cosas al mismo tiempo. Usted sabe mejor que nadie lo que Colombia sufrió por cuenta de esa organización criminal que durante décadas mantuvo a este país arrodillado. Y si usted vivió esos años y tiene todavía esa memoria intacta, si guarda en su corazón los nombres de los que se llevaron, de los que no volvieron, de los que sobrevivieron con las marcas que esa guerra les dejó en el cuerpo y en el alma, entonces esta historia le va a doler.
Porque esta historia no es sobre el pasado. Esta historia es sobre lo que ese pasado significa hoy, en este año electoral, en estas semanas en que Colombia tiene que decidir quién la va a gobernar los próximos 4 años y en qué un hombre que hoy lidera las encuestas presidenciales tiene su nombre escrito en los correos de uno de los jefes más temidos que las FAR tuvieron.
Ese hombre se llama Iván Cepeda y los correos donde aparece su nombre sobrevivieron a un bombardeo en la selva del Ecuador. Fueron certificados por la mayor organización de policía criminal del mundo como auténticos y no manipulados. Fueron ignorados durante 15 años por la justicia colombiana y hoy están sobre el escritorio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos como parte del caso más grande que ese país ha construido contra el narcotráfico y el terrorismo internacional en esta región.
Esta es esa historia. Para entender por qué esta historia importa tanto hoy, hay que empezar por el principio. Hay que volver a la madrugada del primero de marzo de 2008, a una selva en la frontera entre Colombia y Ecuador, a un lugar que se llama Angostura, en el departamento de sucumbíos del lado ecuatoriano, donde un hombre que llevaba años siendo uno de los criminales más buscados del continente dormía en su campamento, pensando que ahí, en ese lado de la frontera, estaba a salvo.
Ese hombre se llamaba Luis Edgar Devia Silva, pero el mundo lo conocía por su nombre de guerra, alias Raúl Reyes. era el segundo hombre en la jerarquía de las FARC, el miembro del secretariado que manejaba las relaciones internacionales de la organización, el que viajaba, el que negociaba, el que construía puentes entre la guerrilla colombiana y los gobiernos, los partidos y los movimientos de todo el mundo, que eran afines a la causa que las faltecían defender con palabras, pero que en la práctica financiaban con cocaína, con
secuestros, con extorsiones y con la sangre de los colombianos que se pusieran en su camino. Raúl Reyes era, en el lenguaje que los investigadores usan para describir este tipo de figuras, un operador de alto nivel no era el que daba los golpes directamente, era el que abría las puertas, el que se reunía con cancilleres y con asesores presidenciales y con dirigentes de partidos de izquierda de Europa y América Latina, el que convertía a una organización de narcoterroristas en un actor político con reconocimiento
internacional, el que lograba que las FARARC aparecieran en los foros y las tribunas del mundo no como lo que eran. un cartel criminal disfrazado de movimiento revolucionario, sino como una fuerza política con la que los gobiernos podían hablar, a la que los periodistas podían entrevistar y a la que las universidades europeas podían invitar a dar conferencias.
Ese era el trabajo de Raúl Reyes. Y para hacer ese trabajo, Raúl Reyes necesitaba una herramienta que en 2008 todavía era relativamente nueva en Colombia, pero que él había adoptado con una disciplina y una sofisticación que sus captores no esperaban encontrar en la selva. Los computadores, tres computadores portátiles, dos discos duros y tres memorias USB.
Eso era lo que tenía Raúl Reyes en su campamento esa madrugada del primero de marzo de 2008, cuando los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana lo encontraron. La operación Fénix fue una de las acciones militares más importantes que Colombia ha ejecutado en su historia reciente. No solo por lo que produjo en el momento, que fue la baja del segundo hombre en la cadena de mando de las FARC, un golpe que la organización tardó años en asimilar, sino por lo que quedó después del bombardeo sobre la tierra calcinada de esa selva ecuatoriana. Entre los
escombros del campamento quedaron los computadores. Y en esos computadores había algo que los investigadores que los abrieron por primera vez describieron con una palabra que pocas veces se usa en las investigaciones criminales porque pocas veces es exacta. Un tesoro. Un tesoro de información. Décadas de comunicaciones de las FARC con el mundo.
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Correos con presidentes latinoamericanos. Correos con cancilleres. Correos con financiadores europeos. Correos con operadores en Argentina, en México, en Venezuela, en Ecuador, en España, correo sobre operaciones de narcotráfico, correo sobre rutas de dinero, correo sobre cómo manejar a los secuestrados para que su sufrimiento produjera el mayor impacto político posible en el momento que más le convenía a la organización.
y correos con nombres, nombres de políticos colombianos, nombres de personas que aparecían en las páginas de los periódicos, que daban discursos en el Congreso, que participaban en las elecciones, que defendían causas que decían ser de paz y de derechos humanos y que en los archivos de Raúl Reyes aparecían como algo muy diferente, como coordinadores, como articuladores, como piezas de una red que la organización criminal más poderosa de Colombia usaba para construir la imagen internacional que necesitaba para seguir operando. Uno de
esos nombres era Iván Cepeda, un hombre que en 2008 era ya una figura reconocida en los círculos de derechos humanos colombianos que dirigía el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que convocaba marchas y pronunciaba discursos y aparecía en los medios con la constancia del activista que tiene, un mensaje y los recursos para hacerlo llegar, y que en los correos de Raúl Reyes aparecía no como alguien a quien la organización observaba desde lejos, sino como alguien con quien la organización coordinaba.
Para que los colombianos de más edad entiendan la dimensión de lo que esos correos contenían. Hay que recordar algo que quienes vivieron el año 2008 saben perfectamente, pero que las generaciones más jóvenes no conocen de la misma manera. El 4 de febrero de 2008, Colombia vivió la marcha más grande de su historia.
Más de 6 millones de personas salieron a las calles en más de 193 ciudades del país y en decenas de ciudades del mundo vestidas de blanco, con carteles que decían una sola cosa, no más fart. No fue una marcha convocada por un partido. Fue una expresión espontánea de un pueblo que había acumulado durante décadas el dolor de los secuestrados, de los desplazados, de los masacrados, de los niños reclutados a la fuerza, de los campesinos a quienes la guerrilla les cobraba vacunas y les destruía la vida.
y que ese día decidió que ya era suficiente, que no podía seguir callado, que la Colombia de bien tenía una voz y que esa voz no tenía miedo de ejercerla. Esa marcha fue un golpe para las FARC, un golpe que dolió porque fue público, masivo e inequívoco, porque demostró que la guerrilla no tenía el respaldo popular que sus discursos decían tener, que los colombianos no los veían como libertadores, sino como lo que eran.
una organización criminal que le hacía daño a la gente común y una organización como las FARP, con los recursos y la estructura que tenía, no iba a dejar ese golpe sin respuesta. En los correos de Raúl Reyes quedó registrado exactamente como planearon esa respuesta. planearon una contramarcha, una marcha para el 6 de marzo de 2008, un mes después de la marcha del 4 de febrero, convocada bajo la consigna del acuerdo humanitario, que era la manera en que las FARC llamaban al intercambio de secuestrados por presos y que en la práctica era la
manera en que la organización intentaba recuperar ante la opinión pública internacional la imagen que la marcha del 4 de febrero había destruido. Y en los correos que planeaban esa contramarcha, alias Ingrid, la coordinadora de la Comisión Internacional de las FART, le escribió a un destinatario el 18 de febrero de 2008 con una información que Colombia llevaría 15 años discutiendo.
Por medio del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Seis palabras que cambian el sentido de todo lo que viene después por medio del compañero Iván Cepeda. con la colaboración de no a través de un contacto relacionado con sino compañero.
La palabra que las FARC usaban para referirse a sus propios miembros y a sus aliados más cercanos. Ese correo no estaba solo. Había otro, alias Iván Márquez, otro de los jefes del secretariado de las FARC, el mismo que años después anunciaría desde Venezuela el retorno a las armas y fundaría la segunda marquetalia.
