Atención, atención. Nueve policías traidores con placa policial que dejaron un cuerpo en aguas negras y un director de policía que desapareció exactamente 3 horas antes de que llegara el convoy de Harfarlos. Eso es lo que Omar García Harfush desenterró en Progreso de Obregón Hidalgo.
Y lo que los noticieros te contaron es apenas la mitad de la historia. El martes 20 de mayo de 2026, nueve policías municipales fueron vinculados a proceso por homicidio doloso calificado. Eso ya lo viste en los titulares. Lo que no viste es cómo ocurrió su captura minuto a minuto en la explanada de su propia presidencia municipal frente a sus vecinos con gritos que se escucharon hasta la calle principal.
Lo que no viste es quién lloraba, quién se resistía y quién intentó correr antes de que los militares cerraran el último ángulo de salida. Y hay algo más. Cuando Harfuch activó el protocolo y el convoy dobló hacia el centro del municipio esa mañana del 13 de mayo, encontraron a ocho de los nueve objetivos. El décimo, el que firmaba las órdenes, el que dirigía la corporación entera, ya no estaba, se había ido horas antes.
Y esa ausencia es la pregunta que ningún noticiero ha respondido todavía. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harf y en este video la vamos a abrir. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Progreso de Obregón no es un municipio que aparezca en los titulares nacionales. Es un pueblo de poco más de 8,000 habitantes en el valle del Mesquital, Hidalgo.
Tierra plana, calles de adoquín gris, presidencia municipal pintada de colores institucionales que se descascaran con el sol de mayo. A las 6 de la mañana huele a tierra húmeda y diésel de los camiones que salen hacia los campos. La gente madruga. Nadie espera nada extraordinario de un martes. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Progreso de Obregón tenía en papel la función de proteger a esos 8,000 habitantes.
En la práctica, los nueve agentes que componían el núcleo operativo de esa corporación habían construido algo diferente, un territorio donde la placa no era símbolo de protección, sino de impunidad, donde detener a alguien no significaba llevarlo ante un Ministerio Público, significaba llevarlo a las galeras, cerrar la puerta y decidir qué pasaba después sin testigos.
Eso funcionó durante un tiempo. Las corporaciones municipales pequeñas operan en zonas grises donde la supervisión federal llega tarde y la supervisión estatal llega poco. Los nueve sabían exactamente dónde estaban los límites de lo visible y habían aprendido a operar justo debajo de esa línea. El error de cálculo fue creer que la placa los volvía invisibles para siempre, que lo que ocurriera dentro de las galeras se quedaba dentro de las galeras, que un cuerpo abandonado en un canal de municipio vecino era un problema de otro municipio. No contaban
con que Harf ya tenía un patrón. Un día antes en Tesontepec de Aldama, a menos de 40 km, el director y subdirector de seguridad pública habían caído en otro operativo coordinado. Dos municipios, dos corporaciones una misma semana. Eso no era coincidencia, era una campaña. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo.
Para entender cómo cayeron los nueve, hay que retroceder al 10 de mayo, 4 días antes del operativo, porque la trampa no la atendió Harfuch esa madrugada. La atendieron ellos mismos con tres decisiones que en su momento parecieron inteligentes y que en retrospectiva sellaron cada uno de sus destinos. El primer error ocurrió el 10 de mayo, en algún momento entre la tarde y la noche.
Los nueve policías detuvieron a dos hombres, uno de ellos era BTG. Lo que pasó dentro de las galeras de la Dirección de Seguridad Pública Municipal nunca va a tener una versión oficial limpia, pero las marcas que encontraron en el cuerpo después no dejaban margen para la interpretación. Lo golpearon. Lo golpearon hasta que dejó de moverse y entonces tomaron una decisión que pareció eficiente en ese momento.
No trasladar el cuerpo lejos, no cruzar hacia otro estado, no enterrarlo. Lo cargaron en una patrulla y lo abandonaron en un canal de aguas negras en Hawei Blanco, comunidad del municipio de Mixquiahuala de Juárez, a 19 km de su base rápido, conocido sin testigos visibles. que BTG no sabía. Lo que los nueve no calcularon es que ese canal era ruta de paso de jornaleros agrícolas que salían antes del amanecer.
