4 ALERTAS que SACUDEN a COLOMBIA — FEDERICO GUTIÉRREZ ADVIERTE a GUSTAVO PETRO por HIDROITUANGO

Y todo eso había ocurrido mientras el gobierno de Gustavo Petro negociaba con esa misma estructura criminal dentro del marco de la llamada paz total. mientras nombraba voceros de paz a hombres que la investigación penal identificaba como terroristas y narcotraficantes. Mientras la UNP, la Unidad Nacional de Protección que se supone debe cuidar a los funcionarios y personas amenazadas, le ponía carros blindados a los aliados de esas estructuras criminales y mientras el propio esquema de seguridad del alcalde Gutiérrez era recortado

hasta en un 70% por decisión del gobierno nacional, como si los que merecieran protección no fueran los alcaldes elegidos democráticamente, sino los líderes de las organizaciones criminales que los amenazaban. Eso fue lo que Gutiérrez dijo en voz alta ese 2 de marzo. Y eso fue lo que el gobierno de Petro no quería que se dijera, no porque fuera mentira, sino exactamente porque era verdad, porque la verdad sobre la paz total, la verdad sobre lo que había pasado con el frente 36, la verdad sobre el cuarto de máquinas infiltrado y los drones de

guerra y los tres atentados a las torres de energía. Era una verdad que destruía el relato oficial de que la paz total estaba funcionando, de que los diálogos avanzaban. de que Colombia estaba en un camino de reconciliación que merecía el apoyo de todos los colombianos. Hay una imagen que Gutiérrez usó en su declaración que se queda grabada en la mente y que los colombianos que conocen el campo de Antioquia entienden de manera visceral cuando dijo que cuando uno pasa la cerca de Hidroituango, cuando uno cruza el alambrado, se

encuentra con cultivos de coca con oro ilegal, con las economías ilícitas que le estorban a esas estructuras criminales y que son la razón por la que quieren controlar ese territorio y esa imagen del alambrado de ese límite entre él de la obra y el mundo del crimen que opera justo al lado. Resume perfectamente la situación que Colombia vive en muchas de sus regiones más ricas en recursos naturales.

Porque Hidroituango no solo genera energía, sino que está construida en una zona donde el río Cauca corre entre montañas que también tienen oro y que también tienen tierra donde crece la coca. Y esas riquezas naturales no son solo un bien para Colombia, sino también un botín para los grupos criminales que controlan el territorio, que cobran peaje por todo, que extorsionan a todo el que trabaja, que reclutan a los jóvenes de las comunidades porque son la única oferta de empleo que existe en zonas donde el Estado legítimo no ha llegado

con suficiente fuerza y que ven en una obra como Hidroituango no solo una amenaza a sus cultivos ilegales, sino también una oportunidad de extorsión gigantesca. si logran demostrar que tienen la capacidad de dañarla. Esa es la realidad que las comunidades del norte de Antioquia han vivido durante años, que Gutiérrez describió con el conocimiento de alguien que la ha visto de cerca y que el gobierno de Petro ha tratado de resolver no con la presión de la fuerza pública, sino con la negociación. ¿Qué les da legitimidad

a los criminales sin quitarles su capacidad de hacer daño? ¿Qué les reconoce estatus de actores políticos cuando son organizaciones dedicadas al terrorismo y el narcotráfico? ¿Y qué termina? Generando exactamente lo que el alcalde describió con una frase que resume 4 años de paz total, que la única estructura que se fortaleció con esa política fue la estructura criminal.

Ustedes, abuelitos y madres que han criado sus familias con el valor del trabajo honrado, que han pagado sus facturas de luz mes a mes durante décadas, que han visto como Colombia construyó poco a poco una infraestructura que le permite funcionar como nación moderna, necesitan entender que lo que Gutiérrez reveló ese 2 de marzo no es un problema de Antioquia ni un problema de Medellín, sino un problema de todos los colombianos, porque la energía que Hidroituango genera no se queda en Antioquia, sino que viaja por las líneas de

transmisión a todo el país y que un ataque exitoso a esa infraestructura no dejaría sin luz solo a los antioqueños, sino a millones de colombianos en diferentes regiones que dependen de esa red para su vida cotidiana. Piensen en lo que significaría un apagón masivo para su vida, para la vida de las personas que cuidan, para los hospitales de su ciudad, para las bombas que llevan el agua a su barrio, para las señales de tráfico que organizan el caos vial, para los sistemas de refrigeración de los medicamentos que necesitan los pacientes

crónicos, para los equipos de soporte vital de los enfermos que están en casas y clínicas. Y cuando piensan en todo eso, van a entender exactamente por qué Gutiérrez dijo con esa voz de hombre que no exagera, sino que describe que Hidroituango es el seguro energético del país y que amenazarlo es amenazar a Colombia entera.

Y van a entender también por qué el silencio del gobierno de Petro frente a esa revelación no es solo un silencio político, sino la confirmación de que no hay respuesta posible, de que no existe ninguna explicación honesta que justifique haber nombrado gestores de paz a los hombres que pusieron explosivos en las torres de luz de Medellín, que enviaron un vídeo desde dentro del cuarto de máquinas de la represa más importante del país, que reclutan jóvenes en las universidades para generar estallidos sociales y que sobrevuelan en

Hidroituango con drones de guerra en el momento en que el alcalde y el gobernador iban a llegar a anunciar el avance de la obra que más orgullo le da a Colombia en este momento. Esa es la primera parte de esta historia, la historia de una llamada a las 10 de la noche, de un viaje cancelado, de una represa que es el corazón energético de Colombia y que está siendo amenazada por criminales que el gobierno protege.

Y de un alcalde que decidió decirlo todo en voz alta sabiendo que el gobierno lo iba a atacar, pero que los colombianos honrados necesitaban escucharlo, porque las verdades que se callan no desaparecen, sino que crecen en las sombras y la verdad sobre él. Frente 36 y la paz total, Hidroituango ya no podía seguir creciendo en las sombras porque el daño que podía hacer era demasiado grande para que un hombre de bien se quedara callado.

Federico Gutiérrez no se quedó callado y Colombia escuchó. Y lo que Colombia escuchó esa mañana del 2 de marzo de 2026 no va a ser fácil de olvidar para nadie que lo haya oído con el corazón abierto. ¿Tú crees que el gobierno de Petro puede seguir llamando voceros de paz a los hombres que amenazaron con apagarla? Luz de Colombia.

¿O cree que la revelación de Gutiérrez marcó el punto en que esa narrativa ya no le alcanza para engañar al pueblo colombiano? Para entender por qué las palabras de Federico Gutiérrez S2 de marzo sacudieron a Colombia de una manera que los discursos políticos normales no logran sacudir, hay que entender primero quién es este hombre, de dónde viene, qué ha vivido, por qué su voz tiene el peso que tiene en un país donde la gente ya desconfía de casi todos los políticos.

