Una ambulancia cruza las calles de Durán a toda velocidad. Las sirenas ahullan, los autos se abren. Nadie detiene una ambulancia. Adentro no hay heridos, hay fusiles y el hombre que lo ordenó estaba preso. Durán no es una ciudad que aparezca en los folletos turísticos del Ecuador. No tiene playas, ni volcanes, ni mercados de artesanías que atraigan visitantes.
Es una franja densa, caliente y ruidosa al otro lado del río Guayas, pegada al costado de Guayaquil, como una sombra que la ciudad grande preferiría no mirar. Tiene mercados populares, tiene vendedores ambulantes, tiene gente que madruga para trabajar en condiciones que pocas estadísticas logran capturar.
Tiene también una de las tasas de homicidio más altas del Ecuador y tiene puertos, acceso directo al agua, a los contenedores y a las rutas marítimas que salen del continente hacia el mundo. para el narcotráfico. Durán no era una ciudad, era una puerta, una puerta estratégica en el corazón del sistema logístico del Guayas, a pocos kilómetros del puerto de Guayaquil, que maneja la mayor parte del comercio exterior del Ecuador.
Quien controla Durán controla el acceso a esas rutas. Quien controla Durán puede mezclar lo ilegal con lo legal. Puede esconder cargamentos en contenedores de exportación. Puede garantizar que los camiones pasen sin ser revisados y que los barcos zarpen sin ser inspeccionados. No es geografía accidental, es geografía criminal. En 2024 esa puerta la controlaba una organización llamada Los Chillers.
Y a los Chillers los controlaba un hombre al que casi nadie había visto en persona en años. El negro Tulio. La contradicción que define esta historia es simple, pero devastadora. En Durán había policías con uniformes, con armas, con patrulleras. Había agentes de tránsito que regulaban la circulación y aplicaban multas.
Había bomberos con camiones rojos y equipos de rescate. Había funcionarios municipales que procesaban trámites y firmaban contratos. El estado estaba presente en Durán con todas sus instituciones y aún así, o quizás precisamente por eso, la banda operaba con una impunidad que rozaba lo quirúrgica.
Las drogas se movían sin obstáculos. Las armas circulaban sin ser detectadas. Los crímenes quedaban sin resolver. Los testigos enmudecían y los sueldos del Estado seguían llegando puntualmente a las cuentas bancarias de quienes hacían posible todo aquello. ¿Cómo puede un estado combatir a un enemigo que ya está adentro? ¿Cómo pueden los ciudadanos confiar en una ambulancia cuando esa ambulancia puede estar transportando fusiles? ¿Cómo pueden confiar en un agente de tránsito cuando ese agente puede estar protegiendo los vehículos de la banda?
¿Cómo pueden confiar en un policía cuando ese policía puede estar vendiendo las armas que el Estado le entregó para defender la ley? Esa es la pregunta que el operativo Fénix 38 obligó a responder, no con discursos, no con declaraciones de prensa, con detenidos, con allanamientos, con expedientes judiciales que documentaron, acto por acto, la profundidad de la traición.
Lo que se descubrió no fue una infiltración menor, fue una captura institucional en regla, una toma silenciosa del aparato del estado desde adentro, ejecutada con paciencia, Moa con dinero y con una comprensión muy precisa de cómo funcionan las burocracias, cuáles son sus debilidades y dónde están los hombres que tienen precio.
Y en el centro de todo, invisible, pero omnipresente, estaba él, un hombre preso que dirigía un gobierno, un hombre condenado que seguía siendo más poderoso que muchos de los que tenían la llave de su celda. Los shown killers no nacieron como una corporación criminal con estrategia de negocios y visión de largo plazo.
Nacieron como nacen todas las bandas en los márgenes de las ciudades latinoamericanas, con jóvenes sin opciones, con territorios disputados a golpes, con una lógica de supervivencia que rápidamente se convierte en lógica de dominio. El nombre mismo delata el origen Chone, una ciudad de la provincia de Manabí en el litoral ecuatoriano.
Es el litoral caliente donde el estado llega tarde, donde las instituciones son frágiles y donde la ausencia de oportunidades convierte a los chicos en reclutas fáciles para quien tenga dinero y necesite brazos. En sus primeros años, los Chillers fueron un brazo ejecutor, sicarios al servicio de organizaciones más grandes, engranajes reemplazables en una maquinaria que no los valoraba más que por su disposición a matar y morir.
