¿Para qué? Para que las pequeñas y medianas empresas pudieran medir su impacto social y conseguir financiación pública, subvenciones, créditos bancarios vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible, una herramienta gratuita, propiedad de la universidad, pagada con dinero de los contribuyentes. ¿Qué hizo Begoña Gómez? Registró a su nombre la marca, registró a su nombre el dominio de internet.
Transformat.org constituyó una sociedad mercantil llamada Transformate SSL y montó una web propia con un nombre que sonaba a marca personal. Allí aparecía el programa de la Complutense con la imagen de la cátedra que ella dirigía con un correo de contacto que no era de la universidad. Cualquier empresa que entrara a la web pensaba que estaba contratando un servicio privado de Begoña Gómez, no un programa financiado por una universidad pública sin que la Complutense lo supiera, sin que las empresas patrocinadoras lo supieran. La
Guardia Civil lo dejó claro en el último informe de mayo. Citamos textualmente, “En ningún momento se informó a la Complutense ni a las empresas que participaron en la financiación. Llegamos a la pieza que cambia el caso. ¿De dónde salió el dinero para registrar esa marca? 206 €57timos pagados desde una tarjeta bancaria con dos titulares, Begoña Gómez y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
Lo recoge de objetivo citando el informe oficial de la Guardia Civil y la Complutense ya ha presentado la reclamación. 113,509 € pide la Universidad Pública a Begoña Gómez por el perjuicio causado. Tercer frente, Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en la Moncloa con un cargo eventual de confianza llamado directora de programas de la presidencia del Gobierno.
Sueldo pagado por todos los españoles. ¿Para qué la contrataron? Para organizar la agenda de Vigoña y acompañarla a actos oficiales, según declaró la propia Begoña ante el juez en septiembre del año pasado. ¿Para qué la usaba realmente? La Guardia Civil encontró más de 100 correos electrónicos en los que Cristina Álvarez aparece negociando con empresas privadas para conseguir patrocinadores para la cátedra particular de Begoña, Mindway, Google, Indra.
En uno de esos correos, Álvarez le ofrece a Google participar en la cátedra a cambio de 40,000 € anuales. En otro, discute con Mindway el porcentaje de beneficios que la empresa pagaría. Todo en horario laboral, todo desde Moncloa. La Audiencia Provincial de Madrid lo dijo con todas las letras en una resolución de febrero. Que Cristina Álvarez fuese contratada en lugar de una experta en protocolo, citamos, resulta dudoso y ya puede constituir por sí mismo un primer indicio que sustente el delito de malversación. Y hay más.
Cuando Beboñia Gómez declaró ante el juez, admitió que Cristina Álvarez era su amiga íntima desde hacía más de 20 años. El tribunal lo describió así, que las funciones de Álvarez eran propias de una amiga interesada en los asuntos lucrativos. Eso lo firma una resolución judicial.
No lo dice un partido, no lo dice un periodista, lo dice un tribunal. Presumamos donde estamos. El juez Juan Caclos Peinado, procesó a Begoña Gómez en abril por cuatro delitos. Tráfico de influencias por las cartas a Barrabés, corrupción en los negocios por los contratos públicos, malversación de caudales públicos por el uso de la asesora pagada con dinero público.
Apropiación indebida por el software registrado a su nombre. La acusación popular encabezada por asteoir presentó un escrito de 81 folios pidiendo 24 años de prisión. Para Cristina Álvarez piden 22, para Barravés seis y han solicitado que el propio Pedro Sánchez declare como testigo en el juicio.
115 testigos en total, incluido Víctor de Aldama. Y la fiscalía que pide el archivo. Sí, has oído bien. La fiscalía pide que esto no llegue a juicio. La misma fiscalía que en el caso de la pareja de Ayuso pedía cárcel sin dudar. Pero en España las acusaciones populares pueden ejercer la acción penal solas.
Y eso es exactamente lo que va a ocurrir. 12 ciudadanos elegidos al azar decidiendo si la mujer del presidente del gobierno entra o no entra en prisión. Si te preguntas por qué las cadenas convencionales no te están contando esto con esta claridad, comparte el vídeo para que llegue lejos para que se sepa.
Y llegamos al lunes 15 de junio, 6 de la tarde. Juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Plaza de Castilla. Audiencia preliminar. Tres acusados citados personalmente, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barravés. El juez peinado había sido explícito. Si no se presentaban, vendrían por la fuerza pública.
La defensa había intentado aplazarlo dos veces. La primera, alegando que el abogado Antonio Camacho tenía otra cita en Peñarroya, Pueblo Nuevo, el 9 de junio, le concedieron el aplazamiento, la segunda pidiendo la suspensión completa de la audiencia. Se la denegaron y allí estaba ella. 6 de la tarde, deña Gómez no entra por la puerta principal, entra por el garaje como las cinco veces anteriores.
La decana de los juzgados de Plaza de Castilla, María Jesús del Barco, firma de nuevo el acuerdo gobernativo que permite a la mujer del presidente acceder por el aparcamiento reservado para jueces, alegando, citamos textualmente, ambiente hostil y rechazo social, la que no es ningún cargo público, la que está acusada de cuatro delitos, la que tiene que comparecer obligatoriamente bajo apercibimiento de fuerza pública, esa entró por el garaje.
Mientras tanto, fuera, una veintena de personas con megáfonos esperan y empiezan los cánticos. Ya sabes, Begoña, ni cátedra ni aula, lo tuyo son las saunas. Vamos, Begoña, entrega ya el visado y deja de coñas con el juez peinado. Los gritos llegan hasta dentro de la sala. [música] La audibilidad se resiente, los abogados no se escuchan bien.
Y entonces el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, hace la petición. Pide cambiar de sala porque los gritos de la calle molestan. La esposa del presidente del gobierno, mientras tanto, mantiene cara de póker, como si no oyera nada, como si el coro de la calle no fuera con ella. La comparecencia arranca a las 6:20 minutos tarde.
Dentro de la sala todas las partes ya tienen claros sus papeles. El letrado de Hazte oir, Javier María Pérez Roldán, había anunciado antes de entrar lo que iba a pedir. Retirada del pasaporte, prohibición de salir de España, comparecencia cada 15 días en el juzgado. Y lo justificó, citamos, hay riesgo no solamente de fuga, sino también riesgo de sustraerse a la acción de la justicia.
La fiscalía, que hace lo de siempre, no apoya las medidas cautelares, la acusación popular y la fiscalía otra vez en lados opuestos. Y luego está el detalle que merece su propio momento. El abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, pide el sobreseguimiento de la causa para su defendida, pero pide algo más. Pide la expulsión de la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular, la misma universidad que ha reclamado prescrito 113,509 € a Begoña Gómez.