El cuerpo fue encontrado el 11 de mayo, menos de 12 horas después. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron colectivamente entre el 11 y el 12 de mayo. Cuando el cuerpo apareció y las indagatorias comenzaron, los nueve policías tomaron la decisión de seguir presentándose a trabajar.
calcularon que sin testigos directos no había caso sólido. Lo que ignoraban o eligieron ignorar es que la segunda víctima, el hombre que logró escapar esa noche con lesiones, ya había declarado ante el Ministerio Público Estatal en las primeras horas del 11 de mayo. Su declaración incluía descripciones precisas de uniformes, el número económico de al menos una patrulla municipal y los nombres de pila de dos de los agentes.
Las 11:47 de la noche del 11 de mayo. Según fuentes cercanas al operativo, el gabinete de seguridad federal recibió la carpeta de investigación y activó el protocolo de coordinación interinstitucional. Los nueve siguieron yendo a trabajar, seguían usando sus uniformes, seguían portando sus armas de cargo. Lo que ninguno de los nueve sabía era que esa decisión de quedarse acababa de convertirlos en objetivos confirmados en una operación que ya tenía nombre en Ciudad de México.
Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. El tercer error lo cometió el grupo completo en las horas previas al amanecer del 13 de mayo. Y este es el más difícil de explicar porque requiere entender la dinámica interna de lo que estaba pasando dentro de esa corporación. El director Juan José Né, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, recibió un aviso.
No hay registro oficial de quién lo llamó, a qué hora ni qué exactamente le dijeron, pero los hechos hablan solos. Cuando el Convoy federal estatal militar llegó a Progreso de Obregón esa mañana, Juan José N ya no estaba, se había ido y no dejó instrucciones para los ocho hombres y la mujer que sí estaban en sus puestos.
Los nueve confiaron en que el silencio del director significaba que todo estaba bajo control, que si algo grave estuviera pasando, él les habría avisado, que si hubiera una operación real en marcha, ellos lo sabrían. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque esa madrugada Harf ya tenía todo lo que necesitaba. A las 4:23 de la madrugada del 13 de mayo, el convoy comenzó a moverse desde un punto de concentración a las afueras del municipio de Actopán.
A 31 km de progreso de Obregón, no había sirenas, no había luces de emergencia. Los vehículos avanzaban con los faros en posición baja, manteniendo distancia entre unidades, siguiendo una ruta secundaria que evitaba los dos únicos retenes municipales del acceso norte al municipio. El convoy estaba compuesto por elementos de tres instituciones, agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y soldados de la Secretaría de la
Defensa Nacional. Tres capas de autoridad, tres cadenas de mando coordinadas bajo un solo objetivo operativo. 19 minutos antes de que el convoy llegara al perímetro del municipio, un dron de vigilancia ya llevaba 42 minutos sobrevolando Progreso de Obregón en órbita silenciosa a 400 m de altitud.
Sus cámaras de visión térmica registraban en tiempo real las firmas de calor de cada persona en movimiento dentro del radio de tres cuadras alrededor de la presidencia municipal. Los operadores en la unidad de mando móvil contaban cuerpos, confirmaban posiciones, cruzaban coordenadas con el plano de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
A las 5:51 de la mañana, el canal de comunicación encriptada entre el mando operativo y Ciudad de México transmitió la confirmación que cerraba el cerco de inteligencia. Ocho de los nueve objetivos estaban dentro del radio de acción. El noveno, la agente identificada con las iniciales SPS fue localizada 4 minutos después a media cuadra de la presidencia municipal, caminando en dirección al edificio.
El dron ajustó su órbita. Los operadores actualizaron el mapa de posiciones. H las 6:1 de la mañana, todos los objetivos estaban dentro del perímetro. El convoy había detenido su avance a seis cuadras del centro. Los elementos de infantería descendieron de los vehículos en silencio y comenzaron a cerrar los accesos peatonales y vehiculares a la colonia Centro desde cuatro puntos cardinales simultáneos.
No había vecinos en las calles todavía. El sol de mayo en el valle del Mesquital no termina de salir hasta pasadas las 6:30. La oscuridad todavía era aliada del operativo. A las 6:31 minutos de la mañana, el perímetro externo estaba sellado. Ningún vehículo podía entrar ni salir de un radio de cuatro cuadras alrededor de la presidencia municipal sin pasar por un punto de control federal.
Los elementos de la Sedena tomaron posiciones en los ángulos de mayor riesgo de fuga, el callejón lateral del edificio municipal y el estacionamiento trasero donde se guardaban las patrullas de la corporación. Los nueve objetivos no sabían nada de esto todavía. Adentro de la Dirección de Seguridad Pública era un martes normal.
