En medio de un país cada vez más polarizado, atravesado por cicatrices históricas y desafíos cotidianos abrumadores, hay algo que como sociedad no podemos seguir ignorando ni postergando: la forma en la que se ejerce el poder y cómo, desde la cima de la pirámide institucional, se asume —o se evade— la responsabilidad. Más allá de las ideologías de izquierda o derecha, por encima de los partidos políticos tradicionales o emergentes, y superando las simpatías o antipatías personales, lo que realmente debería importarnos como ciudadanos críticos es la coherencia. La inquebrantable línea que debe existir entre lo que se predica en los escenarios y lo que verdaderamente se hace en la práctica.
Colombia atraviesa momentos sumamente complejos y dolorosos. Cada decisión que se toma en los pasillos del Palacio de Nariño tiene un impacto directo, profundo y a menudo irreversible en la vida de millones de personas. Madres, trabajadores, soldados, niños; todos dependen de la sensatez de sus gobernantes. Por eso, es absolutamente fundamental y clave analizar nuestra actualidad con un criterio afilado, despojados de fanatismos ciegos y de esas cegueras colectivas que tanto daño le han hecho a nuestra historia republicana. Hoy nos adentramos en una profunda reflexión sobre hechos recientes, actitudes alarmantes y declaraciones oficiales que han generado un acalorado debate en la opinión pública. El objetivo no es el ataque destructivo, sino la reflexión imperativa, porque un país jamás se construye desde los extremos rabiosos, sino desde la conciencia ciudadana, la responsabilidad ética y la valiente capacidad de cuestionar incluso a aquellos que, en algún momento, creímos que tenían la razón absoluta.
La doble moral en nuestro país ha alcanzado niveles que resultan realmente impresionantes y descorazonadores. A lo largo de los últimos meses, muchos colombianos han observado con perplejidad cómo se le han festejado al actual presidente, Gustavo Petro Urrego, actos y declaraciones que en cualquier otra democracia moderna serían considerados intolerables. Hablamos de graves episodios de discriminación y desdén que han pasado inadvertidos para sus más fervientes defensores, pero que dejan una mancha imborrable en la investidura presidencial.
Retrocedamos en el tiempo hacia un revelador Consejo de Ministros. En aquel entonces, ante la mirada atónita de los presentes, se dirigió a la cartera de la igualdad con una frase que hiela la sangre por su carga discriminatoria y su tono despectivo: “A mí ningún negro me viene a decir qué se debe hacer”. Esta expresión, cargada de un racismo velado y un autoritarismo innegable, es solo la punta del iceberg de una serie de comportamientos que revelan la verdadera naturaleza de quien ostenta el poder. Y la situación no se detiene allí. Se ha referido en los peores términos, de manera despectiva y denigrante, a Francia Márquez. Resulta paradójico y cruel que, independientemente de las evaluaciones sobre su gestión, sea su propio jefe inmediato quien la insulte, olvidando por completo que fue precisamente la figura de Francia Márquez una de las plataformas fundamentales que le ayudó a alcanzar la presidencia de la República. Esta falta de lealtad básica y este maltrato institucional dibujan el perfil de un liderazgo fundamentado en el desprecio por el otro.
El lenguaje es el espejo del alma, y en el caso del actual mandatario, las palabras elegidas para referirse a las mujeres revelan un machismo de proporciones alarmantes y asfixiantes. No hay reparo en tildar a las mujeres periodistas, profesionales que dedican su vida a buscar la verdad y a ejercer el contrapeso necesario en una democracia, como “las mafiosas”. A las mujeres que se atreven a ser opositoras al gobierno, que alzan su voz desde sus convicciones políticas, las degrada llamándolas “las princesas de la oligarquía” o, en un tono aún más macabro y violento, “las vampiras sangrientas”. ¿Qué clase de mensaje se le envía a las niñas y jóvenes de Colombia cuando el máximo líder del país utiliza la tribuna pública para estigmatizar, caricaturizar y violentar verbalmente a las mujeres que no se someten a su voluntad? Esto denota un machismo estructural, visceral, que le sale del alma y que discrimina sin pudor. Es la evidencia de un hombre que, tras el barniz de los discursos progresistas, esconde un profundo desprecio por la igualdad de género y el respeto a la diferencia.
