Y conviene detenerse en cómo fue posible ese disparo, porque ahí empiezan las preguntas que nunca se respondieron. Colosio era el candidato a la presidencia, el hombre mejor protegido de la campaña. Y sin embargo, en Lomas Taurinas esa protección sencillamente no existió. El terreno era una ondonada, un embudo natural rodeado de cerros, con una sola entrada y salida complicada, ideal para perder el control de una multitud.
Un lugar que cualquier jefe de seguridad medianamente competente habría descartado para un acto presidencial. Y aún así, ahí estuvo el candidato metido entre la gente, sin un cerco de protección efectivo a su alrededor. ¿Casualidad, negligencia o algo más? Esa es la primera pregunta incómoda. Porque para que un tirador se acerque a centímetros de la cabeza de un candidato presidencial y dispare, alguien tuvo que fallar o alguien tuvo que dejar que fallara.
La seguridad de Colosio se comportó aquella tarde de una forma tan deficiente que para muchos dejó de parecer un error y empezó a parecer una invitación. Como si el camino hacia el candidato hubiera quedado convenientemente despejado. Las imágenes de aquel día le dieron la vuelta al mundo. El empujón de la gente, el caos, el momento exacto en que el cuerpo del candidato se desploma, la confusión, los gritos.
Un país entero lo vio una y otra vez. en sus televisores. México no solo perdió a un hombre esa tarde, perdió la inocencia, perdió la certeza de que vivía en un país donde esas cosas no pasaban, perdió la ilusión de que ciertas líneas no se cruzaban y empezó a hacerse una pregunta que ya no lo abandonaría. Si pueden matar al candidato presidencial a plena luz del día frente a las cámaras, ¿quién está a salvo? En cuestión de segundos, los presentes sometieron a un hombre.
un joven delgado de aspecto común que portaba una pistola calibre 38. Ese hombre era Mario Aburto Martínez y desde ese instante su nombre quedó atado para siempre al magnicidio que marcó a una generación. Las horas que siguieron fueron de un caos absoluto y en ese caos se sembraron muchas de las dudas que aún hoy persisten.
El país se paralizó frente a los televisores. Colosio fue trasladado a un hospital de Tijuana donde murió esa misma noche. Y mientras una nación entera lloraba y entraba en shock, la maquinaria del estado se ponía en marcha a una velocidad llamativa para construir una versión de los hechos. En cuestión de horas ya había un nombre, un rostro, un culpable.
La rapidez con que se armó el relato del asesino solitario en medio de semejante confusión es otro de los elementos que alimentaron la sospecha de que la conclusión estaba decidida casi antes de investigar, porque investigar un magnicidio bien hecho lleva tiempo. Peritajes, balística, reconstrucción, análisis de la escena, decenas de testigos, líneas múltiples.
En cambio, la versión que se impuso casi de inmediato fue la más simple posible. un hombre, una pistola, un motivo confuso de resentimiento, todo lo demás, las fallas de seguridad, las contradicciones de los testigos, las dudas sobre la identidad del detenido, quedó relegado, minimizado o directamente enterrado. El país necesitaba un culpable rápido para calmar el terror colectivo y lo tuvo.
Pero un culpable rápido no es lo mismo que la verdad. Con el paso de los años, esa prisa se volvió en contra de la propia versión oficial, porque cada vez que alguien revisaba el expediente con calma, aparecían más huecos que respuestas, testigos que cambiaron sus declaraciones, pruebas que se manejaron de forma irregular, funcionarios que entraron y salieron de la investigación, líneas que se abrieron y se cerraron sin explicación.
El caso Colosio se convirtió con los años en un laberinto del que México nunca logró salir. Y en el centro de ese laberinto siempre el mismo hombre, Mario Aburto, condenado en 7 meses, encerrado por tres décadas, callado. Pero, ¿quién era? ¿De dónde salía el hombre que acababa de matar al probable futuro presidente de México? Mario Aburto había nacido en Michoacán en 1987, siendo apenas un adolescente de 17 años, emigró a Tijuana como tantos miles, buscando una vida mejor en la frontera.
