Por eso es fundamental que este contenido se comparta, que Colombia despierte y que la gente opine sin miedo porque la pregunta es inevitable. ¿Estamos frente a un simple fallo técnico o ante un abuso de poder descarado que alguien intentó normalizar? Y atención, porque lo que sigue tiene fechas, cifras y fundamentos jurídicos que no admiten discusión, ya que el pasado 11 de diciembre se convocó una asamblea extraordinaria de accionistas del Fondo Nacional de Garantías, con un único punto en el orden del día, votar la remoción de Sarabia como miembro de la junta
directiva. Una votación que terminó siendo unánime y fulminante fuera porque aunque desde el 14 de octubre ella ejercía como embajadora de Colombia ante el Reino Unido, pretendía continuar sentada en la junta de una de las entidades financieras más relevantes del grupo bicentenario, cobrando honorarios mientras despachaba desde Londres.
Una situación que se originó en enero de este año cuando fue nombrada en la junta del FNG, pero que explotó cuando cruzó la línea roja de la legalidad al asumir funciones en el servicio exterior, sin renunciar a sus beneficios en el sector financiero estatal, lo que encajaría presuntamente en una transgresión directa del artículo 128 de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe de forma expresa que un servidor público ejerza simultáneamente ente más de un cargo público o reciba más de una asignación proveniente del tesoro
público. Y no solo eso, porque el decreto 274 del año 2000 que regula el servicio exterior es claro al establecer que un funcionario diplomático debe dedicarse de manera exclusiva a representar al país. Entonces surge la pregunta incómoda. ¿Cómo se pretendía representar la voz de Colombia ante la corona británica y al mismo tiempo decidir sobre créditos y garantías financieras en una junta directiva en Bogotá? Una ambición que terminó rompiendo el saco, ya que los abogados externos, contratados por el propio
grupo bicentenario respaldaron las denuncias ciudadanas, elevando la gravedad del caso del plano administrativo al económico y judicial, pues según la información recopilada, Sarabia no solo asistía a las juntas ordinarias, sino que integraba subcomisiones especializadas y por cada sesión los pagos a los miembros.
oscilarían entre los 7 y los 12 millones de pesos, cifras que acumuladas representarían sumas escandalosas obtenidas mientras el país enfrenta una crisis económica profunda. Un tema que ya había sido advertido por el concejal Daniel Briseño, quien radicó denuncias judiciales por esta duplicidad de funciones, pero que terminó detonando cuando el propio gobierno empezó a sentir miedo, ya que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, mencionado como Germán Ávilá en algunos reportes de base informativa, junto con los
directivos del grupo bicentenario entraron en pánico tras recibir el concepto jurídico externo que no solo concluyó que Sarabia estaba inhabilitada para ejercer ambos cargos, sino que lanzó una auténtica bomba jurídica al advertir que todas las decisiones tomadas por la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías, mientras ella participó, podrían estar viciadas de nulidad, decisiones que involucran miles de millones de pesos en garantías crediticias para el sector productivo, un riesgo que hoy mantiene en vilo a los
altos funcionarios del ministerio Ministerio de Hacienda y por eso este informe que pocos se atreven a difundir necesita el respaldo ciudadano porque la salida de Sarabia no fue una renuncia voluntaria ni un acto de ética personal, sino una remoción forzada por el enorme peligro jurídico que representaba para el sistema financiero estatal su insistencia en acumular cargos y salarios.
Y como si fuera poco, la trama se vuelve aún más. Oscura con la salida de otra pieza clave, Piedad Muñoz, presidenta encargada del grupo bicentenario, quien junto a Sarabia, según audios filtrados y confirmados por asesores de alto nivel como Sebastián Echeverry, ejercía un control absoluto y casi dictatorial sobre las juntas directivas del holding financiero más grande del país.