Pero el análisis de su figura va mucho más allá de las palabras; se refleja con crueldad en todas y cada una de sus decisiones, en sus actitudes cotidianas y en las discusiones innecesarias que arma para desviar la atención. Los hechos recientes demuestran una carencia de empatía que roza lo inhumano, revelando a una persona incapaz de conectarse con el dolor genuino de su pueblo.
Tomemos un momento para recordar, con un nudo en la garganta, la tragedia ocurrida hace apenas dos o tres semanas. Kevin, un niño colombiano diagnosticado con hemofilia, perdió la vida. Su muerte no fue producto del destino ineludible, sino de la falta de medicamentos, una falla sistémica, estatal y administrativa que le arrebató el futuro a un inocente y dejó a una familia destrozada para siempre. Ante este drama desgarrador, ¿cuál fue la respuesta del jefe de Estado? Lejos de asumir la responsabilidad institucional, de ordenar investigaciones inmediatas, de abrazar el dolor de una madre que acababa de enterrar a su hijo, este señor salió públicamente a decir que la culpa de la muerte de Kevin recaía sobre su propia madre, por haberlo dejado montar en bicicleta. La bajeza de esta declaración es incalculable. Culpar a una madre sumida en el peor duelo imaginable, responsabilizar a la víctima para limpiar la ineptitud del Estado, es el acto de un ser humano que ha perdido cualquier brújula moral. Es un comportamiento que muchos calificarían de despreciable, una muestra irrefutable de que la condición humana en las altas esferas del poder puede estar irremediablemente dañada.
Y como si esta desconexión con la realidad y el sufrimiento ajeno no fuera suficiente, la tragedia volvió a golpear a la nación. Hace escasas horas, Colombia entera enmudeció de dolor cuando se precipitó a tierra el avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana. En este siniestro, 69 muchachos, jóvenes soldados de la patria con sueños, familias y un juramento de servir al país, perdieron la vida de forma trágica y repentina. Frente a 69 ataúdes cubiertos con la bandera tricolor, el país esperaba un mensaje de consuelo, de unión nacional y de liderazgo solemne. Sin embargo, el autoproclamado líder “intergaláctico”, en una demostración de soberbia y desvarío, salió ante los medios a justificar la tragedia afirmando que el gobierno de los Estados Unidos le había regalado “chatarra” a Colombia, cuestionando por qué se había recibido dicha aeronave.
En su afán incesante por evadir culpas y dándoselas de experto auditor, confundió de manera vergonzosa los conceptos más básicos de contabilidad, mezclando la depreciación en el tiempo del valor financiero de los bienes con el uso real, físico y operativo de las máquinas. Semejante insensatez obligó a que el propio comandante de la Fuerza Aérea Colombiana tuviera que salir a la luz pública para desmentir al presidente y restaurar el honor de la institución, aclarando que el avión Hércules siniestrado contaba con un mantenimiento riguroso y excelente, y que poseía la capacidad técnica y estructural para volar con seguridad durante 20 años más. Otra vez, la necesidad patológica de culpar a otros terminó ofendiendo la memoria de los caídos y faltando a la verdad institucional.
Este patrón de evasión sistemática de responsabilidad se ha convertido en la firma de su mandato. Todo, absolutamente todo lo que sale mal, es culpa de los demás. Si se revela que crecieron las hectáreas de cultivos de coca de una manera desproporcionada y alarmante en el territorio nacional, la culpa no es de una política de seguridad fallida o de estrategias de erradicación ineficientes; mágicamente, la culpa es de las Naciones Unidas. Según su visión distorsionada, es culpa de la ONU porque, según él, “no tienen una manera científica de mirar cuántas hectáreas hay”. Si se dispara como nunca antes en la historia la producción de cocaína, inundando los campos de violencia y enriqueciendo a los cárteles transnacionales, la excusa es inmediata: es culpa de los “gringos”. Y así, infinitamente.
