12 PREGUNTAS EN VIVO — JUAN LOZANO DESAFÍA a CARLOS CARRILLO DIRECTOR de la UNGRD EN LA FM

primera fase de asistencia destinada a beneficiar a 100 hogares, que incluía alimentos. Kics de saneamiento de agua y suministros para refugios temporales. Una oferta concreta con destinatarios concretos, con un objetivo concreto, que las familias que lo habían perdido todo tuvieran aunque fuera algo, mientras el sistema colombiano seguía organizando su respuesta.

Para la gran mayoría de los colombianos que escucharon esa noticia, la reacción fue inmediata y fue sencilla. Fue la misma reacción que tendría cualquier persona sensata ante un ofrecimiento de ayuda cuando hay gente que la necesita. Bienvenida sea. Qué bueno que llegue pronto, que alcance para todos.

Que los que están esperando no tengan que esperar más. Pero el gobierno de Gustavo Petro no reaccionó así. El gobierno de Gustavo Petro reaccionó con un comunicado conjunto de la cancillería y de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres, la entidad que se conoce como la UNGre, un comunicado que dijo en términos formales y cuidadosamente elegidos que la ayuda internacional solo se activa por solicitud del gobierno colombiano, que la respuesta a la emergencia en Córdoba estaba garantizada y que por lo tanto en

este momento, esa ayuda que Estados Unidos quería enviar no era necesaria. o al menos no era necesaria de la manera en que se estaba ofreciendo. Ese comunicado generó una reacción que el gobierno claramente no esperaba o si la esperaba decidió que podía manejarla. Una reacción de indignación que se expresó en las redes sociales, en las llamadas a los programas de radio, en los comentarios de los periodistas que cubrían la emergencia desde el barro y que veían con sus propios ojos que la ayuda que había no alcanzaba para todos

los que la necesitaban. Y fue entonces cuando Juan Lozano, el periodista y exministro que conduce el programa de las 6 de la mañana en la FM, uno de los programas de radio más escuchados de Colombia, invitó a Carlos Carrillo, el director de la UMRA, a que fuera al micrófono a explicarle al país qué significaba ese comunicado, por qué el gobierno había tomado esa posición, como se le explicaba a la gente de Córdoba que todavía no había recibido nada, que Estados Unidos había ofrecido ayuda y que el gobierno colombiano le había dicho que no era el

momento. Carlos Carrillo aceptó la invitación y lo que ocurrió en ese programa de radio esa mañana es una de esas conversaciones que Colombia no va a olvidar pronto, no porque se hayan dicho mentiras, sino porque a veces la verdad tiene una manera de salir a la luz que resulta mucho más reveladora que cualquier mentira.

A veces un funcionario que dice exactamente lo que piensa, que explica exactamente cómo funciona el sistema que dirige, que defiende con convicción y con detalle la posición de su gobierno, termina revelando sin querer algo que el gobierno hubiera preferido que no quedara tan claro, algo que los colombianos que escuchaban esa mañana sintieron en el estómago antes de poder ponerlo en palabras.

Pero para entender completamente lo que pasó en ese programa de radio, hay que entender quién es Carlos Carrillo y qué es la UMR, porque esta no es la historia de un villano ni de un héroe, sino la historia de un funcionario que cree genuinamente en lo que hace, que tiene argumentos técnicos que en otro contexto serían respetables, y que sin embargo, ese día dijo cosas que en el contexto de Córdoba inundada sonaron de una manera que ningún argumento técnico puede remediar.

Carlos Carrillo llegó a la dirección de la UN con una reputación de honestidad que el propio Juan Lozano reconoció durante el debate. Y ese reconocimiento importa porque esta no es una historia de corrupción, sino una historia de algo más difícil de ver y más difícil de nombrar.

Una historia sobre la distancia que a veces existe entre los que gobiernan y los que son gobernados, sobre la manera en que un sistema puede funcionar según sus propias reglas, mientras la gente que ese sistema debería servir está esperando en el barro. La UNR, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es la entidad del Estado colombiano que coordina la respuesta a los desastres naturales, que organiza la ayuda, que articula los esfuerzos de los alcaldes, los gobernadores, el ejército, la policía, la defensa civil, el sector

privado y todas las demás entidades que hacen parte del sistema nacional de gestión del riesgo que Colombia creó mediante la ley 1523 en el año 2012. durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Una ley que en su momento fue un avance real e el país tuviera una estructura organizada y coherente para enfrentar las emergencias.

Esa ley define cómo funciona el sistema, establece quién tiene responsabilidad en cada nivel. Dice que los municipios son los primeros respondientes, que cuando los municipios no pueden, los gobernadores entran a apoyar. que cuando los gobernadores tampoco pueden, el gobierno nacional asume y que cuando el gobierno nacional supera su capacidad puede hacer un llamado a la comunidad internacional para pedir cooperación de otros países.

Todo ordenado, todo con procedimientos, todo con pasos que hay. que seguir antes de dar el siguiente. Carlos Carrillo conoce esa ley de memoria, la respeta, la sigue, la defiende. Y cuando Juan Lozano le preguntó esa mañana por el rechazo a la ayuda de Estados Unidos, Carrillo explicó toda esa arquitectura institucional con una paciencia y un detalle que demostraban que este hombre había hecho su tarea, que sabía exactamente lo que estaba diciendo y que creía en cada palabra que decía.

Y aquí está el corazón del problema, el corazón de esta historia que Córdoba le contó a Colombia esa mañana en los micrófonos de la radio. Carrillo explicó que para hacer un llamado formal a la cooperación internacional hay que reunir el Consejo Nacional de gestión del riesgo que se sienten los ministros y los generales y los directores de las entidades del sistema y que ese consejo declare que las capacidades del país están superadas, que ya no podemos solos, que necesitamos ayuda y que solo después de esa declaración formal se puede hacer el

llamado a los países amigos para que envíen lo que Colombia no puede proveer por sí sola. y dijo que en ese momento, a pesar de la gravedad de la emergencia, Colombia todavía no había llegado a ese punto, que el sistema todavía tenía capacidad de responder, que la Hungra había despachado ya más de 220 toneladas de ayuda, que el sistema estaba funcionando, que los soldados y los policías y los voluntarios de la defensa civil estaban en el barro desde el primer día, que los alcaldes y los gobernadores estaban actuando, que el

sistema estaba respondiendo. Y cuando Lozano le preguntó cómo se le explicaba eso a la gente en Córdoba, que no tenía comida, que tenía sus casas bajo el agua, que los corresponsales del programa decían que no alcanzaba, que las fundaciones decían que no alcanzaba, que la gente en los barrios decía que no había llegado nada.