¿Y por qué ese peso no viene de los cargos que ha ocupado ni de los títulos que tiene, sino de algo mucho más simple y mucho más escaso en la política colombiana, que es la coherencia, esa cualidad de decir lo mismo en público que en privado, de actuar igual cuando hay cámaras que cuando no las hay, de mantener la posición cuando es incómoda con la misma firmeza que cuando es popular.

Federico Gutiérrez Espaisa hasta los huesos, hijo de Medellín, de esa ciudad que aprendió a levantarse de sus propias cenizas más veces de las que cualquier ciudad debería tener. ¿Qué hacerlo? Que vivió el horror del narcotráfico de Pablo Escobar y que construyó sobre esas ruinas una ciudad nueva que hoy es ejemplo de transformación para el mundo.

Y esa historia de Medellín no es solo el telón de fondo de su vida política, sino el motor que explica por qué. Habla como habla, porque no le tiembla. La voz cuando nombra a los criminales por su nombre. ¿Por qué no acepta los eufemismos que la política colombiana usa para no decir las cosas con claridad? Porque él vio con sus propios ojos lo que le pasa a una ciudad cuando los criminales ganan y saben en carne propia, lo que cuesta recuperarla.

llegó a la alcaldía de Medellín por primera vez en 2016 con el respaldo de una ciudad que quería continuar el camino de transformación que venía construyéndose desde los gobiernos anteriores y en su primer mandato demostró que era posible gobernar una ciudad grande y compleja con honestidad, con resultados verificables, con esa combinación de mano firme frente al crimen y gestión eficiente de los recursos públicos que los ciudadanos de bien siempre han pedido y que tan pocas veces encuentran en sus gobernantes. Y cuando

regresó para un segundo mandato en 2024 fue porque Medellín quiso que volviera, porque la ciudad reconoció en el al tipo de gobernante que merece la confianza que le dan. Pero lo que Gutiérrez vivió el primero de marzo de 2026, esa llamada a las 10 de la noche con los generales en la línea y las personas de seguridad reportando desde Hidroituango, no fue un episodio más de la gestión cotidiana de un alcalde, sino el punto en que todo lo que había venido observando, todo lo que había venido advirtiendo, todo lo que

había venido denunciando sobre el deterioro de la seguridad bajo la paz total del gobierno de Petro, tomó una forma tan concreta y tan urgente que ya no había manera de seguir manejandoo. en los canales normales de la política institucional, sino que había que decírselo al país directamente con todas las palabras y sin ningún filtro.

La historia del Frente 36 de las disidencias de las FARC en el norte de Antioquia no empezó con la paz total del gobierno de Petro, porque esa estructura criminal lleva décadas operando en ese territorio, aprovechando la geografía de montañas y cañones que dificulta la acción de la fuerza pública, controlando las economías ilegales de la coca y el oro que le dan los recursos para mantenerse y disputando el territorio con otras organizaciones criminales en ciclos de violencia que las comunidades de esa región han suf sufrido generación

tras generación sin que el Estado haya podido ofrecerles una solución definitiva. Pero lo que cambió con la paz total del gobierno de Petro no fue la existencia del Frente 36, sino su fortaleza, su audacia, su capacidad de operar en lugares donde antes no se atrevía, y sobre todo su impunidad. esa sensación de que podía hacer lo que hacía sin consecuencias reales, porque el gobierno con el que supuestamente estaba negociando no tenía ni la voluntad ni el interés de aplicarle la presión de la fuerza pública que habría hecho que el

costo de cada atentado, de cada extorsión, de cada infiltración fuera demasiado alto para seguir. Calarca, cuyo nombre completo la inteligencia conoce, pero que opera bajo ese alias en el norte de Antioquia. es el comandante del Frente 36 y el hombre que Gutiérrez identificó como el responsable directo de todos los ataques a la infraestructura energética, de la extorsión sistemática a EPM y de la infiltración al cuarto de máquinas de hidroituango.

y lo describió no como un actor político que tiene diferencias ideológicas con el Estado, sino como lo que es un criminal dedicado al terrorismo y al narcotráfico que usa la violencia como herramienta de negocios, que cobra peaje a todo el que opera en su territorio y que ataca lo que no paga. La combinación de Calarca con alias Primo Gay, su operador en Medellín y el área metropolitana forma la célula que el ejército y la policía identifican como responsable de los tres atentados a las torres de energía que ocurrieron en un año y medio, dos en la ciudad de

Medellín y uno en Bello, y que Gutiérrez describió con la precisión de quien ha estado siguiendo el caso de cerca, sabiendo que cada uno de esos atentados no fue un acto espontáneo de desesperación, sino una operación planeada y ejecutada con el objetivo específico de presionar a EPM para que pagara la extorsión que el Frente 36 exigía y que cuando EPM no pagó la presión escaló.

El primer atentado a las Torres de Energía de Medellín fue en septiembre de 2025 y en ese momento el gobierno nacional respondió con el envío de 100 unidades de fuerzas especiales a la ciudad, lo que fue una señal de que la situación era seria, pero que no vino acompañada de la captura de los responsables, ni del desmantelamiento de la estructura que los cobijaba.

Y eso fue la señal que el Frente 36 necesitaba para saber que podía seguir, que la respuesta del estado era reactiva, pero no definitiva, que era posible atacar y seguir operando sin que el costo fuera suficientemente alto como para hacer que los ataques no valieran la pena. El segundo atentado llegó meses después y luego el tercero, y cada uno confirmó el mismo patrón, que la estructura operaba con una impunidad que la negociación de paz total había reforzado en lugar de debilitar.

que los gestores de paz y los voceros de paz que el gobierno había nombrado en esa estructura no eran personas que estaban convenciendo a sus compañeros de dejar las armas, sino figuras que daban cobertura política. Organizaciones que seguían armadas, seguían delinquiendo y seguían expandiendo su control territorial mientras el gobierno le reconocía un estatus que el sistema legal colombiano no debería haberles dado jamás.

Y en medio de esa escalada de atentados y extorsiones, ocurrió algo que Gutiérrez reveló el 2 de marzo con la gravedad que merece, que alguien del Frente 36, alguien que logró infiltrarse entre los trabajadores o los contratistas del proyecto, entró al cuarto de máquinas de hidroituango, grabó un vídeo desde adentro y se lo mandó a EPM con un mensaje que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones, que ya estaban adentro, que podían hacer daño desde adentro y que si EPM no cedía a exigencias de extorsión. Las

consecuencias podrían ser mucho peores que los atentados a las torres de transmisión. Cuando Gutiérrez contó eso en vivo, cuando dijo esas palabras, habían infiltrado una persona. El presentador que lo entrevistaba dijo algo que resume perfectamente la reacción que cualquier colombiano siente.