Le escribió al secretariado el 12 de febrero de 2008, tres semanas antes de la marcha. hablando de los planes para contrarrestar el efecto de la movilización del 4 de febrero y en ese correo también aparecía el nombre de Iván Cepeda, esta vez como promotor de las marchas por el intercambio humanitario, como la figura a través de la cual la organización esperaba que esa contramovilización tuviera el impacto político que necesitaba.
Y había un tercero, un correo encontrado no en los computadores de Raúl Reyes, sino en el computador de alias Irene. Una mujer llamada Remedios García Albert, detenida en Madrid en 2008 y señalada por las autoridades españolas y colombianas como el principal enlace de las FARC en Europa, en el que se mencionaba que Iván Cepeda había sido invitado a eventos en España organizados por esa misma red, que había viajado, que había participado y que su visita había sido coordinada desde esa estructura.
Tres menciones en tres documentos diferentes en dos computadores distintos con el mismo nombre. Para cualquier investigador del mundo, eso no es una coincidencia, es un patrón. Y ahí, en ese punto exacto, es donde Colombia tomó el camino que los colombianos de bien nunca han podido entender del todo.
Los computadores de Raúl Reyes llegaron a la Fiscalía Colombiana. llegaron con la certificación de la Interpol, la organización de policía criminal más importante del mundo, que despachó a sus especialistas que revisaron 38,000 archivos, 452 hojas de cálculo, 210,000 imágenes, 10,537 archivos multimedia y 610 GB de información y que al final de ese proceso extraordinario concluyó con la claridad que solo produce el rigor técnico, que los archivos no habían sido creados, modificados y suprimidos después de la incautación.
64 especialistas internacionales, 610 GB revisados y la conclusión fue una sola. No hubo ningún tipo de alteración. El secretario general de la Interpol de la época, Ronald Noble, lo dijo el mismo en Colombia, en rueda de prensa, mirando a los periodistas a los ojos. El examen forense cuidadoso y completo de cada una de las evidencias computacionales incautadas confirma que no hubo ningún tipo de alteración de los datos, siguiendo a su incautación el primero de marzo de 2008.
Eso no es una opinión, eso es la conclusión oficial de la organización que agrupa a 196 países en el mundo y que existe precisamente para hacer ese tipo de determinaciones con la exactitud que la justicia requiere. Y sin embargo, en 2011, la Corte Suprema de Justicia de Colombia tomó una decisión que dejó a amplios sectores de la sociedad colombiana. Sin palabras.
dijo que esos computadores no podían ser usados como prueba. No porque los archivos fueran falsos, no porque la Interpol se hubiera equivocado, no porque el contenido de los correos no fuera lo que decía ser, sino porque, según la corte, la cadena de custodia de los equipos había tenido una ruptura en el momento en que los soldados del ejército colombiano los recogieron del campamento en territorio ecuatoriano antes de que llegaran a manos de los fiscales.
Eso fue suficiente. Con ese argumento, la Corte Suprema de Justicia de Colombia enterró 610 GB de verdad. Enterró los nombres de los políticos que aparecían coordinando con las FARARC. Enterró las rutas del dinero del narcotráfico que pasaban por las manos de presidentes y cancilleres latinoamericanos.
enterró los correos sobre los secuestrados usados como moneda de cambio política y enterró entre todo eso el nombre de Iván Cepeda en esos correos que alias Ingrid y alias Iván Márquez escribieron sobre las marchas del 6 de marzo de 2008. Los colombianos de más edad que vivieron esos años recuerdan la confusión que produjo esa decisión de la corte, la sensación de que algo no estaba bien, de que un tribunal que era supuestamente el guardián de la justicia había decidido no ver lo que había para ver, no procesar lo que había para procesar y
dejar sin consecuencias una red de complicidades entre la política colombiana y la organización que durante décadas les había hecho tanto daño a los colombianos de a pie. Esa confusión no era paranoia, era la reacción natural y legítima de un pueblo que había esperado durante años que la justicia actuara y que vio en esa decisión de 2011, la confirmación de algo que en Colombia se siente, pero que pocas veces se dice en voz alta, que hay una justicia para los poderosos y otra para todos los demás, que los mismos
mecanismos que permiten a la institución protegerse de la verdad incómoda están disponibles para quienes saben cómo usarlos y que en Colombia esas personas siempre han sabido usarlos con una eficiencia que hace que la ley funcione para unos y no para otros. El propio Gustavo Petro salió a defender esa narrativa cuando la polémica resurgió en septiembre de 2025, diciendo que los computadores habían sido manipulados, que la cadena de custodia no era confiable, que los documentos no eran válidos.
Pero hay un problema con esa defensa. La Interpol ya lo había respondido. 64 especialistas ya lo habían respondido y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña, que recibió directamente de manos del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, la totalidad del contenido de los computadores y produjo un informe completo años después, también lo había respondido.
Los archivos eran auténticos, no fueron manipulados y Iván Cepeda aparece en ellos durante 15 años. Esa historia durmió. Durmió porque la corte la cerró. Durmió porque los medios que habrían podido mantenerla viva decidieron que era mejor seguir adelante. Durmió porque los políticos que aparecían en esos correos tenían suficiente influencia para asegurarse de que el tema no volviera a la agenda pública con la fuerza que merecía.
Y durmió también. Porque Colombia tiene una capacidad asombrosa de olvidar las cosas que duelen demasiado, de seguir adelante, aunque las heridas no estén curadas, de mirar hacia el futuro, aunque el pasado todavía no haya sido resuelto. Pero hay algo que esa historia nunca dejó de hacer, aunque durmiera, nunca dejó de existir.
Los correos seguían ahí, los archivos seguían ahí, la certificación de la Interpol seguía ahí y el nombre de Iván Cepeda escrito por alias Ingrid, por alias Iván Márquez, por los documentos de la red europea de las FARC, seguía ahí esperando el momento en que alguien con la jurisdicción suficiente y la voluntad política necesaria decidiera leerlos con los ojos abiertos y sacar las conclusiones que Colombia nunca quiso sacar.
Ese momento llegó y llegó como tantas cosas importantes en la historia de este país. Desde afuera llegó desde Washington. El 16 de febrero de 2026, el candidato presidencial colombiano Daniel Palacios, ex ministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque, llegó a las oficinas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington DC, y entregó formalmente una solicitud para que ese organismo investigara a Iván Cepeda.
No fue un trino, no fue una declaración a los medios, no fue un debate en el Congreso, fue un documento entregado en mano en el edificio más importante de la Justicia Federal de los Estados Unidos, con la solicitud explícita de que la fiscal general de ese país, Pan Bondi, abriera una investigación formal para determinar hasta dónde llegan los vínculos del candidato del petrismo con la organización criminal que los Estados Unidos tienen designada como narcoterrorista desde hace décadas.
Hoy le hemos solicitado formalmente a la fiscal general de los Estados Unidos que investigue y determine la relevancia de las menciones de Iván Cepeda en el computador de Raúl Reyes para así poder determinar si existen causas suficientes para que sea vinculado como una persona de interés, dijo Palacios desde Washington.
Y la razón por la que esa solicitud tiene un peso que la política colombiana no puede simplemente ignorar con un comunicado de prensa es la misma razón por la que toda esta historia importa en este año electoral específico. Los computadores de Raúl Reyes, que la Corte Suprema de Colombia declaró inútiles como prueba en el sistema penal colombiano, son en este momento parte de los archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el proceso contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo.
En los Estados Unidos esos archivos si son válidos. En los Estados Unidos esos correos sí pueden usarse y en los Estados Unidos el nombre de Iván Cepeda ya está sobre la mesa de los fiscales que están construyendo el caso más grande contra el crimen organizado latinoamericano en décadas. La respuesta de Iván Cepeda a todo esto ha sido la que ha dado durante años cada vez que el tema regresa.
