La corrupción empobrece a una nación mucho más rápido y con mayor profundidad que una recesión económica severa, una sequía devastadora o una guerra comercial a escala global. Cuando el autoritarismo, la corrupción desenfrenada y la incompetencia absoluta se acomodan cómodamente en los asientos del poder, el resultado siempre es catastrófico para el ciudadano común. No solamente se vacían de manera sistemática y silenciosa las arcas públicas, sino que se drena por completo la confianza de la ciudadanía y se destruye irreversiblemente la moral cívica de toda una sociedad. Al otro lado del Atlántico, en España, la tierra de una cultura milenaria, los ciudadanos están experimentando con asombro lo que con una trágica y lamentable normalidad se ha vivido durante décadas en diversas partes de América Latina. Las estructuras de poder sin ningún tipo de escrúpulos han dejado en claro que sus intenciones no son las de servir al pueblo de manera transparente, sino servirse de él de la manera más cínica, arbitraria y rentable posible. La corrupción no solo roba el dinero de los contribuyentes, roba la esperanza en el futuro y la fe en el sistema democrático. En este sombrío escenario institucional, el gobernante impune, el presidente ladrón y el funcionario bandido demuestran con cada una de sus oscuras acciones que han convertido el servicio público en un lodazal donde los mediocres hablan sin cesar de transformación y los autócratas se llenan la boca hablando de justicia social, cuando en realidad lo único que defienden con uñas y dientes es el privilegio desmedido, el blindaje judicial inquebrantable y el reparto sistemático del abuso de autoridad.
to político y moral se encuentra la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. Según los analistas y los informes judiciales e investigativos más recientes, el presidente Zapatero pasará a la historia contemporánea de España no como el líder de consensos que intentó proyectar, sino presuntamente como uno de los personajes más cuestionados, deshonestos y desalmados que ha pisado la arena política en el siglo veintiuno. América Latina en su conjunto, y de manera muy particular Venezuela, tiene una inmensa factura histórica que cobrarle a su gestión y a sus influencias. Su presunta asociación con dictaduras de perfil represivo, sus dolorosas traiciones documentadas a los presos políticos que languidecían en celdas bajo condiciones inhumanas y su descarado lucro a costa del hambre desesperada del pueblo venezolano lo han pintado de cuerpo entero frente a los ojos atónitos de la opinión pública internacional. La corrupción cuando es sostenida metódicamente en el tiempo y avalada directamente desde las más altas esferas del poder, deja de ser un simple delito económico; se transforma en una forma perversa de dictadura encubierta, aunque intente disfrazarse hábilmente con ropajes de legalidad o con máscaras de sensibilidad hacia los más vulnerables.
Un individuo o grupo que se corrompe en estas magnitudes necesita algo absolutamente indispensable para sobrevivir: impunidad total. Y para garantizarse ese manto protector, no duda en ejercer una presión implacable sobre los jueces, en colonizar y asfixiar la independencia de las instituciones del Estado, en repartir favores económicos a diestra y siniestra, y en convertir a la administración pública en una gigantesca red clientelar. Allí, cada silencio cómplice tiene un precio elevado y previamente pactado, y cada acción de encubrimiento recibe una recompensa millonaria. El mal gobernante no solamente administra de forma pésima los recursos de todos, sino que empuja a los ciudadanos de a pie a vivir de manera mucho más precaria y angustiante. Bajo este tipo de influencia y mandato en las sombras, la vida se vuelve dolorosamente más cara para el trabajador, el día de mañana se vuelve completamente incierto, el empleo pierde toda su estabilidad y fuerza, la seguridad en las calles se evapora, y la justicia se vuelve desesperantemente lenta o selectiva. Donde debería primar un orden social sano y equitativo, el corrupto instala ruido y confusión mediática constante para distraer la atención pública de sus fechorías.