Al escuchar eso, que eso lo estremece, porque estremece de verdad, porque el cuarto de máquinas de hidroituango no es un lugar simbólico, ni una oficina, ni una instalación. administrativa, sino el corazón técnico de la represa, el lugar donde están las turbinas que convierten la fuerza del agua en electricidad, el lugar cuyo daño podría no solo apagar las luces de millones de colombianos, sino generar consecuencias mucho más graves sobre una infraestructura que costó billones de pesos construir y que tardó décadas en llegar a donde está. Que alguien haya

podido entrar ahí. Grabar un vídeo y salir sin ser detectado no solo habla del nivel de infiltración que el Frente 36 había logrado, sino también de las vulnerabilidades de seguridad que existen en la obra. Y que esas vulnerabilidades existan en una infraestructura que el propio Gutiérrez describió como el seguro energético del país, es una situación que cualquier gobierno responsable habría tratado como una emergencia de seguridad nacional de primer orden con todos los recursos del Estado dedicados a cerrar esas

brechas, a identificar a los infiltrados, a capturar a los responsables y a enviar un mensaje inequívoco de que el Estado colombiano defiende su infraestructura estratégica con toda la fuerza que tiene. Pero el gobierno de Petro no hizo nada de eso, o si hizo algo no fue suficiente para que el frente 36 cambiara de comportamiento, porque los atentados continuaron, la extorsión continuó, la infiltración que había ocurrido no tuvo consecuencias visibles para los responsables.

Y el resultado de esa inacción fue que un año después de ese vídeo, los drones del Frente 36 sobrevolaban Hidroituango con la suficiente confianza como para hacer imposible que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia viajaran a la represa a anunciar el avance de la obra que más importa para el futuro energético del país.

Ustedes que nos ven desde sus casas, que han escuchado a Gutiérrez hablar con esa voz directa que no da rodeos, que han sentido en sus palabras algo que suena diferente a los discursos habituales de los políticos colombianos, algo que suena a persona real hablando de una situación real con una honestidad que pocas veces se ve en la televisión colombiana, necesitan entender que esa diferencia que sienten tiene una razón y esa razón es que Gutiérrez no estaba hablando de estadísticas ni de informes técnicos ni de posiciones políticas. sino de algo

que él vivió personalmente, de una amenaza contra su vida que llegó en una llamada a las 10 de la noche, de una realidad que conoce porque la tiene al lado todos los días como alcalde de una ciudad que el frente 30 y 6 hectáreas atacado tres veces en año y medio. Y hay algo más que hace que su voz tenga ese peso.

Y es que no estaba solo en ese momento, porque junto con él estaba el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y junto con ellos estaban los generales del ejército y la policía, que recomendaron cancelar el viaje. Y esa confluencia de voces que no es solo un alcalde diciendo lo que piensa, sino la fuerza pública diciendo que la amenaza es real, que el riesgo existe, que los drones del Frente 36 son los mismos que el ejército les ha.

incautado en operativos recientes en San Andrés de Cuerquia, le da a las declaraciones de Gutiérrez un respaldo institucional que el gobierno de Petro no puede descalificar, simplemente diciendo que es alarmismo político de un alcalde opositor. Porque cuando los generales del ejército le dicen a un alcalde que no viaje porque hay riesgo de atentado con Drones, eso no es una opinión política, sino una evaluación de seguridad basada en inteligencia operativa real.

Y negar esa evaluación es no solo irresponsable, sino una forma de desconocer el criterio de los propios oficiales que el Estado tiene desplegados en esa zona para proteger precisamente la infraestructura que está siendo amenazada. Y el gobierno de Petro, que en 4 años ha removido a decenas de generales del ejército y la policía reemplazándolos con oficiales más afines a su proyecto político, no puede permitirse públicamente descalificar a los mismos militares que su gobierno designó en esos cargos.

sin que eso lo ponga en una contradicción insostenible. Hay un punto que Gutiérrez tocó en su declaración que quizás sea el más doloroso de todos para los colombianos que aman a sus soldados y policías. El de cómo el gobierno de Petro ha tratado a la fuerza pública en estos 4 años. Y ese punto conecta la historia de Hidroituango con algo más amplio y más profundo sobre el Estado de Colombia bajo este gobierno.

Porque lo que ha pasado con el ejército y la policía bajo la paz total no es solo un problema de seguridad. sino un problema de dignidad, de reconocimiento, de la manera en que un estado trata a los hombres y mujeres que arriesgan su vida para defender a los demás. Gutiérrez lo dijo con la emoción contenida de quien siente de verdad lo que dice, que hay que apoyar a nuestro ejército y nuestra policía, que tienen que dar golpes contundentes, que en esos días estaban en operativos en San Andrés de Cuerquia y Toledo dando golpe al

Frente 36. y que hay que seguir con esa presión, pero que al mismo tiempo el gobierno los tiene con las manos atadas por los ces al fuego que le dan tiempo a los criminales para reagruparse, los tiene sin el respaldo político que necesitan para actuar con toda la fuerza que la ley les permite. Y los tiene viendo como los mismos hombres contra los que combaten son nombrados gestores de paz y paseados en carros del estado, mientras a ellos los persiguen judicialmente por hacer su trabajo.

Y esa descripción de lo que viven los militares y policías colombianos hoy, esa realidad de combatir criminales que tienen inmunidad política, de arriesgar la vida en operativos mientras el gobierno negocia con los que los atacan, de ver como sus jefes son removidos y reemplazados y como la cadena de mando es cada vez más política y cada vez menos profesional.

Es algo que los colombianos de más edad que nos ven conocen de manera personal, porque tienen hijos o nietos o vecinos o conocidos que sirven en la fuerza pública y que les cuentan cómo se siente servir en estas condiciones, cómo se siente ir al combate sabiendo que el gobierno puede firmar un cese al fuego mañana y que todo lo que hiciste en ese operativo queda en nada.

Pero la parte de la declaración de Gutiérrez que más impacto tuvo, la que más circuló en las redes, la que más gente repitió en sus conversaciones del día siguiente, fue la que habló del mundo al revés. Esa frase que resume con una simplicidad devastadora lo que Colombia vive bajo la paz total, que los peores criminales son voceros de paz, que los jefes de las estructuras que pusieron bombas en torres de energía y que se metieron al cuarto de máquinas de hidroituango y que sobrevuelan con Drones, la represa más importante del

país, tienen protección del Estado, mientras los alcaldes y gobernadores que el pueblo eligió democráticamente tienen sus esquemas de seguridad recortados hasta en un 70%. Ese contraste, esa inversión de la lógica que debería gobernar las prioridades de un estado que funciona es lo que Gutiérrez describió como el mundo al revés.