Carrillo dijo algo que se quedó resonando en el aire de ese estudio de radio con una contundencia que ninguno de los dos esperaba. dijo que la ayuda que Estados Unidos quería enviar, los 1000 mercados que Marco Rubio había anunciado, no iban a cambiar la situación, que 1000 mercados no eran suficientes para una emergencia de esa magnitud y que además, técnicamente hablando, no era que Colombia estuviera rechazando esa ayuda, porque las agencias norteamericanas de cooperación operan en el país todo el tiempo y podían enviar recursos sin

pedir permiso a nadie, que lo que Colombia no había hecho era elevar un llamado formal asistencia internacional porque el sistema todavía tenía capacidad de respuesta. Y entonces Juan Lozano dijo algo que en este programa de radio quedará grabado para siempre. dijo que después de toda esa explicación, después de todos esos pasos y esos procedimientos y esas declaraciones y esos consejos que había que reunir, él había quedado más preocupado de lo que estaba antes de que el director le explicara todo eso.

Esa frase, tan sencilla, tan directa, tan sin adornos, capturó en unas pocas palabras todo lo que Colombia estaba sintiendo en ese momento. Todo lo que millones de colombianos que estaban escuchando la radio ese día mientras tomaban el tinto de la mañana. sintieron cuando el director terminó su explicación.

No alivio, no tranquilidad, no la satisfacción de entender que el sistema estaba funcionando como debía, sino exactamente lo contrario. La sensación de que detrás de toda esa arquitectura de procedimientos y de pasos y de declaraciones y de consejos nacionales, hay gente real, hay niños reales, hay ancianos reales, hay familias reales esperando algo que no llega y que esa espera no se puede explicar con artículos de ley ni con organigramas institucionales porque el hambre no espera a que se reúna un consejo.

Pero el debate no terminó ahí porque después de esa pregunta sobre la ayuda de Estados Unidos, después de esa respuesta técnica y detallada que dejó a Lozano más preocupado que antes, ocurrió algo que nadie esperaba y que convirtió esa conversación de radio en una radiografía todavía más reveladora de lo que había comenzado a ser.

Carlos Carrillo, el director de la Umre, el funcionario que había llegado a ese micrófono a explicar los procedimientos institucionales, empezó a hablar de otras cosas. empezó a hablar de Venezuela, de la invasión imperial, de los medios de comunicación y sus líneas editoriales, de la potencia de control global que son los Estados Unidos y en un momento que nadie que lo escuchó va a poder olvidar, imitó la voz de Marco Rubio, el secretario de estado norteamericano, con un tono que combinaba El sarcasmo con la burla, en un programa

de radio en el que acababa de ser invitado a hablar de los colombianos sin comida en Córdoba. Ese momento, ese instante en que un funcionario del gobierno de Gustavo Petro pasó de hablar de los damnificados de Córdoba, imitar voces de políticos extranjeros es el momento que este vídeo va a analizar en profundidad, porque ese momento no fue un accidente ni un error de cálculo, sino la expresión de algo que este gobierno ha mostrado en muchas ocasiones y que los colombianos que llevan años viviendo en este país, que han visto

muchos gobiernos pasar, que saben reconocer cuando el poder está hablando para sí mismo y cuando está hablando para ellos pueden reconocer de inmediato. En la segunda parte de esta historia le vamos a contar todo lo que se dijo en ese debate, argumento por argumento, momento por momento, incluido ese instante en que la conversación dejó de ser sobre el hambre de Córdoba y se convirtió en algo muy diferente.

Porque Colombia merece saber exactamente que dijo el hombre que el gobierno puso a cargo de atender esta emergencia cuando le preguntaron por qué habían dicho no a una ayuda que llegaba en el momento más difícil. Y le vamos a hacer la pregunta que Juan Lozano no llegó a hacer esa mañana, pero que usted que ha vivido suficiente para saber la diferencia entre gobernar y actuar que se gobierna, probablemente ya se está haciendo.

¿Cuándo fue la última vez que en este país alguien le explicó al hambre que primero hay que reunir un consejo? Hay conversaciones que uno olvida al día siguiente y hay conversaciones que se quedan que uno recuerda semanas después mientras hace algo completamente diferente, mientras toma el tinto de la mañana o mientras espera el bus.

Conversaciones que de repente vuelven a la cabeza, no porque uno las haya estado pensando, sino porque algo en ellas tocó un nervio que no había terminado de procesar, algo que en el momento pareció solo una discusión más entre un periodista y un funcionario, pero que con él. paso de los días se fue revelando como algo mucho más importante, como una de esas ventanas que de vez en cuando se abren en la política colombiana y muestran sin filtros y sin maquillaje exactamente como piensa el poder cuando cree que nadie lo está mirando de

verdad. Eso fue lo que pasó esa mañana del 18 de febrero de 2026 en los micrófonos de la FM, cuando Carlos Carrillo, el director de la Umre, entró a ese programa de radio creyendo que iba a explicar unos procedimientos técnicos y terminó dándole a Colombia una de las radiografías más honestas y más reveladoras de lo que este gobierno es en el fondo, de lo que piensa, de cómo mira al país, de cómo entiende su papel y de por qué entre el lenguaje que usa para describir la realidad y la realidad misma que están viviendo millones de

colombianos. Existe un abismo que ningún argumento institucional puede cruzar. Para ese momento, cuando Carrillo se sentó frente al micrófono de Juan Lozano, las cifras de la emergencia en Córdoba ya eran aterradoras. El 80% del territorio del departamento estaba bajo el agua. 94,431 familias, 254,531 personas habían resultado dannificadas.

25 de los 30 municipios del departamento reportaban crisis. La red hospitalaria de Montería operaba bajo alerta roja. 40,000 hectáreas de cultivos estaban bajo el agua y la producción agrícola de una región que ya era pobre. Antes del desastre quedó arrasada en cuestión de días y el número de muertos asociados al desastre había llegado a 18 personas.

18 familias colombianas que despidieron a alguien en esos días. 18 historias de dolor que ningún comunicado oficial puede resumir en una cifra sin quitarles algo que no tiene precio. Juan Lozano comenzó el debate de la manera más sencilla posible con la pregunta más básica que un periodista puede hacer. La pregunta que cualquier colombiano que hubiera visto las noticias esas semanas estaba haciendo en su casa.

¿Cómo va la atención de la emergencia? Y Carrillo respondió como responde alguien que conoce su trabajo, con nombres de entidades, con referencias a la ley, con agradecimientos a los voluntarios y a los soldados y a los policías que habían estado en el terreno desde el primer momento, con un tono de quien está orgulloso de su sistema y quiere que el país sepa que ese sistema está funcionando, que hay hombres y mujeres valientes trabajando día y noche, que los alcaldes y los gobernadores están actuando, que el sistema está

respondiendo. fue una respuesta técnicamente correcta en casi todos sus detalles. Y si uno la escucha sin conocer el contexto, sin saber lo que los periodistas estaban reportando desde los barrios de Montería y desde los municipios afectados, puede sonar tranquilizadora, puede sonar como la voz de un funcionario competente que tiene todo bajo control, que sabe dónde está cada tonelada de ayuda y quién la está distribuyendo y cuántos municipios han recibido qué.

Pero Lozano sí conocía el contexto, porque sus propios periodistas, Jairo Pérez y Juliana Javid, habían estado en los barrios, habían caminado por el barro, habían hablado con las familias, habían recibido el mismo mensaje en todos los lugares que visitaron. Un mensaje tan sencillo que no necesita interpretación, no alcanza, no ha llegado nada.

