tiene 18 años. Cuando los policías lo detectaron en la esquina de la privada de Acalotenco en la colonia San Sebastián, hizo lo mismo que hacen todos los que tienen algo que esconder. Arrojó una bolsa al piso y echó a correr. No llegó lejos. Metros adelante, los agentes lo interceptaron, lo revisaron y encontraron lo que ya se imaginaban.
una pistola cargada con 10 cartuchos, 20 envoltorios de marihuana y 13 paquetes de cristal, todo escondido en una cangurera pegada al cuerpo. Ese muchacho se llama Víctor Manuel Corona Muñoz y aunque su detención parece otra captura rutinaria más en Azcapotzalco, hay algo que la hace completamente diferente.
Las autoridades lo señalan como uno de los responsables del asesinato de tres hombres que fueron obligados a hincarse antes de morir. Un crimen grabado en video, un crimen que sacudió a toda la zona poniente de la Ciudad de México. Y lo más perturbador de todo, los asesinos que participaron en ese ataque todavía no están todos detenidos.
Para entender quién es Víctor Manuel Corona Muñoz, primero hay que entender el grupo al que pertenece. Los malportados no son una banda de barrio improvisada, son una célula criminal con estructura, jerarquía y conexiones que van mucho más allá de Azcapotzalco. Las autoridades los ubican como un brazo operativo del cártel Nuevo Imperio, una organización que, según los registros de seguridad surgió alrededor de 2017, conformada en parte por desertores del cártel de Sinaloa que buscaron establecerse en la zona metropolitana después de la captura
de Damazo López Núñez, alias el licenciado y la entrega de su hijo. Desde entonces, el nuevo imperio fue ganando territorio de forma sistemática. Su zona de operaciones abarca múltiples alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Gustavo A. Maderoe, Itapalapa, además de municipios del Estado de México como Atizapán de Zaragoza, Hixkilucan, Naucalpan, Tralnepantla, Ecatepec y Coautitraniscali y en Azcapotzalco, los malportados son los que cobran la extorsión a comerciantes y transportistas, los que controlan los
puntos de venta de droga en colonias como el Hawei y San Sebastián y los que mandan ejecutar cuando alguien de la competencia se cruza en su camino. El nombre del grupo viene directamente de su fundador y líder. Gustavo Aldeir Arzate Vázquez, conocido como el malportado o el 19. Este hombre tomó el control del cártel Nuevo Imperio después de la detención de su predecesor, Néstor Arturo López, alias el 20.
Bajo su mando, los malportados se consolidaron como uno de los principales generadores de violencia en la capital. Secuestros, homicidios, extorsión a comerciantes y transportistas, robo de vehículos de carga, narcomenudeo a gran escala. Esa era la operación y funcionó durante años. Hasta agosto de 2025, el 2 de agosto, trabajos de inteligencia coordinados entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, fuerzas federales, la Guardia Nacional y la Marina llevaron a las autoridades hasta Acapulco, Guerrero. Allí, en un club de
playa, Gustavo Alder festejaba su cumpleaños rodeado de sus principales operadores, el Tosco, el Cabezas, El Frijol y otros dos hombres de confianza. Los detuvieron a todos mientras consumían drogas y manipulaban armas. En el operativo se aseguraron tres armas de fuego, 51 cartuchos útiles, cuatro básculas de precisión, 80 dosis de cristal, medio kilogramos de pastillas de fentanilo y 165 g de marihuana.
El secretario de seguridad, Pablo Vázquez Camacho, calificó esa detención como un golpe importante a la estructura del cártel Nuevo Imperio y técnicamente tenía razón. Pero lo que Nari anticipó completamente fue lo que pasaría después, porque cuando cae la cabeza de un grupo criminal de estas características, la estructura no desaparece, se reorganiza.
Los operadores de nivel medio toman el control de sus territorios y los más jóvenes, los que no tienen nada que perder, los que aún tienen que demostrar lo que son capaces de hacer, llenan los espacios que quedan. Víctor Manuel Corona Muñoz tenía 17 años cuando el malado fue detenido. Para mayo de 2026, cuando fue capturado por la policía, ya tenía 18 y ya había, según las investigaciones, participado en uno de los homicidios más documentados y difundidos que ha producido este grupo.