Dice que los correos son un montaje. Dice que los computadores fueron declarados ilegales por la Corte Suprema. dice que sus menciones en esos archivos son el resultado de una operación de desprestigio orquestada por sus enemigos políticos para destruirlo antes de las elecciones. Pero hay un problema con esa respuesta que la silla vacía, que no es un medio que nadie podría llamar enemigo de cepeda, identificó en una investigación publicada en febrero de 2026 que la tesis del montaje no se sostiene porque la Corte Suprema dijo que los
computadores no eran válidos como prueba judicial por la ruptura en la cadena de custodia, pero la Corte Suprema nunca dijo que los archivos fueran falsos. Esa diferencia que parece técnica es en realidad la diferencia entre dos verdades completamente diferentes. Una cosa es que un tribunal diga que un documento no puede usarse en un juicio por razones de procedimiento.
Otra muy diferente es que ese mismo tribunal diga que el documento no existe, que es falso, que fue inventado. La Corte Suprema Colombiana nunca dijo lo segundo. Lo que dijo es que no podía usarse como prueba judicial en Colombia. Lo que la Interpol dijo con toda su autoridad y con todos sus especialistas es que el contenido era auténtico y no había sido alterado.
Y lo que alias Ingrid escribió el 18 de febrero de 2008 antes del bombardeo, antes de que nadie pudiera imaginar que esos correos iban a terminar en manos de la Fiscalía Colombiana, fue simplemente lo que hacía. Coordinar con Iván Cepeda las marchas que las FARC necesitaban para contrarrestar el rechazo masivo que Colombia les había expresado el 4 de febrero.
Colombia tiene en este momento 86 días para decidir para decidir si ese nombre, ese correo, esa coordinación que la Interpol certificó como auténtica y que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está revisando en este momento, importa o no importa a la hora de elegir al próximo presidente para decidir si 15 años de silencio institucional son suficiente razón para seguir sin hacer la pregunta que esta historia lleva 15 años esperando que alguien haga en voz alta.
Para decidir si la Colombia, que sufrió los secuestros, las masacres, los atentados, los años más oscuros de esa guerra, merece saber la verdad sobre quiénes en la política colombiana le servían a la organización que producía ese sufrimiento. Esta es apenas la primera parte de esa historia. ¿Tú crees que Colombia tiene el derecho de saber antes del 31 de mayo? Si el hombre que quiere gobernarla aparece en los correos certificados por la Interpol como el coordinador de las marchas de una organización que secuestró, masacró y
destruyó la vida de miles de colombianos de bien. Hay una imagen que los colombianos de más edad no han podido olvidar, aunque hayan pasado años desde que la vieron. Es la imagen de un hombre vestido de traje con corbata, con la seguridad tranquila del político que sabe que está siendo fotografiado y que no le importa que lo estén fotografiando porque considera que lo que está haciendo en ese momento es exactamente lo que debe estar haciendo.
Ese hombre es Iván Cepeda y está posando sonriente al lado de Jesús Santrich, uno de los criminales más peligrosos que las FAR produjeron en sus últimas décadas. Un hombre que fue acusado de narcotráfico por la justicia de los Estados Unidos, que el gobierno colombiano intentó extraditar y que en 2019 se fugó y volvió a aparecer con un fusil al hombro al lado de alias Iván Márquez en el vídeo donde los dos anunciaron desde Venezuela que la paz había sido una trampa y que volvían a la guerra.
Iván Cepeda no solo posó con Santrich para esa foto, lo defendió, lo acompañó hasta las puertas de la cárcel cuando salió libre. habló en su favor cuando el proceso de extradición avanzaba. Presentó argumentos públicos sobre por qué Santrich merecía la presunción de inocencia y porque la justicia colombiana y la justicia norteamericana estaban equivocadas al querer extraditarlo.
Y cuando en 2020 le preguntaron si se arrepentía de haber defendido a Santrich, que para ese momento ya había vuelto a las armas y ya estaba al mando de una estructura criminal en Venezuela. Cepeda respondió con la tranquilidad de quien no siente la necesidad de justificarse, que no, que no se arrepentía. Esa respuesta dice algo sobre este hombre que ningún titular puede decir con la misma claridad.
Dice que Iván Cepeda no cometió un error de cálculo cuando defendió a Santrich. No fue un momento de ingenuidad que después lamentó. Fue una decisión consciente que hoy, con todos los hechos sobre la mesa, sigue siendo su decisión. y esa decisión, esa disposición de defender a los criminales de las FARC con el argumento del proceso de paz, de la presunción de inocencia, de los derechos fundamentales, mientras esos mismos criminales volvían a las armas en cuanto tenían la oportunidad.
Es parte del patrón que los computadores de Raúl Reyes habían documentado años antes, que Iván Cepeda no era un observador externo del conflicto armado colombiano, sino un actor que operaba dentro de él con un rol específico. Para entender ese rol, hay que entender quién era Manuel Cepeda Vargas. Manuel Cepeda Vargas fue senador colombiano por la Unión Patriótica.
El partido político que el paramilitarismo colombiano se empeñó en destruir durante los años más oscuros de la violencia política de este país y que fue efectivamente destruido a través de una campaña sistemática de asesinatos de la que Manuel Cepeda fue una de las víctimas. Fue asesinado en 1994. Iván Cepeda es su hijo y esa tragedia, ese dolor de hijo que creció sin padre porque a su padre lo mataron por sus ideas políticas.
Es la historia personal que hace a Iván Cepeda una figura compleja, una figura que en muchos colombianos genera la empatía genuina que produce cualquier persona que ha sufrido la violencia de este país sin merecerla. Ese dolor es real. Y nadie que tenga corazón puede leer la historia de la Unión Patriótica, de los miles de militantes asesinados.
de las familias destruidas, sin sentir la rabia y la tristeza que esa historia merece. Pero hay una distancia enorme entre el hijo que busca justicia para su padre asesinado y el político que años Después aparecen los correos de la organización que cometía los mismos crímenes que mató a su padre, coordinando marchas, viajando a eventos internacionales organizados por esa estructura y defendiendo hasta el final a los jefes de esa organización cuando la justicia los perseguía.
Esa distancia es la historia que los colombianos de bien tienen derecho a examinar antes del 31 de mayo. Los computadores de Raúl Reyes no solo tenían los correos sobre Iván Cepeda y las marchas del 6 de marzo de 2008, tenían otra cosa que los colombianos de más edad recuerdan con una mezcla de indignación y de dolor que todavía hoy es difícil de nombrar sin que se revuelva algo por dentro.
Tenían los correos sobre los secuestrados. En esos archivos quedó registrado con una precisión que hiela la sangre lo que las FARC hacían con los seres humanos que tenían cautivos en la selva. Los usaban como fichas en un juego político que tenía poco que ver con la humanidad de esas personas y mucho que ver con el impacto que su liberación o su retención podía producir en la opinión pública internacional y en los balances políticos que la organización necesitaba manejar.
Y en ese juego, en esa utilización de personas reales con familias reales que los esperaban llorando en ciudades y pueblos de Colombia, aparecía el nombre de Piedad Córdoba. La escenadora que en los correos de Raúl Reyes era identificada como alias Teodora Bolívar. Los correos mostraban una relación entre Piedad Córdoba y los jefes de las FARC, que iba mucho más allá de la deuna, mediadora humanitaria que busca la libertad de los secuestrados.
mostraban a alguien que coordinaba, que discutía estrategia, que tenía opiniones sobre el momento político más adecuado para hacer una liberación y sobre el impacto que esa liberación debía tener en las elecciones. Ingrid Betancor, la mujer que pasó 6 años en la selva como secuestrada de las FART, lo dijo públicamente en su momento con la autoridad de quien lo vivió en carne propia.
