El cruel robo a nuestra democracia: Cómo manipulan a jóvenes vulnerables para saquear miles de millones.
El Imperio de Hielo: Cómo una Bodega de Papas Congeladas se Convirtió en el Secreto Mejor Guardado de una Multimillonaria Campaña Presidencial
Era una mañana fría y lluviosa del 11 de junio. Un equipo de periodistas de investigación, liderado por los indicios del reconocido periodista Daniel Coronell, llegó a una dirección específica en la vibrante ciudad de Bogotá. Llevaban consigo una gruesa carpeta de documentos contables, facturas astronómicas y un rastro digital que prometía desentrañar uno de los escándalos políticos más grandes de la historia reciente de Colombia en plena contienda por la presidencia. Los papeles oficiales indicaban que en esa ubicación operaba una gigantesca y próspera empresa de transporte y logística, una corporación capaz de mover los hilos logísticos de una campaña presidencial que había reportado gastos por más de 38.600 millones de pesos. Sin embargo, al cruzar la esquina y pararse frente a la fachada, la realidad les dio un golpe brutal. No había flotas de vehículos blindados. No había despachos elegantes, ni secretarias, ni un bullicioso centro de operaciones políticas. Solo había camiones frigoríficos siendo cargados frenéticamente con bultos de papa y yuca congelada. El aire olía a tierra húmeda y a tubérculos, no a poder. ¿Cómo era posible que una modesta comercializadora de alimentos congelados figurara en el papel como el motor logístico de la ostentosa campaña de Abelardo de la Espriella, cobrando la friolera de casi 1.300 millones de pesos? El hilo de esta madeja nos lleva directamente al rostro de un joven que, irónicamente, ni siquiera tenía dinero para pagar su propio almuerzo. Esta es la historia de una profunda maquinaria de engaño, una que juega con la democracia y que, hasta el último párrafo de este artículo, te hará cuestionar en quién depositamos verdaderamente nuestra confianza.
Para entender la magnitud de esta operación, es imperativo retroceder y mirar el panorama completo del tablero de ajedrez político colombiano. El país se encuentra inmerso en una polarización absoluta, con discursos que prometen la erradicación definitiva de la corrupción, la defensa irrestricta de las arcas públicas y un modelo de transparencia que raya en lo utópico. En medio de este ecosistema de promesas rimbombantes, la campaña del controvertido abogado Abelardo de la Espriella se alzó con una narrativa contundente: la de la independencia financiera. Durante meses, los colombianos fueron bombardeados con la idea de que su aspiración presidencial no dependía de los favores políticos tradicionales, sino que estaba respaldada por un músculo financiero propio, inquebrantable y transparente. Los números, en una primera lectura superficial, parecían respaldar una maquinaria invencible. Con una inversión reportada de 38.628 millones de pesos, la campaña se ubicó a tan solo 375 millones del límite máximo permitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Es una cifra colosal, un océano de dinero del cual 23.589 millones se destinaron supuestamente a propaganda electoral, 7.222 millones a la administración de la campaña y 2.790 millones a transporte y correo.
Sin embargo, el sistema electoral colombiano esconde un mecanismo que, en manos equivocadas, se convierte en la herramienta perfecta para el desfalco del erario público: la reposición de votos. La ley establece que el Estado, utilizando el dinero de los impuestos pagados por cada ciudadano que se levanta a las cinco de la mañana para tomar un bus y trabajar arduamente, debe reembolsar a las campañas un monto determinado por cada voto válido obtenido, con el fin de garantizar la participación democrática. La trampa es maquiavélica pero sencilla. Si un candidato logra inflar artificialmente sus gastos de campaña mediante facturas falsas y empresas de papel, cuando llegue el momento de la reposición, el Estado le girará un cheque por una cantidad de dinero que, en realidad, jamás fue invertida. Es un robo a plena luz del día, amparado por tecnicismos legales y oculto bajo montañas de contabilidad creativa. Y es exactamente aquí donde la bodega de papas y yucas congeladas entra a jugar su papel estelar, revelando una red de cinismo que va mucho más allá del simple maquillaje contable.
La empresa en cuestión se llama hoy en día “Nova Soporte Integral”. Según los registros oficiales presentados al CNE por la propia campaña de De la Espriella, esta compañía fue la proveedora estrella de servicios logísticos para que el candidato y su comitiva pudieran recorrer el país, organizar eventos multitudinarios y movilizar a sus huestes. Los pagos reportados son astronómicos: 206 millones de pesos en honorarios clasificados como gastos de administración, 488 millones por logística y alimentación en viajes, y 608 millones facturados directamente en el rubro de transporte, sin que hasta el momento quede claro si se trataba de lujosos vuelos chárter o flotas de camionetas blindadas cruzando las complejas carreteras de la geografía nacional. En total, casi 1.300 millones de pesos pagados a una sola entidad. Cualquier analista pensaría que “Nova Soporte Integral” es un gigante de la industria, un consorcio con años de experiencia, con una robusta página web, redes sociales activas, docenas de empleados en nómina y una reputación intachable en el sector corporativo. La investigación de Cambio y las revelaciones de Daniel Coronell demostraron todo lo contrario.