El 29 de abril de 2026, en los andadores de la unidad habitacional Francisco Villa, a espaldas del plantel Csh Azcapotzalco, tres hombres perdieron la vida. Se llamaban Kevin Silvestre y Miguel Ángel San Juan García. Tenían 19,25 y 28 años. Eran padre e hijos. Las autoridades señalaron posteriormente que contaban con antecedentes delictivos y que estaban relacionados con una célula criminal rival conocida como el virus, presuntamente encabezada por un interno identificado como Alberto Rodríguez.
Ese detalle es importante porque explica por qué fueron el blanco. No eran civiles ajenos al conflicto, eran parte de una disputa territorial que lleva meses cobrando vidas en la zona poniente de la Ciudad de México. Pero lo que convirtió este homicidio en un caso distinto a los demás fue el video, un registro de los hechos grabado por el propio agresor que circuló en redes sociales días después del crimen.
En él se ve con claridad como un joven armado obliga a las tres víctimas a hincarse en los pasillos de la unidad habitacional. Les apunta directamente a la cabeza. Las víctimas intentan reaccionar, intentan moverse, pero no tienen escapatoria. Se contabilizaron al menos 11 detonaciones. El agresor, después de disparar, se acercó a los cuerpos para verificar que ya no hubiera movimiento.
El joven que aparece en ese video fue identificado como Donovan Sánchez Romero, de 19 años. Las investigaciones lo señalan como el autor material del triple homicidio. Lo capturaron el 3 de mayo, 4 días después del ataque, en la misma colonia San Sebastián. Cuando los policías lo detectaron, estaba manipulando una mochila negra. Al verlos corrió.
Lo alcanzaron en la privada de Acalotenco. En la mochila encontraron un arma de fuego, ocho cartuchos útiles, 58 bolsas de marihuana, 48 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y el teléfono celular. Ese teléfono, según las autoridades, contenía la grabación del homicidio. Donovan también fue vinculado con un ataque armado ocurrido el 17 de abril en la calle 6 de Mayo, donde una persona murió y tres más resultaron heridas.
Sin embargo, el caso de Donovan no llegó a los tribunales días después de su detención, mientras se tramitaba su presentación ante un juez de control en el reclusorio norte para enfrentar cargos por narcóticos y homicidio, el joven de 19 años murió en un hospital de la Ciudad de México. Las autoridades notificaron a la Fiscalía General de Justicia sobre su fallecimiento, pero hasta la fecha no se han dado detalles públicos y completos sobre las circunstancias exactas de su muerte.
La fiscalía mantiene abiertas tanto las investigaciones por los homicidios que se le atribuían como las que tienen que ver con las condiciones en que falleció. Su desaparición del proceso judicial dejó abierta una pregunta que los vecinos de Azcapotzalco siguen haciéndose. Si él fue el ejecutor material que aparece en el video, ¿quién más estaba en ese andador ese martes en la tarde? ¿Quién cubrió las salidas? ¿Quién confirmó que las víctimas estaban ahí? Las investigaciones señalaban desde el principio que no actuó solo y esa
parte del caso es la que todavía no tiene respuesta. Las cámaras de videovigilancia, el trabajo de inteligencia de campo y el cruce de información con la Fiscalía capitalina comenzaron a construir un mapa de quienes más formaban parte de la operación. Y fue así como 5co días después de la captura de Donovan el 8 de mayo, los elementos de la SCS detectaron a Víctor Manuel Corona Muñoz en la colonia San Sebastián.
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El patrón fue casi idéntico. Un joven que al ver a los policías intenta deshacerse de lo que lleva y sale corriendo. La diferencia es que esta vez la bolsa que arrojó contenía 20 dosis de marihuana y 13 envoltorios de cristal. Y en la cangurera que llevaba pegada al cuerpo, la pistola con su cargador y 10 cartuchos útiles listos para disparar.
La detención fue resultado de semanas de trabajo de inteligencia. No fue casualidad. Las autoridades ya sabían quién era Víctor Manuel. Ya lo tenían en la lista de personas a investigar. El operativo de reforzamiento de seguridad en Azcapotzalco, ordenado tras el triple homicidio, había convertido toda la alcaldía en un territorio bajo vigilancia intensiva.