Y es también lo que en términos más elaborados Cabal llama inversión revolucionaria cuando habla de la estrategia de la izquierda de darle la vuelta a la tortilla moral, de hacer que el victimario parezca víctima y la víctima parezca victimario, y que en el caso específico de la paz total tiene una manifestación concreta y verificable que ya no necesita teoría política para entenderse, sino que se ve directamente en los hechos.

en las camionetas de la UNP transportando a los aliados de Calarca, en los títulos de gestor de paz otorgados a terroristas, en los ces al fuego que solo benefician a quien sigue armado y en los esquemas de seguridad recortados a quienes fueron elegidos para gobernar. Hay otro elemento de la declaración de Gutiérrez que merece atención especial porque habla de algo que los colombianos de más edad reconocen con una preocupación muy particular y es la advertencia sobre el reclutamiento que LLN hace en las universidades públicas para generarlo, que él llamó el llamado

estallido social para esconderse en el tema de la protesta social y usarla como cobertura para incendiar las ciudades. Esa advertencia conecta la historia de Hidroituango y el Frente 36 con algo más amplio, con la estrategia que organizaciones como LLN y las disidencias de las FARC usan para hacer avanzar su agenda política en los espacios urbanos donde no pueden operar militarmente con la misma libertad que tienen en los territorios rurales.

Y esa estrategia es exactamente la que se vio en el estallido social de 2021 en Cali, donde las sentencias judiciales confirmaron después que había financiamiento del ELN detrás de los bloqueos y los desmanes, que la primera línea no era solo jóvenes frustrados expresando su rabia, sino también una operación coordinada con estructura criminal detrás.

Y lo que Gutiérrez advierte es que eso puede volver, que LLN sigue reclutando en las universidades públicas, que la capacidad de generar un estallido social no desapareció con el 2021, sino que se reorganizó y que la amenaza no es solo la infraestructura física de Colombia, sino también sobre su tejido social y su estabilidad urbana.

Y esa advertencia tiene el peso de alguien que gobierna la segunda ciudad más grande de Colombia y que tiene la inteligencia local para saber lo que está pasando en sus propias calles con un nivel de detalle que los analistas de Bogotá no siempre tienen. Y frente a todo esto, frente a los tres atentados, el vídeo del cuarto de máquinas, los drones sobre hidroituango, la extorsión AEPM, el reclutamiento universitario, los esquemas de seguridad recortados y las camionetas de la UNP para los criminales.

La respuesta del gobierno de Gustavo Petro fue el silencio. Y ese silencio que Gutiérrez mismo nombró como una realidad frustrante, que la amenaza es real, pero que el gobierno no actúa con la contundencia que la situación requiere, no es él. silencio de quien no sabe qué decir, sino el silencio de quien no puede decir nada sin contradecirse.

Porque si el gobierno reconoce que el Frente 36 es una amenaza terrorista que hay que combatir con toda, la fuerza del Estado está reconociendo que la paz total fracasó en esa estructura específica, que los diálogos no produjeron la desmovilización que prometían, sino el fortalecimiento de un grupo que aprovechó, el espacio que la negociación le dio para armarse mejor, reclutar más y expandir sus operaciones a las ciudades.

Y esa admisión destruiría el relato sobre el que el gobierno de Petro ha construido buena parte de su imagen y su legado. Y si el gobierno niega que el Frente 36 sea la amenaza que Gutiérrez describe, si intenta minimizar o desacreditar las declaraciones del alcalde, entonces tiene que explicar por qué el propio ejército le recomendó al alcalde que no viajara.

Tiene que explicar los tres atentados a las Torres de Energía de Medellín. tiene que explicar el vídeo desde el cuarto de máquinas de hidroituango y tiene que explicar como hombres que el gobierno nombró gestores de paz son los mismos que el ejército. Identifica como responsables de terrorismo y extorsión, y ninguna de esas explicaciones existe de manera que sea coherente y honesta al mismo tiempo.

Ese es el callejón sin salida en que las declaraciones de Gutiérrez pusieron al gobierno de Petro. Y es también la razón por la que el silencio fue la única respuesta posible, porque en política el silencio es a veces la única manera de no hacer la situación peor, de no añadir una contradicción más a las que ya existen, de dejar que el tiempo pase con la esperanza de que el próximo tema de la agenda le quite protagonismo al incómodo.

Pero el silencio también tiene su propio mensaje y el mensaje del silencio de Petro frente a las declaraciones de Gutiérrez es exactamente el que los colombianos que saben leer la política están interpretando. La energía en Colombia no es solo un servicio público, sino una cadena de vida. Y los colombianos de más edad lo saben mejor que nadie porque vivieron las épocas en que no había energía eléctrica en muchas regiones del país, cuando las velas y los candiles no eran una decoración romántica, sino la única forma de iluminarse, cuando los

alimentos se echaban a perder porque no había manera de refrigerarlos, cuando los enfermos no podían acceder a equipos médicos que requirieran electricidad. Y cuando las personas que vivían en el campo tenían que organizarse su vida entera alrededor de la luz natural, porque cuando el sol se ponía se acababa la posibilidad de trabajar y de leer y de ver.

y Colombia construyó su sistema de generación y transmisión de energía eléctrica con décadas de inversión y esfuerzo, represa por represa, torre por torre, kilómetro de línea de transmisión por kilómetro, hasta llegar a un nivel de cobertura que aunque todavía tiene zonas sin atender en las regiones más remotas, representa un avance enorme frente a donde estaba el país hace 50 años.

Hidroituango es la pieza más grande y más importante de la nueva generación de esa infraestructura. La qué le va a dar a Colombia la capacidad de satisfacer su demanda energética creciente sin depender de combustibles fósiles que contaminan y que tienen precios volátiles en el mercado internacional. Amenazar esa infraestructura, infiltrar la represa que va a ser el corazón de esa capacidad energética, extorsionar a la empresa que la opera y atacar las torres que llevan su energía a las ciudades no es un acto de protesta ni una expresión de descontento político,

sino un ataque directo al bienestar de millones de colombianos que nunca han tenido nada que ver con ninguna guerrilla ni con ningún proyecto político, sino que solo quieren vivir su vida con la luz encendida, con la nevera, funcionando con el televisor. donde ven las noticias y los partidos con el cargador del teléfono que los conecta con sus hijos y nietos que viven en otras ciudades.

Gutiérrez habló por esas personas, por los colombianos anónimos, cuya vida cotidiana depende de que Hidroituango siga funcionando, cuando dijo que había que cuidar la infraestructura energética y cuidar a la población civil. y cuando dijo también algo que resume perfectamente el estado de ánimo de Colombia en este momento, que esto ha tomado ventaja definitivamente, que el fortalecimiento de las estructuras criminales bajo la paz total ha llegado a un punto donde la ventaja que tenían sobre la fuerza pública en algunas zonas

del país es una realidad que ya no se puede negar sin mentirle al pueblo y que si Colombia no reacciona ya con la urgencia que la situación exige, el camino de vuelta va a ser mucho más largo y mucho más doloroso que si se actúa ahora. Esa urgencia que Gutiérrez puso en sus palabras, ese tono de hombre que no exagera, pero que tampoco minimiza, que sabe exactamente de que está hablando porque lo vivió en su propia agenda esa mañana del 2 de marzo.