Ahí se empleó como obrero. Trabajaba en una fábrica. Era en apariencia, un don nadie, uno de tantos jóvenes anónimos que llegaban al norte a ganarse la vida con las manos. Y esa es la primera grieta en la historia oficial, la que ha alimentado dudas durante décadas, porque cuesta encajar la figura de un obrero solitario, sin entrenamiento conocido, con la precisión de un magnicidio cometido en medio de una multitud contra un candidato rodeado de seguridad.
¿Cómo un trabajador de fábrica logra acercarse lo suficiente, disparar con esa efectividad y cambiar la historia de un país? La versión oficial dijo que fue suerte, resentimiento y locura. Otros desde el primer día, no se lo creyeron. Lo que sí ocurrió y con una rapidez que también levantó sospechas fue la condena.
El gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari creó una fiscalía especial para el caso Colosio y el 21 de octubre de 1994, apenas 7 meses después del crimen, la fiscal Olga Islas de González Mariscal logró una sentencia de 45 años de prisión contra Mario Aburto. La versión quedó sellada. aburto era el asesino solitario, un hombre que actuó por su cuenta, caso cerrado.
Pero un caso no se cierra solo porque el estado lo declare cerrado. Y el de Colosio nunca jamás terminó de cerrarse en la mente de los mexicanos. Porque desde el principio las preguntas se acumularon. ¿Por qué un terreno tan complicado como Lomas Taurinas para un miting presidencial? ¿Por qué falló la seguridad del candidato de forma tan estrepitosa? ¿Por qué tantas inconsistencias en las primeras versiones de los hechos? Y sobre todo, surgió una teoría que persiguió al caso durante décadas, la de los dos aburtos. La sospecha, nunca
probada del todo, pero nunca descartada del todo, de que el hombre detenido en lomas taurinas y el hombre que terminó en prisión no eran exactamente la misma persona. Esa teoría, por sí sola, dice mucho del nivel de desconfianza que rodeó al caso. Cuando un país entero llega a dudar de si el hombre encerrado es siquiera el verdadero asesino, es porque la versión oficial nunca convenció, nunca cerró, nunca sanó la herida.
Y la teoría de los dos aburtos, por descabellada que suene, no nació de la nada, nació de las propias imágenes. Quienes han estudiado las fotografías del hombre detenido en lomas taurinas aquel día y las del hombre que apareció después en los juzgados y en prisión, aseguran ver diferencias en el rostro, en la complexión, en los rasgos.
¿Eran la misma persona? La versión oficial dice que sí rotundamente, pero la sola existencia de la duda sostenida durante décadas por periodistas, peritos y ciudadanos, revela hasta qué punto la investigación dejó cabos sueltos. En un caso bien resuelto, nadie dudaría de la identidad del asesino.
En este millones dudaron y luego está la velocidad del proceso, que en lugar de tranquilizar alarmó 7 meses. Eso tardó el estado en condenar a Aburto a 45 años. En un país donde un juicio común puede tardar años, donde los expedientes se acumulan por décadas, el caso del magnicidio más importante de la historia moderna se resolvió en un suspiro.
Para las autoridades fue eficiencia, para los escépticos fue prisa. La prisa de quien quiere cerrar rápido una puerta antes de que alguien vea lo que hay detrás. Porque hay que recordar el México de 1994, un país gobernado por un solo partido durante más de seis décadas, un sistema donde la justicia respondía al poder, no al revés, donde una investigación podía orientarse, moldearse, cerrarse según conviniera arriba.
En ese contexto, la versión del asesino solitario tenía una virtud enorme para el poder. Cerraba el caso sin tocar a nadie importante, un loco, un resentido, una bala, nada de conspiraciones, nada de nombres incómodos, nada que investigar hacia arriba. Era la explicación más cómoda y quizás por eso para muchos la menos creíble.
Y mientras esas dudas crecían afuera, adentro, Mario Aburto empezaba un viaje por las cárceles más duras de México, un peregrinaje de encierro que dura ya más de tres décadas. Primero lo enviaron al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, el altiplano, donde permaneció desde 1994 hasta 2004, 10 años en el penal más severo del país.
Después de 2004 a 2012 fue trasladado a Puente Grande en Jalisco, más tarde al penal federal de Huimanguillo en Tabasco y actualmente cumple su condena en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 en Ocampo, Guanajuato. Cuatro penales, más de 30 años. Un hombre que entró joven y que hoy es un hombre mayor, envejecido tras las rejas, que ha pasado más de la mitad de su vida encerrado por el crimen que cambió a México.