Lo que hace particularmente notable el caso de Víctor Manuel es su edad, 18 años. Para cuando fue detenido, llevaba tiempo operando para los malportados. Las autoridades lo investigan no solo por su presunta participación en el homicidio del 29 de abril, sino también por actividades de extorsión y narcomenúdeo en la zona.
Ese perfil, el del menor de edad o recién llegado a la mayoría que ya tiene un historial operativo, es exactamente el tipo de perfil que los malportados han estado reclutando desde que su estructura de mando fue golpeada con la detención de el malado en agosto del año pasado. Sin liderazgo consolidado, la célula opera con más autonomía en sus diferentes niveles y los más jóvenes son los que ponen la cara, los que están en la calle, los que corren los riesgos más altos.
El secretario Pablo Vázquez Camacho anunció la detención de Víctor Manuel a través de sus redes sociales. El mensaje fue claro. El operativo de seguridad en Azcapotzalco no va a detenerse. Se continuará trabajando para desarticular células delictivas que operan en la alcaldía con énfasis en los delitos de homicidio, extorsión y narcomenúdeo.
Pero la pregunta que no tiene respuesta oficial todavía es la más incómoda de todas. ¿Cuántos integrantes de los malportados participaron en el ataque del 29 de abril? Dos detenidos en dos semanas, uno de ellos ya muerto y el caso sigue abierto. Las autoridades confirman que continúan las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en el homicidio.
Eso en el lenguaje policial significa que sí las hay. El vídeo del ataque es un elemento central de la investigación, no solo porque documenta los hechos con una claridad brutal, sino porque permite a los peritos analizar detalles la forma en que se coordina el movimiento de las víctimas, si había más personas en los alrededores cumpliendo funciones de vigilancia o cubriendo las salidas.
En operativos de este tipo, el ejecutor no actúa solo. Hay halcones que monitorean el área, hay personas que confirman la presencia de las víctimas. Hay conductores que esperan. Los malportados no son amateors, son una organización con métodos y con una cadena de mando que aunque golpeada sigue funcionando. Azcapotzalco sigue siendo una alcaldía bajo presión.
No hay que olvidar que el mismo 29 de abril, el mismo día en que Kevin Silvestre y Miguel Ángel San Juan García fueron asesinados en la unidad Francisco Villa a unas pocas colonias de distancia. En Nueva Santa María, una familia entera fue encontrada muerta dentro de su casa. Un hombre, una mujer y dos niñas de 16 y 12 años, todos con heridas de arma punzo cortante.
Sobre la espalda del padre, los asesinos habían clavado con un puñal un mensaje que decía por no pagar a la unión. Ese crimen fue atribuido a la Unión Tepito. Cuatro personas fueron detenidas días después en Atizapán de Zaragoza. Dos organizaciones criminales distintas, dos masacres el mismo día. Eso no es coincidencia. Eso es lo que sucede cuando el control territorial está en disputa.
El contexto es importante también para entender la trayectoria de los malportados. Según los registros de seguridad, esta célula está enfrascada en una guerra de territorios no solo contra el virus, la banda rival a la que pertenecían las víctimas del 29 de abril. También sostiene conflictos con el cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana por el control de puntos de venta y rutas de distribución de droga en la zona poniente y en el corredor entre la Ciudad de México y el Estado de México. En ese mapa de disputas, cada
homicidio es un mensaje y Azcapotzalco es la plaza donde esos mensajes se escriben con más frecuencia últimamente. Vale la pena agregar un dato que no aparece en los comunicados oficiales, pero que da dimensión a lo que está pasando. El mismo día en que los malportados ejecutaron a Kevin Silvestre y Miguel Ángel San Juan García en la unidad Francisco Villa, otro detenido relacionado con esta estructura identificado como el Shimon, cuyo nombre real es Adrián Vázquez Morales, de 25 años, fue vinculado a proceso por un
homicidio calificado cometido el 22 de septiembre de 2025 en la colonia Sindicato Electricista en Azcapotzalco. En ese caso, el Shimón interceptó a una víctima desde un vehículo, bajó, disparó y huyó. El juez consideró suficientes las pruebas presentadas por la fiscalía, incluyendo entrevistas, seguimiento técnico y análisis de evidencias para vincularlo a proceso.