Los niños no han comido, llevamos días esperando. Y entonces Lozano le mostró a Carrillo ese contraste, no con agresividad. No con el tono del periodista que quiere destruir a su entrevistado, sino con la serenidad de alguien que tiene los hechos de su lado y sabe que los hechos solo son suficientes. Y le preguntó cómo se explicaba que el gobierno dijera que el sistema estaba respondiendo mientras los periodistas en el terreno y las fundaciones y la propia gente decían que no alcanzaba.

Fue en ese momento cuando entró al debate la pregunta sobre la ayuda de Estados Unidos. La pregunta que había generado la indignación que llenó las redes sociales esos días. La pregunta sobre el comunicado de la cancillería que decía que la ayuda internacional solo se activa por solicitud del gobierno colombiano y que la respuesta a la emergencia en Córdoba estaba garantizada.

Y Carrillo respondió con una explicación que, hay que reconocerlo, tiene una parte que es técnicamente correcta, porque es verdad que en Colombia existe la ley 1523. Es verdad que esa ley establece un procedimiento para hacer llamados formales a la cooperación internacional. Es verdad que ese procedimiento existe por razones sensatas, para que la respuesta a las emergencias sea ordenada y no se convierta en un caos donde todo el mundo envíalo.

¿Qué quiere a donde quiere sin coordinación? Es verdad que otros países del mundo tienen procedimientos similares y que eso no es en sí mismo una señal de mal gobierno. Pero Carrillo no se detuvo en la parte técnicamente correcta, porque si se hubiera detenido ahí, el debate habría sido diferente, más tranquilo, más informativo, menos revelador de lo que terminó siendo.

Carrillo siguió hablando, siguió explicando y en ese continuar hablando fue donde la conversación empezó a irse hacia un lugar que nadie esperaba. explicó que la oferta de ayuda de Estados Unidos no era en realidad una ayuda que Colombia pudiera recibir o rechazar de la manera en que el público lo entendía, porque las agencias norteamericanas de cooperación, entidades como USAI, operan en Colombia todo el tiempo con sus propios recursos y no necesitan permiso del gobierno colombiano para actuar, que cuando el Departamento de Estado del Gobierno de

Donald Trump anunció que iba a enviar ayuda para Córdoba, ese dinero iba a ir a esas agencias para que ellas lo distribuyeran a través de sus propios canales y que por lo tanto lo que Colombia no había hecho no era rechazar una ayuda, sino simplemente no elevar un llamado formal de asistencia internacional porque consideraba que todavía tenía capacidad de respuesta.

Esa explicación es, en sus términos estrictamente técnicos, razonable y es posible que sea verdad. Pero el problema con esa explicación en ese contexto con 94,000 familias damnificadas y 18 muertos y 40,000 hectáreas de cultivos bajo el agua. Es el mismo problema que Lozano identificó con precisión quirúrgica y expresó en esa frase que Colombia no va a olvidar, que después de escucharla, después de entender todos esos procedimientos y todas esas capas institucionales, uno queda más preocupado, no menos, porque la

complejidad del sistema se convierte en una respuesta a una pregunta que nadie estaba haciendo mientras la pregunta real, la pregunta sobre los niños que no habían desayunado y las familias que llevaban días esperando, quedaba sin responder. Pero el debate todavía no había llegado a su momento más revelador, porque hasta ese punto era una discusión técnica entre un periodista y un funcionario sobre procedimientos institucionales.

Una discusión que cualquier colombiano atento podía seguir y sacar sus propias conclusiones. Una discusión incómoda para el gobierno, pero dentro de los límites de lo que cualquier funcionario competente puede manejar si se mantiene enfocado en los hechos. Lo que pasó después fue diferente. Y para entender por qué fue diferente, hay que entender algo sobre Carlos Carrillo, que va más allá de su cargo y de su competencia técnica.

Algo que explica tanto porque llegó a la dirección de la Umbr como porque ese día en el micrófono de la FM mostró una cara que sus defensores no esperaban y que sus críticos reconocieron de inmediato. Carlos Carrillo llegó a la UNR en 2024 para limpiar una de las instituciones más escandalizadas del gobierno de Petro.

Una institución cuyo director anterior, Olmedo López terminó siendo detenido en el marco de uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno del cambio. Un escándalo que involucró miles de millones de pesos en contratos irregulares, que salpicó a congresistas y a funcionarios y que le dio una herida profunda al discurso de honestidad y transparencia con que Petro había llegado al poder prometiendo que iba a ser diferente a todos los que vinieron antes.

En ese contexto, Carrillo llegó como el hombre de la honestidad. como el funcionario que iba a poner orden, que iba a sacar los malos y dejar que el sistema funcionara como debía. Y esa reputación la ganó porque el mismo salió a decir que la corrupción en la UNG no había empezado con Olmedo López, sino que venía de mucho antes y había involucrado a políticos de todos los colores.

Una declaración que le costó incomodidades dentro del propio gobierno y que le valió el reconocimiento de periodistas y analistas que lo veían como una excepción dentro de un gobierno que en muchas otras áreas no había podido demostrar la transparencia que prometía. Carrillo es un hombre que cree en lo que hace, que tiene convicciones genuinas, que no es un político de carrera, sino alguien que llegó al servicio público con la convicción de que podía hacer las cosas bien y esa convicción genuina, esa certeza de estar haciendo lo correcto,

es precisamente lo que hizo que ese día en el micrófono de la FM, cuando la conversación empezó a incomodarlo, cuando sintió que Lozano estaba poniendo en duda no solo sus procedimientos, sino la honestidad de su gobierno, reaccionara de una manera que reveló algo mucho más profundo que cualquier argumento técnico que hubiera podido dar.

Fue cuando Lozano le señaló la ironía de la situación. le recordó que el presidente Petro había viajado a Washington a reunirse con Donald Trump, que ese viaje se había presentado como un acercamiento diplomático importante, que habían estrechado lazos, que habían mostrado que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos podían ser respetuosas y constructivas, y que entonces llegar Estados Unidos a ofrecer ayuda en un momento de emergencia y encontrar una respuesta que en la práctica equivalía a decirle gracias, pero no

tenía una contradicción que era muy difícil de explicar. En ese momento, algo cambió en el tono de Carrillo, algo que los que estaban escuchando esa mañana sintieron antes de poder nombrarlo. Esa incomodidad de cuando alguien que se creía en control de la conversación se da cuenta de que la conversación le está ganando y en lugar de seguir explicando procedimientos técnicos o reconocer la complejidad de la situación, Carrillo dijo algo que nadie esperaba en ese contexto.

dijo que él sabía que para algunos sectores políticos el concepto de soberanía era algo maído, algo que no valía mucho y lo ejemplificó con lo que describió como la oprobiosa invasión a Venezuela por parte del ejército imperial. Y después de decir eso, después de mencionar a Venezuela y al ejército imperial en un programa de radio donde se estaba discutiendo el hambre de las familias de Córdoba, hizo algo que puede parecer pequeño, pero que en el contexto de ese momento fue enormemente revelador. imitó la voz de Marco Rubio,

el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, con un tono que combinaba el sarcasmo con la burla, como si quisiera mostrar que la oferta de ayuda norteamericana era parte de una agenda política que él veía con claridad y que Lozano y sus oyentes no podían o no querían ver. Lozano se quedó un momento en silencio.