Y conviene imaginar lo que significan 32 años en ese tipo de encierro, porque es una cifra que aturde. Cuando Aburto entró a prisión, no existían los teléfonos inteligentes, ni internet como lo conocemos, ni la mayoría de las cosas que hoy damos por sentadas. gobernaba Salinas. El mundo era otro. Aburto vio pasar desde una celda a seis presidentes de México.
Vio cambiar al país entero a través de los muros de cuatro penales distintos, sin tocarlo, sin vivirlo, sin ser parte de él. Mientras afuera transcurrían generaciones enteras, él permanecía detenido en el tiempo congelado en aquel 23 de marzo de 1994. y lo hizo además en condiciones de máxima dureza.
El altiplano, donde pasó sus primeros 10 años, es el penal más severo del país, diseñado para el aislamiento extremo. Después vinieron Puente Grande, Huimanguillo y ahora Guanajuato, una vida entera trasladado de un infierno de concreto a otro, lejos de su familia tan lejos que él mismo denunció que las autoridades lo mantenían deliberadamente aislado de los suyos.
Para cualquier preso, 32 años son una eternidad. Para uno que carga el estigma de haber matado al hombre que pudo ser presidente, son además 32 años de soledad absoluta, de ser el preso más vigilado, más señalado, más solo de México. Y aquí aparece una posibilidad inquietante que conviene no esquivar. Si aburto fue, como sospechan muchos, un instrumento, un peón al que se usó para cerrar el caso, entonces estos 32 años no son la condena de un asesino, son el precio que pagó un hombre por el silencio de otros.
32 años cargando en su cuerpo y en su nombre la culpa que le convenía al poder. Sea cual sea la verdad, hay algo innegable. Ningún otro preso en la historia moderna de México ha cargado un peso simbólico tan aplastante como el de este obrero de Michoacán. Y durante todos esos años, Aburto ha sostenido algo que vuelve su caso aún más turbio.
Ha denunciado tortura. No es una afirmación al aire. En 2021, Mario Aburto denunció formalmente que las autoridades penitenciarias lo habían mantenido lejos de su familia durante años, aislado, y pidió que se reabriera su caso. Y en 2023 un juez ordenó inscribirlo en el Registro Nacional del Delito de Tortura. Es decir, el propio sistema reconoció que existían elementos para investigar que Mario Aburto pudo haber sido torturado y una confesión obtenida bajo tortura no vale nada.
Esa es una de las grietas más profundas de todo el expediente, porque hay que entender el peso que tiene una confesión en un caso así. La versión oficial se sostiene en buena medida sobre la idea de que Aburto admitió ser el asesino. Pero en el México de aquellos años las confesiones se obtenían con demasiada frecuencia en sótanos, con golpes, con amenazas a la familia, con métodos que arrancaban cualquier declaración que se quisiera escuchar.
Un hombre torturado firma lo que sea, confiesa lo que le pidan. Por eso, en cualquier sistema de justicia serio, una confesión obtenida bajo tortura no solo no vale, contamina todo el proceso. Y si el sistema mexicano décadas después reconoció que había elementos para inscribir a Aburto en el registro nacional del delito de tortura, entonces está admitiendo de forma indirecta que la piedra angular de su propia versión podría estar podrida, que el asesino confeso podría haber confesado bajo coacción.
Y si su confesión cae, ¿qué queda? un hombre detenido en una multitud en medio del caos, sin que se haya probado de forma incuestionable más allá de esa confesión, toda la mecánica de lo que realmente ocurrió. Eso no significa que Aburto sea inocente. Es muy posible que disparara. Pero sí significa que la historia que nos vendieron, la del culpable que confesó libremente su crimen solitario, se construyó sobre cimientos que el propio Estado, años después puso en duda.
Y cuando los cimientos de una verdad oficial se agrietan, todo el edificio se vuelve sospechoso. Las preguntas que parecían teorías de conspiración empiezan a parecer simplemente preguntas sin responder. Porque si la confesión del asesino solitario se obtuvo a golpes, entonces toda la versión oficial se tambalea.