Es el tono que Colombia necesita escuchar en este momento. el tono que dice la verdad, aunque sea difícil de escuchar, que nombra los problemas con sus nombres reales, aunque eso incomode al gobierno, que exige acción concreta, aunque el gobierno prefiera la retórica de la paz como fin en sí mismo. Y en esa exigencia de acción concreta está la segunda parte de lo que Federico Gutiérrez reveló ese 2 de marzo, que no es solo un diagnóstico de lo que está pasando, sino también una hoja de ruta de lo que hay que hacer. Apoyar al ejército y la

policía. darles golpes contundentes a las estructuras criminales que no están negociando de buena fe, sino usando el proceso de paz como escudo. Capturar o dar de baja a Calarca y Primo Gay, que son identificados como los responsables directos de los ataques a la infraestructura energética y dejar de darles a los criminales el estatus político y la protección del Estado que les permite operar con la impunidad que tienen hoy.

Esa hoja de ruta no es complicada ni ideológica ni difícil de entender. Es la aplicación del sentido común que cualquier colombiano de bien aplicaría si estuviera en el gobierno, que el Estado debe proteger a los ciudadanos y su infraestructura, que los criminales deben enfrentar consecuencias reales por sus crímenes, que la negociación con grupos armados solo tiene sentido cuando esos grupos están dispuestos a dejar las armas y no cuando las usan para extorsionar y atacar mientras negocian.

Y que la dignidad de los soldados y policías que arriesgan su vida para defender al país merece el respaldo de él. gobierno que los manda al combate. Esas verdades que Gutiérrez dijo ese 2 de marzo no son novedosas ni sorprendentes para los colombianos de bien, porque son las mismas verdades que siempre han sabido, pero que en el ambiente político de los últimos años era difícil decir en voz alta, sin ser atacado, sin ser señalado, sin que el relato dominante de los medios del establecimiento las descalificara como

militarismo o como falta de sensibilidad social o como nostalgia de un pasado que había que superar. Y ahí está el valor de Gutiérrez S2 de marzo en haber dicho esas verdades de todas formas, en haberse parado frente a las cámaras y haber descrito la realidad que vivía ese momento con una honestidad que el país necesitaba escuchar y en haber dejado al gobierno de Petro sin respuesta posible ante preguntas que ya no pueden ignorarse mientras Hidroituango sigue siendo amenazada y mientras los colombianos siguen pagando

impuestos para que el Estado proteja a los criminales que quieren apagarles la luz. ¿Tú crees que Colombia puede seguir construyendo su futuro energético con Hidroituango mientras el gobierno le da protección a los criminales que la amenazan? ¿O cree que primero hay que decidir de qué lado está el Estado colombiano? Hay una cosa que los colombianos de más edad saben mejor que nadie y es que la luz no es solo electricidad, que la luz es vida, que la luz es la abuela que se levanta a las 5 de la mañana a hacer el

tinto antes de que despierte el resto de la familia. ¿Qué es el niño que hace las tareas en la tarde antes de que oscurezca? ¿Qué es el enfermo que necesita su equipo médico funcionando toda la noche? ¿Qué es el pequeño negocio del barrio que abre sus puertas cada mañana con la certeza de que la nevera conservó los productos y que la caja registradora va a funcionar? Y que cuando esa luz se apaga, no se apaga solo un bombillo, sino una parte de la vida cotidiana que uno da por descontada hasta el momento en que ya no está. Y

ese momento, ese instante de oscuridad que nadie quiere vivir es exactamente lo que el frente 36 de las disidencias de las FAR está amenazando cuando sobrevuela. Hidroituango con drones de guerra y cuando extorsiona a EPM con vídeos grabados desde adentro del cuarto de máquinas de la represa más grande de Colombia.

Federico Gutiérrez lo sabe y por eso habló el 2 de marzo con la urgencia de quien no puede quedarse callado cuando ve que algo tan fundamental como la luz de 5 millones de hogares colombianos está siendo puesta en peligro por criminales que el gobierno protege y por eso su declaración no fue un ejercicio político calculado para ganar titulares, sino el grito de un hombre que tiene la responsabilidad de gobernar una ciudad que ya sufrió tres atentados a su infraestructura energética y que no está dispuesto a esperar en silencio a que

llegue el cuarto. Y lo que ocurrió después de esa declaración, lo que pasó en Colombia durante los días que siguieron, es la segunda parte de la historia que todavía se está escribiendo. Aparte que trata de como el país reaccionó ante la verdad que Gutiérrez puso sobre la mesa, como las instituciones respondieron, como el gobierno de Petro intentó manejar el daño que las palabras del alcalde le habían causado a su relato sobre la paz total y como los colombianos de a pie, los de los barrios y los municipios y

las veredas empezaron a conectar lo que habían escuchado con lo que vivían en su propia realidad cotidiana. Cuando una verdad se dice con suficiente claridad y con suficiente respaldo de hechos verificables, cuando no es una opinión política, sino la descripción de eventos concretos que ocurrieron en fechas específicas y que dejaron evidencia que cualquiera puede revisar cuando viene de alguien que no tiene un interés personal en exagerar, sino todo lo contrario porque sabe que la exageración le costaría credibilidad.

Esa verdad tiene una vida propia que ninguna estrategia de comunicación del gobierno. Puede apagar completamente porque se replica en las conversaciones de familia, en los grupos de WhatsApp, en las charlas del mercado y de la iglesia y del parque y llega a lugares donde los medios tradicionales y la propaganda oficial no tienen el mismo alcance que tiene la voz de una persona de confianza que le cuenta a otra lo que escuchó.

Eso fue lo que pasó con las declaraciones de Gutiérrez sobre Hidroituango y el Frente 36 y la paz total que circularon por Colombia de esa manera orgánica que ningún equipo de comunicaciones puede fabricar ni detener, que llegaron a los hogares donde las familias las escucharon juntas y las discutieron, donde las abuelas reconocieron en ellas algo que ya sentían, pero que no habían escuchado dicho con tanta claridad, donde los padres las compartieron con sus hijos universitarios que a veces tienen una visión diferente de la realidad.

política y donde los vecinos las comentaron con la indignación tranquila de quienes confirman lo que ya sospechaban, pero necesitaban escuchar de alguien con la autoridad moral para decirlo. Y en esa circulación orgánica de la verdad está una de las razones por las que el gobierno de Petro no tuvo una respuesta efectiva, porque sus herramientas habituales de manejo de crisis, el discurso del imperialismo, la acusación de golpismo, el llamado a la movilización de sus bases, no funcionan cuando la acusación no viene de la

derecha ideológica ni de los medios de comunicación del establecimiento, sino del alcalde de la segunda ciudad más grande de Colombia, un hombre que tiene respaldo popular verificable que habla con hechos concretos y no con posiciones ideológicas y cuyas palabras son respaldadas por los propios generales del ejército que el gobierno designó en esas zonas de operaciones.