Ese silencio que tiene el periodista que acaba de ver exactamente lo que necesitaba ver, pero que todavía tiene que procesar como responder. Y luego dijo con una tranquilidad que hablaba más alto que cualquier indignación. Dr. Carrillo, eso no tiene nada que ver con el hambre en Córdoba. Dígame que tiene que ver con el hambre en Córdoba, repitió Lozano.

Y esa repetición fue el momento más poderoso de todo el debate, porque en esa pregunta tan sencilla, tan directa, tan sin adornos, estaba resumida toda la distancia que separa a un funcionario que habla desde la seguridad de sus convicciones ideológicas y una familia en Montería que lleva tres días mirando el techo desde una canoa prestada esperando que alguien llegue con algo de comer.

Carrillo intentó recuperar el hilo de la conversación, dijo que no era un asunto ideológico, sino institucional, que el que le estaba metiendo ideología a la conversación era Lozano al mencionar a Putin como ejemplo, que las agencias norteamericanas ya estaban operando en Colombia y podían enviar ayuda sin pedir permiso, que el sistema tenía capacidad de respuesta, que los 1000 mercados que Marco Rubio había anunciado no iban a cambiar la situación de una emergencia de esa magnitud y que su trabajo era mantener el rigor técnico y no dejarse

llevar por los debates políticos. Y ahí fue cuando Lozano dijo algo que tampoco fue un golpe bajo, sino simplemente una observación que cualquier colombiano que hubiera escuchado esa conversación desde el principio habría podido hacer. que el que había mencionado a Venezuela, el que había imitado a Marco Rubio, el que había hablado de la potencia de control global, el que había traído la línea editorial de los medios a una conversación sobre el hambre de Córdoba, había sido el propio Carrillo.

Carrillo no tuvo una respuesta para eso, o al menos no tuvo una respuesta que lo dejara mejor parado de lo que estaba. y la conversación siguió girando en círculos por unos minutos más hasta que Lozano le agradeció el tiempo y lo invitó a volver cuando pudiera. Con esa cortesía profesional que los periodistas de experiencia usan cuando la entrevista ya dio todo lo que tenía que dar y seguir apretando, solo haría ruido en necesario.

Pero antes de que terminara, antes de que Carrillo dijera su última frase y se despidiera de los micrófonos, hubo un momento más que Colombia necesita conocer, un momento que en el fragor de toda esa discusión puede haberse perdido, pero que en realidad es uno de los más importantes de todo el debate. un momento que muestra no la arrogancia, ni la incompetencia, ni ninguno de los defectos que sus críticos le atribuyen al gobierno de Petro, sino algo más viejo y más humano y en cierta manera más comprensible, aunque no por eso

menos preocupante. Carrillo habló de los periodistas de la FM, de Jairo Pérez y Juliana Jabib, con un respeto que sonó genuino. Dijo que no dudaba de su honestidad ni de su compromiso con las comunidades y ofreció algo concreto. dijo que si Lozano le daba un punto yo referenciado, un lugar específico donde los periodistas hubieran estado y hubieran visto que la ayuda no había llegado.

Él podía verificar en 2 minutos si la alcaldía de ese municipio había pedido ayuda, si la umbre había respondido, si había un problema de coordinación que se pudiera resolver. Esa oferta fue, en el contexto de todo lo que había ocurrido en esa conversación, probablemente la mejor respuesta que Carrillo dio en toda la entrevista, porque fue concreta, fue verificable, fue la respuesta de alguien que cree que el sistema funciona y que está dispuesto a demostrarlo con hechos.

Y el hecho de que llegara tan tarde en la conversación, después de la Venezuela y del marco rubio y de los medios y de los relatos políticos hace que sea también uno de los momentos más melancólicos. El momento en que uno piensa que si Carrillo hubiera empezado por ahí, si hubiera llegado a ese micrófono con esa oferta concreta, en lugar de con los argumentos sobre la soberanía y el imperialismo, la conversación habría sido completamente diferente.

Después del debate, cuando el programa terminó y los colombianos que habían estado escuchando esa mañana se levantaron de la mesa del desayuno y salieron a sus cosas cotidianas. La discusión continuó en las redes sociales y en otros programas de radio y televisión con una intensidad que demostró que esa conversación había tocado algo que Colombia llevaba tiempo necesitando tocar.

Federico Fico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, salió a decir que era miserable y absurdo rechazar la ayuda humanitaria de Estados Unidos mientras familias colombianas esperaban socorro. Y Gustavo Petro respondió atacando a Gutiérrez por la gestión de las empresas públicas de Medellín y la situación de Hidroituango, deviando el tema con la habilidad del político, que sabe que cuando el terreno de la discusión le es desfavorable, la mejor estrategia es cambiar el terreno.

Petro también salió a decir en su cuenta de X que el gobierno no había rechazado ayudas internacionales, que simplemente aún no se pedían oficialmente porque los requerimientos eran de orden técnico. que una vez se consolidaran los requerimientos, se pediría apoyo específico en maquinaria y expertos en hidrología.

Una declaración que en términos estrictos es consistente con lo que Carrillo había explicado en la FM, pero que en el contexto de las imágenes de Córdoba que Colombia estaba viendo. Todos los días sonó para muchos colombianos como una confirmación de exactamente lo que más les preocupaba. Porque hay algo en este debate que va más allá de si la posición técnica del gobierno es correcta o incorrecta.

Hay algo que toca un nervio mucho más profundo en los colombianos, que han vivido suficiente para haber visto muchas emergencias en este país, para haber visto cómo responde el estado cuando la tierra tiembla o cuando el río se desborda o cuando la lluvia no para colombianos que saben de memoria la diferencia entre un gobierno que siente el dolor de su gente y un gobierno que administra el dolor de su gente entre un estado que llega a donde está la gente y un estado que espera a que la gente llegue a donde está el estado. Esa

diferencia no se mide en procedimientos ni en artículos de ley ni en toneladas de ayuda despachadas desde un depósito en Bogotá. Esa diferencia se mide en el tiempo que tarda en llegar el primer mercado después de que el agua entra por la puerta. Se miden si alguien con autoridad y con recursos llegó al barrio antes de que los periodistas.

Se miden si los niños que no habían desayunado el lunes habían desayunado el martes o el miércoles. Se mide en esas cosas pequeñas y concretas que son la diferencia entre sentirse ciudadano de un país que te cuida y sentirse habitante de un territorio que el Estado administra desde lejos. Y lo que los colombianos que escucharon ese debate esa mañana vieron, lo que los periodistas que estaban en el barro reportaban, lo que las familias en los barrios de Montería decían cuando les ponían un micrófono enfrente. No era que

el sistema no existía o que nadie estaba haciendo nada, porque eso no era verdad y sería injusto decirlo. Había soldados y policías y voluntarios haciendo un trabajo valioso y arriesgado. Había aviones de la fuerza aeroespacial aterrizando con toneladas de ayuda. Había alcaldes y gobernadores coordinando en condiciones muy difíciles con recursos muy limitados.

