Este, espérate, hay que ser preciso aquí. Lo que los reportes señalan es que ese proyecto, tal como estaba diseñado, beneficiaba principalmente a dos personas. Una era Luis Antonio Espinoza Campos, el contador del hermano de Alito, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas. La otra era Mohamad Yusuf Amdani Bay, el empresario de Grupo Karims, el mismo que le había vendido esos casi 40,000 m² a 4 pesos el metro.
Eso es lo que hace que la operación de noviembre de 2014 deje de parecer una simple compraventa inmobiliaria. El terreno barato no era una ganga en el mercado libre, era una pieza de algo más grande. Pero el programa de Palma era solo uno de los canales. Hay más. Cuando la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche presentó en julio de 2025 la solicitud de declaración de procedencia, es decir, el desafuero formal contra Alejandro Moreno Cárdenas ante la Cámara de Diputados, los documentos que sustentaban esa solicitud hacían referencia a un
presunto desvío de 83,illones y medio de pesos. Y entre las carpetas de investigación, según lo que MCCI pudo confirmar, había contratos que no tenían respaldo documental de que los servicios se hubieran prestado, contratos pagados, sinentregables verificables, recursos públicos entregados y desaparecidos en el papel de servicios que nunca existieron. Híjole, 83 m000ones.
Y ese número no incluye todo, porque la red de triangulación que encontraron la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera iba mucho más allá del terreno de Campeche Hills. Tenía brazos en propiedades de lujo en la Ciudad de México. tenía operaciones que pasaban por el hermano de Alito, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, quien según los investigadores del MCCI construyó un imperio inmobiliario y empresarial mientras su hermano ascendía en la política.
Tenía cuentas con depósitos que la UIF detectó como inusuales y tenía empresas constituidas justo en los momentos correctos con los socios correctos para recibir los contratos que el gobierno de Campeche repartía. La lógica de esa red cuando la miras completa es la siguiente. El terreno casi regalado de 2014 fue el primer movimiento, un favor previo al poder.
Después vino el poder y después del poder vinieron los contratos. Y los contratos son la parte que todavía muchos no conocen. Fíjate en los números. Una sola empresa vinculada al jefe de asesores de alito durante la gubernatura, Gabriel Escalante Castillo, facturó 41,2 millones de pesos solamente por la segunda etapa del acueducto Omobó.
Eso fue con una empresa llamada Promociones Casa Arca, pero había más empresas del mismo coordinador de asesores. Grupo constructor Patterson, 13,1 millones. construcciones y materiales peninsulares, 3 millones adicionales. En total, las empresas vinculadas a Escalante Castillo, sus hermanos y un cuñado, recibieron durante la gubernatura de Alito contratos que sumaban 77,1 millones de pesos.
Según la investigación de MX, publicada en 2019 con datos de compran y el registro público de Campeche, 100 m000ones aquí, 80 allá, 4 pesos el metro cuadrado acá. El patrón es siempre el mismo. Alguien cercano a Alito recibe el contrato o alguien que le hizo un favor previo termina siendo el beneficiario de decisiones del gobierno.
Y los campechanos, los contribuyentes que pagaron esos contratos con sus impuestos, nunca supieron que el dinero no estaba comprando lo que decían los papeles. Pero hay una arista de esta historia que muy poca gente ha contado con suficiente detalle. La conexión con el Medio Oriente. Grupo Karims, el conglomerado de Yusuf Amdani, tiene operaciones en los Emiratos Árabes Unidos y eso importa.
Cuando investigadores y medios empezaron a rastrear los flujos de dinero en el entorno de Alito, encontraron que el mundo de negocios de Amdani cruzaba fronteras que un gobernador de un estado mexicano no debería tener razón para cruzar. Y los expedientes hablan de triangulaciones, recursos que salen de Campeche, pasan por estructuras empresariales y terminan en cuentas que la UIF describe como de origen no justificado.
Ahora, aquí hay que ser precisos y es importante que lo digo como corresponde. Lo que los documentos del expediente de la UIF y la FGR revelan son patrones de transacción que encendieron alertas financieras, versiones que circularon entre funcionarios de la fiscalía y que luego filtraron medios como MCCI, apuntan a que parte de esas operaciones tenían como destino cuentas fuera del país.
Trascendió que algunas de esas transferencias fueron rastreadas hasta estructuras empresariales con conexiones en Centroamérica y más allá. Los investigadores no han podido establecer con certeza absoluta cuánto dinero siguió ese camino internacional, pero lo que sí está documentado en expedientes públicos es el punto de partida, cientos de millones de pesos en movimientos que la autoridad financiera consideró inusuales.