¿Qué piedad Córdoba había usado políticamente la salida o no de los secuestrados para sacar ventaja política para ella misma y para Hugo Chávez, y que en algunos casos se había impedid cautivas porque la liberación no favorecía los planes políticos del momento. Eso no es una acusación de un enemigo político, eso es el testimonio de una mujer que estuvo secuestrada y que describe lo que vio y lo que vivió desde adentro.
y en los correos de Raúl Reyes, certificados por la Interpol como auténticos. Esa descripción encontró el respaldo documental que nadie podía negar aunque la Corte Suprema hubiera decidido que no era válido como prueba judicial en Colombia. El entonces procurador general Alejandro Ordóñez usó esos correos como base para un proceso disciplinario contra Piedad Córdoba que terminó en su destitución inhabilitación por 18 años.
Pero cuando la Corte Suprema declaró inválidos los computadores como prueba judicial, esa decisión también afectó el proceso de piedad Córdoba. La historia quedó a medias, la justicia quedó incompleta. Y Piedad Córdoba, que hoy ya no está entre nosotros, pero que murió sin haber rendido cuentas ante ningún tribunal, por lo que los Correos de Raúl Reyes mostraban sobre su relación con las FART.
Es otro ejemplo de ese patrón que se repite en Colombia con una frecuencia que ya no sorprende, pero que todavía duele. El de los poderosos que encuentran siempre la salida procedimental que los protege de la verdad que los archivos contienen. Pero volvamos a Iván Cepeda porque esta historia no es sobre el pasado, es sobre el presente, es sobre el hombre que hoy lidera las encuestas presidenciales en Colombia, que el petrismo ha respaldado como su candidato, que dice representar la continuación del proyecto de Gustavo Petro y que en enero de 2025, cuando
Venezuela vivía la crisis más aguda de su historia reciente, con las elecciones fraudulentas de julio de 2024, todavía sin actas verificables, con la oposición venezolana en el exilio o en la cárcel y con el debate en toda América Latina sobre qué hacer frente a un régimen que ya no tenía ningún barniz de legitimidad democrática.
Tomó una posición que nadie que conozca su historia puede decir que lo sorprendió. Se opuso a cualquier intervención en Venezuela. Llamó agresión militar a las acciones de los Estados Unidos. rechazó de manera categórica lo que estaba ocurriendo y defendió al gobierno colombiano de Petro, que en ese momento también estaba del lado de Maduro, diciendo que la posición correcta era el diálogo y la diplomacia, no la presión ni la condena.
Para los colombianos que vivieron los años más duros de las FART, que enterraron a sus muertos financiados por el narcotráfico venezolano, que vieron como la segunda marquetalia operaba desde ese territorio con la protección del régimen de Maduro. Esa posición de Iván Cepeda no es simplemente una diferencia de opinión política.
Es la continuación de un patrón que los computadores de Raúl Reyes documentaron en 2008 y que Washington está revisando en este momento. un hombre que en 2008 aparecía coordinando marchas con el aparato internacional de las FARC, que en 2019 acompañó hasta la puerta de la cárcel al hombre que meses después volvería a las armas desde Venezuela, que en 2020 dijo públicamente que no se arrepentía de haberlo defendido, que en 2025 se opuso a cualquier acción contra el régimen que alberga y protege a la organización que financió el
asesinato de un senador colombiano. Esas no son coincidencias. Son los puntos de una línea que si se conectan dibujan un mapa. Álvaro Uribe Vélez, el expresidente que ordenó la operación Fénix, el bombardeo que mató a Raúl Reyes y que produjo los computadores que hoy están en Washington, habló en febrero de 2026 sobre el resurgimiento de este tema con la claridad directa que caracteriza su manera de comunicarse.
Dijo que lo que contenían esos computadores nunca fue un secreto para quienes los investigaron en su momento. Que la información que la Interpol certificó como auténtica era exactamente lo que parecía. La evidencia de una red de conexiones entre la política colombiana y la organización criminal más poderosa del país, una red que la decisión de la Corte Suprema de 2011 protegió de la justicia, pero no de la historia.
y dijo algo más que los colombianos de más edad necesitan escuchar en este año electoral, que esa decisión de la Corte, cualquiera que haya sido su motivación, produjo una deuda que Colombia todavía no ha saldado y que el momento en que esa deuda se salda no lo elige Colombia, sino la justicia internacional que tiene la voluntad y la jurisdicción para hacer lo que la justicia colombiana no quiso hacer. Ese momento es ahora.
Porque el proceso de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, que tiene en su base los correos de Raúl Reyes como parte del cuerpo probatorio que sustenta las acusaciones de narcoterrorismo, está produciendo exactamente el efecto que la decisión de la Corte Suprema Colombiana intentó prevenir 15 años atrás. Está haciendo visible lo que Colombia quiso hacer invisible.
está nombrando lo que Colombia quiso dejar sin nombre y está poniendo sobre la mesa del poder más importante del mundo la pregunta que ningún presentador colombiano se había atrevido a hacer en voz alta. La pregunta sobre los vínculos de Iván Cepeda con la organización terrorista que aparece en el centro del caso, más grande que la justicia norteamericana ha construido contra el crimen organizado latinoamericano en décadas.
Daniel Palacios llegó a Washington el 16 de febrero de 2026, no como turista ni como visitante diplomático, sino como candidato presidencial colombiano que tomó la decisión de acudir a la instancia que Colombia no había podido o no había querido ser. Llevó documentos, llevó las menciones de Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes.
Llevó los correos de alias Ingrid y de alias Iván Márquez sobre las marchas del 6 de marzo de 2008. llevó la información sobre los eventos en España, donde Remedios García Albert, alias Irene, la principal operadora de las FARC en Europa, había coordinado la presencia de Cepeda y le pidió formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que con esa información y con los computadores que ya tenían como parte del proceso contra Maduro determinaran si Iván Cepeda debía ser considerado una persona de interés en esa investigación.
La reacción en Colombia fue inmediata y predecible. Los medios que apoyan al petrismo y a la candidatura de Cepeda describieron el viaje de palacios como una traición, como un acto de quien invita a una potencia extranjera a intervenir en los asuntos internos de Colombia, como el comportamiento de alguien que no tiene respeto por la soberanía nacional.
Pero hay una ironía en esa crítica que los colombianos de más edad pueden ver con la claridad que produce la experiencia. La misma narrativa que hoy denuncia como traición el acto de ir a Washington a pedir que investiguen las conexiones de un candidato con el crimen organizado es la narrativa que durante décadas vio con normalidad que esos mismos grupos criminales recibieran apoyo, legitimidad y cobertura política desde las instituciones colombianas.
Colombia no puede quejarse de que el mundo la mire cuando durante décadas permitió que el mundo la mirara sin hacer nada. Y Colombia no puede hablar de soberanía cuando la soberanía de sus ciudadanos fue violada durante décadas por una organización que aparecía en los correos de los computadores que la Corte Suprema decidió no leer.
Hay un detalle en la historia de los computadores de Raúl Reyes que los grandes medios colombianos han tendido a pasar por alto porque es incómodo para demasiadas personas al mismo tiempo. Ese detalle se llama Juan Manuel Santos. En 2008, cuando los computadores fueron recuperados en angostura, Juan Manuel Santos era el ministro de defensa del gobierno de Álvaro Uribe.
Era en la cadena de mando, el funcionario responsable de lo que las fuerzas militares hacían con los equipos que recuperaban en sus operaciones. Y fue Santos quien tomó la decisión de entregar el contenido completo de los computadores al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña, uno de los centros de análisis de seguridad más prestigiosos del mundo, para que ese instituto lo revisara y produjera el informe que eventualmente certificó su autenticidad junto con la Interpol.
Santos hizo lo correcto en ese momento. Garantizó que los archivos fueran verificados por una instancia externa de máxima credibilidad internacional. Pero Santos también hizo algo más, algo que sus críticos describen con una precisión que los hechos respaldan. Cuando llegó al poder como presidente en 2010 y empezó a construir el proceso de paz con las FARCE, culminó en los acuerdos de La Habana en 2016.