Lo que esas familias decían era algo más específico y más doloroso que eso. Decían que lo que había no alcanzaba, que la ayuda llegaba a unos y no llegaba a otros, que había barrios donde nadie había aparecido, que había familias que habían perdido todo y que después de tres o cuatro días de espera todavía no habían recibido nada concreto del Estado y que en ese contexto escuchar que el gobierno había decidido no pedir formalmente la ayuda que Estados Unidos ofrecía por razones de procedimiento y de soberanía se sentía como una

bofetada. No porque la soberanía no importe, sino porque cuando los niños tienen hambre, la soberanía no es lo que uno quisiera que el gobierno estuviera discutiendo. Hay una parte de esta historia que no se puede contar sin hablar de algo que la crisis de Córdoba mostró con una claridad que no se puede ignorar, algo que no es solo la historia de este gobierno, sino la historia de Colombia en relación con sus regiones más pobres.

Una historia que viene de mucho antes de que Petro llegara al poder y que va a seguir mucho después de que se vaya. Córdoba es uno de los departamentos más pobres de Colombia, uno de los que tiene los peores indicadores de desarrollo humano, uno de los que más ha sufrido históricamente el abandono del Estado, no de este estado, sino de todos los estados que han gobernado Colombia en los últimos 50 años, de los gobiernos de todos los colores que han prometido llevar el desarrollo a las regiones y que cada vez que llega la tragedia

revelan que la brecha entre lo prometido y lo construido sigue siendo enorme. Las inundaciones en Córdoba no son un fenómeno nuevo, no son algo que nadie podía haber previsto. son parte de un ciclo que se repite con variaciones cada ciertos años y que siempre deja al descubierto la misma realidad, que los diques no son suficientes, que los sistemas de alerta temprana no llegan a todos los municipios, que los fondos municipales de gestión del riesgo están vacíos porque los alcaldes no los han llenado como la ley exige, que cuando el

río se desborda la capacidad de respuesta del Estado en los municipios más pequeños y más pobres es casi nula y que todo el peso de la emergencia termina cayendo sobre las familias mismas y sobre la solidaridad de los vecinos. Esa es la realidad estructural que esta emergencia mostró de nuevo. Y esa realidad no desaparece porque el gobierno haya despachado 220 toneladas de ayuda.

No desaparece porque los soldados hayan estado en el terreno desde el primer día. No desaparece porque el sistema haya funcionado según sus procedimientos. Porque el problema no es solo como responde el estado cuando ocurre la tragedia, sino porque la tragedia siempre ocurre con la misma intensidad en los mismos lugares. Por que los diques que protegen a Montería siguen siendo insuficientes décadas después de que todos los gobiernos han prometido reforzarlos.

¿Por qué las comunidades rurales del Sinú y del San Jorge siguen siendo las más vulnerables cada vez que llega el agua? Eso es lo que Lozano le preguntó a Carrillo sin preguntárselo directamente. Eso es lo que estaba implícito en cada una de las preguntas que ese periodista le hizo ese día a ese funcionario.

La pregunta sobre si el sistema que describe Carrillo con tanto orgullo institucional, el sistema de pasos y de procedimientos y de consejos nacionales que hay que reunir, es realmente el sistema que Colombia necesita para responder con la velocidad y la contundencia que las emergencias requieren o si ese sistema construido con las mejores intenciones del mundo por los técnicos más competentes del Estado, tiene un defecto fundamental que ningún manual de procedimientos puede corregir, que fue diseñado para administrar las emergencias, pero no para sentirlas. Que

fue construido para organizar la respuesta, pero no para anticipar la necesidad. Que sabe muy bien cómo distribuir lo que hay, pero no tiene respuesta para lo que pasa cuando lo que hay no alcanza. Y hay una ayuda disponible que podría llegar si alguien tomara la decisión de pedirla. Esa pregunta sigue abierta.

Esa pregunta Colombia no la respondió esa mañana en la FM ni la ha respondido en los días que siguieron. Y esa pregunta es la que usted, que ha visto muchas tormentas en este país y que sabe lo que cuesta levantar una casa después de que el agua la destruye, tiene que hacerse antes de decidir qué piensa de lo que ese funcionario dijo ese día.

En la tercera parte de esta historia le contaremos qué pasó en Córdoba después de ese debate, que respondió el gobierno, que dijeron los que tenían el agua al cuello y que nos dice todo esto sobre el país que Colombia quiere ser y el país que Colombia todavía no ha podido construir para sus regiones más olvidadas.

Hay un momento en la vida de las naciones, igual que hay un momento en la vida de las personas, en que todo lo que uno ha ido siendo se muestra de golpe, sin anestesia, sin el tiempo de prepararse ni de escoger las palabras. Un momento en que las convicciones y los valores y las prioridades de quienes gobiernan salen a la superficie Noa a través de un discurso planeado ni de un comunicado redactado con cuidado, sino a través de algo mucho más honesto y mucho más revelador, a través de la manera en que reaccionan cuando algo sale mal,

cuando la realidad no se ajusta al guion, cuando alguien en un micrófono les hace la pregunta que no esperaban y el instinto de quien llevan siendo toma el control antes de que el cálculo político pueda frenarlo. Colombia vivió uno de esos momentos en febrero de 2026 en medio del barro de Córdoba y del agua que no bajaba y de las familias que esperaban en los refugios improvisados de los colegios y de las iglesias.

vivió ese momento cuando un funcionario del gobierno de Gustavo Petro salió al micrófono de la radio más escuchada del país a explicar por qué Colombia había decidido no pedir formalmente la ayuda que Estados Unidos ofrecía para las víctimas de la peor inundación que el Caribe. colombiano había visto en muchos años. Y en esa explicación, en esa conversación que duró varios minutos y que Colombia escuchó con la atención de quien sabe que está viendo, algo importante, aunque todavía no pueda ponerle nombre, quedó grabado para siempre algo que ningún

decreto ni ninguna declaración posterior ha podido borrar. Quedó grabado el sonido de un gobierno que aprendió a hablar de la miseria sin sentirla. Pero esta historia no termina con ese debate radial, porque los países no se detienen cuando un debate termina, porque la vida de las familias en los barrios inundados de Montería siguió después de que Carlos Carrillo se despidió de los micrófonos de Juan Lozano.

