La víspera de una jornada electoral suele ser un momento de reflexión cívica, paz y preparación para que la ciudadanía ejerza su derecho fundamental al voto de manera libre y secreta. Sin embargo, en el estado de Coahuila, las horas previas a la apertura de las casillas se han transformado en un auténtico escenario de thriller político, marcado por la persecución, el uso faccioso de las instituciones de seguridad y una sofisticada estrategia de guerra psicológica que amenaza con dinamitar la legitimidad de todo el proceso democrático. Lo que debió ser una fiesta democrática para renovar el Congreso Local se ha convertido en una zona de conflicto institucional donde las reglas del juego limpio parecen haber quedado completamente suspendidas.
La crisis alcanzó su punto más álgido tras la denuncia pública realizada por diversos candidatos de los distritos locales, quienes informaron sobre una serie de detenciones ilegales y arbitrarias en contra de miembros de su partido político. En el municipio de Ciudad Frontera, un operativo conjunto encabezado por la policía estatal y la corporación municipal irrumpió con violencia para detener a Javier Castillo junto a un grupo de 15 ciudadanos y militantes del partido Morena y del Partido del Trabajo (PT). De acuerdo con los reportes inmediatos y los desplegados de protesta emitidos por el Comité Ejecutiv
o de dicho instituto político, el verdadero motivo de esta detención masiva no fue la comisión de algún delito, sino un acto de cruda represalia. Minutos antes de perder la libertad, el grupo de morenistas había descubierto y denunciado públicamente la existencia de un inmueble particular que operaba como un centro clandestino de compra de votos en favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En lugar de que las autoridades ministeriales y preventivas acudieran al domicilio señalado para investigar el flagrante delito electoral y detener a quienes coaccionaban el voto de la ciudadanía vulnerable, la fuerza pública dirigida por el gobierno de Manolo Jiménez decidió actuar con una celeridad sospechosa en contra de los propios denunciantes. La intención detrás de estas acciones, según lo catalogaron los líderes partidistas, es silenciar las irregularidades a través del miedo, obstaculizar la estructura de defensa del voto opositor y limpiar el terreno para que las viejas prácticas de acarreo y manipulación de urnas puedan llevarse a cabo sin testigos incómodos. Si el partido oficialista en el estado resulta favorecido en los conteos finales, el fantasma del fraude electoral ya estará plenamente justificado debido al clima de asfixia democrática sembrado desde los días previos.
A este preocupante panorama se suma una trama digna de una red de falsificadores profesionales. Corresponsales de cadenas nacionales de comunicación de gran alcance, como Grupo Fórmula, han confirmado que la tensión se desbordó por completo tras detectarse la detención de al menos 14 morenistas, incluyendo a candidatos suplentes, mediante el uso de documentos apócrifos. Decenas de gestoras sociales y militantes de oposición amanecieron con supuestos citatorios oficiales pegados en las puertas de sus casas, emitidos presuntamente por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL). Los documentos acusaban formalmente a los ciudadanos de cometer delitos electorales federales y los obligaban a presentarse ante la justicia. Sin embargo, cuando los ciudadanos acudieron a los llamados ministeriales para aclarar su situación, las autoridades procedieron a retenerlos. Tras una revisión exhaustiva, se demostró que los citatorios federales eran completamente falsos, fabricados burdamente con el único propósito de amedrentar, confundir e inmovilizar a los operadores políticos de izquierda en la región centro del estado.
Por otro lado, la guerra de propaganda y la manipulación psicológica en las calles también ha encendido las alarmas de los analistas políticos. La actual regidora y candidata por el distrito 16, Alex Salazar, denunció a través de sus plataformas digitales el descubrimiento de una serie de lonas publicitarias que contienen la leyenda: “Por la seguridad de nuestras familias, Coahuila blindado, vota este 7 de junio”. Lo verdaderamente alarmante de este hecho es que la propaganda incluye un código QR que redirige de manera directa a los usuarios al portal oficial de internet del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta situación abre dos vertientes sumamente peligrosas para la vida institucional del país. Por un lado, si los diseños corresponden a una campaña interna del propio organismo electoral autónomo, significaría una violación flagrante a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, ya que el lema de “Coahuila Blindado” ha sido el eslogan insignia de la campaña de los partidos de la derecha tradicional para infundir el temor colectivo de que una alternancia política traería consigo una crisis de seguridad pública. Por otro lado, si la autoría de las lonas pertenece a un partido político en particular que utilizó fraudulentamente la liga digital del INE para dotarse de una falsa identidad oficial, se estaría cometiendo un delito grave que el instituto electoral debería investigar y sancionar de inmediato para deslindar su nombre de una evidente estrategia de coacción psicológica que utiliza además los colores patrios para sesgar el voto de las personas de forma autoritaria.
El contexto sociopolítico explica la desesperación y la radicalización de los métodos empleados en el estado norteño. Coahuila se ha consolidado como el último gran bastión político del Partido Revolucionario Institucional en todo el territorio mexicano, un refugio donde sobreviven las redes de poder construidas durante décadas de control absoluto y que hoy enfrenta la amenaza real de una marea guinda en constante expansión. Ante la debilidad estructural de las coaliciones opositoras a nivel federal y la práctica desaparición del Partido Acción Nacional (PAN) como una fuerza política real en la zona, el aparato gubernamental del estado ha cerrado filas de manera hermética, empleando todos los recursos a su alcance para conservar su cuota de poder regional.
La preocupante realidad es que en esta contienda, un sector político cuenta a su entera disposición con la Fiscalía General del Estado, el Instituto Electoral Local, las policías municipales y la fuerza pública estatal para inclinar la balanza a su favor mucho antes de que se deposite la primera boleta. Las investigaciones sobre el uso de documentos apócrifos federales continúan abiertas y no se descartan nuevas capturas que busquen intimidar a la población en las próximas horas. Frente a estos abusos, la única defensa real con la que cuentan los ciudadanos libres es la denuncia pública, la apertura de los ojos ante la manipulación mediática y un escrutinio ciudadano masivo que vigile minuciosamente cada una de las casillas electorales para evitar que el autoritarismo decida el futuro del estado.