La historia real de esta empresa es un relato de resurrección mercantil diseñada a la medida del fraude. Cinco años atrás, en diciembre de 2021, un grupo de emprendedores liderados por un hombre llamado Manrique, junto a sus socios Harvey Reyes y Cristian Ceballos, fundaron una pequeña sociedad llamada “Astroservice Colombia SAS”. El capital inicial de esta aventura empresarial era casi irrisorio: apenas 2 millones de pesos aportados por cada socio. Su objetivo comercial no tenía absolutamente nada que ver con la logística de campañas políticas multimillonarias. Según su matrícula original en la Cámara de Comercio, se dedicaban al sudoroso y honesto trabajo del mantenimiento y reparación de vehículos, la comercialización de autopartes y la venta al por menor de lubricantes y aditivos. Como le ocurre a miles de pequeñas empresas en Colombia que luchan contra las asfixiantes cargas tributarias y las dificultades económicas del país, “Astroservice” no prosperó. La empresa fue abandonada, quedó inactiva, acumuló polvo en los archivos de la Cámara de Comercio y fue virtualmente liquidada durante tres años. Facturaba exactamente cero pesos. Estaba muerta.
No obstante, en el sombrío inframundo de la ingeniería electoral, las empresas muertas son los mejores vehículos para lavar dinero, porque ya cuentan con un historial de creación (NIT) y una antigüedad aparente que engaña a los filtros básicos de auditoría. En febrero de este año, a escasos cuatro meses de la vital primera vuelta presidencial, alguien frotó la lámpara mágica y resucitó jurídicamente el cadáver de Astroservice. En un abrir y cerrar de ojos, mediante actas registradas ante las autoridades competentes, la empresa cambió de nombre, mutando a la rimbombante “Nova Soporte Integral”. Cambió también su razón social, abandonando los aceites de motor para convertirse súbitamente en una potencia del “arrendamiento de vehículos y transporte mixto”. Pero el cambio más escabroso, el que evidencia la crueldad absoluta de quienes orquestaron este plan, fue el cambio de su representante legal. Cristian Ceballos desapareció de los papeles, y en su lugar, se impuso el nombre de Juan Esteban Gómez Macías.
Si tú fueras el gerente financiero de una campaña presidencial y tuvieras que contratar a un proveedor por más de mil doscientos millones de pesos, buscarías a un tiburón de los negocios, a un magnate de la logística, a un experto con décadas de trayectoria. ¿Quién es entonces el gran magnate Juan Esteban Gómez Macías, el prodigio empresarial capaz de ganarse semejante contrato multimillonario a los pocos días de refundar una empresa? La investigación arrojó un perfil que estruja el corazón y enfurece el alma. Lejos de las suites ejecutivas de los clubes sociales, Juan Esteban resultó ser un joven paisa, estudiante de ciencias sociales en una universidad pública de Medellín. Su domicilio no está en los exclusivos sectores de El Poblado, sino en las empinadas y humildes calles de la Comuna 1, un sector de la capital antioqueña históricamente golpeado por la desigualdad y la violencia, pero lleno de gente trabajadora que busca salir adelante.
Los cruces de bases de datos estatales revelaron la desgarradora realidad financiera del supuesto gran contratista de la campaña. Juan Esteban es beneficiario activo de un bono alimentario, una ayuda estatal indispensable para que los jóvenes de bajos recursos no abandonen sus estudios por culpa del hambre. En los años recientes, ha recibido auxilios de sostenimiento y goza de una beca financiada por la Alcaldía de Medellín por su precaria condición socioeconómica. En la base de datos del SISBEN (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales), el joven se encuentra clasificado bajo el criterio de “población vulnerable”. No posee una sola propiedad a su nombre. No tiene vehículos. A duras penas tiene cómo financiar los fotocopias de sus lecturas universitarias.
¿Qué harías tú si estuvieras en la posición de vulnerabilidad de este estudiante y alguien se acercara a ofrecerte unos cuantos pesos a cambio de “prestar tu firma” para un trámite que no comprendes del todo? Es fácil juzgar desde la comodidad del privilegio, pero cuando el hambre aprieta y las oportunidades escasean, los manipuladores de cuello blanco encuentran el terreno abonado para tejer sus redes criminales.
El cinismo de la situación escala a niveles absurdos cuando se exploran las redes sociales que Juan Esteban manejaba antes de verse envuelto en el huracán mediático. El presunto aliado logístico de la extrema derecha que representa Abelardo de la Espriella era, en realidad, un joven con fuertes convicciones progresistas. En su muro de Facebook, compartía apasionados mensajes de apoyo al senador Iván Cepeda, proclamando: “Me la juego por la paz, por la seguridad y por la vida de los colombianos”. Más irónico aún, su perfil estaba lleno de memes y caricaturas que se burlaban abierta y mordazmente del propio Abelardo de la Espriella, cuestionando sus extravagancias y sus discursos.