Porque Córdoba amaneció al día siguiente igual de mojada y los niños igual de hambrientos y las casas igual de llenas de barro. Y porque lo que pasó en los días siguientes a ese debate es también parte de esta historia. Es la parte que muestra cómo reacciona un gobierno cuando descubre que la realidad es más grande que su relato. Lo primero que ocurrió después del debate fue que el propio presidente Gustavo Petro, el mismo hombre en cuyo nombre Carlos Carrillo había salido a defender la posición sobre la soberanía y los procedimientos institucionales,

salió a decir algo que contradecía directamente a su propio director de la UMRE. salió a decir que Colombia si necesitaba ayuda internacional, específicamente maquinaria para trabajar en la superación de las inundaciones, que había que pedir apoyo a otros países, que esa era la instrucción que estaba dando. Esa declaración del presidente fue para los colombianos que habían escuchado el debate del día anterior, uno de esos momentos en que la política muestra su cara más incómoda, no la cara de la mentira deliberada ni la del engaño

calculado, sino la cara de un gobierno que no habla con una sola voz, que tiene por un lado a un director técnico defendiendo los procedimientos institucionales y por otro lado, a un presidente respondiendo a la presión pública con una declaración que en la práctica desautoriza a su propio funcionario, sin decirlo explícitamente, dejando a los colombianos con la pregunta de cuál de los dos representa la posición real del gobierno y si esa diferencia importa o no cuando lo que está en juego es la vida de miles de familias que necesitan

ayuda. Ya. Gustavo Petro desautorizó a Carlos Carrillo sin nombrarlo. Abrió la puerta a la ayuda internacional que su cancillería había dicho que no era necesaria y lo hizo de la manera en que este gobierno ha manejado muchas de sus contradicciones internas sin reconocer que había una contradicción. sin explicar el cambio de posición, sin darle a los colombianos la coherencia que merece un gobierno que se presenta como el representante de los más pobres y los más vulnerables.

En esos mismos días, mientras ese debate sobre la soberanía y los procedimientos seguía en el aire, el gobierno expidió el decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica para Córdoba y otros siete departamentos del norte de Colombia. un decreto con vigencia inicial de 30 días que le daba al gobierno poderes extraordinarios para movilizar recursos, modificar presupuestos y acelerar la respuesta estatal frente a una emergencia que ya era considerada una de las más graves de

los últimos años en el Caribe colombiano. Ese decreto era necesario. Nadie en su sano juicio puede decir que declarar la emergencia estuvo mal, que los recursos adicionales no eran indispensables, que el Estado no tenía que actuar con más velocidad y más contundencia de lo que había actuado hasta ese momento.

Pero hay algo en la cronología de los hechos que Colombia no puede dejar de notar, algo que no requiere ideología política para verlo, sino simplemente la memoria de lo que pasó en qué orden. El primer frente frío que afectó a Córdoba llegó en los últimos días de enero de 2026. Las primeras inundaciones graves se registraron en los primeros días de febrero.

Los primeros muertos y los primeros damnificados fueron reportados el 4 de febrero. El número de afectados superó los 100,000 para el 9 de febrero y la declaratoria de emergencia económica llegó el 11 de febrero, 10 días después de que las imágenes de Córdoba bajo el agua empezaran a circular por las pantallas de todo el país. 10 días en que el agua esperó, 10 días en que las familias esperaron.

10 días en que los alcaldes pidieron ayuda y los gobernadores escalaron la situación y los periodistas mostraban con sus cámaras lo que el gobierno no podía ignorar aunque lo intentara. 10 días que no fueron el resultado de la mala intención de nadie, sino del mismo sistema que Carlos Carrillo defendió con tanto detalle los micrófonos de la FM, el sistema que tiene pasos y procedimientos y consejos que hay que reunir y declaratorias que hay que tramitar antes de que el Estado pueda actuar con toda su capacidad.

Mientras el gobierno tramitaba sus procedimientos, mientras los decretos tomaban su tiempo y los consejos nacionales de gestión del riesgo esperaban ser convocados, las empresas y las fundaciones privadas colombianas hicieron lo que siempre hace la sociedad civil en este país. Cuando el estado llega tarde, llegaron primero.

Llegó a Bianca con aviones cargados de ayuda humanitaria. Llegaron fundaciones y organizaciones no gubernamentales con mercados y medicamentos y kits de saneamiento. Llegó el sector privado cordobés con donaciones de dinero y de alimentos y de materiales de construcción para las familias que habían perdido sus casas.

Llegaron colombianos de otras ciudades con ropa y con juguetes para los niños y con todo lo que pudieron reunir en las colectas que se organizaron en las redes sociales con la velocidad de la solidaridad que no necesita formularios ni declaratorias para activarse. Esa solidaridad, esa capacidad del pueblo colombiano de responder ante la tragedia del vecino sin esperar que nadie le dé permiso es una de las cosas más hermosas de este país y también una de las más tristes.

Porque cuando la solidaridad ciudadana tiene que suplir la ausencia del Estado, cuando las fundaciones tienen que llenar los vacíos que los presupuestos públicos dejaron, cuando Avianca hace lo que los aviones de la Fuerza Aeroespacial deberían haber hecho sin necesidad de que nadie lo filmara, esa solidaridad no es solo un acto de generosidad, sino también un testimonio silencioso del tamaño de la deuda que el Estado tiene con sus regiones más pobres y más vulnerables.

Córdoba necesita para su recuperación completa aproximadamente 8 billones de pesos. Esa fue la estimación que el gobierno mismo presentó en su decreto de emergencia económica: 8 billones para reconstruir las casas destruidas, reparar las vías intransitables, recuperar los cultivos arrasados, restablecer los acueductos rotos, devolver a las familias algo parecido a la vida que tenían antes de que el agua llegara.

8 billones de pesos en un departamento donde más del 58% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, donde más de un millón de personas no tiene los recursos mínimos para sobrevivir un mes, donde la informalidad laboral supera el 70% y donde la infraestructura que debería proteger a las comunidades de las inundaciones recurrentes lleva décadas siendo insuficiente porque ningún gobierno, ni los del pasado ni este, ha tenido la voluntad política de invertir lo que se necesita.

para construirla de manera definitiva. Esa es la realidad de Córdoba, una realidad que existía antes de que llegara el agua en febrero de 2026 y que va a seguir existiendo mucho después de que el barro se seque y los noticieros de Bogotá encuentren otro tema del que hablar. Una realidad que el debate sobre la soberanía y los procedimientos institucionales no puede ocultar porque es más grande, más antigua y más profunda que cualquier debate político.

Y esa realidad tiene un nombre que todos los colombianos conocen, aunque no siempre lo digan con esas palabras. Se llama abandono estatal. Se llama la deuda histórica que Colombia le debe a sus regiones más pobres. Se llama la consecuencia de décadas de decisiones presupuestales que priorizaron las ciudades grandes sobre los departamentos pequeños.

las regiones ricas sobre las regiones pobres, los proyectos visibles sobre la infraestructura que protege a los que menos tienen. Pero hay algo más que esta historia necesita decir antes de terminar, algo que va más allá de la emergencia de Córdoba y del debate sobre la soberanía y de las cifras y los procedimientos y las declaratorias de emergencia.