Los computadores de Raúl Reyes desaparecieron de la agenda pública como por arte de magia. Nadie los mencionó. Ningún periodista los conectó con los negociadores de paz. Ningún funcionario del gobierno de Santos preguntó en voz alta cómo era posible que las personas cuyos nombres aparecían en esos archivos certificados por la Interpol estuvieran sentadas al otro lado de la mesa de negociación como si esos archivos no existieran.
Y cuando la Corte Suprema los declaró inválidos en 2011 durante el primer año del gobierno de Santos, la coincidencia de ese momento con la construcción del proceso de paz que Santos tenía en mente es algo que Colombia nunca examinó con la profundidad que merecía. No estamos diciendo que Santos haya ordenado esa decisión de la Corte.
Estamos diciendo que esa decisión le vino muy bien y que Colombia en 2026 tiene la obligación de preguntarse si los 15 años de silencio sobre los computadores de Raúl Reyes fueron el resultado de la operación de una justicia independiente y rigurosa o el producto de un sistema que protege a los que saben los secretos que el poder no quiere que se cuenten.
La respuesta de Iván Cepeda a todo esto ha seguido la misma línea desde 2008. Primero dice que los computadores son un montaje. Luego dice que la Corte Suprema los declaró inválidos. Luego dice que sus enemigos políticos usan esos documentos para destruirlo en época electoral. Y cuando le preguntan específicamente por el correo de alias Ingrid que dice, “Por medio del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas”, dice que convocó esa marcha de manera independiente, que cualquier coincidencia con lo que las FARC hacían
era exactamente eso, una coincidencia, y que el hecho de que la guerrilla mencionara su nombre no significa que él coordinara con la guerrilla. Pero hay un problema con esa defensa que Colombia Check, el portal de verificación de datos, que tampoco podría ser acusado de ser un medio de derecha, identificó en una investigación publicada en febrero de 2026.
El problema es que la tesis del montaje requiere que alguien haya falsificado esos correos. Y para falsificar esos correos habría que haber falsificado también la firma digital de los archivos, las marcas de tiempo que los programas forenses registran, la coherencia interna de cientos de páginas de comunicaciones y la consistencia con los hechos externos que esos correos describen, como la marcha del 6 de marzo que efectivamente ocurrió y que Iván Cepeda efectivamente convocó.
La Interpol revisó exactamente eso, 64 especialistas, 38,000 archivos, 610 GB y concluyeron que no había manipulación. Entonces, la pregunta que Colombia tiene que hacer no es si los computadores fueron manipulados. Esa pregunta ya tiene respuesta. La pregunta es porque la respuesta que la Interpol dio no fue suficiente para la Corte Suprema Colombiana.
¿Por qué esa respuesta durmió 15 años en los archivos de la fiscalía? ¿Y por qué tuvo que ser un candidato presidencial quien viajara a Washington para que alguien con la autoridad suficiente volviera a leer lo que Colombia había decidido no leer? Los colombianos de más edad que vivieron los años del proceso de paz de la Habana recuerdan que en ese momento el gobierno de Santos y los medios que lo apoyaban construyeron una narrativa muy específica sobre Iván Cepera.
Era el defensor de los derechos humanos. era el hombre que perseguía la verdad sobre los crímenes del Estado. Era, en el lenguaje de esa época, una figura necesaria para que la paz fuera posible, porque representaba la voz de las víctimas de un lado del conflicto. Y en ese contexto, en esa narrativa, el tema de los computadores de Raúl Reyes nunca encajaba.
Siempre que aparecía, algo lo sacaba de la agenda. Una nueva noticia del proceso de paz. una declaración de algún negociador, un comunicado sobre un avance en las conversaciones. El timín nunca era casual porque la paz de la Habana necesitaba a Iván Cepeda. Necesitaba su credibilidad con los sectores de izquierda que podían respaldar o sabotear el proceso.
Necesitaba su voz en el Congreso y en los medios. y la paz de la Habana, con toda su importancia histórica y con todas sus genuinas intenciones de reducir la violencia en Colombia, fue también el escudo más efectivo que ese hombre tuvo durante años para que la pregunta que los computadores de Raúl Reyes hacen inevitable nunca se formulara con la claridad que merece.
Hoy ese escudo ya no existe. El proceso de paz existe como realidad institucional en la JP y en los mecanismos del sistema integral. Pero la narrativa de que cualquier cuestionamiento a ciertos líderes de izquierda es un ataque a la paz, ya no tiene la misma fuerza que tenía en 2016 o en 2018. Y Iván Cepeda, que durante años pudo escudarse en esa narrativa, hoy tiene que responder las preguntas directamente.
Preguntas que Washington ya está haciendo. Hay algo en la campaña de Iván Cepeda en 2026 que los colombianos de más edad que nos ven desde sus casas deberían observar con la atención que producen las cosas que no encajan. Cepeda lidera las encuestas con un 43% de intención de voto en las mediciones más recientes.
Ese número es real, no es una invención de sus simpatizantes, pero ese número coexiste con otra realidad que los mismos medios que reportan ese porcentaje tienden a no conectar con él, que el candidato del petrismo, el candidato que dice representar la continuación del gobierno de Gustavo Petro, es también el candidato cuyo nombre aparecen los correos certificados por la Interpol de uno de los criminales más importantes que las FARC tuvieron.
¿Qué es el candidato que acompañó hasta la puerta de la cárcel a un hombre que meses después volvió a las armas? ¿Qué es el candidato que en 2020 dijo públicamente que no se arrepentía de haberlo defendido? ¿Qué es el candidato que en 2025 se opuso a cualquier acción contra el régimen venezolano que alberga a la organización que financió el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y que es el candidato cuyo nombre está hoy sobre el escritorio del Departamento de Justicia de los Estados? Unidos.
Mientras ese organismo construye el caso más grande contra el narcoterrorismo latinoamericano en décadas, ¿cómo es posible que ese hombre tenga el 43% de intención de voto? La respuesta no es que los colombianos que lo apoyan sean ingenuos o estén mal informados. La respuesta es que los medios que forman la opinión pública en Colombia han tomado decisiones editoriales durante años sobre qué historias contar y cuáles no contar, qué preguntas hacer y cuáles no hacer, qué conexiones mostrar y cuáles dejar en la oscuridad.
Y una de las historias que esos medios han decidido no contar con la claridad que merece es exactamente esta. La historia de los computadores de Raúl Reyes, del nombre de Iván Cepeda en esos correos, de la Interpol que los certificó, de la corte que los enterró. y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que los está desenterrando hasta hoy.
Esta es la segunda parte de una historia que Colombia lleva 15 años necesitando escuchar completa. No porque el resultado de las elecciones del 31 de mayo deba estar determinado por lo que tres correos en los computadores de un criminal muerto dicen, sino porque una democracia en la que los ciudadanos votan sin saber las preguntas que todavía no tienen respuesta, no es una democracia que decide libremente, es una democracia que decide dentro de los límites que los que controlan la información le han dibujado.
y Colombia, ese país que ha sufrido tanto y que ha demostrado tanta valentía en los momentos en que la valentía era lo más difícil, merece más que eso, merece las preguntas, merece las respuestas y merece la oportunidad de votar el 31 de mayo sabiendo todo lo que hay para saber sobre el hombre que hoy le pide que lo envíe a la casa de Nariño.
¿Tú crees que Colombia puede elegir en libertad el 31 de mayo si los grandes medios siguen decidiendo? ¿Cuáles preguntas se hacen y cuáles no? ¿O crees que ya es hora de que los colombianos de bien busquen la información que el establecimiento no quiere que encuentren? Lo que Colombia decide el 31 de mayo, lo que Washington ya sabe y la pregunta que este país le debe a sus muertos.
