El Senado de la República se ha convertido en el epicentro de la confrontación política más cruda y reveladora de los últimos tiempos en México. Lo que debía ser un debate estructurado y técnico sobre el futuro del sistema de justicia y las reformas constitucionales, rápidamente se transformó en un campo de batalla ideológico y verbal. Las visiones opuestas de dos Méxicos distintos colisionaron frontalmente: por un lado, la defensa urgente de las instituciones democráticas y los contrapesos legales; por el otro, la validación de un poder mayoritario que justifica cualquier cambio estructural bajo el amparo del mandato popular. Este choque, protagonizado de manera central por Luis Donaldo Colosio Riojas y Gerardo Fernández Noroña, no solo dejó frases para la historia, sino que encendió las alarmas sobre el rumbo autoritario que podría estar tomando la nación.
La sesión tomó un tono de gravedad absoluta cuando el senador Luis Donaldo Colosio Riojas tomó la palabra. Su discurso, lejos de centrarse en los habituales ataques personales que caracterizan la política actual, se elevó para plantear una advertencia fundamental sobre el diseño del Estado mexicano. Colosio fue tajante al señalar que una Constitución no es un documento desechable ni un cuaderno de borradores. Denunció con firmeza la l
igereza con la que el bloque gobernante está modificando la Carta Magna, alertando que un país sin una Constitución sólida es, en esencia, un país sin reglas claras, condenado a quedar a merced de la sed de poder del gobernante en turno.
En uno de los momentos más reflexivos y aplaudidos por los defensores de la legalidad, Colosio recordó a los legisladores del oficialismo una lección básica pero frecuentemente olvidada en la embriaguez del triunfo: las mayorías son temporales. La advertencia fue cristalina. Las herramientas de control absoluto que hoy construyen desmantelando los contrapesos institucionales, el día de mañana estarán a disposición de quien gane la siguiente elección, sea quien sea. Y es entonces, cuando se encuentren del lado de la minoría, cuando extrañarán desesperadamente los límites y el equilibrio democrático que hoy están destruyendo con tanto fervor.
El núcleo del argumento de Colosio giró en torno a la politización y experimentación con el Poder Judicial. Calificó como un acto de tremenda irresponsabilidad que el Senado esté utilizando la justicia mexicana como si fuera un laboratorio de pruebas. Detalló cómo se aprueban reformas profundas por el simple peso de la mayoría, solo para descubrir meses después que no funcionan, obligando al recinto a regresar sobre sus propios pasos para parchar los errores. Mientras los políticos juegan a ensayar fórmulas de poder, allá afuera hay un país entero sufriendo las consecuencias del rezago. Hay madres suplicando por pensiones alimenticias, víctimas clamando por reparación del daño, trabajadores exigiendo sus derechos laborales y comunidades defendiendo sus tierras. Ninguno de ellos puede darse el lujo de esperar a que la clase política termine de experimentar con los tribunales.
Para el senador, la intención de fondo no es mejorar la justicia, sino deshacerse de cualquier institución que tenga la capacidad y la autonomía para decirle “no” al gobierno. En sus palabras, la reforma al Poder Judicial no busca democratizar la justicia, sino quitarle al ciudadano ordinario la única herramienta que tiene para defenderse de las arbitrariedades del Estado, dejando un país donde el poder no tiene límites ni frenos.
Sin embargo, la respuesta del bloque oficialista, personificada en la explosiva intervención de Gerardo Fernández Noroña, cambió drásticamente el tono del debate. Lejos de ofrecer argumentos técnicos o garantías sobre el futuro institucional del país, la estrategia fue apelar a la confrontación directa, el resentimiento histórico y la descalificación virulenta. Noroña acusó a la oposición de utilizar un doble discurso, señalando que la verdadera razón por la que se oponen a que el pueblo elija a los jueces mediante el voto popular es por un profundo racismo y clasismo.
El discurso de Noroña se convirtió en una metralla de acusaciones del pasado. Justificó la reforma atacando el actuar histórico de la Suprema Corte de Justicia, a la cual acusó de haber protegido durante más de una década a multimillonarios como Ricardo Salinas Pliego, otorgándole amparos bajo un manto de corrupción para evitar el pago de miles de millones de pesos en impuestos. Pero las descalificaciones no se detuvieron en la evasión fiscal; escalaron hacia señalamientos de nexos criminales de la más alta gravedad.
Con la voz alzada y una evidente furia, Noroña recordó episodios oscuros de las administraciones anteriores. Mencionó directamente a Vicente Fox y Felipe Calderón, acusándolos de haber sido cómplices en las fugas de Joaquín “El Chapo” Guzmán y de haber pactado abiertamente con el crimen organizado. Incluyó a Enrique Peña Nieto en la lista de complicidades para contrastarlo con el actual gobierno. En un estallido de ira legislativa, Noroña llamó a los miembros de la oposición “pandilla de farsantes”, “traidores a la patria”, “escoria de la política” y seres “contrahechos de conciencia política y de honestidad”. Afirmó rotundamente que es el actual movimiento de transformación el que está limpiando el país, y que las acusaciones en su contra son producto de la desesperación de quienes perdieron sus privilegios.
Este brutal contraste entre ambas intervenciones deja una profunda lección y un sentimiento de zozobra en la ciudadanía. Lo que quedó expuesto en el pleno del Senado fue la abismal diferencia entre quienes creen que las instituciones deben protegerse para garantizar el futuro, y quienes están convencidos de que su victoria electoral les otorga un cheque en blanco para rehacer el país a su antojo.
Cuando un debate de tal magnitud histórica, que define las reglas fundamentales de convivencia y justicia de una nación, se contamina con insultos de bajo nivel y se utiliza para saldar cuentas políticas del pasado, la democracia es la que resulta perdiendo. La advertencia es clara: las constituciones no fueron diseñadas para servir a un gobierno o para facilitar su agenda política, sino precisamente para limitarlo y evitar la tiranía.
La historia juzgará con severidad las decisiones tomadas en estos días de efervescencia política. Mientras la maquinaria del oficialismo avanza implacable, amparada en los números, la sociedad civil observa con preocupación cómo se desmantelan los pilares de la República. La gran pregunta que queda flotando en el aire, y que todos los mexicanos deberán responder de cara a las próximas elecciones, es si están dispuestos a entregar el poder absoluto a un solo grupo, o si exigirán el regreso a un sistema de contrapesos donde la ley, y no la voluntad de un solo hombre, sea la que gobierne el destino de México.