La reacción del gobierno fue predecible para quienes conocen su estilo. una combinación de silencio inicial, seguido de intentos de desviar la atención hacia otros temas, de declaraciones de funcionarios de segundo nivel que intentaron matizar sin enfrentar directamente lo que Gutiérrez había dicho y de ataques indirectos a través de las redes sociales y los medios afines que buscaban descalificar al mensajero sin poder rebatir el mensaje porque el mensaje estaba construido sobre hechos que no se pueden negar sobre tres atentados que

ocurrieron sobre un vídeo desde el cuarto de máquinas que Existe sobre drones que el propio ejército incautó en San Andrés de Quererkia y que son el mismo tipo de drones que sobrevolaron Hidroituango. Esa incapacidad de responder con hechos a los hechos es la señal más clara de que Gutiérrez ganó el debate.

No porque el debate tenga un árbitro que declare al ganador, sino porque en los debates sobre realidades concretas gana quien puede verificar lo que dice y pierde quien solo puede negar sin evidencia o atacar sin argumento. Y en este caso la verificación estaba de parte del alcalde de Medellín y la negación sin evidencia estaba de parte del gobierno y esa asimetría se sintió en la opinión pública con una claridad que las encuestas y las redes y las conversaciones cotidianas reflejaron en los días siguientes. Pero más allá de

quién ganó el debate político del momento, lo que importa para Colombia no es el marcador de ese enfrentamiento puntual, sino las consecuencias reales que las declaraciones de Gutiérrez tienen sobre la seguridad de Hidroituango y sobre la seguridad energética del país. Porque las palabras sin acción concreta son poderosas en términos de opinión pública, pero insuficientes en términos de la seguridad real de una infraestructura que está siendo amenazada por criminales que tienen drones de guerra que infiltraron el cuarto de máquinas y que

atacaron las torres de transmisión tres veces en año y medio. Y aquí está el reto central que Colombia enfrenta en este momento, que la revelación de Gutiérrez fue necesaria, importante y valiente, pero que la revelación por sí sola no aumenta las turbinas de las que depende la luz de 5 millones de hogares colombianos.

No refuerza el perímetro de seguridad de Hidroituango, no captura a Calarca ni a Primo Gay. no desmantela la célula del Frente 36 que opera en Medellín y el área metropolitana y no le devuelve a la fuerza pública el respaldo político que necesita para actuar con toda la contundencia que la ley le permite. Estas cosas requieren decisiones del gobierno nacional que todavía no se han tomado con la determinación que la situación exige y la pregunta que Gutiérrez le dejó al país el 2 de marzo, implícita en cada una de sus palabras,

pero nunca dicha con esa literalidad, es si el gobierno de Petro tiene la voluntad de tomar esas decisiones antes de que ocurra algo que no se pueda reparar, antes de que el cuarto atentado a las torres de energía sea peor que los tres anteriores, antes de que la infiltración al cuarto de máquinas de hidroituango tenga tenga consecuencias que el país no está preparado para enfrentar.

Antes de que los drones que sobrevolaron la represa no sean solo una amenaza, sino la ejecución de un atentado que apague la luz de millones de colombianos. Esa pregunta no tiene todavía una respuesta definitiva y el hecho de que no la tenga, de que el gobierno siga sin dar una señal clara de que va a cambiar su política frente al Frente 36 es en sí mismo una respuesta que los colombianos que están prestando atención pueden leer con claridad, porque en política la ausencia de una decisión es también una decisión, la de mantener el curso actual

esperando que las cosas se resuelvan solas o que la presión disminuya sin que haya que abandonar el relato de la paz total que es uno de los pilares centrales de la identidad política del gobierno de Petro. Ustedes, abuelitos y madres que han criado sus familias en Colombia, que conocen este país con el conocimiento que da la experiencia vivida y no el análisis teórico, que han visto suficientes gobiernos y suficientes crisis para saber cuando un gobierno está actuando de buena fe y cuando está comprando tiempo, tienen la

capacidad de leer esa señal con una claridad que a veces los analistas políticos con todo su conocimiento técnico no tienen, porque el conocimiento del corazón que da la experiencia de esa vez es más preciso que el conocimiento de la cabeza que da el estudio de la política. Y lo que ese conocimiento del corazón les dice sobre lo que está pasando con Hidroituango y el Frente 36 y la paz total es algo que Gutiérrez dijo con una frase que quedó grabada en la memoria de quien la escuchó.

¿Qué Colombia tiene que abrir los ojos? que ya no habrá la oportunidad de enderezar el camino si no se reacciona a tiempo y que todavía estamos a tiempo, pero que ese tiempo no es infinito y que cada día que pasa sin las acciones concretas que la situación exige es un día que los criminales aprovechan para fortalecerse más. Abrir los ojos significa entender que la paz total no es una idea abstracta que se evalúa en términos ideológicos, sino una política pública que tiene resultados concretos y verificables en la seguridad de las comunidades y la

integridad de la infraestructura del país y que esos resultados, en el caso específico del Frente 36 son los tres atentados a las torres de energía. El vídeo desde el cuarto de máquinas de hidroituango, los drone sobrevolando la represa y el alcalde de Medellín que no. puede viajar a anunciar el avance de la obra más importante de Colombia porque el ejército le dice que hay riesgo de que lo maten.

Abrir los ojos significa también entender que la seguridad energética no es un tema técnico que le corresponde solo a los ingenieros y los economistas, sino un tema que toca la vida de cada colombiano de manera directa y personal y que cuando Gutiérrez dice que Hidroituango es el seguro energético del país y que hay que cuidarlo, no está hablando de un balance contable de EPM, sino de la garantía de que la luz va a seguir llegando a las casas de los colombianos, de que los hospitales van a seguir funcionando, de que los negocios

pequeños que son la base de la economía de los barrios van a seguir abiertos, de que los estudiantes van a seguir pudiendo estudiar de noche, de que los enfermos crónicos van a seguir teniendo la energía que necesitan sus equipos médicos. Esa conexión entre la seguridad de Hidroituango y la vida cotidiana de cada colombiano es la que hace que las declaraciones de Gutiérrez no sean solo relevantes para los antioqueños o para los interesados en política, sino para todos y cada uno de los colombianos que dependen de que la red eléctrica del

país siga funcionando. Y en esa universalidad del impacto está la razón por la que esta historia importa más allá del debate político entre Gutiérrez y Petro. Pero hay una dimensión de esta historia que todavía no hemos explorado completamente y que es fundamental para entender por qué el 2 de marzo fue un punto de inflexión y no solo un episodio más del enfrentamiento entre el gobierno nacional y el alcalde de Medellín y esa dimensión es la de las comunidades del norte de Antioquia.

Las personas que viven en los municipios alrededor de Hidroituango, en San Andrés de Cuerquia, en Toledo, en Ituango, en las veredas que llevan décadas conviviendo, con la violencia de las estructuras criminales que controlan ese territorio y que ahora ven como esas estructuras se fortalecen mientras el Estado les da estatus de negociadores de paz.