Hay momentos en la historia de un país que no se anuncian con fanfarrias ni con titulares en primera página ni con discursos de presidentes en el balcón de la casa de Nariño. Son momentos que llegan en silencio, casi sin que nadie los note y que solo después, cuando el tiempo pasa y las consecuencias se hacen visibles, se entiende que todo cambió ahí.
En ese instante preciso que en su momento pareció ordinario, Colombia está viviendo uno de esos momentos ahora mismo, no en las calles, no en el Congres, no en los noticieros de la noche que eligen que mostrar y que no mostrar con la misma tranquilidad de quien lleva décadas decidiendo que Colombia puede ver y que Colombia no puede ver, sino en Washington, en un edificio de mármol donde los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos están leyendo.
En este momento, los correos de un criminal muerto que llevan 18 años esperando que alguien los lea con los ojos abiertos y saque las conclusiones que su contenido ha estado pidiendo desde el primero de marzo de 2008. Esos correos tienen nombres colombianos, tienen fechas colombianas, tienen el registro de una red que funcionó durante años en este país con la cobertura de la política, con el lenguaje de los derechos humanos, con la fachada de la resistencia popular y que detrás de todo eso era el brazo político de la organización criminal que
secuestró, masacró, reclutó niños, destruyó familias y financió con cocaína la guerra más larga y más dolorosa que América Latina vivió en el siglo XX. Y uno de esos nombres, el que aparece en tres documentos diferentes certificados por la Interpol como auténticos y no manipulados, es el nombre del hombre que hoy tiene el 43% de intención de voto en Colombia y que el 30 y 1 de mayo le va a pedir a este país que lo envíe a la Casa de Nariño.
Ese nombre es Iván Cepeda. Esta es la última parte de su historia. Colombia tiene en este año 2026 un problema que ninguna encuesta puede medir con precisión y que ningún candidato nombra en los debates con la claridad que merece, porque nombrarla implicaría reconocer algo que el sistema político colombiano lleva décadas prefiriendo administrar en lugar de resolver.
El problema es la impunidad estructural, no la impunidad de los casos individuales, que también existe y que también duele, sino la impunidad que está construida dentro de la arquitectura del sistema. que funciona de manera que las personas con suficiente poder político, suficiente acceso a los mecanismos institucionales y suficiente capacidad para moldear la narrativa pública, tienen siempre a disposición un procedimiento, una excepción, un tecnicismo o una decisión judicial que las protege de las consecuencias que los mismos mecanismos
producen para los que no tienen eso. Los computadores de Raúl Reyes son el ejemplo más visible y más documentado de esa impunidad estructural en la historia reciente de Colombia. La Interpol dijo que los archivos eran auténticos. 64 especialistas del mundo entero revisaron 610 GB de información y concluyeron que nadie los había tocado.
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña, uno de los centros de análisis de seguridad más respetados del planeta, produjo un informe completo que respaldó esa conclusión. Había nombres, había fechas, había correos que describían coordinaciones, operaciones, financiamientos.
y relaciones que en cualquier democracia sana habrían producido investigaciones, imputaciones y procesos que habrían llevado a cada uno de los involucrados ante un tribunal donde tendrían que responder. Pero en Colombia no ocurrió nada de eso. En 2011, la Corte Suprema de Justicia encontró un argumento procedimental para declarar que esos archivos no podían usarse como prueba en ningún proceso penal colombiano.
y con ese argumento enterró en vida la investigación más importante sobre las conexiones entre la política y el crimen organizado que este país ha tenido en manos. Y mientras eso ocurría, mientras los nombres de los correos de Raúl Reyes seguían apareciendo en los periódicos, en los debates del Congreso, en los programas de televisión donde el establecimiento mediático colombiano decidía que tan fuerte podía sonar la pregunta y qué tan pronto tenía que cambiar el tema.
Esos mismos nombres construían carreras políticas. ganaban elecciones, escribían legislación, defendían acusados y en el caso específico de uno de ellos llegaban en el año 2026 a encabezar las encuestas presidenciales con el 43% de intención de voto. Eso no es un accidente, es el resultado de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado para funcionar.
Iván Cepeda construyó su carrera política sobre una narrativa que en Colombia tiene una fuerza emocional que es completamente legítima en su origen y completamente susceptible de ser utilizada de maneras que no lo son. La narrativa de las víctimas. Él es hijo de un senador asesinado. Creció en el dolor de una pérdida que fue política, que fue violenta y que no tuvo justicia durante décadas.
Esa historia es real. Ese dolor es real. Y la lucha por la memoria de las víctimas de los crímenes de estado en Colombia es una lucha que este país necesita y que no puede abandonar porque los crímenes que documentó son crímenes reales que ocurrieron y que merecen reconocimiento y reparación. Pero Iván Cepeda hizo algo con esa narrativa que va más allá de la lucha legítima por la memoria de su padre y de las víctimas de la Unión Patriótica.
la convirtió en un escudo. La usó para construir una posición desde la cual cualquier cuestionamiento a sus acciones y a sus vínculos podía presentarse como un ataque a las víctimas. Cualquier pregunta sobre sus relaciones con los jefes de las FARC podía describirse como una persecución política de la derecha y cualquier evidencia sobre su papel en las estructuras de esa organización podía neutralizarse invocando su condición de defensor de los derechos humanos.
Esa operación funcionó durante años porque Colombia tiene una cultura política en la que atacar a alguien que se presenta como defensor de las víctimas produce costos reputacionales inmediatos y visibles. Mientras que hacer preguntas incómodas sobre los métodos y los vínculos de ese mismo defensor produce la acusación de ser enemigo de la paz, de ser de la extrema derecha, de ser parte del establecimiento que nunca quiso la reconciliación.
En ese ambiente, los computadores de Raúl Reyes no podían prosperar como tema de debate público. Cada vez que el tema asomaba, había siempre alguien dispuesto a recordar que la corte los había declarado inválidos, que eran prueba de una persecución de la derecha, que usarlos era una táctica sucia de los enemigos de la paz.
Y así, año tras año, elección tras elección, el tema dormía hasta que volvía a aparecer en el momento menos conveniente para los que lo llevaban dentro y lo miraban con el miedo de quien sabe que la verdad no desaparece aunque la entierren. Pero hay algo que nadie en ese sistema de protección calculó del todo bien.
Calcularon que la justicia colombiana podía controlarse. Tenían razón. Calcularon que los medios colombianos podían manejarse. Durante mucho tiempo. Tenían razón. calcularon que la opinión pública colombiana podía moldearse con la narrativa correcta en el momento correcto. También durante mucho tiempo tenían razón, pero no calcularon a los Estados Unidos.
No calcularon que los mismos correos que la Corte Suprema Colombiana enterró en 2011 iban a terminar siendo parte del caso más grande que la Justicia Federal norteamericana ha construido en décadas contra un líder latinoamericano, que ese caso iba a crecer durante años con la paciencia y la determinación de los fiscales que no tienen elecciones que ganar ni narrativas que proteger, y que cuando ese caso llegara al punto en que los nombres colombianos de esos correos volvieran a ser relevantes, no habría ningún un tecnicismo procesal
del sistema colombiano que pudiera detener lo que la justicia norteamericana decidiera hacer con esa información. Y ese momento llegó. Los computadores de Raúl Reyes son hoy pieza fundamental de la acusación contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo. El general Óscar Naranjo, que fue director de la Policía Nacional en la época de la operación Fénix y que tomó la decisión de pedir la certificación de la Interpol precisamente para preservar el valor internacional de esas pruebas, aunque la justicia colombiana no quisiera usarlas.
Lo dijo con la claridad de quien actuó con visión cuando otros actuaban con conveniencia. La información contenida en el computador de Raúl Reyes y recuperada en la operación Fénix es uno de los pilares fundamentales de la acusación contra Nicolás Maduro, uno de los pilares fundamentales. Y en ese pilar, en esas páginas que la justicia colombiana se negó a leer, está el nombre de Iván Cepeda.