Y Amdani, el empresario que le vendió la tierra, no era un simple prestanombres local. era el cuarto hombre más rico de Centroamérica según Forbes, con operaciones en ocho países, con acceso a estructuras corporativas en jurisdicciones, donde el dinero puede moverse sin dejar rastro fácilmente rastreable. Su relación con Alito era tan fluida que según lo que publicó El Universal, el futuro gobernador le prestó el jet Sabreliner del gobierno de Campeche, esa misma aeronave que después fue vendida para que Amdani viajara desde Campeche hasta San Pedro Sula, la
sede de Grupo Karims en Honduras. Bueno, en realidad lo que los reportes señalan es que la acusación circuló con fuerza suficiente como para que el propio Amdani quedara marcado públicamente por esa vinculación. Y meses después, en 2021, su nombre volvió a los titulares por otra razón, vacunas contra el COVID-19 decomizadas en el aeropuerto internacional de Campeche, que según las autoridades, se trasladaban clandestinamente hacia Honduras, presuntamente con el apoyo de personas cercanas al entorno político de
Alito, vacunas, en plena pandemia, decomizadas. Te cuento eso porque el patrón de conducta es el que importa. Un empresario con conexiones internacionales, operaciones en el Medio Oriente y decenas de millones en negocios con el gobierno de Campeche no aparece en la historia de Alito Moreno por accidente.
Aparece porque fue construyendo esa relación durante años con favores específicos que fluyeron en las dos direcciones. Y ahora viene la parte que más incomoda, la que conecta todo lo que hemos visto hasta aquí. La casa, la declaración patrimonial, el abismo entre los dos. En diciembre de 2021, Alito Moreno presentó ante la Cámara de Diputados su declaración patrimonial.
Ahí decía que era propietario de 13 inmuebles, dos casas y 11 terrenos. Total reportado de esas adquisiciones entre 2012 y 2021 12,963,000 pesos, 9 años, cuatro cargos públicos diferentes y el patrimonio inmobiliario declarado suma poco más de 12 millones. El terreno de Campeche Hills, ese de los 39,251 m² que compró a 4 pesos el metro, estaba en esa declaración, valuado, por supuesto, al precio de compra original, no al precio de mercado, que en ese momento ya multiplicaba por 500 veces el valor del metro cuadrado. Ese mismo
predio junto con otras propiedades vinculadas a su madre Yolanda Cárdenas y a su hermano Emigdio, fue asegurado por la Fiscalía de la FGR en diciembre de 2019 como parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Meses después, las retenciones se cancelaron y las propiedades regresaron a los nombres donde estaban.
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Y mientras todo eso ocurría, Alito seguía siendo el presidente del PRI, seguía apareciendo en televisión, seguía firmando desplegados, seguía actuando como si los expedientes judiciales no hablaran de él. Este, mira, hay un detalle que no puede pasarse por alto en esta historia. El terreno de Campeche Hills, la tierra que Alito compró en noviembre de 2014, 11 meses antes de convertirse en gobernador, a la empresa de Yusuf Amdani.
El precio fue de 155,000 pes por 39,251 m². Eso equivale a 4 pes2 el metro cuadrado. En 2022, esa misma tierra valía en el mercado, según los datos del propio sitio web de Campeche Hills, más de 2,000 pesos el metro. Haz la cuenta. El terreno que declaró tener en 12 millones vale en el mercado abierto más de 78 millones de pesos y eso es solo un predio de los 13 que él mismo admitió tener.
¿Cuánto vale en realidad el patrimonio de Alito Moreno? Esa pregunta no tiene respuesta pública porque la red de donaciones, prestanombres y transferencias entre familiares fue diseñada precisamente para que esa pregunta no tuviera respuesta fácil. La mecánica. Según los expedientes de MCCI, Alito compraba terrenos a precios ridículamente bajos, a veces menos de un peso el metro cuadrado.
Después los donaba a su madre Yolanda Cárdenas. Su madre los revendía a precios de mercado. El dinero se convertía en liquidez limpia para seguir operando. Y el ciclo volvía a empezar. El patrimonio crecía, las declaraciones no reflejaban ni la mitad del cuadro real. Espérate, porque hay un número específico que quiero que escuches.