Y eso nos lleva al giro más explosivo de esta historia, el que ocurrió hace muy poco y que casi nadie esperaba, porque en 2022 el expediente del caso Colosio fue desclasificado. Documentos que estuvieron guardados durante casi tres décadas salieron a la luz y la Fiscalía General de la República hizo algo impensable. integró un equipo especial para reabrir la investigación del magnicidio.
El estado que un día declaró el caso cerrado lo volvió a abrir y lo que la fiscalía planteó en 2024 fue una bomba. Revivió la tesis de que Mario Aburto no actuó solo, que hubo un segundo tirador. Las investigaciones más recientes señalan a un hombre, un exagente del desaparecido Sisen, el Centro de Inteligencia del Estado mexicano de aquella época.
Según la fiscalía, ese agente estuvo presente en el miting de Lomas Taurinas y aquí viene el dato que estremece. Su ropa fue hallada con sangre del candidato, sangre de Colosio. Además, según la propia fiscalía, ese hombre habría recibido protección de altos mandos de seguridad de la época. En 2025 fue detenido. Detente en eso.
31 años después del crimen, un exagente de inteligencia, con la sangre del candidato en su ropa es señalado como posible segundo tirador y detenido. Si esa línea de investigación es cierta, entonces la historia que nos contaron durante toda una vida, la del loco solitario, era, en el mejor de los casos, incompleta.
y en el peor, una mentira construida para tapar algo mucho más grande. Conviene entender el peso de ese hallazgo de la sangre, porque es de los pocos elementos físicos, materiales que apuntan más allá de aburto. Una cosa es una teoría, una sospecha, una coincidencia. Otra muy distinta es que la ropa de un hombre presente en el miting aparezca manchada con la sangre del candidato asesinado.
Eso no es una opinión, es evidencia. Y coloca físicamente a otra persona en el centro mismo de la escena del crimen, lo bastante cerca como para quedar salpicado por la sangre de la víctima. ¿Qué hacía ese exagente del Sisén tan cerca de Colosio en el instante de los disparos? ¿Por qué su ropa terminó con la sangre del candidato? Y sobre todo, ¿por qué tardó 31 años en ser detenido? Esa última pregunta es la que más quema, porque si esa evidencia existió desde el principio, entonces alguien la guardó, la ignoró o la enterró durante tres
décadas. Y según la propia fiscalía, ese hombre habría recibido protección de altos mandos de seguridad de la época. protección, es decir, no fue olvido, fue encubrimiento. Hubo manos poderosas que se aseguraron de que esa línea de investigación no avanzara, de que el foco se quedara cómodamente en el obrero solitario.
Y ese es el corazón del horror político de este caso, que mientras un hombre pasaba 32 años en una celda, otra pista con sangre, con nombre, con un agente de inteligencia de por medio era guardada bajo llave, que la maquinaria del Estado no falló por incompetencia, sino que según lo que hoy investiga la propia fiscalía, funcionó exactamente como alguien quiso, señalando a uno y protegiendo a otros.
Si eso se confirma, el caso Colosio dejará de ser el crimen de un loco para convertirse en lo que muchos siempre sospecharon, un crimen de estado con su chivo expiatorio incluido. Por eso la desclasificación de 2022 fue tan importante. Durante casi tres décadas, miles de documentos del caso estuvieron guardados fuera del alcance del público, del escrutinio, de los periodistas.
¿Qué se protege durante 30 años si no hay nada que ocultar? La sola existencia de ese secreto mantenido por gobiernos de distintos partidos es en sí misma una confesión silenciosa de que en el caso Colosio siempre hubo más de lo que se contó. Y apenas esos papeles empezaron a salir a la luz, la versión del asesino solitario empezó a desmoronarse.
Porque un segundo tirador no es un detalle. Un segundo tirador significa planeación, significa coordinación, significa que el asesinato de Colosio no fue la obra de un resentido aislado, sino una operación. Y una operación necesita quien la ordene, quién la pague, quién la proteja. Esa es la pregunta de fondo que México lleva 32 años sin responder.
¿Quién quería muerto a Luis Donaldo Colosio? ¿Y por qué? Las sospechas durante décadas apuntaron alto, muy alto hacia el interior del propio PRI, el partido en el poder, hacia una pugna feroz por la sucesión presidencial. Incluso se llegó a mencionar a figuras del más alto nivel del poder de la época.
