Esto es lo que pasa con la caída de Zapatero antes de prisión: Como está devastando su salud interna

Fue diputado por León durante más de dos décadas seguidas y llegó a la Secretaría General del Partido en el año 2000 en un congreso en el que nadie lo esperaba ganar, incluyendo é mismo, según sus propias declaraciones posteriores. Ganó las elecciones de 2004, en gran parte gracias al caos político generado por los atentados del 11 y la gestión de la información por parte del gobierno de ASN.

gobernó hasta 2011, cuando la crisis económica de 2008 y sus consecuencias lo desplazaron del poder después de perder con amplísima mayoría frente al PP de Mariano Rajoy. Durante su presidencia aprobó la ley de matrimonio igualitario en 2005, primera en el mundo hispanohablante en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

aprobó la ley de memoria histórica en 2007, retiró las tropas españolas de Irak, subió el salario mínimo, creó el Ministerio de Igualdad, negoció con ETA en un proceso de paz que terminó fracasando, pero que fue el intento más serio de la historia reciente. Para una parte muy significativa de la izquierda española y latinoamericana, Zapatero representó durante años lo mejor de lo que la social democracia podía ofrecer.

Reformista, dialogante, comprometido con los derechos civiles. Esa imagen le sobrevivió incluso a la crisis económica, que lo trató peor que a casi cualquier otro líder europeo de la época. Cuando dejó la presidencia, no se fue a una empresa privada ni a ningún consejo de administración. Se convirtió en mediador político internacional, principalmente en Venezuela.

Y fue ahí donde la historia empezó a torcerse. Desde 2016 en adelante, Zapatero viajó a Caracas decenas de veces, se reunió con Nicolás Maduro, negoció con Diosdado Cabello, tuvo contacto directo y continuado con Delcy Rodríguez, la mujer que aparece en el sumario como la dama. se presentó como facilitador de diálogos, como puente entre el régimen y la oposición, como alguien que podía hablar con todos los actores sin comprometerse con ninguno.

La oposición venezolana, en su mayoría nunca creyó esa narrativa. Para líderes como Leopoldo López o María Corina Machado, Zapatero no era un mediador neutral, sino un activo del régimen, alguien cuya presencia le daba legitimidad internacional a un gobierno, que los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas calificaban de responsable de torturas, desapariciones y crímenes del esa humanidad.

El diputado europeo Jordi Cañas dijo lo que muchos pensaban. Zapatero estuvo apoyando a un dictador durante años. Blanqueó robos electorales. Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, fue todavía más directa en una intervención que recupere NTN24. Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista.

Se especializó en el tráfico de presos políticos. Zapatero siempre rechazó estas acusaciones. Siempre las calificó de instrumentalizaciones políticas. Siempre insistió en que su papel en Venezuela era humanitario, que servía para salvar vidas, que abrir canales de comunicación con regímenes autoritarios era la única forma de moderar sus excesos desde dentro.

Puede que eso fuera parte de la verdad. Los mediadores a veces pueden serlo con honestidad y lucrar al mismo tiempo. Las dos cosas no se excluyen necesariamente. Pero lo que el sumario pregunta no es si Zapatero creía en su rol de mediador. Lo que pregunta es que sibía a cambio de ejercerlo. La aerolínea que nadie debería haber rescatado.

Para entender el caso, hay que entender qué es Plus Ultra. Y para entender qué es Plus Ultra, hay que entender lo raro que fue su rescate. El nombre Plus Ultra viene de los Reyes Católicos, del escudo de España, del lema que se inscribió en las columnas de Hércules cuando el Imperio Castellano extendió sus dominios más allá del Atlántico.

Más allá el nombre de Tiepes suo historia. La aerolínea con ese nombre era otra cosa. Una compañía de segunda fila fundada en 2011 con sede en Madrid que operaba rutas entre España y varios países de América Latina, principalmente Venezuela. En 2019, antes de la pandemia, transportó a 178,000 pasajeros. Para comparar, Iberia transportó ese mismo año a más de 14,000ones, cuando en marzo de 2021 el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un rescate de 53,000 de euros para Plus Ultra con cargo al FASI, el fondo de apoyo a la

solvencia de empresas estratégicas creado para salvar compañías dañadas por el COVID-19, la decisión generó escándalo inmediato y generalizado. Los críticos señalaron en primer lugar que la aerolínea era demasiado pequeña para ser considerada estratégica bajo los criterios del fondo. Los criterios del Fasé establecían que las empresas beneficiarias debían ser relevantes para la economía española, para el empleo o para sectores críticos.

Una aerolínea con 178,000 pasajeros anuales y menos de 300 empleados difícilmente cumplía esos estándares cuando compañías más grandes del sector no habían recibido ese trato. En segundo lugar, los críticos señalaron que la propiedad de la aerolínea era opaca y tenía capital venezolano. El accionariado de Plus Ultra incluía, a través de una cadena de sociedades que el sumario desglosa en más de 20 páginas, a Rodolfo Reyes Rojas como accionista de referencia.

Aunque su nombre no figuraba directamente en el registro mercantil, el capital estaba a nombre de su esposa, María Aurora López. En tercer lugar, el proceso de evaluación y aprobación del rescate había sido extraordinariamente rápido. Demasiado rápido para una solicitud de 53 millones de euros de fondos públicos. El gobierno de Sánchez lo defendió en todos los frentes.

El entonces ministro de Transportes, José Luis Ávalos, justificó la decisión. El entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura García, se reunió con directivos de Plus Ultra en julio de 2020, 8 meses antes de la aprobación del rescate. El caso llegó a los tribunales. En enero de 2023, un juez del juzgado de instrucción número 15 de Madrid archivó la causa archivada, terminada.

Pero ese juez de instrucción de Madrid no tenía algo que tenía la Homeland Security Investigations de los Estados Unidos. No tenía el teléfono clonado de Rodolfo Reyes en el aeropuerto de Miami. No tenía el mensaje nuestro pana zapatero detrás. No tenía la cadena de transferencias que la UDEF tardaría meses más en reconstruir.

No tenía las conversaciones de Signal que la autoridad francesa había extraído del teléfono de Luis Felipe Vaca en octubre de 2022. Sin esa información, el caso parecía cerrado y durante 2 años lo estuvo. Hay algo que siempre me parece fascinante y no en el buen sentido de estos casos de gran corrupción. La impunidad nunca es para siempre.

Siempre hay un teléfono que no se destruyó a tiempo. Siempre hay un colaborador que tiene conversaciones guardadas. Siempre hay una agencia de inteligencia extranjera que interceptó algo y que en algún momento decide que es el momento de entregarlo. La pregunta no es si aparece el hilo, la pregunta es cuándo. En este caso, el hilo apareció primero en las islas Mauricio en las oficinas virtuales de Blue Cup Corp, luego en los discos duros de la Autoridad de Mercados Financieros de Francia, luego en los servidores de la Fiscalía Anticorrupción

de Ginebra y luego, finalmente, en la carpeta de cooperación internacional de la Fiscalía Anticorrupción de España. Todo eso ocurrió mientras el caso estaba archivado en Madrid. El broke que nadie buscaba, el oro que salió de Caracas, la geometría de la red Luis Felipe Bacarbulo es peruano, tiene la nacionalidad española.