Esto es exactamente lo que presuntamente ha estado ocurriendo bajo la superficie de la política en España, un país que hoy atraviesa una profunda crisis de valores que ya resulta imposible seguir ocultando detrás de la demagogia de los partidos tradicionales. El colosal escándalo que envuelve de lleno al presidente José Luis Rodríguez Zapatero y el profundamente cuestionado caso de la aerolínea Plus Ultra es apenas uno de los múltiples síntomas visibles de la decadencia interna de un sector político que alguna vez intentó enorgullecerse de su supuesta modernidad y transparencia europea. La rigurosa investigación judicial actualmente en curso señala indicios de delitos de una gravedad extrema y alarmante: organización criminal, tráfico de influencias continuo y continuado, además de falsedad documental sistemática. Todo este huracán judicial orbita en torno a un polémico rescate financiero gubernamental que otorgó la exorbitante cifra de cincuenta y tres millones de euros públicos a una aerolínea que carecía de la estructura operativa mínima justificable para semejante inyección de capital, operando de manera absurda con un solo avión. Este rescate, catalogado por múltiples expertos económicos y jurídicos como obsceno, ha destapado el abuso de poder y una cultura política que había normalizado por completo la complicidad directa con regímenes sumamente cuestionados.
Lo más indignante del caso, según destacan observadores internacionales, es que el presidente Zapatero no aterrizó en Venezuela presentándose como un mero observador imparcial, ni tampoco como una figura política desinteresada que acudía simplemente a intentar tender puentes diplomáticos de buena fe. Durante muchos años, se dedicó en cuerpo y alma a tejer una intrincada relación no solo política, sino profundamente económica y lucrativa con los líderes de la dictadura. Este político se vendió astutamente frente a la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos como un mediador indispensable y como un hábil facilitador de soluciones pacíficas. No obstante, la realidad paralela documentada es aterradora y cruel: mientras él daba discursos en foros internacionales sobre la paz, la empatía y la negociación, el régimen continuaba encarcelando brutalmente a los líderes opositores, aplastando los cimientos de las instituciones democráticas, forzando a millones de personas a emprender un exilio lleno de carencias y convirtiendo al Estado en una maquinaria eficiente y letal de represión violenta, todo esto mientras el supuesto “mediador” tejía su red de influencias y negocios.
Para comprender a fondo la magnitud del desastre, el testimonio de víctimas directas como el activista Lorent Saleh resulta fundamental y desgarrador. Saleh, quien sobrevivió a las peores pesadillas como preso político encerrado en tenebrosos centros de tortura, ha calificado de frente al presidente Zapatero como el verdadero padrino de la tiranía internacional. Relata con crudeza cómo el supuesto mediador, lejos de buscar aliviar el sufrimiento de los detenidos injustamente, se encargaba presuntamente de amenazar de manera velada a las familias de los prisioneros para que evitaran denunciar a nivel internacional los atropellos y torturas que sufrían sus seres queridos. La crueldad alcanzaba límites insospechados: silenciar a los que sufrían para no interrumpir el flujo constante de negocios oscuros que incluían lucrativos tratos sobre recursos estratégicos sancionados como petróleo de contrabando, oro de sangre y diamantes, además del negocio millonario de vender alimentos básicos a sobreprecio a una población que, literalmente, escarbaba en la basura para no morir de inanición.
Esta dramática y cruda realidad debe servir de forma ineludible como una gigantesca señal de alerta para todas las naciones libres. ¿Qué le sucede verdaderamente a la estructura de la democracia cuando los ciudadanos comienzan a cerrar los ojos y a normalizar los abusos continuos que son presentados cínicamente como “necesidades del Estado”? Se construye progresivamente y sin retorno una prisión institucional y económica donde los únicos que viven en total libertad son aquellos que ostentan el poder. En este momento crítico para el país, es absolutamente necesario e inaplazable que la ciudadanía asuma por completo su responsabilidad histórica y su deber cívico de actuar como los vigilantes estrictos y severos del poder público. El pensamiento crítico activo, la exigencia innegociable de transparencia total en los asuntos del Estado y el ejercicio consciente e informado del voto son las únicas murallas capaces de evitar que los oportunistas destruyan el tejido social desde adentro para satisfacer su avaricia sin límites. Tal y como nos enseña implacablemente el curso de la historia universal, una gran nación no se desintegra y desaparece únicamente cuando sus reservas financieras se agotan por completo; una nación firma su sentencia de muerte definitiva el mismo día en que su pueblo se acostumbra a convivir en paz con la indecencia institucional y a tolerar el saqueo de su propio futuro.
