Lo que Elba Esther Gordillo GRITA al ABUSAR de los Necesitados: Señales y Medio Camino ENCARCELADA

El domingo 23 de abril de 1989, Jongitud Barrios salió de una reunión en Los Pinos y presentó su renuncia. El lunes 24, Elva Ester Gordillo asumió la presidencia del sindicato. Así de rápido, así de limpio, así de vertical. No hubo proceso democrático visible, no hubo consulta a las bases. Hubo una decisión tomada en Los Pinos y ejecutada en menos de 24 horas.

Hongitud había dirigido el sindicato durante más de 15 años con el respaldo de varios presidentes y fue sacado con la misma eficiencia burocrática con la que el sistema priista movía sus piezas cuando ya no le eran útiles. Y el contexto de ese momento específico importa para entender por qué Salinas tomó esa decisión justo en ese mes de abril, semanas antes, en enero de 1989, el gobierno había encarcelado a Joaquín Hernández Galicia Laquina, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Fue una operación

espectacular. Elementos militares rodearon la casa de Hernández Galicia en Ciudad Madero, Tamaulipas, antes del amanecer. Y el hombre que había controlado el sindicato petrolero durante décadas amaneció preso.  El mensaje era transparente. Salinas de Gortari llegaba dispuesto a remover las piezas sindicales que ya no le servían y lo haría con rapidez quirúrgica.

Jongitud Barrios leyó ese mensaje. Cuando lo llamaron a Los Pinos en abril, probablemente entendió que no había mucho que negociar. La diferencia entre él y la quina fue que Jongitu entregó el cargo sin resistencia visible y salió con su libertad intacta. Era ese tipo de sistema. La dureza del golpe dependía de qué tanto resistías cuando llegaba la instrucción de retirarte.

Gordillo llegó entonces no como producto de una lucha interna del magisterio, ni como representante de una corriente democrática del sindicato. Llegó porque el presidente de la República así lo decidió. Ese origen moldea todo lo que viene después porque define la naturaleza del poder que ella tenía desde  el primer día.

Era real, era enorme, pero tenía una condición implícita. Duraba, mientras fuera funcional para quien estaba arriba. Lo interesante  y lo que distingue la carrera de Gordillo de la de otros operadores que llegaron de la misma manera es lo que hizo con ese poder una vez que lo tuvo, porque la mayoría de las piezas que el sistema colocaba en posiciones así terminaban siendo exactamente eso, piezas  manejables, reemplazables cuando el momento lo requería.

Gordillo se negó a quedarse en ese rol. Durante los primeros años al frente del SNTE, construyó lo que sus críticos y también algunos de sus colaboradores describirían  más tarde como una maquinaria sin precedente en la historia sindical mexicana.  En 1990 fue electa secretaria general en un proceso formal.

En el discurso había modernización, había promesas de mejorar las condiciones del magisterio, había ciertas retórica sobre la democratización interna del sindicato, había cosas que  vistas desde afuera, sonaban razonables para una organización que representaba más de un millón de maestros, pero en la práctica la estructura de poder seguía siendo la misma que había heredado de Hongitud, quien controla las plazas, controla todo.

Hay que explicar esto con detalle porque es el mecanismo central de todo lo que viene  después. La plaza de maestro en el sistema público mexicano era durante décadas un bien que se heredaba o se compraba, no de manera informal o excepcional, de manera sistemática y ampliamente conocida dentro del gremio. Si tu padre o tu madre era maestro y se jubilaba, podía transferirte la plaza.

Tú heredabas no solo el cargo, sino el derecho a enseñar en esa escuela, en esa zona, bajo esas condiciones. Si no tenías esa herencia familiar, podías comprar una plaza en el mercado que el sindicato administraba. Los precios variaban por región, por nivel educativo, por la atractiva o remota que fuera la ubicación, pero el mercado existía y tenía sus reglas.

El SNT era el árbitro de ese mercado, lo que significaba que el liderazgo del sindicato tenía en sus manos algo que cientos de miles de familias necesitaban para asegurar el futuro de sus hijos.  Eso genera un tipo de lealtad que no es exactamente voluntaria y que no es exactamente coerción.

Es algo más complicado y más difícil de desmantelar que cualquiera de los dos extremos. es la lealtad de quien sabe que necesita algo de ti y que tú puedes negárselo si se te antoja. Ese poder sobre las plazas se extendía mucho más allá de lo meramente laboral. quien controlaba el ingreso al magisterio, controlaba quién podía enseñar en México.

En un país donde el maestro de primaria en una comunidad rural o indígena, era frecuentemente la única figura institucional presente, el único representante del Estado con quien los habitantes tenían contacto regular. Controlar quién ocupaba esa plaza significaba controlar una presencia  territorial que llegaba a cada rincón del país.

Piénsalo en términos  concretos. México tiene más de 2,000 municipios. En muchos de ellos, especialmente en los más marginados, el maestro es la figura de autoridad más accesible y más respetada. Ese maestro tiene familia, tiene vecinos, tiene una red local. En época electoral esa red se  activa. Gordillo entendió ese mapa con una claridad que ningún partido político había logrado traducir en estructura de la misma manera.