La propia fiscalía llegó a revisar la posible responsabilidad de exfuncionarios en actos de tortura dentro del caso, aunque finalmente decidió no ejercer acción penal contra ellos. Nada se probó, nadie de arriba cayó. Y esa es quizás la herida más grande que al final, después de tanto, el único que ha pagado durante 32 años es el obrero de la fábrica.
Y aquí volvemos al presente, a la celda de Guanajuato, donde la historia da su giro más reciente y más sorprendente. Pero antes vale la pena preguntarse cómo es la vida de este hombre hoy. Después de 32 años, Mario Aburto es un preso envejecido en un penal federal de Guanajuato, lejos de todo lo que conoció.
El joven obrero que llegó a Tijuana a los 17 años es ahora un hombre que ha vivido más tiempo dentro de una celda que fuera de ella. Su rutina es la del aislamiento. Los mismos muros, los mismos horarios, la misma soledad de quien es probablemente el preso más célebre y más incómodo del país. No hay para él la posibilidad de pasar desapercibido.
Cada aniversario del crimen, cada 23 de marzo, su nombre vuelve a las primeras planas y él vuelve a ser por unos días el hombre más odiado o más compadecido de México, sin que su realidad de encierro cambie un ápice. Y el interés, por su caso, lejos de apagarse, ha crecido. En 2026, coincidiendo con el aniversario 32 del magnicidio, se estrenó una serie documental que analiza el expediente desclasificado y las nuevas aristas del caso, con testimonios de la propia familia Aburto y de figuras de la época.
Cada nuevo documental, cada nueva revelación, cada resolución de la corte reabre la herida y devuelve al primer plano la misma pregunta sin respuesta. Tres décadas después, México sigue obsesionado con lomas taurinas y en el centro de esa obsesión, callado, encerrado, sigue Mario aburto. Lo paradójico es que ese hombre que el sistema quiso convertir en punto final se ha vuelto justo lo contrario, un signo de interrogación permanente.
Cada vez que el país lo mira, no piensa, “Ahí está el culpable, piensa, ahí está la duda.” Y esa duda encarnada en un preso de Guanajuato es la prueba viviente de que el caso nunca se cerró de verdad, porque resulta que incluso aceptando la versión oficial, Mario Aburto podría ya haber cumplido su condena.
En 2023, un tribunal federal anuló la sentencia de 45 años. La razón, un argumento puramente legal pero demoledor. El tribunal determinó que el caso debió juzgarse bajo el Código Penal de Baja California vigente en 1994, no bajo la ley federal, porque Colosio, al momento de su muerte, era candidato, no funcionario público federal.
Y bajo aquella ley estatal, la pena máxima por homicidio era de 30 años, no 45, 30 años. Esa cifra lo cambia todo porque Aburto cumplió 30 años de prisión exactos el 23 de marzo de 2024. Es decir, de aplicarse esa resolución, el asesino confeso de Colosio tendría que haber salido libre en el mismo aniversario de su crimen.
Una simetría tan brutal que parecía imposible. Y esa batalla legal encierra una paradoja que vale la pena desentrañar porque desnuda al Estado. Fíjate en la posición en la que quedó la fiscalía. Por un lado, en 2024 reabrió el caso y planteó que Aburto no actuó solo, sugiriendo que la versión original era falsa o incompleta.
Por otro lado, en ese mismo periodo, peleó con todas sus fuerzas para que Aburto no saliera libre, defendiendo la condena que se basa precisamente en esa versión original. Es decir, el estado al mismo tiempo cuestiona que Aburto sea el único culpable y se aferra a mantenerlo preso como si lo fuera.
Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez. Y esa contradicción lo dice todo sobre la incomodidad que rodea al caso. El argumento legal para liberarlo, además es sólido y nada tiene de truco. Cuando mataron a Colosio, él era candidato de un partido, no funcionario público federal. Por lo tanto, según resolvieron los tribunales, el crimen debió juzgarse bajo la ley penal de Baja California, el estado donde ocurrió, y no bajo la ley federal.