Una parcela en el municipio de Champotón, más de 305,000 m², es decir, 30 haáreas. Alejandro Moreno la adquirió por 100,000 pes por 30 haas, eso es 33 el metro cuadrado. Después la donó a su madre y ese predio también quedó registrado en los expedientes que la Fiscalía de Campeche usó para construir la solicitud de desafuero.
El desafuero ese también es un capítulo que necesita contexto. El 23 de julio de 2025, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud formal para que se le retirara el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas. Los señalamientos consolidados en esa solicitud apuntaban a un presunto desvío de 83,illones y medio de pesos.
Entre las carpetas de investigación que la sustentaban, según MCCI que tuvo acceso a los documentos, había contratos otorgados sin respaldo material verificable, servicios que estaban en los papeles, pero que los investigadores no pudieron confirmar que se hubieran prestado en la realidad. Recursos públicos pagados por trabajos que quizás nunca existieron más allá de la firma en la hoja.
Y cuando la fiscalía fue sumando los montos, los terrenos, los contratos, las empresas fachada, las transferencias entre cuentas bancarias, los prestanombres y la red inmobiliaria, llegó a un número que no le cuadraba a nadie con los ingresos reportados de un funcionario público, 83,5. Ese es el piso, el mínimo documentado en los expedientes de una sola fiscalía estatal y los investigadores de la UIF, que rastrearon flujos con tecnología financiera más sofisticada y acceso a registros bancarios que las fiscalías estatales no tienen, llegaron a patrones
que incluyeron operaciones de decenas de millones adicionales entre el hermano de Alito, Emigdio Gabriel y cuentas vinculadas al exgobnador. Depósitos entre 2016 y 2017, 67 transacciones, 11,300,000 pesos, 3 millones y fracción transferidos a una empresa fachada, 4 millones directamente hacia Alito cuando todavía era gobernador.
Mira, y eso es lo que está en los registros. Lo que hay más allá de lo que los registros muestran es lo que hace que este caso inquiete tanto a quienes lo han investigado de cerca. Y aquí es donde la figura de Amdani vuelve a importar, pues hay una razón por la que investigadores y periodistas que han rastreado este expediente durante años siguen señalando a Grupo Karims como una pieza clave.
Y es que el conglomerado de Yusuf Amdani no era solo el proveedor del terreno, era un actor con presencia en múltiples empresas constituidas en Campeche, con contratos del gobierno estatal y con operaciones en jurisdicciones que permiten mover dinero con menos supervisión que México. Los Emiratos Árabes, Honduras, Guatemala.
El modelo que describen los expedientes y que la UIF detectó como un patrón de alerta no era el de un político que simplemente se robaba el dinero y lo guardaba bajo el colchón. Era más sofisticado. Había movimientos entre cuentas empresariales. Había empresas que en un momento recibían contratos, en el siguiente cambiaban de razón social y después reaparecían con un nombre nuevo, pero los mismos socios.
Había terrenos que se compraban a precios de regalo, se transferían a familiares y se revendían por valores de mercado. Y había un empresario internacional que conocía cómo funcionaban esas estructuras en varios países, porque él mismo las usaba para sus propios negocios en ocho naciones distintas. Coincidencia, trascendió entre investigadores que la relación a Lito Amdani fue mucho más que una simple venta de tierra y hay algo más que nadie ha explicado públicamente con claridad.
Cuando constructores Unidos de Campeche le vendió a Alito Moreno en octubre de 2014 un terreno de 812 m cuadrados en el fraccionamiento Villas de Cala por 370,000 pes, esa empresa todavía no era grande. Un año después, cuando Alito ya era gobernador, constructores Unidos recibió ocho contratos del gobierno de Campeche. Los ocho contratos sumaron 97,875,000.
97,00000 a cambio de 370,000 que le habían cobrado al gobernador por un terreno. Ese es el modelo completo. El comprador era el gobernador. El vendedor se convertía en proveedor. Los precios del terreno eran una fracción del valor real. Los contratos públicos llenaban la diferencia y los campechanos, sin saberlo, financiaban la operación con sus impuestos.
Ahora bien, ¿cuánto de todo ese dinero salió del país? Los testimonios que no han podido ser verificados de forma independiente apuntan a que parte de los flujos detectados por la UIF tenían conexiones con estructuras empresariales fuera de México. Versiones sin confirmar señalan que algunas de esas operaciones pasaron por Honduras, donde Amdani tiene décadas de presencia y donde la supervisión financiera tiene límites que las autoridades mexicanas no pueden cruzar fácilmente.