Lo que los transformó no fue un golpe de fortuna ni una oportunidad geopolítica, fue el liderazgo. Y el liderazgo lo puso Julio Alberto Martínez. El negro Tulio era diferente a la mayoría de los líderes criminales de su generación en el Ecuador. No porque fuera más violento o más audaz, sino porque pensaba de forma distinta.
Shao entendió algo que pocos comprendieron con la misma claridad. El dinero fácil es el que viene del Estado. No el dinero del robo callejero. No el del asalto a mano armada. No el del simple narcomenudeo en las esquinas. Esos son negocios de alta exposición y baja sostenibilidad. El dinero verdaderamente seguro, el que no requiere que alguien corra riesgos en la calle, es el que sale de los contratos públicos, de las nóminas municipales, de los presupuestos que nadie audita con suficiente cuidado.
El crimen organizado que se contenta con controlar esquinas es vulnerable. El que aprende a controlar firmas y sellos es casi indestructible. Esta visión transformó la naturaleza de los Chillers. Bajo la conducción de Martínez, dejaron de ser una pandilla y se convirtieron en una organización con brazo armado y brazo institucional.
Chent en donde el segundo era tan importante como el primero y a la larga mucho más lucrativo. Tenían operaciones militares. Sí. sicariato selectivo, extorsión sistemática, control de territorios para el tráfico de drogas que salían hacia los puertos del Guayas, pero también tenían contratos de infraestructura firmados con el municipio, funcionarios en la nómina pública que cobraban salarios del Estado sin ir a trabajar y empresas constituidas legalmente que recibían dinero de las
arcas municipales y lo devolvían lavado, limpio, investido de la legitimidad de un contrato público. Durán era el territorio ideal para este modelo, una ciudad con instituciones débiles, con una administración local históricamente porosa, con una necesidad crónica de servicios que el Estado genuino nunca proveyó bien.
Allí donde el estado real no llega, el estado falso encuentra espacio para instalarse. Y cuando el Estado falso llega con empleos, con contratos, con la promesa de protección, la distinción entre ambos empieza a volverse irrelevante para muchos de los que viven bajo sus reglas. Alexandra Estrada fue la arquitecta financiera de ese estado falso.
Mientras Martínez manejaba la dimensión operativa y territorial, ella construyó el andamiaje legal que daba sostenibilidad al sistema. figuraba como accionista en empresas que luego ganaban licitaciones municipales. El proceso era circular y casi elegante en su perversidad. La empresa participaba en concursos de contratación pública, ganaba los contratos, el dinero municipal pasaba por ella y volvía a manos de la organización ya lavado.
La firma de un funcionario municipal era el mecanismo de blanqueo más efectivo que el sistema podía ofrecer. Una de esas empresas, Asque Proyectos y Construcciones SA, recibió contratos para la regeneración de parques en sectores como el recreo. Las obras o no se ejecutaron o se ejecutaron con materiales de tan baja calidad que el deterioro era prácticamente inmediato, lo cual no era un descuido, era una estrategia.
El deterioro acelerado garantizaba una nueva ronda de licitaciones, nuevos contratos, una nueva inyección de dinero público hacia las arcas de la organización. Las calles y los parques se construían para fallar. Las fallas generaban presupuesto para repararlos y ese presupuesto volvía al mismo destino.
Era un círculo perfecto y despiadado. El Estado pagaba para arreglar lo que la propia red había deteriorado a propósito. Shat, los impuestos de los ciudadanos de Durán financiaban el sistema que los oprimía. Y los funcionarios que procesaban esos contratos, que firmaban esas órdenes de pago, formaban parte del engranaje, ya fuera por complicidad activa, por miedo o por esa clase de ceguera conveniente que las personas aprenden a desarrollar cuando la alternativa es peligrosa.
Mientras este engranaje giraba en la superficie de lo legal, Martínez afinaba la parte invisible desde adentro de una prisión de máxima seguridad. La cárcel, para la mayoría de los líderes criminales, es el final. La cadena de mando se rompe, el territorio se disputa y el poder se fragmenta. Para el negro Tulio, la cárcel fue una oficina con barrotes.
