La imagen quedó grabada en la memoria colectiva del país con una claridad que no admite segundas interpretaciones. Las cámaras de televisión y los teléfonos celulares estaban ahí, documentando cada segundo. De fondo, el solemne sonido del Himno Nacional Mexicano llenaba el ambiente, un símbolo de unidad y respeto que contrarrestaba violentamente con la escena que se desarrollaba en el centro del recinto legislativo más importante de México. Un trabajador, con su cámara en el piso, intentaba protegerse mientras el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, arremetía físicamente contra él. Lo que presenciamos esa noche del 27 de agosto de 2025 en la antigua casona de Xicoténcatl no fue un simple debate acalorado ni un forcejeo político habitual; fue el estallido de desesperación de un hombre acorralado por sus propias sombras.
Para comprender la magnitud de este evento sin precedentes, es fundamental retroceder y analizar el contexto de máxima presión en el que se encontraba Alejandro Moreno. El líder priista no recurrió a los golpes en un arranque de furia espontáneo o inexplicable. Llevaba semanas, si no meses, acumulando una tensión política y legal que, al parecer, ya no sabía cómo manejar a través de los canales institucionales. En agosto de 2025, el proceso de su desafuero en la Cámara de Diputados estaba en plena efervescencia. Los expedientes de la Fiscalía de Campeche estaban abiertos y avanzando rápidamente. Once exfuncionarios de su gobierno ya se encontraban procesados, y las constantes revelaciones sobre presuntos desvíos de más de 83 millones de pesos —fondos federales originalmente destinados a la seguridad pública— acaparaba
n los titulares de todos los medios nacionales.
En medio de este torbellino de investigaciones por enriquecimiento ilícito y propiedades inexplicables, Alito Moreno llegó al Senado de la República para participar en una sesión de la Comisión Permanente. El tema central de la agenda era la llamada “supremacía constitucional”, un debate de por sí electrizante. Gerardo Fernández Noroña, en su calidad de presidente de la mesa directiva, conducía la sesión. El ambiente estaba cargado de electricidad. Durante el debate, Noroña había hecho alusión a presuntos nexos de ciertos líderes de la oposición con el crimen organizado. Aunque no pronunció nombres ni apellidos, en el aire denso de la sala, con los expedientes de Campeche respirándole en la nuca, el mensaje fue interpretado por Moreno como una estocada directa.
Cuando la sesión formal concluyó y las notas del Himno Nacional comenzaron a sonar para marcar el cierre oficial, se desató el caos. Alito Moreno se aproximó a Noroña. Aunque las versiones sobre la primera chispa del altercado varían según a quién se le pregunte, las evidencias videográficas son incontestables y brutales. Hubo empujones, manoteos, gritos ahogados por la música patria y, finalmente, la agresión directa contra el camarógrafo de Noroña, un trabajador que simplemente cumplía con su deber informativo. Ver a un legislador, al presidente de un partido histórico, encima de un trabajador derribado, golpeándolo mientras suenan los acordes del himno, es una escena que encapsula la decadencia política en su máxima expresión. No fue un accidente; según testigos y el propio Noroña, otros legisladores del PRI se acercaron en una coreografía que sugiere premeditación e intencionalidad para intimidar.
La respuesta desde la presidencia de la República no se hizo esperar y fue demoledora en su precisión. A la mañana siguiente, frente a todo el país en su habitual conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum no se anduvo con rodeos. Utilizó una palabra que en el léxico político mexicano tiene una carga histórica profunda y oscura: “Porro”. Sheinbaum rememoró sus tiempos como estudiante y activista en la UNAM, recordando cómo los grupos de choque de la Facultad de Derecho —los temidos porros— utilizaban la violencia física, la intimidación y la demostración bruta de fuerza para reprimir a la disidencia. Al ver los videos del Senado, la presidenta afirmó haber visto exactamente la misma lógica y el mismo instinto violento. “Los porros de entonces son los de ahora. Solo cambiaron los trajes”, sentenció, despojando a Moreno de cualquier aura de estadista y reduciéndolo a la figura de un golpeador de barrio vestido de traje sastre.
Frente a esta condena pública y la abrumadora evidencia en su contra, la estrategia de defensa de Alejandro Moreno rayó en lo surrealista. Utilizando el manual clásico del político que se niega a aceptar su realidad, decidió presentarse como la víctima de la historia. Interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Noroña y su colaborador, acusándolos insólitamente de amenazas. Pero el acto de cinismo definitivo llegó cuando solicitó formalmente ser incorporado al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, un programa diseñado exclusivamente para salvaguardar la vida de periodistas y defensores de los derechos humanos en situaciones de alto riesgo. El hombre que había sido grabado golpeando a un trabajador indefenso ahora se autoproclamaba “defensor de los derechos humanos” y “perseguido político”.