Algunos tomaban café, uno revisaba el turno en una hoja impresa. La agente SPS acababa de entrar al edificio. El radio municipal transmitía estática y reportes de tráfico sin incidentes. A las 6:44 de la mañana, el mando operativo transmitió la última confirmación de posiciones al canal encriptado. A las 6:47 de la mañana, el convoy avanzó hacia la explanada.
Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. A las 6:47 de la mañana del 13 de mayo, tres vehículos del convoy doblaron hacia la explanada de la Presidencia Municipal de Progreso de Obregón en formación cerrada, sin sirena, sin anuncios. El movimiento fue tan coordinado y tan silencioso que los primeros dos policías que estaban en el exterior del edificio no reaccionaron durante 4 segundos completos.
4 segundos en los que los elementos federales ya habían descendido de los vehículos y tomado posiciones de contención. Esos 4 segundos fueron todo el margen que tuvo la operación para desarrollarse en orden. Después de eso, el orden se terminó. Los primeros 4 minutos fueron de confusión y contención. Cuando los elementos irrumpieron en el interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los nueve policías procesaron lo que estaba pasando de maneras diferentes.
Dos de los agentes masculinos intentaron moverse hacia el área donde se almacenaban las armas de cargo. Un movimiento que los elementos de infantería cortaron antes de que recorrieran 3 m. Uno de ellos forcejeó. No llegó lejos. Otro agente identificado con las iniciales AMD intentó salir por una puerta lateral que daba al callejón trasero.
El mismo que los soldados de la Sedena llevaban 16 minutos custodiando. Cuando abrió la puerta y se encontró con dos elementos en posición táctica a menos de 1 metro de distancia, retrocedió sin decir una palabra y levantó las manos adentro. Los gritos comenzaron casi de inmediato. No eran gritos de combate, eran gritos de pánico, de incredulidad, del momento exacto en que nueve personas que habían creído durante 3 años que la placa los protegía de todo entendieron en el cuerpo que eso había terminado.
Una de las agentes, los testigos presentes en las inmediaciones de la explanada reportaron escucharla desde la calle, lloró a gritos durante varios minutos mientras era asegurada. Otro de los elementos masculinos repetía que había un error, que esto era un error, que alguien tenía que llamar al director. Nadie llamó al director, el director no estaba.
Los siguientes 8 minutos fueron de aseguramiento y control. Los nueve policías fueron sacados del interior del edificio uno por uno y llevados a la explanada de la presidencia municipal. El mismo espacio donde probablemente habían estado de guardia docenas de veces, donde habían saludado a vecinos, donde habían firmado bitácoras de turno.
Ahora estaban en ese mismo espacio con las manos aseguradas a la espalda, arrodillados sobre el adoquín gris, rodeados por elementos federales con equipo completo. Los vecinos que comenzaban a salir a la calle se detenían en la banqueta. Algunos sacaban el teléfono. La explanada de un municipio de 8,000 personas es un escenario sin paredes.
Todo el que pasaba podía ver exactamente lo que estaba ocurriendo. Los nueve policías que durante años habían sido la autoridad visible de ese pueblo estaban ahora en el piso de su propia plaza. El inventario de armas de cargo fue iniciado en paralelo por los agentes de la policía de investigación. Cada elemento desarmado, cada credencial verificada contra la lista de objetivos de la orden de aprensión.
Ocho coincidencias inmediatas. La novena. La agente SPS fue confirmada al cruzar su número de empleado con el registro de la corporación municipal. Los últimos 3 minutos fueron del colapso final y la lectura de derechos. El agente identificado con las iniciales de BM fue el último en ser asegurado. Había intentado argumentar durante los primeros minutos del operativo que tenía información relevante, que podía cooperar, que había cosas que el mando necesitaba saber.
Los elementos federales lo escucharon sin responder y procedieron a asegurarlo conforme al protocolo. No era el momento de negociaciones, era el momento del cierre. A las 7:9 de la mañana, el mando operativo transmitió el parte oficial al canal encriptado que conectaba con Ciudad de México. Alto al fuego, amenaza neutralizada, nueve objetivos asegurados, cero bajas federales.