Desde el centro penitenciario La Roca, Martínez continuó dirigiendo operaciones con precisión. Sus designaba directivos de terminales terrestres, ordenaba asesinatos. coordinaba el movimiento de cargamentos y lo hacía a través de una cadena de intermediarios que incluía, entre otros, a funcionarios que supuestamente debían custodiarlo.
La ubiquidad criminal no era magia, era infraestructura humana, personas comprometidas, compradas o amenazadas que garantizaban el flujo de órdenes entre el interior del penal y el mundo exterior. El sistema penitenciario concebido para aislar se había convertido en un nodo más de la red.
Afuera esa red operaba a través de varias capas institucionales que se superponían y se complementaban. La primera capa era la más inesperada y quizás por eso la más efectiva, el cuerpo de bomberos de Durán. Los investigadores descubrieron que vehículos institucionales del cuerpo de bomberos, incluyendo ambulancias, camiones tanqueros y camionetas, eran utilizados sistemáticamente para el traslado de armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización.
El razonamiento detrás del esquema era brutal en su simpleza. Nadie detiene una ambulancia. Nadie le pide que abra el compartimento trasero. Nadie confronta al bombero que la conduce. Las sirenas abren caminos que ningún vehículo civil puede abrir. En tiempos de estado de excepción, cuando los controles militares se multiplicaban en las calles de Durán y los soldados revisaban vehículos en retenes improvisados, los convoyes de emergencia atravesaban sin ser revisados.
con la urgencia de quien va a salvar una vida, con la inmunidad táctica que les confería el uniforme y el color institucional. Bajo el estruendo rojo y azul de las luces de emergencia, Shul, los fusiles cruzaban la ciudad de un lado al otro. En un incidente que quedó documentado en el expediente judicial, los sicarios que intentaron asesinar a dos oficiales de policía en el cantón escaparon a bordo de una camioneta perteneciente al cuerpo de bomberos.
El vehículo que debía correr hacia donde están los heridos fue el que sirvió de fuga a quienes habían ido a crear heridos. La institución de rescate como herramienta de ataque. La línea entre el estado y el crimen no estaba difuminada. estaba borrada. La segunda capa era la Agencia de Tránsito de Durán. Aquí el modelo de operación era más sofisticado y más rentable a largo plazo porque se construía sobre la lógica de los contratos y la corrupción administrativa.
Los directivos y agentes vinculados a la red de Martínez administraban el sistema de contratación de obras viales con una pericia que combinaba la letra de los reglamentos con la voluntad de subvertirlos. Las instrucciones eran simples y cínicas. usar materiales de baja calidad en la señalética y el mantenimiento de calles, garantizando un deterioro acelerado que justificara nuevos contratos.
Las calles se construían para fallar. Las fallas generaban presupuesto. El presupuesto volvía a las manos de la organización. Pero la agencia de tránsito servía también para otra dimensión del control territorial, la presión sobre los transportistas. Las cooperativas de buses y taxis que operaban en Durán pagaban extorsiones periódicas, las llamadas vacunas, bajo la amenaza velada de multas arbitrarias, de trabas administrativas, chatten de complicaciones con la matriculación de sus vehículos.
La regulación del tránsito, ese mecanismo administrativo que en teoría ordena la movilidad urbana y protege a los usuarios. se había convertido en un instrumento de asfixia económica al servicio del crimen organizado. Quien controlaba la agencia de tránsito controlaba quién podía trabajar en Durán y en qué condiciones.
La tercera capa era el municipio mismo. La fiscalía identificó que familiares de miembros de la banda ocupaban puestos estratégicos dentro de la estructura administrativa. personas que conocían los procesos internos, que tenían acceso a los expedientes de contratación, que podían facilitar la adjudicación de contratos a las empresas de la organización o bloquear la participación de competidores genuinos.
Pero lo más perturbador, Charlo Lo que causó mayor impacto cuando salió a la luz fue el hallazgo de las nóminas fantasma. personas que figuraban en la planilla municipal como empleados públicos, que tenían número de cédula, cargo asignado, cuenta bancaria donde recibir el pago, que cobraban sus sueldos mes a mes con la puntualidad de cualquier funcionario, pero que jamás pisaron una oficina municipal, que nunca atendieron a un ciudadano, que nunca procesaron un trámite, que nunca firmaron un acta, eran soldados operativos de los Chillers
financiados con el herario público. El Estado, sin saberlo o sin querer saberlo, estaba depositando dinero en las cuentas de sus propios enemigos. Les pagaba el sueldo con el que sostenían la estructura que los desafiaba. La cuarta capa revelada a través del operativo depuración azul, Sha era la más simbólicamente devastadora.
agentes de la Policía Nacional en servicio activo. El esquema era simple y destructivo. Las armas ingresaban a las dependencias policiales para mantenimiento. Allí, los agentes corruptos realizaban el intercambio, entregaban equipo defectuoso al inventario oficial y comercializaban el armamento operativo hacia los sh killers.
