Hay capítulos en la historia moderna de una nación que se niegan a quedar sepultados bajo el polvo del olvido, por más que se intente construir muros altos, jardines impecables y silencios blindados al otro lado del océano. En octubre de dos mil veinte, mientras la población mexicana intentaba sortear los estragos económicos y sociales heredados de un sexenio marcado por escándalos constantes, violencia desbordada y una profunda crisis de desconfianza en las instituciones, el rostro de aquel periodo aparecía completamente desconectado de esa realidad. Enrique Peña Nieto no se encontraba rindiendo cuentas ante un tribunal de su país ni resguardado en su natal Atlacomulco, sino en una exclusiva y vigilada urbanización en las cercanías de Madrid, España. Aquel refugio dorado en Valdelagua marcó el reinicio de una serie de cuestionamientos sobre una farsa política que México jamás terminó de cerrar del todo. El mandatario que fue presentado como el reformador joven dispuesto a transformar las estructuras del Estado terminó convertido en el centro de investigaciones que exponen una red de propiedades bajo nombres de terceros, contratos gubernamentales a modo, triangulaciones financieras internacionales y una dinastía familiar estrechamente vinculada al presupuesto público.
Para comprender las dimensiones de esta estructura, resulta indispensable remontarse a los orígenes, lejos de las capitales europeas. Todo comenzó en el Estado de México, específicamente en el municipio de Atlacomulco. Durante décadas, este territorio funcionó como una auténtica escuela de poder donde las posiciones políticas parecían transmitirse de forma hereditaria. Una vieja leyenda local refiere que desde mediados del siglo pasado se formuló una profecía que auguraba la salida de varios gobernadores de esa tierra, uno de los cuales alcanzaría la máxima magistratura del país. Antes de que Peña Nieto se consolidara
como una figura mediática, esa red informal conocida en los círculos políticos como el Grupo Atlacomulco ya delineaba un estilo de gobernar donde los negocios privados y la función pública compartían los mismos espacios. Personajes de gran peso como Isidro Fabela, Carlos Hank González y Arturo Montiel Rojas pavimentaron un camino que el joven político recorrería con rapidez, ocupando una diputación local y alcanzando la gubernatura estatal en dos mil cinco. Su imagen fue cobrando una enorme relevancia en las pantallas televisivas, siendo proyectado como el rostro de la renovación de su partido para recuperar el gobierno federal.
Sin embargo, detrás de la cuidada producción de imagen existían vacíos que comenzaron a evidenciarse en eventos públicos de gran trascendencia, como su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en diciembre de dos mil once, donde la incapacidad para nombrar las lecturas que marcaron su formación expuso las carencias del candidato. Asimismo, la dolorosa pérdida de su primera esposa, Mónica Pretelini, en dos mil siete, dejó una estela de dudas y versiones encontradas que la narrativa oficial prefirió evadir, priorizando la preservación de una estética impecable por encima de las aclaraciones puntuales. Con miras a la campaña presidencial de dos mil doce, la estrategia requería la conformación de una estampa familiar idónea que generara empatía en los hogares, y fue ahí donde la figura de la célebre actriz Angélica Rivera se integró al relato político, transformando una contienda electoral en una narrativa con tintes de melodrama televisivo.
La boda celebrada en noviembre de dos mil diez en la catedral de Toluca cumplió con todas las expectativas mediáticas, consolidando la imagen del candidato presidencial. No obstante, detrás de la ceremonia religiosa se ocultaba un conflicto eclesiástico de profundas implicaciones humanas. La actriz ya había contraído matrimonio previo con el productor José Alberto Castro, celebrando nupcias en la Ciudad de México y Acapulco. Para la obtención de la anulación eclesiástica que hiciera viable el nuevo enlace, las autoridades eclesiásticas locales iniciaron un proceso sumamente severo contra el sacerdote José Luis Salinas Aranda, conocido por su cercanía con figuras del espectáculo. El clérigo fue señalado de participar en ceremonias irregulares, lo que derivó en su destitución y en un severo desprestigio público. A pesar de que en dos mil doce el máximo tribunal del Vaticano, la Rota Romana, revisó el caso determinando que Salinas Aranda no contó con una defensa justa y fue víctima de un proceso simulado, la verdad llegó demasiado tarde para el sacerdote, quien falleció en dos mil quince tras padecer una grave enfermedad, sin recibir una disculpa pública acorde al daño sufrido, mientras la pareja presidencial ya habitaba la residencia oficial de Los Pinos.