Esas comunidades conocen a Calarca no como un nombre en un titular de noticiero, sino como una realidad que determina si pueden salir a trabajar sus tierras o no. Si pueden mandar a sus hijos a la escuela o no, si pueden transitar por las vías de su municipio o no, si pueden sembrar lo que quieren sembrar o tienen que sembrar lo que la estructura criminal les dice que siembren.

Porque el que se niega paga el precio y esa realidad cotidiana de vivir bajo el control de un grupo armado. Que él gobierno nacional llama vocero de paz. Es una forma de violencia invisible que no aparece en las estadísticas de homicidios, pero que destruye la dignidad y la libertad de las personas de una manera que las marcas físicas de la violencia a veces no destruyen.

Gutiérrez habló por esas comunidades cuando dijo que la gente del norte de Antioquia ha tenido que vivir durante muchos años bajo el yugo de las estructuras criminales y bajo el yugo de las economías ilícitas, y que Hidroituango, con todo lo que representa como fuente de empleo legal y de desarrollo económico para esa región, ha tenido grandes enemigos en esas estructuras, porque la llegada del progreso, de los salarios formales, de las oportunidades que genera una obra de esa magnitud erosiona el control que las economías ilegales

tienen sobre las comunidades. Y eso es exactamente lo que las estructuras criminales no pueden permitirse si quieren mantener el poder que tienen en ese territorio. Esa tensión entre el desarrollo y el crimen, entre el progreso legítimo y las economías ilegales que se benefician del atraso y la exclusión es una de las más antiguas y más difíciles de resolver en las regiones colombianas con presencia de grupos armados.

Hidroituango es un caso paradigmático de esa tensión porque representa exactamente el tipo de transformación económica que puede cambiar de manera irreversible la dinámica de un territorio si se consolida. Si llega a su capacidad plena, sí. La energía que genera se convierte en el motor de un desarrollo regional que le ofrezca a los jóvenes de esa zona opciones diferentes a las que les ofrecen las estructuras criminales.

Ese es el potencial de hidroituango que va más allá de los megwtios y los porcentajes de la matriz energética nacional. El potencial de transformar una región que ha sufrido décadas de violencia en un polo de desarrollo donde la economía legal sea suficientemente atractiva para que la gente no necesite las economías ilegales, donde los jóvenes tengan razones concretas para no unirse a los grupos armados y donde el Estado tenga una presencia real y permanente, porque la infraestructura que cuida es estratégica para el país

entero. Pero ese potencial solo se realiza si Droituango está segura, si la infraestructura no es saboteada, si las amenazas son neutralizadas y si el Estado colombiano demuestra con hechos y no solo con palabras que está dispuesto a defender esa obra con la misma determinación con que la construyó. Y ese es exactamente el punto donde la política de paz total del gobierno de Petro y la seguridad de Hidroituango entran en una contradicción que el 2 de marzo quedó expuesta ante todo el país gracias a las declaraciones de Federico

Gutiérrez. Hay algo que los colombianos de más edad saben sobre cómo se construye un país, algo que aprendieron no en libros, sino en la vida. Y es que las cosas importantes no se construyen de la noche a la mañana, sino que son el resultado de años y años, de esfuerzo acumulado, de sacrificios que a veces no ven quienes los hacen porque los beneficios llegan cuando ya no están para disfrutarlos.

De obras que empiezan con la visión de unos y se completan con el trabajo de muchos y que al final pertenecen a todos, aunque nadie pueda decir que son completamente suyas. Hidroituango es una de esas obras, una que Colombia comenzó a soñar hace décadas, que tardó años en financiar y planear y licitar, que enfrentó tragedias durante su construcción que pusieron en peligro tanto la obra como las comunidades aguas abajo del río Cauca, que sobrevivió esas tragedias con el trabajo extraordinario de los ingenieros y técnicos de EPM y con la

resiliencia de las comunidades afectadas y que llegó al 95% de avance como la prueba más grande de Colombia puede construir cosas grandes si tiene la persistencia suficiente para superar los obstáculos que el camino pone. Y ahora, cuando esa obra está tan cerca de su culminación, cuando las cuatro turbinas nuevas están en proceso de instalación y el 17% de la energía de Colombia está al alcance de la mano, llega la amenaza del Frente 36 con sus drones y su extorsión y su vídeo desde el cuarto de máquinas. Y llega también

la pregunta que no puede evitarse, si Colombia va a dejar que décadas de esfuerzo y miles de millones de pesos de inversión pública sean puestos en riesgo por una estructura criminal que el gobierno protege o si va a decidir que esa obra, ese símbolo del progreso posible, merece ser defendida con toda la fuerza que el Estado tiene.

Gutiérrez respondió esa pregunta con su propio cuerpo el 2 de marzo. al cancelar el viaje que tenía planeado, porque el ejército le dijo que había riesgo real de que lo mataran. Y al salir después a decirlo todo públicamente, sabiendo que eso le iba a costar ataques del gobierno y descalificaciones de los medios afines al petrismo, porque hay un tipo de valentía que no consiste en ignorar el peligro, sino en enfrentarlo con honestidad, en nombrar la amenaza con su nombre real, aunque hacerlo tenga consecuencias incómodas. Y esa valentía

es exactamente la que Colombia necesita de sus líderes en este momento. La pregunta que queda sin responder después de todo lo que Gutiérrez reveló no es si la amenaza es real, porque el ejército confirmó que lo es. No es si el frente 36 tiene capacidad operativa en Medellín y el norte de Antioquia, porque tres atentados y un vídeo desde el cuarto de máquinas son prueba suficiente.

Y no es si la paz total fortaleció a esa estructura criminal, porque los propios hechos lo demuestran sin que haya que hacer ninguna interpretación ideológica adicional. La pregunta que queda sin responder es si el gobierno de Gustavo Petro va a actuar con la contundencia que la situación exige antes de que ocurra algo irreversible.

Y esa pregunta tiene una dimensión de tiempo que le da urgencia que no puede ignorarse, porque los criminales no esperan a que los gobiernos terminen sus reflexiones filosóficas sobre la paz. Los criminales actúan cuando ven y cuando calculan que el costo de actuar es menor que el beneficio. Y mientras el gobierno de Petro sigue dándoles a los miembros del Frente 36 el estatus de gestores de paz y la protección de la UNP, el cálculo de esos criminales les dice que el costo de seguir atacando es bajo y el beneficio de extorsionar a EPM es alto.

