se hizo enarbolando las banderas de la anticorrupción, del buen gobierno y de la seguridad. Sin embargo, dada la fuerza y hondura de la corrupción, sus raíces datan de al menos la época colonial. No es dado esperar que los males seculares se superen unos cuantos años. Es claro que debemos esforzarnos más por acelerar el paso en esta materia y sobre todo cerrar públicamente las puertas al ingreso a puestos de poder, a las biografías sospechosas de corrupción y especialmente a las sospechosas de las
ligas con la violencia ilegítima del crimen organizado. La interferencia o injerencia desde el exterior puede afectar el campo de la soberanía interna y mucho. En nuestro caso, el peso de la presión norteamericana, de los organismos internacionales o de las grandes concentraciones de recursos económicos deben y pueden ser confrontadas por y con la legitimidad de la autoridad y de su respaldo social.
Solo así tiene sentido y es efectivo el poner a la soberanía en el centro del discurso nacional. Tenemos que ganar todos los días la soberanía interna para enfrentarnos al hecho de que la soberanía externa es relativa debido a nuestra debilidad en elementos de poder. Muchas gracias por su atención.
