Hay un hombre que no sale en los platós, que no grita, que no twitea y esta semana ha escrito un solo párrafo, una sola alegación que ha puesto a sudar frío a media Audiencia Nacional. Lo más fino de todo, ese hombre es el autor de los manuales con los que han estudiado generaciones de jueces y fiscales en este país.
O sea, que los togados, que hoy instruyen contra José Luis Rodríguez Zapatero aprendieron derecho procesal, muy probablemente leyendo sus libros. Se llama Víctor Moreno Catena. es el abogado de Zapatero y lo que ha hecho esta semana es una jugada de ajedrez tan limpia y tan demoledora que conviene que la entiendas entera porque puede tumbar todo el caso.
Quédate porque al final vas a ver cómo el propio juez le tendió un salvavidas a su instrucción y cómo el abogado ha cogido ese salvavidas y lo ha convertido en la soga. A mí, cuando lo entendí, se me quedó cara de tonto, de la buena. Vamos por partes, que esto tiene mucho fondo. Primero, ¿de qué va esto? El 18 de mayo de 2026, el juez José Luis Calama del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional imputó a Zapatero en el llamado caso Plus Ultra.
Presuntos delitos de blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Con ese auto vinieron entradas y registros en sus domicilios y hasta el bloqueo de sus cuentas. Y ahora agárrate porque toda esa artillería se sostiene en lo esencial sobre una sola prueba, el volcado del teléfono móvil de un señor llamado Rodolfo Reyes, empresario venezolano y accionista mayoritario de Plus Ultra.
¿Y de dónde sale ese teléfono? No de un juzgado español. Sale de una agencia de Estados Unidos, la Homeland Security Investigations, el brazo investigador de inmigración y aduanas que hoy depende de la administración de Donald Trump. Esa agencia intervino el móvil de Reyes en 2021. dentro de una investigación de contrabando.
Y casualidades de la vida, años después ese volcado aterriza en la policía española y acaba sirviendo para imputar a un expresidente del gobierno para piensa un segundo. Un teléfono pinchado por una agencia extranjera sin un juez español de por medio, sin saber cómo se extrajo, sin saber si las conversaciones están enteras o troceadas, sin saber por qué manos ha pasado y sobre eso se levanta la imputación de Zapatero.
No te vayas, porque aquí es donde el juez comete el movimiento que lo deja todo al descubierto. El 5 de junio, Calama se da cuenta del problema y manda una comisión rogatoria a Estados Unidos. ¿Para qué? para pedir a toro pasado autorización para usar ese material como prueba en un eventual juicio. El propio juez lo reconoce con una frase que es oro puro.
Dice que esa información puede servir como fuente de investigación, pero que su eficacia como medio de prueba requiere su adecuada incorporación al proceso. Traducido del jurídiqués. El juez está admitiendo, con sus palabras, que esa prueba no entró bien y que ahora intenta arreglarlo después de haberla usado para registrar casas y congelar cuentas.
En Román Paladino trata de blanquear una prueba que huele a ilícita. Y aquí, queridos, es donde entra la jugada maestra, la del abogado de 70 y tantos años que se sabe el reglamento mejor que nadie. Moreno Catena no se opone a la comisión rogatoria. Ojo a esto porque es lo brillante, no la bloquea, al contrario, le dice al juez que la amplíe, que la complemente, que ya que va a preguntar a Estados Unidos, pregunte de verdad, pregunte todo y suelta la lista de preguntas incómodas.
¿Cómo se extrajo exactamente ese teléfono? ¿Fue una extracción total, parcial, física, lógica, remota o selectiva? ¿Qué software, qué herramienta se usó? ¿Qué autoridad analizó el dispositivo? ¿Cómo y cuándo se enviaron esas pruebas a la policía española? ¿Qué se hablaron antes la UCO y la agencia americana? Y la pregunta de las preguntas, ¿tuvo esa cooperación la autorización del órgano competente de Estados Unidos? ¿Ves la trampa? Es preciosa.
Es un jaque mate disfrazado de colaboración porque ahora solo hay dos salidas y las dos son malas para la acusación. Salida número uno. La Agencia americana responde con pelos y señales. Y si responde, lo más probable es que quede claro que aquello se obtuvo sin las garantías que exige un proceso penal español, con lo cual la prueba se cae y con ella todo lo que se construyó encima.
Salida número dos, la más probable, la agencia de Trump no responde porque para responder tendría que identificar a sus agentes, sus métodos y sus tripas. Y esa gente, como decían los juristas que analizaban el caso, quiere tirar la piedra escondiendo la mano y si no responde, pues tampoco se puede validar la prueba. Y otra vez se cae.
¿Entiendes la genialidad? El juez tiró un salvavidas a su propia instrucción y Moreno Catena ha agarrado ese salvavidas y lo ha convertido en una soga. Responda lo que responda a Estados Unidos o no responda nada, la prueba reina queda tocada. Es lo que en derecho se llama el fruto del árbol envenenado. Si la raíz está podrida, todo lo que cuelga de ella se contamina.
Oye, para un segundo que esto me importa. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta entender las cosas por dentro, no quedarte en el titular de zapatero imputado que te sueltan en la tele y a otra cosa. Este canal existe justo para esto, para el ladrillo jurídico que nadie te explica y traducirlo a algo que se entienda en el sofá de casa.
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Y es que Moreno Catena no es un abogado cualquiera, es uno de los mayores expertos en derecho procesal penal de España, catedrático, exdecano de la Facultad de Derecho de Sevilla, el hombre al que llaman cuando una macrocausa se pone seria. Lleva toda la vida estudiando una cosa muy concreta, la prueba ilícita y las garantías constitucionales.
O sea, le han metido el caso de Zapatero en las manos al especialista mundial precisamente en cómo se anulan las pruebas mal obtenidas. Flojito el detalle, ¿eh? Y por eso, además de la trampa de la comisión rogatoria, sobre la mesa hay una idea aún más gorda que rondaba entre los juristas. Elevar una cuestión prejudicial Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, preguntarle a Europa una cosa muy sencilla y muy demoledora.
¿Puede una agencia administrativa de Estados Unidos pinchar un teléfono sin ningún control judicial y que esa información se use después contra un ciudadano europeo en un juicio penal? Párate a pensar en lo que eso significa. Eso ya no es el caso de Zapatero. Eso afecta a cualquier español, a cualquier europeo. Si Europa dice que no, que eso no vale, la prueba contra Zapatero se desintegra y se sienta un precedente para todo el continente.