Algo que tiene que ver con una pregunta que Colombia necesita hacerse en este momento específico de su historia. En este año 2026 en que hay elecciones presidenciales en mayo y en que el país tiene la oportunidad de decidir que quiere que sea diferente y que está dispuesto a seguir tolerando. Esa pregunta es sobre la distancia, sobre la distancia entre lo que los gobiernos dicen y lo que hacen, entre el lenguaje con que describen la realidad y la realidad misma que viven los colombianos, que no pueden elegir, en qué departamento nacer ni qué río pasa

por el patio de su casa. entre la arquitectura institucional que los funcionarios describen con orgullo y la experiencia concreta de una familia en Montería esperando que llegue alguien con algo de comer. Esa distancia no es nueva. Esa distancia existe en Colombia desde antes de que Gustavo Petro llegara al poder.

Existía con Duque y con Santos y con Uribe y con todos los que gobernaron este país antes de ellos. Y sería deshonesto pretender que comenzó el 7 de agosto de 2022, cuando Petros se sentó por primera vez en la silla presidencial y prometió ser diferente. Pero hay algo específico en lo que este gobierno ha hecho con esa distancia, algo que lo diferencia de los gobiernos anteriores y que la crisis de Córdoba mostró con una claridad que resulta difícil de ignorar.

Y es que este gobierno llegó al poder prometiendo precisamente eso, prometiendo cerrar esa distancia, prometiendo que el Estado iba a llegar donde nunca había llegado, que los más pobres iban a ser los primeros en la lista y no los últimos, que Colombia iba a ser diferente, que el cambio era real. Y cuando llegó la oportunidad de demostrar esa promesa, cuando la naturaleza puso a prueba esa promesa de la manera más concreta y más urgente posible, cuando 78,000 familias en Córdoba necesitaron que el Estado llegara rápido y con todo lo que tenía,

lo que Colombia vio no fue la promesa cumplida, sino la misma historia de siempre con un lenguaje diferente, la misma espera, el mismo sistema que llega tarde y no alcanza para todos. Y encima de todo eso, la soberanía. La soberanía. Esa palabra que Carlos Carrillo usó esa mañana en los micrófonos de la FM y que quedó resonando en él.

Debate de una manera que él probablemente no esperaba. La soberanía es en principio un valor real y legítimo, un principio que cualquier país tiene el derecho de defender y que Colombia también tiene el derecho de defender. La independencia de tomar sus propias decisiones sin que ninguna potencia extranjera le dicte lo que tiene que hacer.

Nadie que piense con seriedad en el tema puede decir que la soberanía no importa, que los países no tienen derecho a sus propios protocolos de cooperación internacional, que Colombia tiene que recibir cualquier ayuda que cualquier país quiera enviar sin importar las condiciones ni los procedimientos ni el marco legal en que se hace esa oferta.

Pero hay algo que también es verdad, algo que Juan Lozano dijo esa mañana con la sencillez de quien tiene los hechos de su lado, que la soberanía no se come, que cuando los niños de Montería llevan tres días sin desayunar, la soberanía no les llena el estómago. Que cuando una familia perdió su casa y sus documentos y su mercado y todo lo que tenía en una sola noche, la soberanía no le devuelve nada de lo que perdió.

y que hay algo profundamente equivocado en un gobierno que usa la soberanía como argumento para no pedir ayuda, mientras su propio sistema reconoce que la ayuda que tiene no alcanza para todos los que la necesitan. Y lo que ese momento reveló, lo que ese debate dejó al descubierto para los colombianos que lo escucharon con cuidado, no fue solo una posición equivocada sobre la cooperación internacional, sino algo más profundo, algo sobre las prioridades del gobierno, algo sobre la manera en que el gobierno de Petro jerarquiza lo que importa,

sobre lo que pone primero y lo que pone después, sobre lo que defiende con más energía y convicción y sobre lo que parece considerar secundario, aunque dígalo contrario Porque un gobierno que tiene más energía para defender su posición ideológica frente a los Estados Unidos que para asegurarse de que la ayuda llegue a todos los que la necesitan.

Un gobierno que dedica más esfuerzo a explicar por qué no pidió formalmente lo que estaban ofreciendo gratis que a explicar por qué hay barrios en Montería donde no había llegado nada después de 3 días. Ese gobierno le está diciendo algo a Colombia, aunque no lo diga con esas palabras, le está diciendo que hay cosas que importan más que el hambre de los damnificados y esa jerarquía de prioridades, esa revelación involuntaria de lo que viene primero en la lista es lo que Colombia no puede olvidar cuando llegue el momento de decidir.

Hay una imagen que esta historia quiere que usted lleve consigo cuando termine de leerla. Una imagen que vale más que todos los decretos y todos los comunicados y todos los debates de radio que se han producido desde que las aguas comenzaron a subir en Córdoba ese primer día de febrero. Es la imagen de la señora Leticia, que así se llama, aunque este no sea su nombre real, porque hay dignidades que no se pueden exponer sin permiso.

una señora de 67 años que vive en el barrio Las Palomas de Montería, que llegó a ese barrio hace 40 años cuando era joven y cuando todo era promesa y que en ese tiempo construyó su casa ladrillo por ladrillo, primero el piso, después las paredes, después el techo que le tardó 8 años en terminar porque el dinero llegaba de a poco y había que elegir entre el techo y los zapatos del colegio, y los zapatos del colegio siempre ganaban.

En esa casa vivió sus hijos y vio nacer a sus nietos y enterró a su esposo y siguió viviendo sola con la dignidad de la que siempre pagó sus cuentas y nunca pidió nada a nadie. Porque en Colombia hay un orgullo muy particular en la gente de esas generaciones. El orgullo de no deber nada, de no necesitar que nadie le resuelva la vida, de haber construido lo propio con las propias manos sin esperar que el estado llegara a darle nada que no se hubiera ganado.

El agua entró a la casa de la señora Leticia a las 3 de la mañana del 5 de febrero. Entró despacio al principio, como si fuera a avisar, y después de un momento entró de golpe con la violencia sin lógica que tiene el agua cuando decide que ya es suficiente. Y en cuestión de horas, esa casa que tardó 40 años en construirse estaba bajo el agua hasta la mitad de las paredes.

Y la señora Leticia estaba sentada en el techo de su vecino con una bolsa de plástico donde llevaba su cédula, el carnet del seguro social y una foto pequeña de su esposo el día de su boda. Esta señora esperó en ese techo durante 16 horas, porque eso fue lo que tardó en llegar la primera canoa del estado con alguien que la ayudara a salir.

Y cuando por fin llegó y le dijeron que había un albergue en el colegio del barrio donde podía pasar la noche, ella preguntó si había mercado, si había algo de comer y le dijeron que cuando hubiera le avisaban que el sistema estaba respondiendo, que había que tener paciencia, que las cosas estaban organizadas. La señora Leticia pasó dos días más en ese albergue antes de que le llegara su primera ayuda del estado.