Y la ley de Baja California en 1994 fijaba un máximo de 30 años por homicidio. No es un tecnicismo caprichoso, es la aplicación correcta de la ley que correspondía. Bajo esa lógica, Aburto cumplió su condena completa el 23 de marzo de 2024, en el trio aniversario exacto del crimen, que un hombre pudiera salir libre el mismo día, 30 años después, en que cometió el magnicidio.
Es una de esas coincidencias que la realidad escribe mejor que cualquier guionista. Y es justo esa carga simbólica la que ha vuelto el caso tan explosivo. Porque liberar a Aburto no es solo soltar a un preso, es reabrir ante todo el país la conversación sobre lo que de verdad pasó. Es quitar el candado del expediente. Y hay quienes 32 años después todavía prefieren que ese candado siga puesto.
Pero el Estado no estaba dispuesto a soltarlo tan fácil. La Fiscalía General de la República impugnó la decisión. Argumentó que el magnicidio era un delito federal y que la condena de 45 años debía mantenerse. Y el caso subió una vez más hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí empezó un tira y afloja que mantiene a aburto en el limbo.
En 2024, la Corte ordenó reponer el procedimiento con un argumento que nadie esperaba, que no se habían respetado los derechos de las víctimas indirectas, es decir, de la familia de Colosio, que debía ser citada para participar en el proceso. Pero cuando se les citó, nadie de la familia acudió y aún así ese tecnicismo mantuvo a aburto tras las rejas.
Luego, en enero de 2026, el pleno de la Suprema Corte decidió por mayoría de votos atraer el caso, tomar el expediente en sus manos para resolver de forma definitiva la pregunta que lo tiene todo en vilo. Mario aburto debe reducir su condena de 45 a 30 años y por lo tanto salir libre o debe cumplir la sentencia original.
En el momento de grabar esto, esa resolución sigue pendiente. El destino del asesino más famoso de México está literalmente en manos de unos cuantos ministros. Una firma puede dejarlo libre, otra puede mantenerlo encerrado 15 años más, 32 años después del disparo que cambió la historia. El caso sigue abierto, sangrando sin cerrar.
Y hay un detalle en todo este drama que le da un giro casi imposible de creer, porque la voz más fuerte pidiendo la libertad de Mario Aburto no es la de su abogado, no es la de su familia, es la del propio hijo de la víctima. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato asesinado hoy senador, ha pedido públicamente a la presidenta de México que conceda un indulto a Mario Aburto.
El hijo de la víctima pidiendo la libertad del asesino confeso de su padre. Sus palabras fueron claras. dijo que no busca revancha, que no busca que rueden cabezas, que ya perdonó a Aburto y que lo único que pide es que el Estado deje de manosecear y de lucrar políticamente con el caso de su padre, que México inicie un proceso de sanación.
Hay que detenerse en la enormidad de ese gesto porque no tiene casi precedentes. Estamos hablando del hijo de un hombre asesinado pidiendo públicamente la libertad de quien fue condenado por matar a su padre. No por debilidad, no por ingenuidad, sino por una convicción profunda. La de que mantener a Aburto preso no honra a Colosio, no repara nada, no entrega justicia, que es apenas un símbolo vacío con el que los políticos se siguen lavando las manos cada 23 de marzo.
Colosio Riojas lo ha dicho con todas sus letras. que dejen de lucrar con la memoria de su padre, que dejen de usar el caso como bandera, que el verdadero homenaje sería la verdad, no un preso eterno. Y en esa petición hay una sabiduría dolorosa, porque el hijo entendió algo que al Estado le conviene ignorar, que Mario aburto, libre o preso, no es la respuesta a la pregunta que importa.
La pregunta que importa es, ¿quién ordenó la muerte de su padre? Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, tener a Aburto en una celda no es justicia, es teatro. Un decorado para fingir que el caso está resuelto cuando todos saben que no lo está. Por eso, la negativa de los distintos gobiernos a conceder el indulto, incluso ante la petición del propio hijo de la víctima, resulta tan reveladora.
Si ni siquiera el perdón del agraviado mueve al Estado, ¿qué interés hay en mantener a este hombre encerrado? ¿A quién protege su prisión? La respuesta más incómoda es que aburto preso es la garantía de que el caso siga cerrado. Mientras él cargue con la culpa, nadie más tiene que responder. Es el candado humano del expediente más delicado de la política mexicana.