Una vez instalado en el gobierno, la construcción de la modernidad prometida comenzó a contrastar con la edificación de monumentos al exceso privado. El caso más emblemático fue la denominada Casa Blanca, una lujosa mansión ubicada en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, valuada en millones de dólares y equipada con sistemas tecnológicos de vanguardia. Una detallada investigación periodística reveló que el inmueble no figuraba a nombre del presidente ni de su cónyuge, sino de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una compañía propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, líder del Grupo Higa. Este contratista guardaba una añeja relación con el mandatario desde sus tiempos en el gobierno mexiquense, beneficiándose de múltiples contratos de obra pública. El escándalo escaló a niveles críticos al coincidir con la licitación del millonario proyecto ferroviario México-Querétaro, otorgado a un consorcio donde participaba una filial del mismo Grupo Higa, lo que forzó la cancelación de la obra ante la presión de la opinión pública y dejó al descubierto un patrón de favores económicos cruzados. Adicionalmente, se documentó el uso de otra residencia vinculada al mismo empresario que sirvió como oficina de transición durante el periodo postelectoral de dos mil doce, evidenciando que el ejercicio del poder se encontraba estrechamente ligado a intereses corporativos predilectos.
El verdadero alcance del desvío de recursos públicos trascendió las propiedades residenciales para institucionalizarse en esquemas financieros complejos, siendo el más devastador la denominada Estafa Maestra. Mediante este mecanismo, múltiples dependencias del gobierno federal desviaron más de cuatrocientos millones de dólares utilizando a universidades públicas como intermediarias. Estas instituciones educativas, amparadas en la legalidad de los convenios gubernamentales, subcontrataron a ciento veintiocho empresas fachada que carecían de personal, infraestructura y operaciones reales, provocando la desaparición de fondos destinados a programas de desarrollo social, salud y educación en las regiones más vulnerables del país. Altos funcionarios de la administración, incluyendo a secretarios de Estado como Rosario Robles y gobernadores locales como Javier Duarte, resultaron implicados en un sistema que operaba con total regularidad administrativa. En el plano internacional, las declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, detallaron el ingreso de más de diez millones de dólares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, recursos que presuntamente se destinaron al financiamiento irregular de la campaña presidencial de dos mil doce y a la compra de votos legislativos para asegurar la aprobación de reformas estructurales de gran calado.
La influencia de la corrupción presidencial alcanzó también una dimensión dinástica, extendiéndose hacia el entorno familiar más cercano a través de empresas y asignaciones contractuales de gran envergadura. Un ejemplo de ello es la compañía Plasti Stéril, fundada a principios de la década de los noventa por Enrique Peña Nieto, su padre, su hermano y su tío. Aunque la firma transnacional Baxter adquirió la totalidad de las acciones años más tarde, las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera identificaron a otra entidad del mismo ramo médico, denominada Compañía B, que obtuvo contratos gubernamentales por más de diez mil quinientos millones de pesos durante el sexenio peñista, beneficiando de forma indirecta al entorno de Atlacomulco. De igual manera, programas destinados al desarrollo agrícola sufrieron desvíos significativos. Auditorías federales señalaron a la empresa Productores F C B, donde el entonces cuñado del mandatario, Juan José Chimal Velasco, fungía como tesorero, por irregularidades financieras en la asignación de apoyos al campo que debieron beneficiar a trabajadores agrarios en situación de precariedad. Estos vínculos familiares con el presupuesto estatal se vieron enmarcados por denuncias de violencia económica y abusos interpuestas por parejas sentimentales del entorno, quienes acusaron la existencia de un manto de impunidad que permitía a los implicados evadir la acción de la justicia y salir del territorio nacional sin mayores contratiempos.
Al concluir el mandato en diciembre de dos mil dezocho, con un nivel de aprobación ciudadana sumamente deteriorado, el expresidente optó por un retiro de la escena pública nacional instalándose en el continente europeo. Mediante la obtención de un visado de inversionista en España, Peña Nieto adquirió un local comercial en el barrio madrileño de Chamberí con un valor superior a los quinientos setenta mil euros, pagado sin financiamiento hipotecario visible. Posteriormente, fijó su residencia en el exclusivo complejo habitacional de Valdelagua, ocupando un inmueble construido sobre una gran extensión de terreno, propiedad de una firma constructora aliada. Pese a la distancia, las autoridades financieras mexicanas continuaron el rastreo de sus operaciones, detectando transferencias internacionales enviadas por un familiar directo hacia las cuentas españolas del exmandatario por una suma cercana a los veintiséis millones de pesos, además de flujos en efectivo por más de ciento ochenta y nueve millones de pesos entre dos mil trece y dos mil veintidós. Estos movimientos bancarios mantienen abierta la indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia dudosa. La farsa presidencial que inició con promesas de renovación y portadas de revista concluye de este modo, con un país que continúa asumiendo los costos de un saqueo sistémico y un exlíder que observa el curso de la historia guarecido detrás de los muros de la impunidad extranjera.