Hasta hace relativamente poco vivía en Madrid en un piso con vistas directas al parque de retiro que compró en marzo de 2024 por 3,9 millones de euros. El precio de mercado en esa zona de la capital española, cerca del paseo de Recoletos, oscila entre los 7,000 y los 12,000 € por metro cuadrad 3,9 millones implica un apartamento de tamaño considerable o uno de tamaño más modesto en un edificio de lujo.

Su hermano Enrique Bakar también residía en Madrid. Luis Felipe Vaca no es el tipo de personaje que aparece en los titulares, es el tipo de personaje que aparece en los folios 847 a 120 de un sumario que nadie lee completo. Un broker, un gestor de patrimonios, alguien que sabe cómo mover dinero entre jurisdicciones de manera que resulte muy difícil de rastrear, que sabe qué tipo de estructura corporativa usar en cada país, que sabe dónde abrir cuentas y dónde no, y que crucialmente sabe a quién llamar cuando las cosas se complican. La autoridad de mercados

financieros de Francia, la AGMF, llevaba tiempo investigándolo. La acusación francesa es concreta, uso de información privilegiada y blanqueo de dinero. En octubre de 2022, las autoridades francesas le incautaron el teléfono móvil durante una diligencia en París y en ese teléfono encontraron lo que siempre se encuentra cuando se abre el dispositivo de alguien que mueve dinero ilegal.

Conversaciones, todas en Signal, la aplicación de mensajería cifrada que usa la gente que sabe que la están mirando. Las autoridades suizas también estaban encima de él. por otro camino diferente. La Fiscalía de Ginebra lo investigaba por participar en redes vinculadas al entorno de Nicolás Maduro para evadir sanciones internacionales sobre la venta de petróleo venezolano.

En esas investigaciones, el nombre de Vaca aparecía junto al de Simón Lenderberhoven, un empresario holandés que vivía en la misma urbanización de Pozuelo de Alarcón, donde también residía el venezolano Danilo Alfonso Díaz Granados. La urbanización de la finca en Pozuelo de Alarcón, a 12 km al noroeste del centro de Madrid, es conocida por ser uno de los enclaves residenciales más exclusivos de España.

Futbolistas, empresarios, políticos y personas cuya fortuna tiene orígenes que prefieren no detallar. Casas de entre 2000 y 5,000 m² de parcela, piscinas climatizadas, seguridad privada en la entrada, silencio total. Es el tipo de lugar donde los vecinos no se conocen entre sí por defecto, sino por elección y donde la pregunta, ¿a qué te dedicas? Rara vez se hace en serio.

Danilo Alfonso Díaz Granados. Mangalo vivía en la finca. Era, según la descripción, que los investigadores franceses incluyen en su solicitud de cooperación, un hombre de negocio cercano a Hugo Chávez. Tenía inversiones en España y tenía contacto regular con Luis Felipe Vaca. La empresa de Vaca en las Islas Mauricio se llamaba Blue Cup Corp.

tenía una filial española llamada Cimana Capital, constituida en Madrid por el abogado Miguel Palomero. Las islas Mauricio no son solo un destino turístico, son una de las jurisdicciones fiscales más permisivas del mundo. 3% de impuesto de sociedades sin tributación sobre dividendos extranjeros y un régimen de confidencialidad para los titulares reales de las empresas que hace muy difícil saber quién está detrás de qué.

Por eso los usan los que necesitan que el dinero viaje sin dejar nombre. Las autoridades de Francia y Suiza, ante la opacidad de las estructuras de Vaca, enviaron el 19 de septiembre de 2024 sus respectivas solicitudes de cooperación internacional a España. Pedían información patrimonial sobre Vaca, su hermano, su esposa francesa y los otros tres nombres: Gabriela Puente, Danilo Díaz Granados y Simón Berjoven.

La solicitud la recibió en Madrid la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UD. Y esa solicitud, ese papel llegado de Berna y de París sobre el patrimonio español de una red de empresarios que la mayoría de los españoles nunca había escuchado nombrar, fue el primer hilo de la madeja que terminaría desenrollándose hasta llegar a la caja fuerte en la calle Ferraz.

El venezolano con las 5 toneladas de oro escucha, porque aquí es donde la historia se pone realmente densa. Y lo digo con respeto, es densa porque la realidad es así de densa, no porque nadie quiera complicarla artificialmente. Dentro de las conversaciones que los investigadores encontraron en el teléfono de Luis Felipe Vaca, había un correo electrónico que se convirtió en uno de los documentos más reveladores del sumario.

El remitente era un gerente comercial de una empresa llamada Coin Airways. Coin Airways tiene su sede operativa en la zona franca del aeropuerto de Dubai y se especializa en el transporte de carga pesada y de alto valor. El correo estaba fechado en julio de 2020. Pedía cotización para transportar entre 5 y 8 toneladas de oro desde Caracas hasta Dubai. 5 a 8 toneladas de oro.

Para que esa cifra tenga contexto. Al precio del oro en julio de 2020 que rondaba los 800 por onza Troy. 5 toneladas equivalían a unos 290 m0000es. 8 toneladas se acercaban a 465,000ones. Ese es el rango del pedido de cotización que apareció en el teléfono de Luis Felipe Vaca. El solicitante de la operación, según el sumario, era Rodolfo Reyes Rojas a través de la cadena de estructuras corporativas que controlaba directa o indirectamente.

Rodolfo Reyes Rojas es el accionista de facto de Plus Ultra. La aerolínea que el gobierno español rescató con 53 millones de euros. No figura en el registro mercantil como accionista directo porque el capital está a nombre de su esposa, María Aurora López. Pero la UDEF y el juez lo identifican como el verdadero propietario y controlador de la empresa.

El mecanismo que usaba para mover ese oro, según el sumario era el siguiente. Reyes y Vaca, junto con el holandés Berhoven y el venezolano Díaz Granados, habían montado una cadena de empresas cuyo único propósito real era convertir toneladas de metal venezolano en euros limpios en cuentas europeas.

Vaca y Días Granados idearon el esquema en un restaurante de Puzzuelo de Alarcón. Las conversaciones en las que lo planificaron quedaron registradas en Signal. Y Signal, aunque cifra los mensajes en tránsito, no puede borrar lo que ya existe en el teléfono físico de quien lo recibe. La empresa central del esquema de blanqueo era Adamas, gestionada por Simón Berhoven, el holandés de la finca.

Una filial de Adamas llamada Alphaira vendía el oro a una empresa domiciliada en Emiratos Árabes Unidos llamada Aljud, también controlada por BAC. El dinero de esa venta viajaba desde Alud a una cuenta en Panamá de una cuarta sociedad cuyo nombre el sumario, mantiene confidencial en su versión pública. Y desde Panamá el dinero llegaba a Rodolfo Reyes, limpio, sin rastro de Venezuela.

El mismo Veroven había declarado ante la Fiscalía de Ginebra que tres de sus sociedades habían otorgado préstamos millonarios a Plus Ultra antes del rescate del Estado español y que esos préstamos habían sido íntegramente reembolsados. El dinero público del Facé, los 53,000000es de euros aprobados por el Consejo de Ministros de Sánchez en marzo de 2021 devolvió esos préstamos privados.