Un panorama que deja una pregunta final flotando en el aire. Debería devolverse el dinero cobrado si se comprueba que todo esto fue ilegal, porque solo la presión ciudadana ha demostrado ser capaz de frenar a quienes intentan atornillarse a las arcas del Estado. eran ellas, según múltiples fuentes y evidencias documentadas, quienes presuntamente movían los hilos de las decisiones económicas más sensibles del Estado, imponiendo criterios políticos por encima de las recomendaciones técnicas y, en este caso concreto,
incluso por encima de la ley misma. Y aquí aparece un punto clave que no puede ignorarse porque la filtración de audios difundidos por medios nacionales confirma la existencia de una estructura de poder paralela dentro del aparato estatal, una especie de gobierno en la sombra donde Laura Sarabia figuraba como protagonista indiscutible, concentrando influencia, decisiones y beneficios, mientras desde la cancillería se intentaba apagar el incendio con un movimiento desesperado, emitiendo un concepto jurídico interno que
convenientemente sostenía que no existía incompatibilidad alguna, aunque dicho concepto no era vinculante y para muchos expertos jurídicos desprendía un fuerte olor a encubrimiento, lo que terminó agravando la situación, ya que la presión mediática ciudadana y la acumulación de pruebas sobre la ilegalidad forzaron al propio grupo bicentenario a contratar abogados independientes para escuchar una verdad incómoda que no querían oír, que estaban jugando con fuego porque la seguridad jurídica de miles de millones de pesos
estaba seriamente comprometida por la presencia de una funcionaria que mientras se encontraba físicamente en Londres ejerciendo como embajadora, seguía figurando, decidiendo y cobrando honorarios en Bogotá, una realidad que obliga a profundizar en la responsabilidad judicial que este caso conlleva, ya que no se trata simplemente de que haya salido de la junta, sino de que si las decisiones adoptadas durante ese periodo están viciadas, cualquier ciudadano, empresa o actor económico afectado por resoluciones del Fondo
Nacional de Garantías podría demandar al Estado generando un detrimento patrimonial de proporciones incalculables, una bomba jurídica que por su gravedad debería estar siendo investigada de oficio por autoridad. es como la Procuraduría y la Fiscalía con la mayor severidad posible, porque surge una pregunta inevitable.
¿Quién va a responder por los honorarios pagados a una funcionaria que legalmente no podía ejercer ese cargo? Y es que la soberbia del poder quedó en evidencia cuando ante las primeras alertas la reacción no fue corregir, sino atacar y desacreditar, aunque los datos son tercos y no mienten, ya que el solo hecho de haber convocado una asamblea extraordinaria el 11 de diciembre demuestra que la situación era insostenible, que no podían esperar a la asamblea ordinaria del próximo año porque el riesgo de demandas masivas y de un colapso
jurídico en el Fondo Nacional de garantías era inminente, razón por la cual el punto de remoción de Laura Sarabia fue aprobado con el objetivo de intentar limpiar a la entidad de la sombra de ilegalidad que proyectaba su permanencia. Y llegados a este punto, resulta imperativo que la ciudadanía no baje la guardia, porque en Colombia, sin censura, se sigue el rastro de cada peso que sale de los impuestos de los ciudadanos y este caso no puede quedar sepultado.
Por eso es vital suscribirse, compartir, opinar con libertad y preguntarse sin miedo si la justicia actuará realmente contra Laura Sarabia o si este será otro episodio de impunidad para los amigos del poder, ya que solo la participación activa rompe el cerco mediático que intenta minimizar la gravedad de este doble cargo y los cobros irregulares que de él se derivan.
Y si continuamos desmenuzando este escándalo, aparece otro frente crítico, el impacto directo en el grupo bicentenario, el holding que agrupa a las entidades financieras del Estado. Porque el hecho de que Sarabia y Piedad Muñoz hayan perdido su poder allí es una señal inequívoca de que la estructura interna está resquebrajada, que existen tensiones profundas con el Ministerio de Hacienda y que el pulso por el control de los recursos públicos está más vivo que nunca.