Para los colombianos de bien que han escuchado esta historia hasta el final, para los abuelitos y las madres que entienden estas cosas no con el lenguaje de los analistas políticos, sino con el lenguaje de la vida real. La situación que Gutiérrez describió el 2 de marzo tiene una lección que va más allá de Hidroituango y del Frente 36 y de la paz total y es la lección sobre el valor de decir la verdad en voz alta cuando la situación lo exige, sobre la importancia de tener líderes que no le huyan a las consecuencias de ser honestos sobre lo

que significa defender algo que vale la pena defender, aunque el momento sea difícil y aunque el gobierno de turno prefiera que te calles. Esa lección la han vivido ustedes en sus propias vidas, en los momentos en que tuvieron que decir algo difícil en su familia o en su trabajo o en su comunidad, en los momentos en que eligieron la honestidad sobre la comodidad, en los momentos en que defendieron algo justo, aunque fuera más fácil quedarse callados, y la reconocen cuando la ven en otros, cuando ven a alguien como Gutiérrez salir a decir lo

que nadie del gobierno quería que se dijera sabiendo que le iba a acostar, pero diciéndolo de todas formas porque la situación lo exigía. Esa capacidad de reconocer la honestidad cuando la ven, esa sabiduría que da la experiencia de una vida bien vivida, es uno de los activos más valiosos que tienen los colombianos de más edad en este momento político.

Porque en un ambiente donde la propaganda y el relato oficial intentan confundir y desorientar, la claridad que da el conocimiento profundo de la vida real de Colombia es la brújula que permite distinguirlo. Verdadero de lo falso, lo valiente de lo calculado. que se dice porque se cree de lo que se dice porque conviene y lo que Gutiérrez dijo el 2 de marzo pasó esa prueba con la claridad de alguien que habla desde la experiencia y no desde el cálculo, porque ningún cálculo político frío habría llevado a un alcalde a revelar en vivo que una

estructura criminal. infiltró el cuarto de máquinas de la represa más importante de Colombia, a nombrar por nombre propio a los jefes de esa estructura, a acusar al gobierno nacional de protegerlos con recursos del Estado y a predecir que si Colombia no reacciona, ya él camino de vuelta va a ser muy largo y muy doloroso, porque todas esas afirmaciones tienen el tipo de consecuencias políticas y personales que un político calculador evitaría con cuidado.

Las dijo porque tenía que decirlas, porque la realidad que estaba describiendo era demasiado grave para envolverla en eufemismos y porque los colombianos merecen saber lo que pasa con su propia infraestructura, con su propia seguridad, con su propio dinero que el Estado usa para proteger a los criminales que amenazan la luz de sus hogares.

Y en ese acto de decir la verdad, por encima del cálculo y por encima del riesgo personal, está la diferencia entre el liderazgo político real y la gestión política que solo busca sobrevivir sin hacer olas. Mientras tanto, Hidroituango sigue ahí sobre el río Cauca, en el norte de Antioquia, con sus cuatro turbinas generando la electricidad que llega a los hogares de millones de colombianos, sin que ellos sepan que esa electricidad viene de una represa que fue infiltrada, extorsionada y sobrevolada por drones de guerra con sus otras cuatro turbinas en

proceso de instalación que cuando estén listas van a completar el sueño de darle al país el 17% de su energía desde una sola obra. con los trabajadores de EPM que siguen yendo a trabajar todos los días a pesar de las amenazas, porque saben que lo que construyen importa con las comunidades del norte de Antioquia que siguen esperando que el progreso que representa esa obra llegue a sus vidas de manera concreta y permanente.

Y sigue ahí también la amenaza del Frente 36, que no desapareció con la declaración de Gutiérrez, que sigue teniendo la capacidad operativa que el ejército y la policía identificaron, que sigue con Calarca y Primo Gay dirigiendo sus operaciones desde la impunidad que la paz total les ha garantizado y que sigue calculando que mientras el gobierno los cuide y los llame voceros de paz, el costo de extorsionar a EPM y de amenazar a Hidroituango es menor que el beneficio.

Esas dos realidades, la del progreso que Hidroy Tuango representa y la de la amenaza que pesa sobre ese progreso, están en tensión en este momento de la historia de Colombia y la manera en que esa tensión se resuelva va a decir mucho sobre qué tipo de país es Colombia y qué tipo de estado tiene.

Si es un estado que defiende lo que construye con el esfuerzo colectivo de sus ciudadanos o uno que negocia con quienes lo destruyen, porque la ideología de quien gobierna no le permite reconocer que la negociación sin presión es capitulación disfrazada de paz. Ustedes que nos ven, que escucharon esta historia hasta el final porque algo en su corazón les dijo que era importante, tienen ahora algo que muchos colombianos todavía no tienen, que es la información completa sobre lo que está pasando con Hidroituango, con el Frente 36, con la

paz total y con la seguridad energética del país. Y esa información es poder, no en el sentido de poder político, sino en el sentido de poder ciudadano, de la capacidad de entender lo que ocurre y de hablar sobre ello, con la claridad que da el conocimiento de contárselo a los hijos y nietos, que quizás no siguieron la noticia con la misma atención, de compartirlo con los vecinos y los amigos que merecen saber lo que está en juego.

Porque la historia que Gutiérrez contó el 2 de marzo no termina con él, no termina con EPM, no termina con Hidroituango, ni con el Frente 36, ni con la paz total del gobierno de Petro, sino que termina con cada colombiano que decide hacer algo con lo que sabe, que decide que la información que recibió merece circular, que la verdad que escuchó merece ser contada, que el país que quieren dejarles a sus hijos y nietos merece que los ciudadanos de hoy estén informados y activos y dispuestos a exigir de sus gobernantes la

honestidad y la acción que la situación requiere. La luz de Colombia no se apaga, no porque haya alguna fuerza mágica que la proteja, sino porque hay colombianos como Gutiérrez que no están dispuestos a quedarse callados cuando la ven en peligro. Porque hay soldados y policías que siguen haciendo operativos en San Andrés de Cuerquia y Toledo, a pesar de que el gobierno no les da el respaldo político que merecen, porque hay trabajadores de EPM que van a la obra todos los días sabiendo que hay amenazas porque entienden que lo que construyen

es más importante que el miedo. Y por qué hay colombianos de bien como ustedes, que prestan atención, que no se rinden ante el relato oficial cuando los hechos lo contradicen y que tienen la sabiduría suficiente para reconocer la verdad. cuando la escuchan. Esa Colombia, la que no se rinde y la que no se deja apagar, es la Colombia que va a seguir construyendo hidroituango hasta que esté completa.

La que va a defender su infraestructura estratégica contra quienes la amenazan. La que va a exigir que el Estado esté del lado de los ciudadanos y no del lado de los criminales. Y la que va a recordar el 2 de marzo de 2026 como el día en que un alcalde dijo la verdad que el gobierno no quería que se dijera y Colombia no lo olvidó.

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ciudadanos o del lado de los criminales. Si llegaste hasta aquí, hasta el final de esta historia, ya sabes algo que la mayoría de colombianos todavía no sabe y eso tiene un valor que ningún medio del establecimiento te va a dar. Este canal acaba de abrir su membresía exclusiva. Con ella vas a poder ver vídeos que no pueden publicarse abiertamente, participar en transmisiones en vivo donde la conversación ocurre sin filtros y tener voz para decidir qué historia contamos la próximo vídeo no es apoyar un canal, es ser parte de los

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