El dinero privado de origen venezolano, ya blanqueado, continuó su camino. Es un círculo cerrado. El estado presta dinero a la aerolínea. La aerolínea usa ese dinero para devolver préstamos privados de origen venezolano. El dinero venezolano, ahora limpio por el circuito, queda disponible para nuevas operaciones.

El 18 de octubre de 2024, la UDEF redactó el primer informe interno que conectaba formalmente todos estos elementos. El texto de 21 páginas era cauteloso en su lenguaje, como son estos documentos por exigencia procesal, pero concluía con una frase que vale la pena reproducir en paráfrasis. Rodolfo Reyes Rojas podría ser de interés en España por sus inversiones y por su participación en Plus Ultra y su presencia en la red de blanco estudiada por las autoridades francesas y suiza justificaba una investigación específica en territorio español. Ese informe de 21

páginas aterrizó en la Fiscalía Anticorrupción a finales de octubre de 2024. se convirtió en la denuncia formal que dio inicio al caso Plus Ultra tal como lo conocemos. El juez que inició la competencia fue desplazado en marzo de 2026 por el juez Calama que asumió la instrucción del caso en la Audiencia Nacional.

A partir de ese momento, el proceso adquirió otra velocidad. Oye, si llevas ya un rato con este video y te parece que vale la pena para entender lo que está pasando en España, guárdalo. Hay gente que prefiere volver a ciertos videos más de una vez para tomar notas. Este es de eso, el nombre en el chat. El alias del Zorro en octubre de 2024, varios días después de que la UDEF elaborara su informe inicial, los agentes ejecutaron el registro del despacho del abogado Miguel Palomero.

Palomero era el letrado que había constituido en Madrid la filial española de la empresa de Vaca, Caimana Capital. Era el punto de contacto formal entre las estructuras offshore de Vaca y el sistema jurídico español. En el teléfono de Palomero, los agentes encontraron un chat denominado Danilo España. Las conversaciones eran entre El letrado y Danilo Alfonso Díaz Granados Mangalo, el empresario venezolano de la finca.

En ese chat, enterradas entre mensajes de gestión aparentemente ordinarios, había referencias a alguien al que los interlocutores llamaban de tres maneras distintas, zorro Z o ZZzz. 4zs. En ese momento, según fuentes del caso, los investigadores de la UDEF tenían hipótesis sobre la identidad del zorro, pero la confirmación no llegó hasta que la Homeland Security Investigations de los Estados Unidos entregó a la Fiscalía Anticorrupción Española el contenido del teléfono clonado de Rodolfo Reyes en el aeropuerto de Miami. Hay que detenerse

aquí un momento para entender qué significa que la Homeland Security intercepte y clone un teléfono en el aeropuerto de Miami. Desde el 11 de septiembre de 2001, los agentes de la Homeland Security pueden clonar el teléfono de cualquier persona que cruce una frontera americana sin necesidad de orden judicial.

No hace falta sospecha previa, no hace falta causa probable, basta con que la gente decida que merece la pena mirarlo. La mayoría de esas inspecciones no producen nada útil. Esta produjo el mensaje en nuestro pana zapatero detrás. La administración Biden entregó esa información a España en 2024, 3 años después de clonar el teléfono.

¿Por qué esperó 3 años? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta pública. Las hipótesis van desde consideraciones diplomáticas hasta la espera de que la investigación española alcanzara el punto de madurez suficiente para aprovechar la información de manera efectiva. En cualquier caso, cuando llegó, llegó completa. El mensaje que Rodolfo Reyes reenviaba el 22 de julio de 2020 era una comunicación de directivos de Plus Ultra describiendo su reunión en el Ministerio de Transportes.

El mensaje original decía en paráfrasis, “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones. El papel del ministerio será únicamente hablar bien de las compañías, que en nuestro caso lo tenemos asegurado.

” Y Reyes, al reenviarlo a alguien de su círculo, añadió, “Sí, bro, nuestro pana zapatero detrás.” La UDEF sumó esa pieza al expediente y a partir de ese momento el caso dejó de ser un asunto sobre una aerolínea de segunda fila rescatada con dinero público. Pasó a ser un asunto sobre el primer expresidente del gobierno de España, investigado por el nivel más grave de organización delictiva.

Para los investigadores, el mensaje de Reyes confirmaba también la identidad del zorro en el chat de Palomero. Los apodos Zorro, Z y Z correspondían a alguien cuyo apellido empieza por Z. En el contexto de las conexiones con España y con el gobierno de Sánchez, la referencia era una sola persona posible. Zapatero, el triángulo, las conexiones y el mapa de la red.

El auto del juez Calama describe la estructura de la presunta organización criminal con una geometría específica, un triángulo, tres vértices, tres funciones diferentes pero complementarias. El primer vértice es Zapatero, identificado en el sumario como el núcleo decisor. El texto del auto es muy explícito en este punto.

Su liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión. Esto tiene implicaciones jurídicas precisas. En el Código Penal español, el delito de organización criminal requiere que exista una estructura jerarquizada con reparto de tareas.

El núcleo decisor no necesita ejecutar directamente las operaciones. Basta con que tenga la capacidad y el ejercicio real de dirigir. La UDEF, según el sumario, detectó comunicaciones en las que mandos de Plus Ultra se referían a Zapatero con la expresión Aquimanda, no una vez varias. El segundo vértice es Delsy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela identificada en el sumario con el alias La dama.

Su rol, según la UDE, es el de controladora del suministro, los buques petroleros clandestinos que evaden sanciones internacionales, el negocio de minerales preciosos venezolanos, los contratos de recursos naturales, incluyendo oro, petróleo, carbón, gas y níkel, que aparecen a lo largo del sumario como fuentes de origen del dinero.

Delsy Rodríguez en paralelo tenía una relación directa y documentada con Zapatero. El expresidente español negoció con ella en múltiples ocasiones durante la crisis postelectoral venezolana de 2020. Esos contactos eran públicos. Lo que el sumario añade es que esa relación tenía presuntamente una dimensión económica que no era pública.

En el sumario aparece un mensaje interceptado que dice del sí que llame Ábalo o alguien con zapatero. Ese mensaje lo enviaba alguien del entorno de Plus Ultra durante el proceso de gestión del rescate. En una sola oración conecta la vicepresidenta chavista, al exministro de Transportes José Luis Ávalos y al expresidente Zapatero como tres palancas disponibles para mover el proceso de aprobación del rescate en Madrid.

El tercer vértice del triángulo es el entorno español de la red. Julio Martínez Martínez como intermediario financiero, el propio Plus Ultra como vehículo del flujo de capital y una conexión que el sumario apunta pero todavía no desarrolla completamente en su versión pública. Una empresa vinculada al Partido Comunista Chino. El juez Calama ya solicitó información a las autoridades de inteligencia españolas sobre esa rama de la investigación.

Los resultados de esa consulta no son públicos. Hay algo que vale la pena subrayar sobre la arquitectura del triángulo, tal como la describe el sumario. Los tres vértices son de tres países distintos, España, Venezuela y China. La red, si se confirma lo que el auto describe, conecta tres sistemas políticos radicalmente diferentes con un único objetivo compartido.