Para entender lo que está en juego el 31 de mayo, los colombianos de más edad necesitan recordar algo que sus hijos y sus nietos tal vez no conocen con el mismo detalle que ellos. Las FARC no eran solamente una guerrilla que operaba en la selva con armas y con campamentos. eran también una organización política con presencia en las ciudades, con conexiones en las universidades, con militantes en los sindicatos, con aliados en los partidos de izquierda, con periodistas que difundían su narrativa, con abogados que defendían a
sus miembros, con activistas que convocaban sus marchas y con figuras públicas que en los foros internacionales construían la imagen de un movimiento popular que luchaba por los pobres, cuando en realidad era un cartel criminal que usaba la retórica. de la revolución para proteger un negocio de miles de millones de dólares basado en la cocaína, el secuestro y el terror.
Ese brazo político de las FART, esa estructura que operaba en la legalidad mientras la organización armada operaba en la ilegalidad, fue exactamente lo que los computadores de Raúl Reyes documentaron con una precisión que nadie había logrado antes porque nadie había tenido acceso al registro interno de las comunicaciones del secretariado de la organización.
Y cuando Iván Cepeda dice hoy que quiere ser presidente de Colombia, que quiere continuar el programa de Gustavo Petro, que quiere hacer una revolución agraria y fortalecer la paz total y defender los derechos humanos, los colombianos de bien tienen el derecho de preguntarse si el hombre que dice todo eso es también el mismo que aparece en esos correos de 2008 como el compañero que coordinaba las marchas con el aparato internacional de las FART.
No es una pregunta ilegítima. No es una pregunta de la derecha ni del establecimiento, ni de los enemigos de la paz. Es la pregunta que cualquier ciudadano de cualquier democracia del mundo tiene derecho a hacer sobre cualquier candidato que le pide su voto. ¿Quién es este hombre realmente y qué ha hecho en su vida? Iván Cepeda propone continuar la paz total.
La paz total es la política que el gobierno de Gustavo Petro puso en marcha en 2022 con la promesa de negociar simultáneamente con todos los grupos armados del país, de convertir el diálogo en el mecanismo principal para reducir la violencia y de apostar por la reinserción y la sustitución de cultivos como alternativa al combate directo que las administraciones anteriores habían implementado con resultados que para 2022 ya mostraban un deterioro claro.
4 años después. El balance de esa política es lo que los colombianos de más edad pueden ver con sus propios ojos sin necesitar que ningún analista se los explique. Las 330,000 heas de cocas siguen ahí. Los grupos armados, que según los propios informes del gobierno crecieron un 23% durante el periodo de negociación siguen controlando territorios.
Los líderes sociales siguen siendo asesinados en los departamentos que el gobierno prometió que el estado llegaría a proteger. Y la segunda marquetalia, que fue señalada como autora intelectual del asesinato de Miguel Uribe Turbay con dinero, que según el padre del senador vino de Venezuela, sigue operando desde ese territorio con la protección de un régimen que el gobierno colombiano de Petro llamó aliado durante 4 años.
Iván Cepeda quiere profundizar esa política. quiere hacer irreversibles, en su propia palabra los cambios que el gobierno de Petro comenzó. Y mientras hace esa promesa, su nombre está en los correos del secretariado de la organización, que es la madre de todos los grupos con los que la paz total pretende negociar, certificados por la Interpol como auténticos y revisados en este momento por los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que están construyendo el caso de narcoterrorismo más importante de esta región en
décadas. No es un detalle menor, es el contexto más importante que cualquier colombiano puede tener sobre ese candidato antes de decidir si le da su voto el 31 de mayo. Daniel Palacios tomó una decisión el 16 de febrero de 2026 que en Colombia generó dos reacciones completamente opuestas. Los que apoyan a Cepeda la describieron como traición, como el acto de quien invita a una potencia extranjera a intervenir en las elecciones colombianas, como una demostración de que la derecha colombiana no tiene argumentos propios y necesita del brazo
de los Estados Unidos para intentar destruir al candidato que los colombianos más apoyan. Y los que entienden lo que esa visita a Washington significa la describieron como exactamente lo contrario, como el acto de un colombiano que agotó las opciones dentro de un sistema que no quiso hacer las preguntas correctas y que decidió llevarlas donde si hay disposición y jurisdicción para hacerlas.
Hay un argumento específico que los defensores de Cepeda usan con frecuencia cuando el tema de los computadores surge que merece una respuesta honesta porque es el argumento que más circula en las redes sociales y el que más confunde a los colombianos que todavía están formando su opinión sobre este asunto.
El argumento es que la Corte Suprema declaró inválidos los computadores y que, por lo tanto, cualquier referencia su contenido es jurídicamente irrelevante. Pero ese argumento confunde dos cosas que no son lo mismo y que es importante distinguir con claridad antes del 31 de mayo. Una cosa es la validez jurídica de una prueba dentro del sistema penal colombiano.
¿Qué es lo que la Corte Suprema determinó en 2011 y que nadie está discutiendo? La Corte dijo lo que dijo y esa decisión tiene la autoridad que tiene. Otra cosa completamente diferente es la autenticidad del contenido de esos correos. ¿Qué es lo que la Interpol determinó y que tampoco está en discusión? Los archivos no fueron alterados.
Lo que dice el correo de alias Ingrid es lo que dice. Lo que escribe alias Iván Márquez es lo que escribe. La Corte Suprema Colombiana no dijo que esos textos fueran falsos. dijo que no podían usarse como prueba en un juicio colombiano por razones de procedimiento. Y una tercera cosa que es la más importante para los ciudadanos que van a votar el 31 de mayo es el juicio político y moral que cada colombiano tiene derecho de formar sobre un candidato a partir de la información disponible sobre su trayectoria, sus
vínculos y sus acciones. Ese juicio no lo hace un tribunal, lo hace cada ciudadano con su tarjetón en la cabina de votación. Y para hacer ese juicio de manera informada, los colombianos necesitan saber lo que los correos de Raúl Reyes dicen sobre Iván Cepeda, independientemente de si esos correos son o no son válidos como prueba en el sistema penal colombiano.
Los colombianos de más edad, los que nos ven desde sus casas con la sabiduría de quien ha vivido suficiente para conocer la diferencia entre las promesas de los políticos y la realidad de lo que ocurre después de las elecciones, tienen en este año 2026 una responsabilidad especial que nadie puede cumplir por ellos.
tienen la responsabilidad de transmitir la memoria, no la memoria política de un partido ni la memoria ideológica de una tendencia, sino la memoria humana de lo que este país vivió en los años en que las FAR tenían el poder de destruir vidas con una llamada telefónica, de cambiar el destino de una familia con una decisión tomada en un campamento, de usar a seres humanos como monedas en un juego político que nunca tuvo que ver con la Colombia de a pie, sino con los intereses de una organización que se financiaba con el sufrimiento de los que
menos tenían esa memoria es la herramienta más importante que los colombianos mayores pueden poner sobre la mesa de este debate electoral, no para decirles a sus hijos y a sus nietos qué partido apoyar ni por quién votar, sino para asegurarse de que la conversación que Colombia necesita tener antes del 31 de mayo sea una conversación con toda la información sobre la mesa, con todas las preguntas hechas, con toda la historia disponible para que quien vote el 31 de mayo lo haga con los ojos abiertos, sino con los
ojos que el establecimiento mediático y político ha preferido mantener cerrados durante 15 años. Hay una pregunta que los análisis electorales sobre Colombia en 2026 no han hecho con la franqueza que merece y que, sin embargo, es la pregunta que más importa si uno quiere entender lo que está pasando de verdad en este país en este momento.