Ante esta provocación mediática, la respuesta de Sheinbaum fue una auténtica lección de institucionalidad. En lugar de negarle la protección directamente y alimentar la narrativa de persecución que Moreno deseaba construir, la presidenta se limitó a explicar que existen procedimientos técnicos. Afirmó que el gabinete de seguridad realizaría el análisis de riesgo correspondiente y tomaría una decisión basada en los protocolos establecidos. Con esta calma burocrática, desarmó la trampa política de Moreno, demostrando que en el nuevo México, las instituciones funcionan sin apasionamientos ni venganzas personales, dejando que las reglas sigan su curso natural.
Pero el verdadero terremoto para Alejandro Moreno apenas comenzaba. Los actos cometidos en la casona de Xicoténcatl no ocurrieron en la calle ni en una cantina; sucedieron en el Senado de la República, un recinto constitucional inviolable. Agredir a alguien en este espacio sagrado de la República altera el orden legislativo e implica delitos que van mucho más allá de las simples lesiones ordinarias. Noroña presentó una sólida denuncia penal respaldada por múltiples ángulos de video y un parte médico irrefutable. Sin embargo, para que Moreno pudiera enfrentar la justicia por esta agresión, era necesario derribar el muro de impunidad que lo había protegido durante años: el fuero constitucional.
Y la ironía del destino fue perfecta. El proceso de desafuero, impulsado inicialmente por los escándalos de corrupción en Campeche, llegó a su punto culminante en el Senado. Las brutales imágenes del 27 de agosto jugaron un papel psicológico y político crucial en el ánimo de los legisladores. Con una votación histórica y aplastante de 320 votos a favor, el Senado decidió arrancar el escudo de inmunidad a Alito Moreno. De la noche a la mañana, el hombre intocable se convirtió en un ciudadano común frente a la ley.
La caída del fuero ha abierto la puerta para una tormenta legal sin precedentes. Ahora, la FGR tiene el camino despejado para consolidar todos los expedientes en un solo macro-caso ante un juez ordinario. El desvío de los 83 millones de pesos, las propiedades adquiridas a través de presuntos prestanombres, los 11 exfuncionarios procesados, y ahora, los cargos por lesiones, amenazas y alteración del orden legislativo, se han fusionado en una avalancha jurídica que amenaza con sepultar definitivamente la carrera política de Moreno. Aquella inmunidad que creyó eterna se esfumó frente a la indignación nacional y el funcionamiento ineludible de las instituciones.
Más allá del drama personal y legal de Alejandro Moreno, este episodio refleja una tragedia mayor: el ocaso definitivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El partido que durante más de siete décadas gobernó México con puño de hierro, que construyó gran parte del Estado moderno y que dominó todos los rincones del país, hoy es una sombra desdibujada de lo que fue. En las elecciones presidenciales de 2024, el PRI logró captar apenas menos de 6 millones de votos en un país de más de 130 millones de habitantes, representando menos del 5% del electorado. Ante este rechazo histórico y masivo, la respuesta de su líder no fue un ejercicio de autocrítica profunda ni la presentación de un proyecto de nación renovado para recuperar la confianza perdida. Su respuesta fue viajar a Estados Unidos para quejarse del gobierno, agarrarse a golpes en el Senado, mendigar protección gubernamental y aferrarse desesperadamente al poder interno de un barco que se hunde.
Hoy, las imágenes de Alito Moreno repartiendo golpes en el Senado mientras suena el Himno Nacional son el testamento visual de un partido en ruinas. Es la respuesta visceral de quien sabe que no tiene futuro y que, en su desesperación, recurre a la violencia más primitiva. México, un país al que muchos políticos creían con memoria corta, ha demostrado que recuerda, observa y castiga. Los expedientes no se han archivado, los videos no se han borrado de la red y las instituciones continúan avanzando paso a paso. El mensaje es claro, contundente y definitivo: la época donde el poder político garantizaba una impunidad absoluta ha llegado a su fin. Y Alejandro Moreno, despojado de su fuero y acorralado por la ley, está a punto de descubrir que las consecuencias en el mundo real, lejos de los privilegios del poder, son ineludibles.