El movimiento de dinero a través de estructuras legales suficientemente complejas como para resultar invisibles a primera vista. Eso no es corrupción de guante blanco doméstico, es algo cualitativamente diferente. Jordi Cañas lo formuló de la siguiente manera en NTN24. Todos sabíamos que Zapatero no era un mediador.

Él se vendía como mediador internacional, pero eso tenía un costo y probablemente estuviera pagado. La palabra pagado tiene peso jurídico diferente del que tiene remunerado o compensado. Pagado implica una transacción, un servicio por un precio. El sumario, a través de las 174 transferencias identificadas por la UDET, intenta demostrar que esa transacción existió y que dejó rastro.

Si tienes activada la campana de notificaciones, el video que estamos preparando sobre las ramificaciones chinas del caso va a completar este cuadro de manera muy significativa. Actívala si todavía no lo has hecho. Lo que había en la caja fuerte. El registro del despacho. El jueves 22 de mayo de 2026, 3 días después de que el juez Calama levantara el secreto del sumario y 4 días antes de la publicación de este video, agentes de la UDEF ejecutaron el registro del despacho del expresidente.

El despacho está ubicado en la calle Ferraz de Madrid número 70. Si estás en España y conoces Madrid, sabes exactamente de qué zona hablamos. Ferraz es la calle donde está la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español. El despacho de Zapatero no está en la sede del partido, sino enfrente, en el lado contrario de la calle, a 100 m, a la distancia que hay entre el poder que fue y el poder que queda.

Los agentes iban acompañados del grupo operativo de intervenciones técnicas, el GOI. Esta unidad es la especialista en la apertura de cajas fuertes y de sistemas de seguridad electrónica. Su presencia en un registro no es rutinaria. Se solicita cuando se tiene información previa de que habrá elementos de este tipo que abrir.

La UDEF sabía antes de entrar que había una caja fuerte. Cuando la abrieron, dentro varias categorías de material. Primero, joyas, más de un centenar de piezas, relojes, brazaletes, pulseras, anillos, collares. La cantidad era llamativa incluso según los propios estándares del registro, según señalaron fuentes del caso a varios medios. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal solicitó de inmediato que un perito joyero externo al cuerpo policial realizara una primera tasación del valor real del conjunto.

El juez Calama, una vez reciba ese informe pericial, decidirá qué piezas se mantienen como indicio en la causa. Segundo, dos teléfonos móviles incautados y enviados a análisis forense. Tercero, dos discos duros extraídos de un ordenador del despacho. Cuarto, numerosas carpetas con documentos físicos cuyo contenido específico no ha sido hecho público.

Y quinto, lo más llamativo en términos simbólicos, fotografías de lingotes de oro, impresas en papel guardadas en la caja fuerte del despacho de un expresidente del Gobierno de España, fotografías de lingotes de oro venezolano. La secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, estaba presente durante el registro.

facilitó voluntariamente a los agentes las contraseñas de los teléfonos móviles y de los ordenadores del despacho e informó a los policías que las joyas procedían de herencias familiares y de regalos institucionales recibidos a lo largo de los años de actividad pública del expresidente. El entorno de Zapatero, a través del consultor de comunicación, Luis Arroyo, amplió esa explicación en declaraciones posteriores a los medios.

Según esa versión, las piezas tenían tres fuentes distintas: herencias de la madre del expresidente y de la familia de su esposa, Sonsoles Espinoza, regalos recibidos durante viajes internacionales y actividades de representación y la custodia temporal de algunas piezas pertenecientes a terceros. La esposa de Zapatero habría lucido varias de esas joyas en actos públicos, lo que las haría perfectamente identificables y verificables.

Puede ser, y eso es importante subrayarlo, puede ser perfectamente cierto. Los expresidentes acumulan regalos protocolares durante sus mandatos. Presidentes y líderes de todo el mundo envían obsequios a sus homólogos. Joyas de Arabia Saudí, piezas artesanales de jefes de estado africanos, relojes de manufactura Suiza entregados por delegaciones oficiales.

Es una práctica tan antigua como la diplomacia, pero existe una legislación específica en España que regula esos regalos. El artículo 29 de la Ley 53,984 sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas y el Real Decreto 432009 exigen que los obsequios de valor que un cargo público reciba en el ejercicio de sus funciones sean declarados y si superan determinados umbrales económicos inventariados como patrimonio del Estado.

Si se confirma que parte de las piezas halladas son regalos institucionales no declarados, eso constituiría en sí mismo una infracción. Pero el problema más grave no es la infracción administrativa. El problema más grave es la pregunta que el juez Calama tiene ahora sobre la mesa. ¿Hay joyas entre ese centenar de piezas que no son regalos de mandatarios, sino obsequios de empresarios venezolanos con acceso al oro del Banco Central? Las fotografías de lingotes en la misma caja fuerte que las joyas son.

En ese contexto un detalle que los investigadores no pasaron por alto. El catedrático Antonio Lorca fue claro en su valoración para Neutral. El descubrimiento de un material de joyería que el presunto delincuente no dio a conocer al instructor puede ser indicio de un origen de diversa naturaleza. No siempre lícito, si el peritaje lo confirma, no siempre lícito.

Eso es lo que el perito está ahora tratando de determinar si las piezas tienen la procedencia que el entorno de Zapatero dice que tienen o si algunas de ellas apuntan a otro origen, el estado dentro del estado. El rol de Ávalos y las conexiones internas. Mira, hay algo que el sumario describe que resulta especialmente preocupante si uno lo piensa con calma.

No es solo que un expresidente haya podido traficar influencias desde fuera del gobierno, es que según el auto del juez Calama, la red tenía ramificaciones activas dentro del propio gobierno de Sánchez mientras este gobernaba. El nombre de José Luis Ávalos aparece en el sumario. Ávalos fue ministro de Transportes, Movilidad y Agenda urbana del Gobierno de Sánchez entre 2018 y 2021, precisamente el periodo en que se gestionó y aprobó el rescate de Plus Ultra.

También fue secretario de organización del POE en ese mismo periodo. En 2023 abandonó el partido y el grupo parlamentario socialista y comenzó a hacer declaraciones públicas sobre lo que había ocurrido en esos años con varios asuntos de presunta corrupción. Fue investigado en otra causa, el llamado caso Coldo, el mensaje interceptado que dice Delsy que llame Ávalo o alguien con zapatero establece una equivalencia operativa entre las dos vías o la vicepresidenta venezolana contacta directamente al ministro de Transportes

o alguien del entorno de Zapatero sirve de puente. Dos canales diferentes hacia el mismo destino, la aprobación de rescate. La investigación judicial sobre Ávalos en el contexto específico del caso Plus Ultra sigue su propio curso. Las fuentes del caso consultadas por distintos medios señalan que el sumario de Calama incluye referencias a Ávalos como parte del contexto de la red, aunque no necesariamente como investigado directo en este procedimiento concreto.