Los nueve policías, ocho hombres y una mujer que 4 días antes habían creído que eran intocables, fueron remitidos al Ministerio Público. Fuera de la presidencia municipal, los vecinos de Progreso de Obregón miraban en silencio como los vehículos del convoy se alejaban por el adoquín gris bajo el sol de las 7 de la mañana. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo cuando los elementos de la policía de investigación entraron a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Progreso de Obregón, después de que los nueve fueron
asegurados en la explanada, lo que encontraron adentro comenzó a contar una historia diferente a la que aparecería en los comunicados oficiales. El inventario empezó por lo más visible. Nueve armas de cargo, pistolas calibre 9 mm asignadas institucionalmente a cada elemento, fueron confiscadas y registradas. Eso era esperado.
Lo que no estaba en ningún registro oficial previo eran las tres armas adicionales encontradas en el área de casilleros, dos sin número de serie visible y una con una calcomanía del escudo municipal pegada sobre la empuñadura, como si alguien hubiera intentado darle una identidad institucional que no tenía. 12 armas en total para una corporación de nueve elementos.
tres armas que no deberían existir en ese inventario. Cada una de esas tres armas extras cuenta una historia y ninguna de esas historias termina bien. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. En el área de vehículos, los investigadores documentaron cuatro patrullas municipales. una de ella con el número económico que la segunda víctima había descrito en su declaración ante el Ministerio Público, Ara Tit tenía en el asiento trasero una mancha oscura sobre el tapizado que los peritos fotografiaron antes de retirarla para
análisis forense. Esa patrulla había estado en servicio activo hasta la mañana del operativo. Nadie la había lavado, nadie la había retirado de circulación. 4 días después de cargar el cuerpo de BTG, esa unidad seguía rodando por las calles de Progreso de Obregón como si nada hubiera ocurrido. Eso no es descuido, eso es arrogancia institucional en su forma más pura.
En el interior del edificio, los investigadores encontraron el libro de guardias de los últimos 30 días. Cada turno firmado, cada bitácora completa. El 10 de mayo, la noche en que BTG fue detenido, torturado y asesinado, aparecía con normalidad administrativa, hora de inicio de turno, hora de fin, firma de los elementos presentes, como si esa noche hubiera sido una noche ordinaria, como si lo que ocurrió en esas galeras fuera simplemente otra entrada en un registro de papel.
Ese libro de guardias es ahora evidencia en una carpeta de investigación que tiene 3 meses para cerrarse. Pero lo más valioso no brillaba. Entre todos los objetos documentados esa mañana, el que detuvo a los investigadores por más tiempo no era un arma, ni una patrulla, ni un documento institucional, era algo pequeño, algo que no tenía por qué estar ahí.
En el cajón inferior del escritorio del área de guardia, entre una linterna rota y una copia desgastada del reglamento municipal, los investigadores encontraron una credencial. No era una credencial de policía, era la identificación personal de BTG, el hombre al que golpearon hasta matarlo, cuyo cuerpo tiraron en el canal de Jago y Blanco, cuyo nombre ahora aparece en una carpeta de homicidio doloso calificado en el Centro de Reinserción Social de Pachuca.
Nadie debería tener esa credencial. No había razón institucional para que estuviera en ese cajón. BTG no era un detenido procesado, no había ingreso formal, no había registro de su paso por esas instalaciones, porque si lo hubiera habido, habría habido testigos institucionales del procedimiento. La credencial estaba ahí porque alguien la tomó esa noche y la guardó y la olvidó o no creyó que importara.
Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. Esa credencial es la prueba más silenciosa y más brutal de todo lo que ocurrió en esa galera el 10 de mayo. Un pedazo de plástico con la foto de un hombre que confió en que el estado lo protegería guardado en el cajón de los mismos que lo mataron. Eso no es todo.
El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala. Los documentos, siempre los documentos. En el escritorio del director, el despacho de Juan José Ené, que esa mañana estaba vacío con la silla giratoria todavía ligeramente reclinada, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente horas san. Los investigadores encontraron una carpeta de comunicaciones internas de los últimos 90 días, reportes de turno, solicitudes de parque vehicular y algo más.
Una serie de anotaciones manuscritas en los márgenes de tres documentos diferentes que los analistas de inteligencia llevarían consigo para revisión fuera del sitio. No se ha informado públicamente qué decían esas anotaciones, pero el hecho de que hayan sido retiradas para análisis de inteligencia y no simplemente incorporadas a la carpeta de investigación estatal indica que lo que contenían excedía el ámbito de este caso específico.