Las armas que el Estado compraba para combatir al crimen terminaban en manos del crimen, vendidas por quienes debían empuñarlas en defensa de la ley. Era un sistema de traición perfectamente engrasado. Cada institución que debía proteger contribuía desde adentro a la amenaza que prometía combatir. Durante un tiempo que a la distancia resulta demasiado largo para ser aceptable, ¿no? El sistema funcionó con una eficiencia que debería avergonzar a cualquier auditor del Estado ecuatoriano.
Los contratos llegaban y se pagaban. Los sueldos se depositaban. Las ambulancias circulaban sin ser detenidas. Las armas pasaban de mano en mano al amparo de los inventarios policiales y los sh killers consolidaban un poder territorial que se medía no solo en la cantidad de crímenes que cometían, sino en la profundidad de la presencia que habían establecido.
No necesitaban matar a todos los que se cruzaban en su camino. Necesitaban que todos supieran que podían hacerlo si querían. Esa certeza, ese peso invisible del poder es lo que convierte a una organización criminal en un gobierno paralelo y los chong killers lo habían conseguido en Durán. Pero los sistemas complejos generan evidencia, los engranajes que rotan producen fricción y la evidencia se acumula en los archivos de la fiscalía, en los registros de las comunicaciones intervenidas, en los
testimonios de quienes deciden que el miedo ya no es suficiente razón para seguir callando. Las investigaciones que desembocarían en Fénix 38 comenzaron a tejerse desde varios frentes simultáneos. La Fiscalía General del Estado rastreaba el dinero, los contratos, las empresas fachada, los flujos que entraban y salían de cuentas asociadas a personas que no tenían ninguna actividad económica legítima que justificara esos movimientos.
La Unidad de Inteligencia Policial monitoreaba comunicaciones construyendo pacientemente el mapa de conexiones entre los líderes de la banda y los funcionarios que servían a sus intereses. Las propias fracturas internas de la organización, los ajustes de cuentas entre facciones, los cuerpos que aparecían en parques y calles de Durán con señales de ejecución generaban pistas que los investigadores sabían leer.
Cada cadáver era una historia. Cada historia era una línea del diagrama de una red que se hacía más visible a medida que se volvía más violenta y luego estaban los teléfonos. En mayo de 2024, en el marco de la operación Rocket, agentes de inteligencia ecuatorianos coordinados con autoridades panameñas ubicaron y capturaron a Julio Alberto Martínez en una urbanización de lujo en Ciudad de Panamá.
El hombre que dirigía un gobierno paralelo en Durán vivía en el exterior con la comodidad y la calma del que cree haber construido algo indestructible. Fue detenido junto a Alexandra Estrada y con ellos cayeron tres teléfonos celulares. Esos tres dispositivos se convirtieron en la caja negra de la corrupción en Durán.
El contenido que los investigadores extrajeron reveló conversaciones directas entre Martínez y funcionarios municipales que discutían contratos, plazos, pagos, mensajes entre estrada y directivos de la agencia de tránsito que coordinaban adjudicaciones, comunicaciones entre miembros de la banda y agentes policiales que debían perseguirlos.
Los nombres aparecían con una claridad que no dejaba margen para interpretaciones favorables. No eran coincidencias ni ambigüedades que pudieran atribuirse a relaciones inocentes. Eran órdenes, confirmaciones de acuerdos, registros de pagos, instrucciones sobre a quién había que eliminar y cuándo.
La maquinaria que había operado invisible durante años de repente tenía rostro, nombre y apellido. Decenas de ellos tras el operativo Fénix 38 se diseñó con la información extraída de esos teléfonos como columna vertebral complementada con meses de trabajo de inteligencia de campo. 24 personas fueron detenidas en una sola jornada coordinada.