La distinción es importante. Aparecer en un sumario no equivale a ser imputado, pero sí significa que el juez considera que esa conexión es relevante para entender cómo funcionaba la red. Lo que sí es seguro, porque está en el auto del juez y no en filtraciones, es que la reunión del 22 de julio de 2020 en el Ministerio de Transportes entre Pedro Saura y los directivos de Plus Ultra fue seguida por el mensaje, “Nuestro pana zapatero detrás, y que esa reunión que administrativamente encuentro rutinario con representantes del sector aéreo tuvo

resultados muy concretos. 8 meses después, el Consejo de Ministros aprobó 53 millones de euros para la aerolínea. El hilo entre la reunión y la aprobación no es visible en los registros formales, pero está en los chats, en El Signal de Vaca, en el WhatsApp de Reyes, en el chat Danilo España del teléfono de Palomero y en el teléfono clonado en el aeropuerto de Miami.

Hay otra conexión que el sumario señala y que tiene que ver con las hijas de Zapatero. El 27 de mayo de 2026, Infobyai publicaba que existía en el expediente una conversación que revelaba un pago de 20.000 € a las hijas del expresidente realizado hace aproximadamente 6 años. El artículo no especificaba el origen exacto del pago ni el contexto preciso y las fuentes del casos señalaban que el juez estaba investigando la naturaleza de esa transferencia.

Lo que sí es relevante es que el sumario de 4,000 páginas identifica el entorno familiar de Zapatero, no solo al expresidente en persona como parte del circuito de presuntos beneficiarios de la red. La familia como receptor, la familia como pantalla, la familia como estructura de ocultación es un patrón que los investigadores de crimen organizado conocen bien.

Las estructuras patrimoniales construidas alrededor de los miembros familiares de una persona son mucho más difíciles de rastrear que los activos directos, porque requieren demostrar tanto la conexión entre los fondos y la red como la participación consciente del familiar en el esquema, el factor venezolano. Lo que Del sí sabía, hay algo que hace que el caso Plus Ultra sea cualitativamente diferente de otros escándalos de corrupción política española y que todavía no ha recibido la atención suficiente en la cobertura mediática. El

caso no es sobre fondos públicos españoles que se desviaron dentro de España, es sobre fondos públicos venezolanos que salieron de Venezuela. Pasaron por tres continentes y cuatro jurisdicciones fiscales. Se blanquearon a través de una aerolínea rescatada con dinero español y llegaron presuntamente al bolsillo de un expresidente del gobierno de un país de la Unión Europea.

Eso tiene dimensiones que van más allá de la corrupción doméstica. Tiene dimensiones geopolíticas. Delsy Rodríguez es en mayo de 2026 la figura más poderosa del régimen venezolano después de la captura de Nicolás Maduro por Fuerzas Estudens S en enero de 2026. Su nombre circula en conversaciones reservadas en Washington como una de las personas con quienes la administración Trump habría tenido contactos indirectos para gestionar la transición del poder en Venezuela.

El FBI ha investigado durante años sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. La DEA, según informe que el diario Infoby publicó en mayo de 2026, la tenía catalogada como objetivo prioritario desde 2020. En el sumario del caso Plus Ultra, Dels Rodríguez aparece como controladora de buques petroleros clandestinos y como gestora del negocio de exportación de minerales venezolanos al margen de las sanciones internacionales.

La misma persona que Zapatero llamaba por teléfono durante las negociaciones postelectorales de 2024. La misma persona cuya influencia, según el mensaje capturado por la HCI, era intercambiable con la de Zapatero para conseguir audiencias en el gobierno de Sánchez. La investigación judicial española no tiene competencia directa sobre las acciones de Delsy Rodríguez en Venezuela.

Su nombre aparece en el sumario como parte del mapa de la red, como uno de los nodos de origen del dinero, pero no como investigada directa por la justicia española. Sin embargo, el hecho de que el juez Calama haya mantenido su alias la dama en el auto y haya trazado explícitamente la conexión entre ella y Zapatero tiene implicaciones diplomáticas que el Ministerio de Asuntos Exteriores Español gestiona con mucha discreción.

Hay también una dimensión que el sumario apenas roza en sus páginas públicas, pero que varias fuentes judiciales consultadas por medios españoles mencionan como una de las líneas de investigación más relevantes el papel de Zapatero en la negociación de contratos de recursos naturales venezolanos. El sumario describe la investigación como incluyendo gestiones relacionadas con hidrocarburos venezolanos, incluyendo oro, petróleo, carbón, gas y níkel.

Eso no es blanquear dinero pasivamente, eso sí se confirma, es facilitar activamente que el régimen de Maduro monetizara sus recursos naturales en los mercados internacionales, eludiendo sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos. La pena por el sanciones internacionales en el derecho penal español puede sumar a las penas por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El cuadro penal que el juez Calama está construyendo tiene capas que todavía no son completamente visibles en las informaciones públicas. El sumario, 4,000 páginas, ocho tomos, un sumario de 4,000 páginas distribuidas en ocho tomos es un documento que muy pocas personas pueden leer completo. Los abogados defensores tienen que hacerlo y es una de las razones por las que la defensa de Zapatero pidió al juez Calama que aplazara la fecha de la declaración del 2 de junio al 17 y 18 de junio.

Necesitaban tiempo para estudiar el material. El juez aceptó 4,000 páginas. Para hacerse una idea, la Biblia tiene aproximadamente 10000 páginas en formato estándar. El sumario del caso Plus Ultra es más de tres veces la Biblia y a diferencia de la Biblia no tiene narrativa lineal. Es un acumulado de informes policiales, actas de registro, interceptaciones de comunicaciones, documentos societarios, extractos bancarios, solicitudes de cooperación internacional, respuestas de autoridades extranjeras, informes periciales,

declaraciones de testigos y análisis forenses. El abogado defensor de Zapatero tiene 16 días entre el levantamiento del secreto y la declaración del 17 de junio para conocer ese material en profundidad suficiente como para preparar una estrategia de defensa es un plazo muy corto para un documento de esa densidad.

Por eso pidieron el aplazamiento y por eso el aplazamiento era, en términos prácticos prácticamente inevitable. Lo que el sumario describe según las filtraciones y los fragmentos publicados por varios medios antes de la declaración, es una estructura que el auto del juez Calama llama una trama organizada de ejercicio ilícito de influencia.

Las comunicaciones intervenidas muestran a mandos de Plus Ultra hablando de Zapatero como alguien que aquí manda y que aseguraba el acceso a las instituciones públicas españolas. Los flujos financieros muestran 174 transferencias hacia el entorno del expresidente. Las cuentas bloqueadas preventivamente suman 490,780 € y el sumario también incluye, según las mismas fuentes, un detalle que tiene importancia procesal.

Hay conversaciones en las que el propio zapatero o alguien desde su teléfono habría dado instrucciones sobre aspectos del rescate. No de manera explícita, no con el lenguaje directo de Aprueba esto, sino con el lenguaje codet de alguien que sabe que está siendo potencialmente grabado. Sugerencias, referencias indirectas, mensajes cuyo significado es ambiguo y solitario, pero claro dentro del contexto del expediente.

La estrategia de defensa, según los analistas jurídicos consultados por distintos medios, tiene varios caminos posibles. El primero es negar cualquier participación directa en las gestiones de Plus Ultra y sostener que el mensaje de Reyes, nuestro pana zapatero detrás, es una fanfarronada de un empresario que exagera su acceso a personas poderosas para impresionar a sus socios.

Este argumento tiene precedentes en otros casos. Hay personas que usan nombres de políticos como palancas de influencia, aunque ese político no tenga conocimiento del asunto. El segundo camino es reconocer los contactos con personas del entorno de Plus Ultra, pero negarles cualquier carácter comercial o de contraprestación.

