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¡ALITO ACORRALADO! Sheinbaum Va por sus Propiedades y el PRI Tiembla por el Desafuero

Recordemos que Alito llegó a la gubernatura de Campeche  en 2015. En aquel momento todavía se movía dentro de un PRI que conservaba peso nacional. Enrique Peña Nieto seguía en la presidencia. El priismo aún tenía maquinaria. El poder parecía estable. Pero 4 años después, cuando Alito termina su mandato y salta hacia la dirigencia nacional del PRI, el país ya era otro.

López Obrador había llegado a la presidencia. Morena había cambiado el mapa político y el PRI empezaba a vivir una crisis histórica. Aquí aparece una contradicción central. Alito tomó el control del PRI diciendo que lo iba a defender, que lo iba a renovar, que lo iba a mantener vivo, pero bajo su dirigencia, el partido siguió perdiendo fuerza, estados, presencia y credibilidad.

Entonces surge la pregunta, ¿alito llegó para salvar al PRI o para sobrevivir él dentro de los restos del PRI? Porque una cosa es conducir un partido en crisis, otra muy distinta es usar esa crisis para blindarse políticamente. Sus críticos señalan que elito convirtió al PRI en una especie de refugio personal, que mientras el partido se debilitaba, él concentraba control interno, que mientras muchos priistas se iban, él se aferraba a la dirigencia, que mientras la oposición intentaba reorganizarse, él se convertía en una figura incómoda

incluso para sus propios aliados. Y esto es importante porque el caso de sus propiedades no aparece en el vacío, aparece en medio de una pregunta más amplia. ¿Quién protege todavía a Alito y por qué no es la primera vez que vemos este patrón en la política mexicana? Gobernadores que llegan con discurso de servicio, salen con acusaciones de enriquecimiento, se refugian en cargos legislativos, se amparan en el fuero, denuncian persecución y tratan de convertir cualquier investigación en una batalla ideológica. No olvidamos cuántas

veces ha pasado. Yo olvidamos los casos de exgobernadores que terminaron señalados por desvíos, propiedades, empresas fantasma o redes familiares. La historia se repite tanto que ya parece  libreto. Primero el poder, luego el patrimonio inexplicable, después el escándalo. Finalmente la victimización.

Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza. Porque si no entendemos los antecedentes, nos venden el escándalo como si hubiera nacido ayer. Y no nació ayer.

Viene de años, viene de estructuras, viene de una forma de hacer política  donde el cargo no siempre se entiende como responsabilidad, sino como oportunidad. El caso de Alito se vuelve más fuerte cuando aparecen los patrones. Primero, el discurso de víctima. Cada vez que se reactiva una acusación o se menciona su patrimonio,  su defensa suele ir hacia el terreno político, persecución, ataque, autoritarismo, uso del Estado.

Segundo, la confrontación agresiva. Alito no responde con calma, responde con golpes verbales, acusaciones fuertes, mensajes incendiarios. Tercero, la falta de una explicación pública suficientemente clara para cerrar el tema patrimonial ante la opinión pública. Y cuarto, el uso del PRI como plataforma de defensa.

Porque cuando habla Alito no habla solo un ciudadano investigado o señalado, habla el dirigente de un partido histórico y eso convierte su caso personal en una crisis institucional para el PRI. Lo más grave es que la memoria colectiva mexicana ya tiene demasiados ejemplos. La gente escucha propiedades de políticos y no piensa en esfuerzo.

Piensa en abuso. Escucha fuero y no piensa en protección democrática. Piensa en impunidad. Escucha persecución política y se pregunta si no será la frase de siempre cuando alguien poderoso empieza a sentir presión. ¿Por qué? Porque muchas veces fue así. Porque durante décadas el ciudadano común vio como algunos funcionarios salían del poder mucho más ricos de lo que entraron, mientras los servicios públicos seguían igual o  peor.

Y ahí está el punto que Alito no logra resolver. Puede decir que todo es ataque político, puede decir que todo es invento, puede decir que lo quieren destruir por ser oposición. Pero mientras no logre explicar de manera convincente cada bien, cada adquisición, cada operación sellada y cada diferencia patrimonial mencionada en reportes, la sospecha seguirá viva.

Porque la política se defiende con discurso, sí, pero el patrimonio se defiende con documentos, con fechas, con ingresos, con escrituras, con declaraciones, con comprobantes, con claridad. Entonces, la pregunta que nos lleva a la línea de tiempo es simple, pero demoledora. ¿En qué momento el casualito dejó de ser una pelea política y se convirtió en una amenaza real sobre sus bienes, su fuero y su futuro? Todo empieza mucho antes de la frase de Shanbound.

Años atrás, cuando Alito sale de Campeche y empieza a proyectarse hacia la dirigencia nacional del PRI, las dudas sobre su patrimonio comienzan a tomar más fuerza. Distintos reportes periodísticos y señalamientos públicos empiezan a hablar de propiedades,  terrenos, inmuebles y operaciones que llaman la atención. Hasta aquí.

Para cualquier político poderoso, el guion de defensa suele ser el mismo. Negar, acusar persecución y esperar que el tiempo enfríe el tema. Pero esta vez el tema no se enfrió del todo. Después viene un segundo momento. Se abren o se mencionan investigaciones vinculadas con presunto enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos.

Las autoridades de Campeche, ya en un contexto político distinto empiezan  a empujar el caso. Y aquí la historia se vuelve más incómoda para Alito, porque ya no se trata solo de notas de prensa o comentarios en redes. Se empieza a hablar de carpetas, de expedientes, de solicitudes, de datos que entran al terreno institucional.

¿Qué hace Alito? responde políticamente, se presenta como perseguido, denuncia ataques, trata de colocar el debate en el terreno de Morena contra oposición, pero la pregunta patrimonial sigue ahí. Luego aparece un tercer hito, la solicitud de desafuero. Este punto es clave porque al hito como legislador cuenta con fuero y si una autoridad quiere proceder penalmente contra él en ciertos términos, necesita que avance un juicio de procedencia.

El lenguaje simple necesita que le quiten esa protección para poder tratarlo como a cualquier otro ciudadano frente a determinadas acciones penales. Pero según lo que se ha discutido públicamente, ese proceso no avanzó con la velocidad que muchos esperaban. Y cuando un expediente contra un político poderoso se queda detenido, la sospecha no desaparece, crece.

Hasta aquí podría aparecer una historia más de burocracia mexicana. Un expediente lento, una cámara que no actúa, una fiscalía que no termina, un político que se defiende. Pero lo que pasó después cambió el tono porque el tema ya no quedó solo en el desafuero, empezó a tomar fuerza otra palabra, extinción de dominio.

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