Eso significa que mientras la célula todavía operaba en las calles, sus integrantes ya estaban siendo procesados en los tribunales. La presión judicial y policial sobre los malportados lleva meses acumulándose. Lo que vimos en mayo de 2026 no fue el inicio de esa presión, fue su escalada. Lo que está pasando en Azcapotzalco en estas semanas de mayo de 2026 tiene dimensiones que van más allá de las detenciones individuales.
Hay algo que vale la pena detenerse a pensar. Donovan Sánchez Romero tenía 19 años. Víctor Manuel Corona Muñoz tiene 18. El primero murió antes de llegar a un juicio. El segundo está frente al Ministerio Público y en algún lugar de la alcaldía las investigaciones apuntan a que hay más personas que participaron en ese ataque del 29 de abril que todavía no han sido identificadas o capturadas.
¿Qué lleva a un joven de 17,18 o 19 años a integrarse a una célula criminal? La respuesta no es sencilla y no cabe en un comunicado oficial. Las colonias donde operan los malportados como San Sebastián son territorios donde la presencia del crimen organizado no es nueva, es parte del paisaje. Desde adolescentes, los jóvenes de esas zonas conviven con halcones, con vendedores de droga, con hombres que tienen pistolas y dinero.
Para algunos de ellos, esa es la única estructura de ascenso social visible, la única que ofrece pertenencia a recursos y reconocimiento. No es justificación, es un diagnóstico que las autoridades, los gobiernos y la sociedad llevan décadas ignorando o atendiendo de forma insuficiente. Los vecinos de la unidad activacional Francisco Villa siguen viviendo con lo que pasó el 29 de abril.
El andador toma de Torreón, donde quedaron los tres cuerpos. Es un lugar por el que pasan familias todos los días. Madres con niños, personas mayores, estudiantes que van y vienen del cchh. El crimen organizado no opera en el vacío, opera en espacios donde vive gente común que no tiene nada que ver con los conflictos entre células criminales, pero que carga con las consecuencias todos los días.
La detención de Víctor Manuel Corona Muñoz es un paso. Es parte de un operativo que, según las autoridades, no va a detenerse hasta desarticular la célula. Pero la desarticulación completa de los malportados en el mejor de los escenarios no resuelve el problema estructural. Después del malportado vino la reorganización.
Después de Donovan y Víctor Manuel habrá otros. Siempre hay otros. Mientras los factores que empujan a los jóvenes hacia el crimen organizado sigan intactos, la cadena no se rompe, se reconfigura. Lo que sí ha quedado claro en estas semanas es que las autoridades capitalinas están aplicando una presión sostenida sobre este grupo en particular.
El reforzamiento de seguridad en Azcapotzalco no fue solo retórica, produjo detenciones concretas en secuencia apoyadas en inteligencia y videovigilancia. Eso no es menor. Y el caso del triple homicidio del 29 de abril sigue abierto porque hay personas que participaron en él y que todavía no han respondido ante la justicia. ¿Quiénes son? Esa es la pregunta que la Fiscalía capitalina, la SCC y los trabajos de inteligencia están tratando de responder.
Y mientras esa respuesta no llegue, la historia de Kevin Silvestre y Miguel Ángel San Juan García de un padre y sus dos hijos que murieron hincados en los andadores de su unidad habitacional permanece inconclusa. Ellos tenían antecedentes. Ellos formaban parte de un grupo delictivo rival. Eso es lo que dicen los reportes. Pero también tenían familias.
También había personas que los conocían de toda la vida, que los vieron crecer en esas mismas calles, que ese martes 29 de abril recibieron la noticia y no supieron qué decir. La justicia en este caso avanza, pero lo hace de forma incompleta. Hay un ejecutor material muerto antes de ser juzgado. Hay un segundo detenido de 18 años que enfrenta cargos y hay, según todo indica, más personas que participaron en ese ataque que todavía no están frente a ningún juez.
Eso es lo que queda pendiente y eso es lo que hace que el caso del 29 de abril en la unidad habitacional Francisco Villa no sea un expediente cerrado, sino uno que sigue abierto y que dependiendo de lo que encuentren las investigaciones en los próximos días y semanas puede revelar mucho más de lo que ya sabemos sobre la estructura de los malportados, sobre quién los dirige hoy y sobre hasta dónde llega su capacidad de violencia en la zona poniente de la Ciudad de México. Go!