El tercer camino es atacar la cadena de custodia de las pruebas, especialmente las obtenidas por la Homeland Security Americana, cuya validez en el proceso penal español puede ser cuestionada desde varios ángulos procesales. ¿Cuál de esos caminos tomará la defensa? Es algo que se verá el 17 y el 18 de junio, la reacción política, lo que dijo cada uno y lo que cayaron el 19 de mayo de 2026, horas después de que el juez Calama levantara el secreto y citara a Zapatero, la primera reacción del expresidente fue un video publicado en

sus redes sociales. Aparecía sentado, traje oscuro sin corbat. Miraba a cámara con la expresión de alguien que ha ensayado ese momento delante del espejo. Dijo que era inocente, que jamás había realizado gestión alguna ante ninguna administración pública en beneficio de Plus Ultra ni de ninguna otra empresa, que la investigación estaba basada en afirmaciones falsas y que confiaría en la justicia española para demostrarlo.

El video duró menos de 2 minutos. No respondía a preguntas. No mencionaba los nombres de las empresas que aparecen en el sumario. No explicaba las 174 transferencias, no comentaba las joyas. fue en términos de comunicación de crisis la declaración mínima viable, el soy inocente que cualquier investigado dice el día en que su situación judicial se hace pública.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno, expresó esa misma tarde su total confianza en Zapatero. La portavoz del gobierno, Pilar Sánchez Acera, dijo que el ejecutivo no haría comentarios sobre asuntos judiciales en curso. El POE emitió un comunicado de respaldo al expresidente, pero en privado. Según fuentes gubernamentales consultadas por varios medios madrileños, el ejecutivo daba por descontado que Zapatero no volvería a hacer declaraciones públicas hasta su comparecencia judicial.

El Consejo de su equipo legal era claro. Silencio total. Cada declaración pública es un riesgo procesal. Cada frase puede ser contrastada con el sumario. Cada afirmación puede convertirse en un argumento en contra en el momento de la declaración ante el juez. El silencio como escudo, pero también para el observador externo el silencio como síntoma.

La reacción interna del SOE fue más complicada. Varios dirigentes territoriales del partido, que llevan años viendo como el gobierno de Sánchez acumula frentes judiciales en paralelo, estaban en privado, mucho menos tranquilos que sus comunicados públicos. Emiliano García Page, presidente de Castilla la Mancha y conocido como una de las voces críticas dentro del socialismo español, dijo en el programa La brújula de Onda Cero, algo que resonó durante días en los corrillos políticos madrileños.

Difícilmente se puede desligar la actividad del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero del actual gobierno. Es una frase que en el lenguaje code del POE equivale a un aviso muy serio. García Page no es un militante de base, es el presidente de una comunidad autónoma con una de las mayorías absolutas más sólidas de España.

Cuando habla, el partido escucha aunque prefiera no escuchar. Del lado de la derecha, el Partido Popular y Vox exigieron comparecencias parlamentarias, comisiones de investigación y la dimisión de varios miembros del gobierno que aparecen citados en el sumario. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, usó la imputación de Zapafatero para trazar una línea directa hacia el gobierno de Sánchez.

Esto no es un problema de un expresidente, es un problema de un sistema de complicidades que llega hasta la Moncloa. La politización del caso era inevitable. En España, como en casi cualquier democracia occidental, los casos judiciales de alta política siempre acaban siendo absorbidos por el ciclo electoral y convertidos en armas de uso partidario.

Eso no invalida los hechos del sumario, pero sí dificulta que el público común pueda separar la evaluación jurídica de la interpretación política. Lo que sí vale como termómetro de la gravedad del asunto es la reacción internacional. En América Latina, donde la imagen de Zapatero como mediador neutro había sobrevivido incluso a las críticas de la oposición venezolana, la imputación generó un debate sobre naturaleza real de su actividad mediadora.

En Caracas, el gobierno venezolano guardó silencio. En Washington, fuentes de la administración Trump dijeron que seguían de cerca el proceso, pero que no harían comentarios sobre procedimientos judiciales de terceros países. En Venezuela, entre los opositores exiliados, la reacción fue diferente. Muchos de ellos llevaban años diciendo que Zapatero era un actor de la red chavista, no un mediador externo.

La imputación era para ellos la confirmación de lo que habían denunciado sin ser escuchados. El hombre detrás de la aerolínea, la figura de Rodolfo Reyes. Hay un personaje central en este caso que todavía no ha podido ser escuchado por la justicia española. Rodolfo Reyes Rojas, accionista de facto de Psus Ultra, el hombre cuyo teléfono la Homeland Security clonó en Miami en 2021, el que escribió el mensaje que conecta Zapatero con el rescate, está actualmente en paradero desconocido.

El juez Calama dictó contra él una orden internacional de detención. Sus whereabouts, como dicen en inglés, son desconocidos. Rodolfo Reyes es venezolano, empresario de largo recorrido en el ecosistema de negocios opaco que rodea al chavismo. Su participación en Plus Ultra, canalizada a través de su esposa María Aurora López, para evitar que su nombre figurara directamente en el accionariado, es uno de los elementos que más peso tiene en el sumario para demostrar el carácter venezolano de la propiedad real de la aerolínea. Su

conexión con Luis Felipe Vaca fue instrumental. Fue Vaca quien diseñó los mecanismos de conversión del oro venezolano en euros limpios en cuentas europeas y fue el dinero de esas operaciones el que según la UDEF financió parte de los pagos hacia el entorno de Zapatero. Cuando los agentes de la Homeland Security retuvieron a Reyes en Miami en 2021 y clonaron su teléfono, no lo arrestaron, le dejaron seguir.

El proceso de análisis del material clonado tomó tiempo y la decisión de entregarlo a España tomó todavía más. Eso le dio a Reyes margen para anticiparse. Cuando el caso empezó a desarrollarse públicamente en España, a finales de 2025 y principios de 2026, Reyes ya no estaba disponible. Las cuatro órdenes internacionales de detención que el juez Calama ha dictado apuntan a personas en distintas partes del mundo.

La de Reyes, según los expertos jurídicos, es la más difícil de ejecutar precisamente porque el sistema judicial venezolano no colaborará con las autoridades españolas en su búsqueda. Si Reyes está en Venezuela y hay indicios de que podría estarlo o de que tiene pasaporte venezolano activo, la extradición es prácticamente imposible dado el estado de las relaciones diplomáticas.

Sin embargo, hay algo que los investigadores sí tienen aunque no tengan a Reyes. Tienen su teléfono o más exactamente, tienen el contenido forense de su teléfono y en ese contenido está todo lo que Rey escribió, leyó, fotografió y guardó en su dispositivo durante los años previos a la clonación en Miami. Ese material correctamente procesado e introducido en el proceso judicial puede ser casi tan valioso como la declaración del propio Reyes, lo que Zapatero hizo en Venezuela, la cronología del mediador para entender completamente el caso. Hay

que conocer la cronología de la actividad de Zapatero en Venezuela entre 2016 y 202. No porque toda esa actividad sea necesariamente parte de la investigación judicial, sino porque proporciona el contexto en el que las relaciones que el sumario describe se fueron construyendo. En 2016, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la oposición parlamentaria del país acordaron un proceso de diálogo mediado por una misión internacional.