Cuando el equipo de Cambio logró ubicar su perfil y lo contactó a través del chat de Facebook, el joven respondió con la amabilidad y la ingenuidad típica de quien no sabe la tormenta legal que se cierne sobre su cabeza. “Buen día bro, cuéntame”, escribió en un tono coloquial y relajado. Sin embargo, en cuanto el periodista pronunció las palabras mágicas —”Nova Soportes Integral”, la empresa de la cual él es el dueño en papel— el pánico se apoderó de la conversación. Hubo un silencio digital absoluto. Minutos después, tanto su perfil de Facebook como su cuenta de Instagram fueron borrados de la faz del internet. El joven entendió, quizás por primera vez, que su identidad había sido usurpada o alquilada para convertirse en el chivo expiatorio de un desfalco milmillonario a la nación. A los verdaderos cerebros de la operación no les importó destruir la vida, la reputación y el futuro de un estudiante becado; para ellos, él es solo un daño colateral aceptable en la búsqueda insaciable del poder.
Pero la creación de empresas de papel para robarse la reposición de votos es apenas la punta del iceberg en este entramado de corrupción desvelado por las autoridades y el periodismo independiente. Si arriba, en las altas esferas contables, el dinero se esfuma mediante facturas falsas, abajo, en el fango de los territorios olvidados del país, la consecución de los votos se realiza mediante tácticas de pura mafia institucionalizada. El abogado y defensor de derechos humanos, Miguel Ángel del Río, sumó a este panorama una serie de denuncias penales que hielan la sangre, evidenciando que el constreñimiento al elector no es una práctica del pasado, sino un monstruo moderno que se ha sofisticado.
Una de las denuncias más graves se centra en la empresa “Supergiros” en la región de Nariño, particularmente en la ciudad de Pasto. Supergiros es una de las redes transaccionales más grandes del país, empleando a miles de personas en estratos populares, mujeres cabeza de familia y jóvenes cuyo sustento depende exclusivamente de ese salario mínimo. Del Río presentó ante la Fiscalía General de la Nación pruebas documentales y testimoniales de un plan de extorsión laboral a gran escala. A los empleados y coordinadores de zona se les enviaron mensajes amenazantes camuflados de “compromiso corporativo”. Uno de los mensajes interceptados dictaba: “Buenos días equipo. Recuerden que debemos registrar 10 personas por cada uno de nosotros. Es nuestro compromiso con la empresa. Enviar las evidencias a cada líder para hacer el seguimiento y que nadie se quede sin hacer la tarea”.
“Hacer la tarea” no se refería a vender más giros postales ni a mejorar el servicio al cliente. “Hacer la tarea” significaba que cada empleado estaba obligado a coaccionar a diez familiares, amigos o vecinos para que llenaran un formulario, compartieran sus datos personales a través de códigos QR y se comprometieran a votar por Abelardo de la Espriella. Si el empleado no cumplía con su cuota de diez almas entregadas a la maquinaria, su puesto de trabajo estaba en riesgo inminente. Es la mercantilización absoluta de la voluntad popular, utilizando el miedo al desempleo como látigo para arriar a los votantes hacia las urnas. Es un secuestro psicológico masivo.
En el departamento del Atlántico, la costa norte colombiana, la inventiva del fraude alcanzó niveles que parecen sacados de una película de gángsters de los años treinta, pero adaptada para evadir los controles modernos. Durante años, la compra de votos se verificaba exigiendo al elector que tomara una fotografía con su celular del tarjetón marcado dentro del cubículo de votación. Ante la prohibición estricta del uso de dispositivos móviles en las urnas y las multas asociadas, los capos de la compra de votos en la campaña de De la Espriella diseñaron una nueva “artimaña”, como la calificó el propio Del Río.
La nueva modalidad es tan rudimentaria como efectiva. A los ciudadanos vulnerables de Barranquilla, Soledad y otros municipios del Atlántico, a quienes se les ofrecen miserables sumas de dinero para comprar su conciencia, se les imparte una instrucción precisa antes de entrar a votar. Dado que en el cubículo el Estado provee un humilde bolígrafo negro para marcar la X, el votante debe usar ese mismo bolígrafo para escribirse en la palma de su mano su propio nombre y, justo debajo, el nombre del líder político barrial que lo reclutó (el “mochilero” o “capitán”). Una vez sale del puesto de votación, se reúne clandestinamente con el líder, le muestra la mano entintada como prueba de asistencia y obediencia, y solo en ese momento se desembolsa el pago. Es un tatuaje efímero de la indignidad, una marca que mancha la piel pero que corroe irremediablemente los pilares de la democracia.