Lo que conecta Progreso de Obregón con Tesontepec de Aldama no es solo la proximidad geográfica ni la coincidencia de fechas, es el patrón. dos corporaciones municipales, dos operativos con un día de diferencia, una misma coordinación federal y en ambos casos una ausencia notable en el momento del operativo. Esa es la segunda pregunta que Harfush todavía no ha respondido en público y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente.
Cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió su comunicado el 14 de mayo, un día después de los arrestos, la declaración atribuida a Harfouch no tenía adjetivos, no tenía dramatismo, tenía cuatro oraciones que funcionaban como bisturí. Elementos de seguridad pública que traicionan su mandato no son autoridad, son objetivo.
Coordinamos con las instituciones estatales para ejecutar estas órdenes de aprensión, porque la delincuencia no tiene fuero. Quien use una placa para delinquir encontrará la misma respuesta que cualquier otro criminal. Esta operación continúa. Cuatro oraciones. Analicémoslas. Elementos de seguridad pública que traicionan su mandato no son autoridad, son objetivo.
Esta primera frase no es una descripción de lo que ocurrió, es una doctrina operativa. Arfuchi está redefiniendo públicamente la categoría de quienes pueden ser objetivos de sus operativos y está sinabom ahí está haciendo esa redefinición en presente, no en pasado. No dijo fueron objetivo, dijo son objetivo. Tiempo presente, aplicación continua.
Coordinamos con las instituciones estatales para ejecutar estas órdenes de aprensión porque la delincuencia no tiene fuero. La palabra clave aquí no es coordinamos. Arfuch está cerrando una brecha legal que históricamente ha protegido a elementos de corporaciones municipales de la intervención federal directa. Está diciendo, sin decirlo explícitamente, que la jurisdicción no es un escudo.
Quien use una placa para delinquir encontrará la misma respuesta que cualquier otro criminal. Esta oración no estaba dirigida a los nueve que ya estaban detenidos. Estaba dirigida a quien todavía no estaba detenido. Estaba dirigida al director. Esta operación continúa. Dos palabras que vale más que un párrafo entero.
Harfuch no cerró el caso. Lo dejó abierto deliberadamente en público para que quien necesitara escucharlo lo escuchara. A esas cuatro oraciones fueron un mensaje codificado y el destinatario principal no era la prensa. Dele like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Lo que ocurrió en Progreso de Obregón el 13 de mayo no fue un operativo aislado, pues es que el segundo movimiento de una secuencia que comenzó 24 horas antes y que forma parte de un patrón que Harfuch lleva construyendo desde que asumió la secretaría. El 12 de mayo, prima, un día
antes de los arrestos en Progreso de Obregón, cayeron el director y el subdirector de seguridad pública de Tontepec de Aldama, municipio ubicado a 38 km al sureste. Mismo estado, misma semana, misma coordinación federal. Dos municipios en 48 horas. Ese no es el ritmo de una investigación reactiva, es el ritmo de una operación planificada con semanas de anticipación, con inteligencia acumulada sobre múltiples objetivos simultáneos, diseñada para golpear antes de que los objetivos pudieran advertirse entre sí. El hecho
de que el director de Progreso de Obregón lograra huir sugiere que el diseño no fue perfecto, pero el hecho de que nueve de 10 objetivos cayeron en menos de 48 horas en dos municipios distintos sugiere que el margen de error fue mínimo. El patrón que este operativo confirma es uno que los analistas de seguridad llevan documentando desde 2024.
La captura del Estado a nivel municipal no es un fenómeno de grandes organizaciones nacionales infiltrando corporaciones pequeñas desde afuera. Es un fenómeno de construcción interna. Corporaciones pequeñas que desarrollan sus propias dinámicas de impunidad desde adentro sin necesidad de instrucciones externas, simplemente porque el vacío de supervisión lo permite.
Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta. Si el gabinete de seguridad federal tenía inteligencia suficiente para coordinar dos operativos simultáneos en dos municipios distintos de Hidalgo en la misma semana con drones, con comunicación encriptada, con elementos de la Sedena. ¿Cuánto tiempo llevaban vigilando estas corporaciones antes de actuar? ¿Y qué ocurrió durante ese tiempo de vigilancia que no está en ningún comunicado oficial? La respuesta incómoda es que los operativos de inteligencia tienen tiempos que no
coinciden con los tiempos de la justicia. Se vigila para acumular, se acumula para tener un caso que no se caiga en un juzgado y mientras se acumula, los objetivos siguen operando. Eso significa que entre el momento en que el gabinete de seguridad identificó a estos nueve policías como objetivos y el momento en que los arrestó hubo un periodo de días, posiblemente de semanas, por tiempo en que se sabía lo que estaban haciendo y se permitió que siguieran haciéndolo para no comprometer la operación. Esa es la tensión
estructural que ninguna institución va a explicar en un comunicado de prensa. Lo que sí está claro es esto. La vinculación a Proceso de los 9 el 20 de mayo establece un precedente judicial en Hidalgo que no existía con esta visibilidad antes. Un juez de control revisó las pruebas, determinó que eran suficientes y mandó a prisión preventiva a nueve policías municipales en activo.
3 meses de investigación complementaria, una carpeta que se cierra o se amplía. Lo que sigue nadie lo vio venir ni ellos. Nueve están en el cerezo de Pachuca con prisión preventiva oficiosa, con tres meses de reloj corriendo sobre sus cabezas, pero hay uno que no está. El director Juan José N sigue libre y eso no es un detalle menor en esta historia, es el centro de la historia que viene.
Piens en lo que Harf tiene ahora mismo sobre la mesa. Tiene nueve elementos detenidos que en algún momento de los próximos 90 días van a enfrentar la presión de una investigación complementaria que puede ampliarse. Tiene una carpeta con anotaciones manuscritas retiradas del despacho del director para análisis de inteligencia.
Tiene una segunda víctima viva cuya declaración fue suficientemente precisa para coordinar un operativo federal. Tiene la patrulla con la mancha en el asiento trasero en manos de peritos forenses y tiene el libro de guardias del 10 de mayo con todas las firmas. Lo que Harfavía no tiene, al menos no en forma de objetivo procesado, es al hombre que dirigía esa corporación, al hombre cuya silla giratoria estaba todavía reclinada cuando llegaron los investigadores, al hombre que recibió un aviso que los otros nueve no recibieron. Eso significa
dos cosas. Primera, alguien en la cadena de información del operativo filtró el aviso hacia el director. Esa fuga es ahora parte de la investigación. Segunda, el director sabe exactamente lo que hay en esa carpeta de comunicaciones internas que los investigadores se llevaron. Sabe lo que dicen esas anotaciones y sabe cuánto tiempo tiene antes de que la investigación complementaria lo alcance.
90 días es el plazo que fijó el juez. 90 días para que el Ministerio Público consolide o amplíe los elementos probatorios. 90 días en los que el nombre de Juan José N va a aparecer en cada declaración, en cada cruce de evidencia, en cada hoja de ese libro de guardias. La pregunta no es si Harfuch va a cerrar ese cerco, la pregunta es cuándo y qué más va a caer cuando lo cierre.
Porque Teezontepec de Aldama y Progreso de Obregón no son dos municipios aleatorios, son dos puntos en un mapa que Harfuch ya tiene trazado y los puntos que conectan esos dos municipios llevan hacia algo más grande que dos corporaciones locales actuando de forma independiente. En los próximos días este canal va a publicar el seguimiento al paradero de Juan José N y a las conexiones entre los dos operativos de Hidalgo.
Tenemos la fecha de la próxima audiencia, los nombres de los municipios que aparecen en la carpeta de inteligencia retirada del despacho del director y la información sobre quién más podría estar en esa lista de objetivos que Harf todavía no ha cerrado. Juan José Naba cuando llegaron. Alguien le avisó y la pregunta de quién hizo esa llamada es el próximo capítulo de esta historia.
Regresa un momento a la primera imagen de este video. Nueve placas, un cuerpo en aguas negras y un director que desapareció 3 horas antes de que llegara el convoy. Ahora sabes lo que hay detrás de cada una de esas tres cosas. Las nueve placas pertenecían a hombres y una mujer que construyeron durante años un territorio de impunidad en un municipio de 8,000 personas, convencidos de que la placa los protegía de todo.
El 13 de mayo a las 7:09 de la mañana, en la explanada de su propia presidencia municipal, con vecinos mirando desde la banqueta y el sol apenas saliendo sobre el valle del Mesquital, descubrieron que estaban equivocados. El cuerpo en aguas negras era BTG, un hombre cuya credencial terminó en el cajón de los mismos que lo mataron.
un hombre que no tenía por qué estar en esa galera esa noche del 10 de mayo.