La mayoría eran funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos. Entre ellos había subtenientes del cuerpo de bomberos, agentes de la Agencia de Tránsito de Durán, empleados municipales con años de servicio y policías uniformados que esa misma mañana, antes del amanecer, todavía se consideraban parte de las instituciones que iban a combatirlos.
No era un golpe a la periferia de la organización, era un golpe al corazón institucional de lo que el negro Tulio había construido. El miniclímax no fue el número de detenidos, fue un detalle específico que emergió durante las investigaciones y que concentró en una sola imagen todo el horror de lo que había ocurrido.
Los investigadores confirmaron con evidencia documental que de una camioneta del cuerpo de bomberos de Durán habían escapado los sicarios que intentaron asesinar a dos oficiales de policía en el cantón. La institución del rescate protegiendo la fuga de los que intentaban matar a los que debían defender el orden.
Ese detalle hizo imposible la narrativa de las manzanas podridas. Imposible seguir hablando de casos aislados, de individuos que habían tomado malas decisiones personales. Cuando la camioneta institucional de una institución de rescate sirve para proteger a quienes acaban de intentar asesinar policías, la corrupción ya no es individual, es estructural, es una decisión de sistema y esa distinción tiene consecuencias enormes sobre qué clase de respuesta se necesita para enfrentarla.
Los tribunales ecuatorianos que recibieron el caso enfrentaron un desafío de una escala que pocas veces se había visto en el sistema judicial del país. No porque la corrupción fuera nueva, sino porque pocas veces se había podido documentar con semejante precisión el funcionamiento simultáneo de una red que atravesaba la seguridad pública, el tránsito, la administración municipal y las fuerzas policiales.
Cada pieza del expediente encajaba con la siguiente. Cada conversación rescatada de los teléfonos de Panamá encontraba su correlato en un contrato firmado, en un sueldo cobrado, en un movimiento bancario rastreable. El proceso judicial tomó el tiempo que los procedimientos exigen, pero cuando llegó el fallo, Sh llegó con toda la fuerza que el sistema podía concentrar.
Julio Alberto Martínez fue sentenciado a 34 años de prisión por terrorismo. Los actos que fundamentaron esa condena ocurrieron en noviembre de 2022. Una serie de atentados con explosivos que dejaron muertos y causaron daños masivos a la infraestructura pública de Durán y el Guayas. El tribunal los tipificó como lo que eran un asalto directo a la seguridad del Estado ecuatoriano.
No un crimen contra personas particulares, no un delito de organización criminal ordinaria, sino terrorismo. 34 años, la pena máxima. Alexandra Estrada recibió la misma condena. La gestora financiera que había construido el andamiaje legal del gobierno paralelo fue sentenciada junto al hombre cuyas operaciones había financiado y blanqueado durante años.
Soy el tribunal no distinguió entre quienes disparaban y quienes hacían posible que hubiera dinero para comprar las armas. Meses después, en julio de 2024, Martínez sumó una segunda condena. 13 años adicionales por delincuencia organizada. vinculada directamente a la red de corrupción en el cantón Durán. Esta segunda sentencia fue la que derrumbó definitivamente el andamiaje institucional que había construido, porque no condenó solo al líder, condenó también a quienes lo habían servido desde adentro del Estado. Bomberos con
grado de subteniente, agentes de la agencia de tránsito, empleados municipales, todos con nombres, todos con los cargos que habían traicionado, todos con sentencias que los ubicaban jurídicamente, donde la evidencia ya los había colocado. Dentro de la organización criminal, el tribunal hizo algo más que dictar sentencias.
instruyó a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación sobre el alcalde de Durán, Luis Chonillo, por su presunta participación o conocimiento en el entramado criminal. Chonillo había construido públicamente una narrativa de gobernante asediado. Declaraba ser víctima de atentados, denunciaba persecución.
se presentaba como alguien que luchaba contra el crimen desde la primera línea, pero su nombre aparecía con demasiada frecuencia en las investigaciones, en los testimonios, en los análisis de los flujos de contratación. El tribunal decidió que esa recurrencia no podía ignorarse. Era un movimiento de enormes consecuencias, no solo para Durán, para la pregunta más profunda que el caso había abierto.
