¡SHEINBAUM SENTENCIA EL FIN DE ALITO! El fuero ya no lo protege: tras años de impunidad y cuatro investigaciones activas, el “zar” del PRI queda acorralado ante la histórica estrategia de extinción de dominio. ¿Logrará México recuperar finalmente lo robado o el sistema volverá a salvarlo de la justicia?
¡SHEINBAUM SENTENCIA! Alito Moreno, el desafuero que no puede frenar la jugada que queda sin escape
Atención México. Lo que está pasando esta semana con Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, es algo que no tiene precedente en la historia reciente de la política mexicana. Y no porque sea un escándalo nuevo, sino exactamente por lo contrario, porque llevamos años esperando que la justicia llegue y lo que acaba de ocurrir sugiere que el momento se está acercando más de lo que muchos esperaban.
Alejandro Moreno Cárdenas, ese político que durante años se llenó la boca hablando de legalidad y de instituciones, que fue gobernador de Campeche entre 2015 y 2019 y que hoy ocupa una curul en el Senado de la República con fuero constitucional. enfrenta en este momento un proceso de desafuero activo en la Cámara de Diputados, una fiscalía que ya presentó cuatro carpetas de investigación documentadas y una presidenta que hace menos de dos semanas dijo en su mañanera del 25 de mayo algo que en este país casi nunca se había escuchado con tanta
claridad. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Shabound dijo que regrese lo robado. Quédense conmigo porque lo que les voy a contar a continuación va más allá de esa frase, va a los números, a los mecanismos legales y a la razón por la que este caso está llegando a un punto de no retorno que Alejandro Moreno Cárdenas no puede frenar desde el Senado ni desde ningún otro lugar.
Para entender dónde estamos hoy, tenemos que repasar brevemente de dónde venimos, porque este caso tiene una historia larga que el propio Moreno ha intentado usar a su favor, argumentando que si ya lleva tanto tiempo y no ha pasado nada es porque no hay nada. Eso, como vamos a ver, es una lectura que no aguanta ni 10 segundos de análisis serio.
Todo comenzó formalmente en julio de 2025 cuando la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas por presunto peculado y desvío de recursos públicos durante su gestión como gobernador. La cifra central de esa solicitud es de 83,508000 pesos en presunto desvío.
Y ojo con ese número porque lo vamos a volver a mencionar. Esa solicitud llegó a la sección instructora de San Lázaro, que es el órgano legislativo encargado de revisar si hay elementos para proceder o no. Y ahí es donde empieza la parte que más me llama la atención, porque lo que siguió no fue velocidad, sino exactamente lo contrario.
En agosto de 2025, la sección instructora desechó una solicitud de desafuero anterior, la de 2022, que había quedado incompleta y en su lugar dio entrada formalmente a esta nueva solicitud con cinco cargos distintos: peculado, usurpación de funciones, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y exceso en el ejercicio de sus funciones.
Cinco cargos, no uno, cinco. Y sin embargo, el proceso siguió avanzando a paso de tortuga. En noviembre de 2025 la sección instructora estaba esperando respuesta a un cuestionario que le envió a la Fiscalía de Campeche. En diciembre, el diputado morenista Hugo Eric Flores, presidente de ese órgano, salió a decir públicamente que el proceso no estaba congelado.
En febrero de 2026, la Cámara anunció que el análisis se reactivaría. En marzo lo pospusieron nuevamente para no mezclarlo con la discusión de la reforma electoral. ¿Pueden creerlo? Cuatro postergaciones en menos de un año. Cuatro veces que el proceso avanzó y luego frenó. Y Alejandro Moreno Cárdenas ahí en el Senado con fuero, con micrófono y con la capacidad de salir cada semana a decir que todo es una persecución política.
Dale me gusta a este video si crees que nadie en este país debería poder esconderse detrás de un fuero cuando hay cuatro carpetas de investigación encima de la mesa. Y suscríbete porque lo que viene a continuación es el detalle que más le quita el sueño a Alejandro Moreno y tiene nombre propio, extinción de dominio.
Ahora bien, antes de llegar a eso, déjenme contarles algo que no ha recibido la atención que merece. Yo me acuerdo perfectamente de una conversación con un paisano hace unas semanas, alguien que trabajó en la administración pública de un estado del sureste y que conoce de cerca cómo funcionan estas investigaciones.
Me dijo algo que no se me ha podido olvidar. me dijo que en este país cuando un proceso de desafuero se pospone una vez puede ser casualidad, cuando se pospone dos veces puede ser política, pero cuando se pospone cuatro veces en menos de un año ya no es casualidad ni es política, es el sistema protegiéndose a sí mismo.
Y eso, dijo, es exactamente lo que el nuevo gobierno tiene que romper si quiere que la gente le crea. Esta conversación me quedó dando vueltas porque tiene mucho de verdad y es el contexto exacto en el que hay que entender lo que dijo la presidenta el 25 de mayo. Shane Bom no habló del desafuero como el único camino.
Dijo algo distinto y más poderoso. dijo, “Con la serenidad de quien tiene los datos y sin levantar la voz, que lo que más le conviene al pueblo de México no es necesariamente meter a alguien a la cárcel, sino recuperar los recursos.” dijo en sus propias palabras registradas en la mañanera, “Mejor que regrese lo robado”, y añadió que existe un mecanismo para lograrlo que no depende de que el desafuero se apruebe primero, que no depende de que haya sentencia penal firme y que puede actuar sobre los bienes que no puedan ser justificados
con ingresos legales. Ese mecanismo es la extinción de dominio. Y aquí viene la parte que pocos están analizando con la profundidad que merece. La extinción de dominio es un procedimiento civil, no penal. Eso significa que opera en un carril distinto al del desafuero. No necesita que el fuero sea retirado primero.
No necesita que haya condena. Lo que necesita es demostrar que un bien fue adquirido con recursos de origen ilícito o fue utilizado para fines ilícitos. Y en el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, la información pública disponible pinta un panorama que no se sostiene por ningún lado si uno intenta explicarlo con el salario de un gobernador.