¿Cómo es posible que Iván Cepeda tenga el 43% de intención de voto? No es una pregunta retórica, es una pregunta genuina que merece una respuesta honesta porque la respuesta dice algo importante sobre Colombia que ningún candidato de ningún lado del espectro político quiere nombrar en voz alta. Iván Cepeda tiene ese porcentaje porque una parte muy grande de los colombianos está genuinamente convencida de que los problemas de este país son los problemas que él señala, la desigualdad, la pobreza rural, la falta de agua en los
municipios, la corrupción del establecimiento, los derechos de los que nunca han tenido nada. Esos problemas son reales. La desigualdad colombiana es real. La pobreza en los municipios es real. La corrupción del establecimiento es real y el dolor de las comunidades que llevan décadas siendo ignoradas por los gobiernos de turno es real y es legítimo y merece respuesta.
El problema no es el diagnóstico de Iván Cepeda. El problema es la pregunta sobre si el médico que propone el diagnóstico es el médico que Colombia necesita y si el tratamiento que propone es el tratamiento que ha funcionado o el tratamiento que ha demostrado que produce exactamente los síntomas que pretende curar.
4 años de paz total no redujeron la violencia, la aumentaron. 4 años de política exterior que llamó aliado a Venezuela no redujeron la influencia del crimen organizado transnacional en Colombia. La profundizaron y 4 años de un gobierno que presentó los computadores de Raúl Reyes como un montaje que defendió a los que la Interpol certificó como coordinadores de la estructura internacional de las FARC y que usó el poder del Estado para atacar a los jueces y a los fiscales que investigaban a sus aliados.
No produjeron la Colombia más justa y más libre que sus promesas prometían. Produjeron la Colombia en la que hoy vivimos. Mientras todo esto ocurre en Colombia, mientras las encuestas muestran su 43% y sus campañas llenan plazas con la energía de los movimientos que tienen convicción y organización. En Washington, los fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos siguen construyendo su caso.
El caso contra Maduro avanza. Los computadores de Raúl Reyes siguen siendo parte de ese caso y la solicitud de Daniel Palacios del 16 de febrero de 2026, la que los medios del petrismo describieron como traición, pero que en la historia quedará como el momento en que alguien decidió que Colombia no podía seguir esperando que su propio sistema hiciera lo que no había querido hacer durante 15 años.
Está sobre el escritorio de los fiscales norteamericanos. No sabemos todavía qué va a hacer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con esa solicitud. No sabemos si va a abrir una investigación formal sobre Iván Cepeda, ni en qué plazo, ni con qué consecuencias. La justicia norteamericana tiene sus propios tiempos y sus propias prioridades y no opera con el calendario electoral colombiano como referencia.
Pero lo que sí sabemos, lo que Colombia sabe desde que la Interpol produjo su informe y que el sistema político colombiano ha preferido no nombrar, es que la pregunta existe, que los correos existen, que el nombre de Iván Cepeda está en esos archivos que la mayor organización de policía criminal del mundo certificó como auténticos y que el 31 de mayo, cuando los colombianos de bien entren a la cabina de votación, van a tomar una decisión que no es solo el próximo gobierno de Colombia, sino sobre qué tipo de Colombia quieren construir para sus
hijos y sus nietos. Una Colombia que elige con los ojos abiertos o una Colombia que elige dentro de los límites que el poder define para ella, los colombianos de más edad que nos ven desde sus casas en este momento tienen algo que ningún analista electoral, ningún encuestador, ningún candidato y ningún medio de comunicación puede reemplazar.
¿Tienen la memoria de lo que este país fu? ¿Recuerdan los años en que las FARC eran la amenaza que definía el paisaje del miedo en Colombia? En que nadie viajaba por ciertos tramos de carretera sin el temor de lo que podía encontrar al otro lado de la curva, en que los secuestrados eran una estadística que el país seguía con angustia, sabiendo que detrás de cada número había una familia que esperaba y que no siempre recibía la noticia que esperaba recibir.
Recuerdan los nombres de los que murieron. Recuerdan las caras de los que volvieron con el tiempo marcado en el cuerpo. Recuerdan lo que se siente cuando el Estado decide combatir al crimen con determinación y lo que se siente cuando el Estado decide negociar con él en lugar de derrotarlo. Esa memoria no es un privilegio de la derecha ni un monopolio de ningún partido.
Es la memoria de Colombia. Y Colombia en el 31 de mayo tiene la oportunidad de votar con esa memoria intacta, con esa historia presente y con la conciencia de que lo que los computadores de Raúl Reyes revelan sobre el hombre que hoy lidera las encuestas no es un dato menor, ni un tecnicismo judicial, ni una estrategia de campaña de sus adversarios.
Es una pregunta, una pregunta que Colombia lleva 15 años sin responder. Una pregunta que Washington está respondiendo y una pregunta que cada colombiano que entre a la cabina el 31 de mayo tiene el derecho y la responsabilidad de hacerse a sí mismo con la honestidad que la situación requiere.
Quiero que el hombre cuyos vínculos con las FARC están documentados en correos certificados por la Interpol sea el presidente que gobierne mi país los próximos 4 años. Esa pregunta no tiene una respuesta única para todos los colombianos, pero tiene que ser una pregunta informada. Y eso, la información que hace posible que la pregunta se haga de manera informada es exactamente lo que los medios del establecimiento colombiano llevan 15 años decidiendo que Colombia no necesita tener.
Esta historia es nuestra respuesta a esa decisión. El primero de agosto de 2026, el presidente que Colombia elija el 31 de mayo y el 21 de junio va a asumir el poder en la casa de Nariño. Si ese presidente es Iván Cepeda, Colombia va a tener al frente del estado a un hombre que propone profundizar la paz total, continuar la relación con los regímenes que el propio gobierno de Petro llamó aliados y hacer irreversibles los cambios de una administración que terminó con más coca, más grupos armados y más violencia que cuando empezó.
y va a tener al frente del Estado a un hombre cuyo nombre está en los correos de la organización Madre de Todos. Esos grupos certificados por la Interpol, revisados en este momento por los fiscales de la justicia más poderosa del mundo. Si ese presidente es Abelardo de la Espriella, Colombia va a tener al frente del estado a un hombre que propone fumigar las 330,000 hectáreas de coca.
Hacer un plan Colombia 2 con los aliados internacionales que tienen la capacidad de ayudar a combatir el narcotráfico, cortar las relaciones con los regímenes que financian el crimen organizado en esta región y construir la seguridad que los colombianos de bien llevan años esperando recuperar. Esa diferencia, esa distancia entre esas dos visiones de Colombia es la decisión real que los colombianos tienen frente a ellos el 31 de mayo.
No es una decisión entre el bien y el mal. No es una decisión entre la paz y la guerra. Es una decisión sobre que Colombia quieren construir sus ciudadanos con la información que tienen disponible sobre los hombres que les piden que los gobiernen. Y esa información, esa historia que los computadores de Raúl Reyes contienen y que Washington está leyendo mientras Colombia decide, es parte de los datos que cualquier colombiano responsable necesita tener antes de poner su tarjetón en la urna.
Esta es la historia completa, no la versión del establecimiento que decidió hace 15 años que Colombia no necesitaba leerla. No la versión del petrismo que durante años la presentó como un montaje de la derecha. La historia con los archivos de la Interpol, con los correos de alias Ingrid y de alias Iván Márquez, con la solicitud de Daniel Palacios en Washington, con el nombre de Iván Cepeda escrito tres veces en documentos que la justicia más rigurosa del mundo certificó como auténticos.
Con la pregunta que nadie en los grandes medios de Colombia se ha atrevido a hacer en voz alta antes de estas elecciones, ahora tú la sabes. Ahora tú puedes decidir con los ojos abiertos. ¿Tú crees que Colombia puede darse el lujo de elegir a un presidente cuyo nombre aparece en los correos certificados por la Interpol de los jefes de las FARC, sin haber respondido primero la pregunta que esos correos hacen inevitable? ¿O crees que ya es tiempo de que Washington haga lo que la justicia colombiana no tuvo el valor de hacer? Cuéntanos en los
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