Zapatero fue designado junto con el expresidente dominicano Leonel Fernández y el expresidente panameño Martín Torrijos como parte de esa misión de buenos oficios. El contexto era la profunda crisis política generada por la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de diciembre de 2015 y los intentos del gobierno de anular esa victoria.

La oposición venezolana desde el principio cuestionó la imparcialidad de Zapatero. Le acusaron de facilitar el tiempo que el gobierno de Maduro necesitaba para consolidar el control institucional sin conceder real a la oposición. El proceso de diálogo terminó sin acuerdos relevantes. La oposición consideró que había sido usada.

En 2019, durante la crisis del 23 de enero y el reconocimiento internacional de Juan Guidó como presidente interino, Zapatero mantuvo su posición de apoyo al proceso de negociación con el gobierno de Maduro. Se negó públicamente a reconocer a Guaidó como presidente legítimo. Esa posición le alejó del consenso de la Unión Europea y de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos.

En 2020, mientras la UDEF todavía no sabía quién era Plus Ultra, Zapatero viajó a Caracas en varias ocasiones. El sumario señala que en ese periodo se produjeron las primeras transferencias hacia su entorno relacionadas con la red investigada. En 2022 y 2023, Zapatero participó en las negociaciones de la plataforma de Barbados.

El proceso de diálogo entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana que fue facilitado por el gobierno de Noruega y celebrado en Ciudad de México y en Barbados. Esas negociaciones produjeron acuerdos sobre condiciones electorales que el régimen de Maduro incumplió parcialmente en las elecciones de julio de 2024. En las semanas posteriores a las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024, en las que la oposición afirma haber ganado de forma amplia y el régimen proclamó la victoria de Maduro, Zapatero asumió un rol activo de mediación. El 19 de

septiembre de 2024, el mismo día en que la UDEF recibió las solicitudes de cooperación de Francia y Suiza, Zapatero estaba en contacto con Delsy Rodríguez, negociando una salida a la crisis. La simultaneidad de esas dos líneas de tiempo no es casual para los investigadores. El 19 de septiembre de 2024 es el punto en que los dos mundos de zapatero, el público como mediador y el que el sumario describe como oculto se cruzan en una misma fecha.

Los números, la aritmética de la presunta red. Los números del caso no necesitan adjetivos, hablan solo si uno se toma el tiempo de leerlos juntos. La UDEF analizó a 60 personas, rastreó 40 empresas en ocho jurisdicciones, detectó 174 transferencias hacia el entorno de Zapatero entre 2020 y 2025, desde España hasta Panamá, desde las Islas Mauricio hasta Emiratos Árabes Unidos.

Detectó 174 transferencias hacia el entorno del expresidente entre 2020 y 2025. El monto total de esas transferencias, 2,6 millones de euros. El juez Calama bloqueó preventivamente 490,780 € en las cuentas bancarias de Zapatero. Esa cifra es la que los peritos judiciales calcularon como el beneficio directo presuntamente obtenido por el expresidente de la red.

En el domicilio del intermediario Julio Martínez Martínez encontraron 286,070 € en efectivo, más nueve relojes, más 14 teléfonos. El rescate de Plus Ultra fue de 53,000 de euros. 47,0000 de ese rescate según el sumario acabaron siendo utilizados para devolver préstamos privados otorgados por las sociedades del holandés Simón Berhoven.

Dinero público devolviendo deuda privada de origen venezolano. El piso de Luis Felipe Vaca en Madrid, el que tiene vistas al retiro y que compró en marzo de 2024, 3,9 millones de euros. El piso de Gilberto Morales Reverón, el exgolfista venezolano investigado por el FBI 1,7 millones de euros. Las transferencias hacia las cuentas de Morales desde Alemania, Suiza y Dominica, 2,6 m000000es de euros que casualmente coincide en cifra con las transferencias detectadas hacia el entorno de Zapatero, aunque son dos líneas de investigación distintas. Las 5

a 8 toneladas de oro que Coin Airways cotizaba transportar desde Caracas a Dubai en julio de 2020 entre 290 y 465 millones de dólares al precio de ese momento. El sumario, 4000 páginas, ocho tomos, un año y medio de investigación activa de la UDE, dos solicitudes de cooperación internacional previas, una de Francia y una de Suiza, un teléfono clonado por la Homeland Security Americana en 2021, cuatro órdenes internacionales de detención y al final de todo eso, un expresidente del gobierno sentado frente a un juez el 17

y 18 de junio de 202, la salud interna del caso. Cómo está devastando a Zapatero? El título de este video lo promete, cómo está devastando su salud interna. Eso más allá de los datos judiciales es lo que merece una reflexión específica. Hay algo que estos procesos hacen con las personas que va más allá de lo jurídico.

Cuando alguien construyó durante 40 años una identidad pública sobre ciertos valores y de repente tiene un sumario de 4,000 páginas que dice que esos valores eran la fachada, el daño no espera al juicio. El daño empieza el día en que el auto se hace público. Zapatero construyó su identidad política sobre una herida familiar concreta.

Su abuelo fue fusilado por el franquismo. Esa historia le dio autoridad moral durante década. le permitió hablar de derechos humanos con una credibilidad que no se compra. Aprobó la ley de memoria histórica, retiró las tropas de Irak, se opuso públicamente a las dictaduras de derechas. Ahora un juez le acusa de haber servido económicamente a un régimen al que Naciones Unidas atribuye torturas, desapariciones y crímenes de esa humanidad.

Si eso se demuestra, no es solo una condena penal, es la destrucción retroactiva de todo lo que construyó. Y aunque no se demuestre completamente, el hecho de que exista un sumario que la plantea con 4,000 páginas de indicios ya ha cambiado de manera irreversible como una parte del país percibe a Zapatero. Pero hay también una dimensión más concreta y cotidiana de lo que devastar la salud interna significa en este caso. Zapatero tiene 65 años.

Su vida social y profesional de los últimos 15 años se construyó sobre una red de relaciones internacionales, sobre su credibilidad como interlocutor en contextos geopolíticos complejos, sobre la percepción de que era alguien cuyos canales podían ser útiles para resolver conflictos. Esa red de relaciones se está desmoronando en tiempo real.

Los gobiernos que antes le recibían como mediador ahora tienen que decidir si mantenerse contacto públicamente en mitad de una investigación por organización criminal. Algunos lo harán por cálculo político, muchos no. Sus aliados dentro del PSOE están en silencio o en defensa pública de compromiso mínimo.

Pedro Sánchez le expresó confianza en declaraciones, pero la ausencia de comparecencias públicas de apoyo más sustantivas, la cautela con que el partido maneja su nombre, hablan de un distanciamiento que no se declara, pero que se practica. La familia, cuyo nombre aparece en el sumario en relación con transferencias investigadas, está dentro del foco judicial, no como protagonistas del escándalo, pero sí como parte del mapa que los investigadores están tratando de completar. Y el tiempo.