Ese gesto es de una grandeza que estremece, pero también encierra una acusación demoledora. Porque cuando el hijo de la víctima dice que el estado nunca llevó justicia por el caso de su padre, está diciendo algo terrible, que después de 32 años de un hombre preso, de un magnicidio que cambió al país, la verdad sigue sin conocerse.
Que encerrar a a Burto nunca fue justicia, fue apenas un cierre forzado para un expediente que el poder quería enterrar. Y los distintos gobiernos han respondido a ese gesto con un no. El expresidente López Obrador rechazó indultar a Abto, llamándolo un asunto de estado, y el gobierno actual ha mantenido la postura de no otorgar beneficios presidenciales.
Es decir, ni siquiera el perdón del hijo de la víctima ha bastado para mover al Estado. Aburto sigue preso, atrapado entre la ley, la política y una verdad que nadie termina de contar. Quedan en esta historia dos puertas abiertas y son las que de verdad deberían quitarnos el sueño.
La primera es la del propio aburto. Después de 32 años, ¿es un culpable que merece seguir preso o es un chivo expiatorio que pagó por algo mucho más grande que él? La respuesta honesta es que no lo sabemos y que el país que lo encerró tampoco. Si fue torturado, si hubo un segundo tirador, si la confesión fue arrancada a golpes, entonces este hombre podría ser al mismo tiempo asesino y víctima de una maquinaria que lo usó para cerrar un caso incómodo, 32 años en una celda, cargando no solo su culpa, sino también el secreto de todos los demás. La segunda puerta es la más
grande de todas, la que nunca se cerró. ¿Quién mató de verdad a Luis Donaldo Colosio? Porque si hubo un segundo tirador, si hubo protección desde arriba, si la sangre del candidato apareció en la ropa de un agente de inteligencia, entonces el verdadero responsable del magnicidio podría no haber pisado nunca una celda, podría haber muerto libre, podría seguir libre.
Y eso significa que el crimen que cambió el rumbo de México sigue en lo más profundo impune. Y esa impunidad tiene un costo que va mucho más allá de un solo expediente. Porque un país que no sabe quién mató a su candidato presidencial es un país que aprendió de la peor manera que ciertos crímenes no se resuelven, que hay nombres intocables, que la verdad cuando incomoda el poder se entierra.
Cada mexicano que creció después de 1994 heredó esa lección amarga, que en el caso más importante de su historia reciente, el Estado prefirió un culpable cómodo a una verdad incómoda. Y esa herencia de desconfianza, esa certeza de que arriba nadie paga, envenenó la relación entre los ciudadanos y sus instituciones durante generaciones.
Por eso el caso Colosio no es solo la historia de un crimen, es la historia de cómo un país perdió la fe en su propia justicia. Mario aburto en su celda es el recordatorio físico de esa pérdida. Mientras él siga ahí cargando solo con todo el peso, el país seguirá sabiendo en el fondo que la cuenta no está saldada, que falta alguien, que falta la verdad.
Esa es la herida que el caso de Mario Aburto deja abierta. No la de un hombre que podría salir libre tras tres décadas, sino la de un país que nunca supo de verdad quién le arrebató al hombre que pudo haber sido su presidente. Aburto pagó 32 años, pero la pregunta de quién más debió pagar y nunca lo hizo, sigue tan viva como aquel 23 de marzo en Lomas Taurinas.
Y cada año que pasa sin respuesta, esa pregunta pesa más, no menos. Hoy, mientras la Suprema Corte decide si abre o no la puerta de su celda, Mario Aburto espera en silencio, en un penal de Guanajuato, convertido en el guardián involuntario del secreto mejor enterrado de la política mexicana. Y quizás ese sea su verdadero castigo, no los años de cárcel, sino cargar para siempre con una verdad que nadie quiere escuchar.
Si quieres entender la otra gran herida abierta de la política mexicana, la de los poderosos que ordenaron crímenes de estado y que a diferencia de aburto nunca pisaron una celda, ese expediente ya está en este canal. Búscalo y descubre por qué en México los que disparan a veces pagan. Pero los que dan la orden casi siempre se van a casa.
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