¿Hasta dónde llegaba la red? ¿Quiénes más sabían? ¿Quiénes más habían decidido? ¿Consciente o convenientemente no ver lo que ocurría a su alrededor? El Estado tomó el control de la Agencia de Tránsito de Durán de manera indefinida. La Policía Nacional intervino la institución, suspendió su operación autónoma, comenzó a auditar contratos, revisar registros, examinar sistemas de matriculación que habían sido manipulados durante años.
Era una cirugía brutal aplicada a un órgano que había dejado de cumplir su función legítima. También era una medida necesaria. La alternativa era dejar intacta la infraestructura que había servido a la banda con la esperanza de que sin sus líderes se depurara sola. Esa esperanza habría sido cuando menos ingenua.
El gobierno nacional desplegó más de 2000 efectivos entre policías y militares para retomar el control territorial del cantón. Las calles de Durán, que durante tanto tiempo habían estado bajo una soberanía criminal disfrazada de orden institucional, volvieron a sentir el peso físico del Estado.
Los retenes se multiplicaron, los operativos de registro se intensificaron, la presencia uniformada se hizo visible en cada esquina, que antes había sido territorio de facto de la banda. Pero el punto de quiebre más profundo no fue ninguna de estas medidas operativas. Fue lo que los tres teléfonos incautados en Panamá habían revelado sobre la naturaleza del problema.
No era corrupción en el sentido clásico del término. Funcionarios que aceptan sobornos aislados para mirar hacia otro lado. Era la construcción deliberada, planificada, sostenida durante años de un gobierno paralelo que utilizaba las instituciones del Estado como fachada, como herramienta y como fuente de financiamiento.
Chukel negro Tulio no había corrompido a Durán, la había gobernado. Y cuando ese gobierno fue desmantelado, con sus sentencias y sus detenidos y sus contratos anulados, lo que quedó no fue una ciudad liberada, fue una ciudad con un vacío donde había estado durante años una estructura de poder, un vacío que necesitaba ser llenado urgente y legítimamente antes de que otro lo llenara de la misma manera.
Los vacíos de poder en el crimen organizado no duran. Se llenan con la velocidad que tiene el caos cuando no hay nada que lo contenga. La captura de Martínez y la desarticulación de su red institucional generaron una reconfiguración violenta del territorio de Durán. Bandas rivales, entre ellas los Latin Kings, que habían operado en los márgenes del dominio de los sh killers, vieron en el vacío una oportunidad y la aprovecharon con la lógica que el crimen organizado aplica invariablemente a los territorios en disputa,
exhibición máxima de violencia como señal de poder. En un solo parque del cantón se registraron múltiples masacres en un periodo de pocos meses. Sus cuerpos eran mensajes. La sangre era el lenguaje con el que los nuevos competidores marcaban sus aspiraciones y demostraban que, a pesar de las capturas y los operativos, el control de las calles seguía siendo una cuestión abierta.
La población civil de Durán, que había vivido bajo el peso de una hegemonía criminal, se encontró ahora en el peor de los escenarios posibles, en medio de una guerra de sucesión sin reglas y sin frenos. Los funcionarios públicos honestos, aquellos que no habían traicionado, pero que servían en instituciones que sí lo habían hecho, Chu quedaron atrapados en una posición de vulnerabilidad extrema.
eran sospechos para las autoridades por pertenecer a instituciones comprometidas y eran objetivos para las bandas rivales por haber formado parte de un sistema que había servido a los shone killers, independientemente de si su participación había sido activa o simplemente involuntaria. La victimización de los dos bomberos asesinados en el destacamento de Orama González ilustra esta trampa con una crueldad.
Según los informes de inteligencia, ese ataque no fue delincuencia común ni una agresión arbitraria. Fue una venganza calculada de bandas rivales contra una institución que bajo el control de la red de Martínez había facilitado ambulancias y vehículos para el transporte de los sicarios enemigos.
Si los bomberos que murieron ese día no necesariamente habían participado en ese esquema. murieron por algo que sus colegas habían hecho, por una institución a la que pertenecían, pero que habían perdido sin siquiera saberlo, a manos de quienes la convirtieron en un instrumento al servicio del crimen. Esa es quizás la consecuencia más silenciosa y más duradera de la captura institucional, el precio que pagan los inocentes, que quedan asociados a estructuras corruptas cuando esas estructuras finalmente caen.