El proceso judicial español es lento. La declaración del 17 de junio es el comienzo de un proceso que puede tardar años en llegar a juicio oral si es que llega. Durante todo ese tiempo, Zapatero vivirá con el sumario abierto sobre su nombre, con el auto del juez Calama como texto de referencia cada vez que alguien mencione su nombre en un foro internacional.

con las 4,000 páginas como compañía permanente. Hay personas que sobreviven esto y salen a flote. Hay personas a quienes estos procesos los destruyen antes de que haya un juicio. La diferencia en muchos casos no depende de si son culpables o inocentes. Depende de su estructura psicológica, de su red de apoyo y de si la narrativa pública que construyeron sobre sí mismos fue lo suficientemente sólida como para sobrevivir el contraste con el sumario.

En el caso de Zapatero, esa narrativa era particularmente ambiciosa y el sumario es particularmente detallado. el precedente histórico, lo que este caso cambia para siempre. Quiero cerrar con algo que creo es lo más importante de todo lo que hemos visto hoy. Más allá de los detalles concretos del caso, más allá de las joyas y el oro y las transferencias y los chats, hay algo que el caso Plus Ultra ha cambiado en la política española que no tiene vuelta atrás.

Ha destruido la idea del expresidente intocable. En la Democracia Española postransición había una norma no escrita que nunca se cuestionó de verdad. Los expresidentes son intocables, no en el sentido de que todo el mundo los admire, sino en el sentido de que el sistema judicial no llega hasta ellos. Felipe González sobrevivió a Losgal, Aznar sobrevivió el 11E y la acusación de mentir al país.

Rajoy sobrevivió el caso Bürtel, aunque fue desalojado del poder por una moción de censura. Zapatero había sobrevivido 15 años de crítica sobre Venezuela sin un solo procedimiento judicial formal. El caso Plus Ultra rompe eso y rompe algo más. rompe la posibilidad de que un político español pueda construir una actividad de asesoramiento o mediación internacional post cargo sin que esa actividad sea sometida al mismo escrutinio que aplica a cualquier otro ciudadano.

Zapatero, al igual que otros expresidentes y exministros de distintos países, construyó después del poder una estructura de influencia basada en sus contactos, en sus relaciones y en su acceso. Esa estructura se monetizó. La pregunta que el juez Calama está haciendo es si la monetización se hizo de manera legal o ilegal. Es una pregunta que afecta a muchos más actores que a Zapatero.

Hay decenas de expresidentes y exministros de todo el mundo que han seguido el mismo camino después de dejar el poder. Algunos lo hacen de manera completamente legal y transparente, cobrando por conferencias, por asientos en consejos de administración, por asesoramiento formal documentado. Otros lo hacen en los márgenes del gris y algunos aparentemente lo hacen en territorios que el Código Penal considera delictivos.

El caso Plus Ultra pone esa pregunta sobre la mesa en España de una manera que no se puede ignorar. Exurodiputado Jordi Cañas lo formuló así: “Para que un juez en España inicie un proceso contra un expresidente tiene que haber indicios prácticamente probatorios de múltiples delitos. El juez los encontró. Eso no resuelve la pregunta de fondo sobre los límites entre la influencia legítima y el tráfico de influencias ilegal, pero la hace urgente de una manera que antes no era urgente.

España tendrá que responder esa pregunta no solo en el juicio de Zapatero si llega, sino en el debate político más amplio sobre qué pueden y qué no pueden hacer sus líderes cuando dejan el poder. El estado del caso en mayo de 2026. El 27 de mayo de 2026, cuando este video se publica, hay varias líneas abiertas que irán determinando cómo evoluciona el caso en las próximas semanas y meses.

Primera, la tasación de las joyas. El perito joyero designado por la UDEF está trabajando en la valoración del centenar largo de piezas halladas en la caja fuerte del despacho de Zapatero. Cuando ese informe llegue al juez Calama, habrá una decisión sobre qué piezas se mantienen como indicio y qué implicaciones tiene su valor total para los cargos.

Segunda, el análisis forense de los teléfonos y los discos duros. Los técnicos de la UDEF están procesando los dos móviles y los dos discos duros incautados en el despacho. Los teléfonos de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, también fueron intervenidos. El contenido de todos esos dispositivos puede aportar evidencias adicionales o, en el mejor caso para la defensa, demostrar la ausencia de comunicaciones comprometedoras.

Tercera, las cuatro órdenes internacionales de detención. Rodolfo Reyes Rojas, Luis Felipe Bacarbulu, Danilo Alfonso Díaz Granados y otros investigados están siendo buscados en distintas jurisdicciones. La probabilidad de que todos sean capturados es BA, pero la probabilidad de que alguno de ellos esté en un país con acuerdos de extradición operativos con España es más alta de lo que parece.

Cuarta, la cooperación con las autoridades de China. El sumario apunta a una empresa vinculada al Partido Comunista Chino. La respuesta de Pekín a cualquier solicitud de información o cooperación judicial de España en este ámbito dependerá de factores diplomáticos que trascienden el caso específico. Quinta.

La declaración del 17 y 18 de junio. Días. Zapatero sentado frente al juez Calama en la Audiencia Nacional. Tiene derecho a no responder. Tiene derecho a responder solo lo que quiera. Tiene derecho a presentar documentos y testigos. Lo que no tiene es la capacidad de hacer desaparecer las 4,000 páginas del sumario.

Y sexta, la reacción del PSOE y del gobierno de Sánchez conforme el proceso avance. La imputación de un expresidente del propio partido en año preelectoral con varias causas paralelas abiertas sobre miembros del gobierno es una presión política que acumula. La estrategia de silencio y distanciamiento discreto tiene un límite temporal.

En algún momento, el partido tendrá que hacer declaraciones más sustantivas sobre la situación de Zapatero y esas declaraciones tendrán consecuencias. Mira, yo no sé cómo termina esto, nadie lo sabe. El proceso acaba de empezar. Los procesos judiciales españoles de alta política tardan años. Hay casos que con este nivel de sumario terminan en condenas de prisión efectiva.

Hay casos que terminan en absolución. Hay casos que se alargan décadas sin resolverse completamente. Lo que sí sé es que el 19 de septiembre de 2024, el día en que una solicitud de cooperación internacional de Francia y Suiza llegó a la UDEF sobre un broker peruano al que nadie en España conocía, comenzó a desenrollarse algo que nadie había anticipado.

Un hilo que pasó por las islas Mauricio y por Dubai, que cruzó Caracas y el aeropuerto de Miami, que llegó a Madrid a través de los servidores de la Fiscalía Anticorrupción y que terminó en una caja fuerte con más de 100 joyas y fotografías de lingotes de oro en la calle Ferraz. 4,000 páginas. Ocho, un expresidente frente a un juez.

Eso es lo que está ocurriendo con la caída de Zapatero. Si este video te parece que vale la pena que más gente lo vea, compártelo. Hay mucha gente que sigue este caso desde América Latina y que no tiene acceso a los medios españoles que lo cubren con detalle. Si eres de esos, considera guardar este video para verlo de nuevo o para compartirlo con alguien que quiera entender el contexto completo.

El próximo video de esta serie va a entrar en profundidad en las conexiones chinas del caso, la empresa vinculada al Partido Comunista Chino que aparece en el sumario del juez Calama y qué relación tiene con los contratos de infraestructura y energía de la era Zapatero. Es un capítulo que todavía no ha recibido la atención que merece y la merece.

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