Dos días de agua en botella y galletas que compartió con los niños pequeños de la familia que estaba a su lado. Porque en esas situaciones uno da lo poco que tiene antes de que los niños tengan hambre. Y cuando llegó el mercado fue un mercado pequeño, suficiente para 4 días. Y en ese momento ella no preguntó quién lo enviaba, no preguntó si era del gobierno o de una fundación o de una empresa privada.

no preguntó si había un procedimiento institucional detrás de esa bolsa con arroz y lentejas y panela. Solo dijo gracias y lo guardó con la misma dignidad con que había guardado toda su vida lo que le había costado conseguir. Esa señora no sabe quién es Carlos Carrillo. No escuchó el debate en la FM. No tiene tiempo para las discusiones sobre soberanía nacional y cooperación internacional y procedimientos institucionales de la ley 1523.

Porque la señora Leticia tiene 67 años y tiene que reconstruir su casa y tiene que conseguir nuevos documentos porque los que tenía se mojaron y tiene que encontrar la manera de recuperar lo que perdió antes de que llegue otra temporada de lluvias y el ciclo empiece de nuevo. Pero esa señora es exactamente la persona de quien se hablaba en ese debate.

Es la persona en cuyo nombre el gobierno dice que defiende la soberanía. La persona en cuyo nombre el Estado colombiano existe y recauda impuestos y expide decretos y convoca consejos nacionales de gestión del riesgo. Y la pregunta que esta historia quiere dejarle a Colombia es si el estado que existe para personas como la señora Leticia les está respondiendo de la manera que merecen o si entre los procedimientos y los principios y las posiciones ideológicas y los sistemas de gestión que ese Estado ha construido durante décadas se ha ido perdiendo algo

que no tiene número de ley ni artículo de decreto, pero que es lo más importante de todo. La capacidad de sentir que esa señora y su bolsa de plástico y su foto del esposo en el techo del vecino son la razón de ser de todo lo demás. Esta historia termina, pero Córdoba no termina.

Las inundaciones en Córdoba no terminan con el último capítulo de un vídeo de YouTube. Las familias que perdieron todos siguen viviendo su historia mucho después de que las cámaras se van, mucho después de que los debates de radio pasan a ser archivos digitales que nadie vuelve a escuchar, mucho después de que la política colombiana encuentra otro tema del que hablar.

Y Colombia tiene que recordar eso. Tiene que recordar que las emergencias no son solo noticias, que detrás de cada cifra de damnificados hay una persona concreta con una historia concreta y una pérdida concreta que no desaparece cuando el ciclo noticioso sigue adelante. Que el trabajo real de recuperar Córdoba va a durar meses o años.

que los 8 billones que el gobierno estima necesarios para la recuperación son solo el comienzo de lo que significa verdaderamente reconstruir la vida de las personas que lo perdieron todo. Y Colombia tiene que recordar, sobre todo, que esta no fue la primera vez que Córdoba se inundó y que si no se hacen las inversiones estructurales que el departamento necesita, si no se construyen los diques que llevan décadas prometiéndose, si no se mejoran los sistemas de alerta temprana, si no se financian los fondos municipales de gestión del riesgo que la ley exige,

pero que los alcaldes no llenan porque no tienen los recursos para hacerlo, si no se cambia de verdad la manera en que Colombia invierte en sus regiones más vulnerables. Esta tampoco va a ser la última vez. Las inundaciones de Córdoba en febrero de 2026 van a regresar no exactamente iguales, pero sí con la misma lógica brutal.

La misma lógica que pone siempre a los más pobres en el camino del agua y deja a los más ricos en tierra firme. Y cuando regresen Colombia va a tener que decidir de nuevo si las lecciones de esta vez sirvieron para algo o sí. El país prefiere seguir respondiendo a las emergencias con los mismos procedimientos y los mismos discursos y los mismos debates sobre la soberanía mientras las familias esperan en el techo del vecino con una bolsa de plástico y una foto del esposo.

Hay una última cosa que esta historia necesita decir. una cosa que no es sobre el gobierno de Petro específicamente, sino sobre Colombia como país, sobre lo que este momento pide de cada colombiano que lo está mirando, que lo está pensando, que tiene la suerte de no tener sus pies en el barro en este momento, pero que sabe que eso no siempre fue así y que no siempre va a ser así.

Esta historia no es sobre si el gobierno hizo bien o hizo mal en términos técnicos. No es sobre si los procedimientos de la ley 1523 son correctos o incorrectos. No es sobre si Carlos Carrillo es un funcionario honesto o deshonesto, porque algunas de esas preguntas tienen respuestas grises y complejas que no caben en un veredicto simple.

Esta historia es sobre algo más fundamental, sobre la relación entre el poder y el dolor, sobre lo que significa gobernar para las personas que más necesitan. que alguien las vea. Gobernar para los más pobres no es hablar de ellos en los discursos, no es usar su nombre como argumento en los debates sobre soberanía. No es aparecer en las fotos del albergue el día que los periodistas están ahí y desaparecer cuando se van.

Gobernar para los más pobres es llegar antes que los periodistas. es hacer que el mercado llegue antes de que la fundación privada se adelante. Es asegurarse de que la señora Leticia no pase ni un solo día con hambre por razones que tienen que ver con un Consejo Nacional de Gestión del Riesgo que todavía no se ha reunido. Y cuando un gobierno que llegó al poder diciendo que iba a gobernar para los más pobres, responde a la emergencia más grande del Caribe colombiano con un comunicado sobre soberanía y un debate sobre procedimientos institucionales.

Eso no es solo un error de comunicación ni un problema de gestión. Eso es una revelación. La revelación de lo que ese gobierno pone primero cuando las cosas se ponen difíciles, de lo que defiende con más energía cuando tiene que elegir, de cuál es la distancia real entre lo que prometió y lo que entrega cuando la promesa se pone a prueba.

Colombia va a votar en mayo de 2026 y ese voto no es solo quién va a sentarse en la silla presidencial el 7 de agosto. sobre qué tipo de país quiere ser Colombia para los colombianos que no tienen la opción de irse a vivir a un barrio de Bogotá cuando el río se desborda. Para los colombianos que construyeron sus casas ladrillo por ladrillo durante 40 años y que en una noche lo pierden todo, para los colombianos que llevan toda su vida esperando que el estado al que le pagan sus impuestos llegue a donde viven antes

de que llegue la tragedia y no después de que ya no hay nada que salvar. Ese voto es una pregunta enorme que Colombia tiene que responder no solo con el dedo el día de las elecciones, sino todos los días en la manera en que exige a sus gobernantes, en la manera en que hace preguntas, en la manera en que recuerda lo que vio en los barrios de Montería y no lo deja que se convierta en algo que pasó y que ya no importa en la manera en que se niega a que el ciclo de emergencia, discurso, olvido, siguiente emergencia siga girando indefinidamente

mientras los mismos colombianos siguen pagando el costo cada vez que gira. Córdoba merece más que ese ciclo. La señora Leticia merece más que ese ciclo. Colombia entera merece más que ese ciclo y la única manera de romperlo es exigir que los que quieren gobernar este país respondan con honestidad y con claridad una pregunta muy sencilla que esta crisis dejó sobre la mesa.

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Cuántas veces más tiene que perderlo todo la misma gente antes de que este país decida que ya es suficiente, que ya es hora de que el estado llegue antes que el agua y no después del periodista. Hasta la próxima. M.