La economía de Durán acusó también el golpe de la desarticulación. El dinero ilícito que fluía a través de los contratos municipales y los negocios de la red había generado una especie de dinamismo artificial en ciertos sectores del cantón. obras, aunque deficientes, empleo aunque corrupto, movimiento de dinero aunque sucio.
Cuando ese flujo se interrumpió abruptamente, la tensión social aumentó y las formas de extorsión más directas y más violentas se volvieron más frecuentes. El crimen organizado que pierde su acceso al Estado se vuelve más visible, más brutal y más desesperado. La pregunta que quedó flotando sobre todo este escenario, la que ninguna conferencia de prensa gubernamental se animó a responder con honestidad, fue la más importante de todas.
¿Qué pasará cuando las tropas se retiren? El control militar es efímero. Cuando los retenes se levantan y los soldados regresan a sus cuarteles, el territorio queda con lo que había antes. Y si lo que había antes no ha cambiado, el vacío que dejó una red se convierte en la invitación perfecta para que otra la reemplace.
La lección que deja la red de Martínez no es que el estado fue derrotado, si fue infiltrado. Y esa diferencia es crucial para entender qué clase de respuesta se necesita. Una derrota requiere una respuesta militar. Una infiltración requiere una respuesta institucional. Auditorías, purgas dentro de las estructuras, mecanismos de transparencia en la contratación pública, un estado que sea algo más que un sello disponible para quien tenga dinero suficiente para comprarlo.
Julio Martínez tiene 34 años de condena por terrorismo y 13 años adicionales por delincuencia organizada. La aritmética penal dice que a su edad y con esas condenas acumuladas no saldrá en vida de una prisión ecuatoriana. La justicia llegó tarde quizás, pero llegó con el peso que el caso exigía. Pero el sistema que construyó no dependía de él para existir.
Solo dependía de la debilidad de las instituciones a las que se había adherido como un organismo parásito. Dependía de que hubiera funcionarios dispuestos a vender su lealtad al mejor postor. dependía de que los mecanismos de control interno fueran suficientemente débiles como para no detectar durante años que una parte del presupuesto municipal financiaba operaciones criminales y que una parte del armamento policial terminaba en manos de terroristas.
Esa debilidad no desapareció con las detenciones. No se resuelve con sentencias, por más contundentes que estas sean. Se resuelve con una reforma institucional profunda y sostenida que históricamente es la tarea más difícil que cualquier democracia latinoamericana enfrenta. La historia de los policías que trabajaban para el negro Tulio no es en el fondo, una historia sobre policías corruptos.
Es una historia sobre lo que ocurre cuando una sociedad permite que el Estado se deteriore hasta el punto en que el crimen organizado puede presentarse como una alternativa de gobierno más confiable, más presente y más capaz de cumplir sus promesas que las instituciones legítimas. Los funcionarios que traicionaron sus juramentos no actuaron por convicción ideológica.
Actuaron por dinero, por miedo y por la certeza que el tiempo les había dado razones para sostener, de que el estado que debían servir no los protegería y de que la organización criminal sí tenía los medios para hacerlo. Esa certeza es el verdadero legado de la red de Martínez.
No las sentencias, no los operativos, no los tres teléfonos confiscados en una urbanización de lujo en Panamá. Chocinó la demostración de que en ciertos territorios a ciertas personas, el negro Tulio les resultaba más creíble como poder, más real como autoridad, más capaz de garantizar algo parecido a un orden que el estado al que teóricamente servían.
Cambiar esa percepción no requiere más tropas, requiere un estado que llegue antes de que el crimen ocupe el espacio que dejó. Un estado que proteja a quienes deben proteger, que fiscalice a quienes manejan fondos públicos y que tenga la honestidad de reconocer cuándo una institución ha sido capturada antes de que sea demasiado tarde.
Las ambulancias de Durán vuelven a circular. Las sirenas ahullan igual que siempre. Los autos se abren a los costados. Nadie las detiene, nadie las registra. La pregunta de qué llevan adentro todavía no tiene para muchos ciudadanos del cantón si una respuesta definitiva. Y esa incertidumbre, ese no saber si la sirena que se acerca es rescate o amenaza, es el residuo más duradero y más venenoso de lo que el negro Tulio construyó en Durán.
Una desconfianza que no se cura con operativos, que solo se cura con el tiempo, con la transparencia y con la demostración repetida y cotidiana de que las instituciones volvieron a ser de quienes deben servirlas. los ciudadanos.