Felipe Zuleta, con una precisión dolorosa pero certera, describe a este mandatario no como un estadista, sino como un individuo incapaz de asumir una sola responsabilidad por absolutamente nada. Es un comportamiento que nos remite a la psicología infantil más básica. Zuleta utiliza una anécdota personal que ilustra este fenómeno a la perfección: recuerda a su hija pequeña, María, cuando tenía uno o dos añitos. Como todo niño de esa edad, se ensuciaba los pañales. El olor era evidente, ella caminaba incómoda, y cuando su padre le preguntaba con cariño: “María, ¿estás cagada?”, la pequeña se volteaba iracunda, negando la realidad evidente frente a sus narices, respondiendo: “¡No, no estoy cagada!”.
Esta metáfora, aunque cruda, es el reflejo exacto del actual gobierno. Es “cagada tras cagada”, error tras error, desastre tras desastre, y la respuesta siempre es una negación iracunda y la transferencia de la culpa a un tercero. Es un infantilismo político sumamente peligroso cuando quien lo padece tiene a su cargo el destino económico, social y militar de cincuenta millones de personas.
Esta negación patológica de la realidad nos introduce en un terreno psicológico muy oscuro y preocupante que afecta directamente el ejercicio del poder: la mitomanía. No estamos hablando del político tradicional que exagera una estadística o incumple una promesa de campaña; estamos hablando de un mitómano profundo. Un individuo que se monta sus propias películas, que hila rollos argumentativos complejos y fantásticos, y que, como buen mitómano, los recita hasta que él mismo termina creyéndolos con convicción religiosa. El mitómano genuino no siente culpa al mentir porque, en su mente fracturada, ha reemplazado la realidad objetiva con su propia verdad inventada.
En la política moderna, la palabra no es solo una herramienta de comunicación; la palabra es poder en su estado más puro. Tiene la capacidad de construir realidades, de inspirar a las masas, de influir en las decisiones de millones de ciudadanos, de mover los mercados y de definir el rumbo histórico de una nación. Pero surge entonces una pregunta aterradora y clave: ¿qué pasa cuando la línea divisoria entre la realidad tangible y el discurso presidencial comienza a desdibujarse por completo? Ahí es cuando la mitomanía se convierte en un arma de destrucción masiva para la confianza pública.
La mitomanía política no es simplemente mentir para salir del paso; es construir relatos alternativos, historias paralelas que buscan justificar lo injustificable. En el caso de Gustavo Petro, este debate ha surgido con una fuerza inusitada por la forma en que interpreta y tuerce distintos hechos a su conveniencia. Sus discursos han generado una profunda controversia, no solo por las políticas que propone, sino por cómo presenta el mundo. Para sus seguidores más fervientes, se trata de una visión distinta, revolucionaria e incomprendida del país; para el resto de la nación, para los críticos y observadores internacionales, se trata de una desconexión clínica con la realidad.
El peligro más grande de este patrón discursivo, de esta tendencia enfermiza a atribuir responsabilidades a factores externos —ya sea el imperio, las oligarquías imaginarias, la ONU, o las madres de los niños fallecidos— es que revela una incapacidad absoluta para corregir el rumbo. En política, construir un relato es normal, todos los gobiernos lo hacen para dar sentido a sus políticas. Pero reemplazar la cruda realidad con una narrativa propia, negando la evidencia empírica, es extremadamente peligroso.
Un país que sangra, que sufre, que lucha por salir adelante, necesita certezas. Necesita confianza institucional. Necesita desesperadamente líderes que tengan la madurez emocional e intelectual de reconocer sus errores, de pararse frente a las cámaras y decir: “Nos equivocamos, y vamos a corregirlo de esta manera”. Cuando esa humildad y esa honestidad no existen, se genera un abismo, una desconexión brutal entre el gobierno en su palacio de cristal y la ciudadanía que sufre en las calles de barro. Y esa distancia termina debilitando la credibilidad de todo el sistema democrático.
Además, debemos comprender que este tipo de discursos fundamentados en la irrealidad y la culpa ajena tienen un efecto emocional y sociológico devastador. Polarizan. Dividen a la sociedad de manera tajante y violenta entre aquellos que asumen el relato como un dogma de fe inquebrantable y aquellos que rechazan esa narrativa basados en la razón y la evidencia. Esta trinchera ideológica hace cada vez más difícil, si no imposible, el diálogo civilizado y la construcción de acuerdos nacionales. Cuando una sociedad pierde su capacidad de debatir con criterio, basándose en hechos reales y no en los delirios de un gobernante, se vuelve increíblemente vulnerable a la ruina institucional y moral.