Y hay referencias en los expedientes de la FGRA a cuentas en Miami que el hermano de Alito usaba para depositar dinero vinculado a sus empresas de agroindustria en Campeche. 40 millones más. El número exacto que viajó por esos caminos es lo que los investigadores todavía no pueden certificar con precisión. Pero la aritmética de lo que está documentado en registros públicos, expedientes fiscales y reportajes de MCCI ya supera con creces esa cifra.
Y mientras los expedientes acumulan páginas, Alito Moreno sigue apareciendo en los noticiarios hablando de la defensa de la democracia. Eso es lo que más indigna, porque esta historia tiene fuentes. Los documentos los obtuvo mexicanos contra la corrupción y la impunidad directamente del Registro Público de la Propiedad de Campeche y del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral.
Los contratos están en Compra Net, el Sistema Federal de Transparencia en Compras Gubernamentales. La solicitud de desafuero la presentó la propia Fiscalía del Estado de Campeche ante la Cámara de Diputados. rumores. Lo que se llaman rumores no son, son expedientes y Alito lo sabe. Y es que lo que hace este caso diferente a otras historias de corrupción priista es la escala y la arquitectura.
Muchos políticos de ese partido se enriquecieron usando contratos directos, sobornos, empresas fachada. Lo de Alito tiene eso, pero además tiene capas. tiene un inmueble comprado 11 meses antes de tomar el poder, a precio de regalo, a un empresario internacional que después se convirtió en pieza de los proyectos más ambiciosos del gobierno estatal.
Tiene una declaración patrimonial que reporta 12 m000ones cuando el valor real de mercado de solo un predio supera los 78. tiene empresas que cambian de nombre en el momento exacto en que se les van a adjudicar contratos y tiene conexiones transfronterizas que hacen que rastrear el dinero no sea un trabajo que una sola fiscalía estatal pueda terminar sola.
Y eso lo sabe también la UIF y la FGR y la Fiscalía de Campeche. ¿Por qué entonces el desafuero si ya está pedido desde julio de 2025 no se ha consumado? Esa pregunta la han hecho varios legisladores en las últimas semanas y la respuesta que circula en los pasillos del Congreso es que el proceso legal tiene sus tiempos, que la Cámara tiene que votar y que mientras Alito conserve el fuero, la persecución penal formal no puede avanzar con la velocidad que los expedientes parecen merecer. El fuero.
Esa palabra que en México ha servido más para proteger a los corruptos que para garantizar el ejercicio libre de los representantes. Ahí está Alito atrincherado detrás del fuero, con 83 millones de pesos documentados como posible desvío con un terreno de 40,000 m² comprado a 4 pesos antes de ser gobernador, con contratos millonarios fluyendo hacia los amigos que le habían hecho favores, con conexiones empresariales que tocan Honduras.
los Emiratos Árabes Miami y Campeche, con una declaración patrimonial que no cuadra ni con calculadora de bolsillo y con el descaro de presentarse ante las cámaras como víctima de persecución política. Bueno, mira, el expediente dice otra cosa. Cada peso que la Fiscalía de Campeche pudo rastrear, cada contrato sin respaldo material, cada terreno comprado en breñas que de repente aparece en un fraccionamiento de lujo, cada depósito que encendió las alarmas de la UIF cuenta una historia diferente a la que Alito Moreno relata
en sus conferencias de prensa. Y esa historia, la que está en los documentos, es la que los campechanos llevan años esperando que alguien cuente completa. Esta vez la estás escuchando entera. Porque lo que acabas de escuchar hoy, ese primer número que te dimos al inicio, esa tierra de 40,000 m² a 4 pesos el metro, es solo la puerta de entrada a un expediente que tiene cientos de páginas, decenas de transacciones y un mapa de conexiones que llega hasta el Medio Oriente.
Si todavía crees que Alito Moreno es solo un político ruidoso que dice gacho que le persiguen, te invitamos a que revises los documentos de MCCI y los expedientes de la Fiscalía de Campeche. están disponibles. Los números están ahí, las escrituras del registro público de la propiedad son públicas, los contratos en Compranet son públicos, nadie los inventó.
Y si este video te abrió los ojos, quédate por aquí porque en los próximos días vamos a entrar a otro expediente que sigue el dinero de Alito por una ruta que muy pocos conocen. Y te adelantamos algo, no termina en Campeche. Eso sí vale quedarse a ver. Yeah.