En los años 90 su poder creció en una dirección que nadie del sistema había anticipado del todo. Pasó de ser líder sindical a ser operadora política en sentido pleno. En 1996 asumió la Secretaría General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, uno de los tres sectores históricos del PRI.  En 2002 se convirtió en secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI,  el segundo cargo más importante del partido, mientras Roberto Madrazo era el presidente nacional.

era para ese momento no solo la jefa del sindicato más grande del país, sino  uno de los dos o tres operadores políticos más poderosos de la estructura priista, que a pesar de haber perdido la presidencia en 2000, seguía siendo la organización política más extensa del territorio nacional y simultáneamente seguía siendo la presidenta del SNTE.

las dos cosas al mismo tiempo. No hay que subrayar demasiado lo que eso implicaba en términos de recursos, de influencia, de capacidad para mover piezas en múltiples tableros al mismo  tiempo. Hay un detalle de esa época que aparece en las crónicas de la vida política mexicana de los años 90 y que a mí siempre me parece revelador.

La oficina de Gordillo en el SNTE, según varias descripciones periodísticas de la época, era un espacio diseñado para impresionar. tenía obras de arte, tenía una atmósfera de poder formal, del tipo de poder que quiere ser visto como poder. Pero las reuniones más importantes no ocurrían ahí.

ocurrían en sus casas, en sus departamentos, en esos espacios de Polanco, donde la lista  de personas que aparecen registradas en la dirección catastral incluye algunas de las direcciones más caras de la Ciudad de México, Galileo 7, Edgar Alan Pou 10, Dickens 30. Ahí es donde se definían cosas que en ningún acta oficial iban a quedar escritas.

Esa separación entre el espacio oficial y el espacio real es característica de un cierto tipo de poder que no necesita documentación porque se sostiene sobre acuerdo que ninguna de las partes tiene interés en registrar y dentro del sindicato esa misma lógica operaba a escala masiva. El SNT Bajo Gordillo tenía una estructura formal con secciones  estatales, delegaciones, comités, toda la arquitectura de una organización representativa.

Pero el poder real no circulaba por esa arquitectura,  circulaba por la red personal de la maestra. ¿Quién le debía un favor? ¿Quién la había apoyado en un momento difícil? ¿Quién tenía algo que perder si ella decidía retirárselo? Esa red informal era la que definía quién conseguía una plaza en una buena ubicación, quién ascendía dentro de la estructura sindical, quién obtenía acceso a los programas de becas o de vivienda que el sindicato administraba.

Los maestros que estaban fuera de esa red lo sabían y muchos de ellos, según testimonios recogidos en la cobertura periodística del caso, lo resentían profundamente, pero no tenían instrumentos para cambiarlo. Salirse del sindicato no era una opción real. Hablar públicamente en contra de la direncia era arriesgar la plaza.

El sistema estaba diseñado para que la resistencia fuera cara y el silencio fuera gratuito. En 1998, Gordillo presidía ya el Comité Nacional de Acción Política del SNTE, que era el órgano a través del cual el sindicato participaba formalmente en la política electoral. En el año 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la República frente  a Vicente Fox y el partido Acción Nacional, esa derrota tuvo consecuencias para casi todas las estructuras del sistema prista.

Para Gordillo tuvo consecuencias  distintas a las que tuvo para la mayoría porque ella no era solo una pieza del PRI, era una pieza del Estado en el sentido más amplio del término. El SNTE era una institución que existía independientemente de qué partido gobernara. Sus recursos venían de las cuotas de los maestros, no del presupuesto del PRI.

Su estructura territorial era la de la educación pública, no la de un partido. Y eso significaba que en el momento en que  el PRI perdió el gobierno federal, Gordillo tenía algo que el nuevo gobierno necesitaba, aunque no quisiera admitirlo. Acceso a esa estructura. Vicente Fox llegó a Los Pinos con un discurso de democratización, de fin del sistema priista, de nueva era política.

Pero gobernar requería interlocutores, requería alguien que pudiera moverse entre el mundo nuevo y el mundo que seguía existiendo debajo de los titulares. Y en ese espacio de mediación, Gordillo encontró su nueva utilidad. con Fox intentó negociar reformas fiscales y energéticas en el Congreso usando su maquinaria sindical y sus redes en la Cámara de Diputados como instrumento de presión y negociación.

La operación no funcionó como esperaba, en parte porque los bloques de izquierda y del propio PRI en el Congreso tenían sus propios intereses y no estaban dispuestos a moverse en la dirección que Gordillo intentaba orientarlo. Pero el intento en sí mismo dice algo importante sobre cómo operaba el SNT. en sus manos.

No era un sindicato que hacía demandas laborales, era una palanca de negociación entre poderes que usaba la amenaza de movilizar o bloquear como moneda de cambio en transacciones que tenían poco que ver con las condiciones de trabajo de los maestros y entonces se rompió con madrazo. La historia pública de esa ruptura tiene varios capítulos que se fueron desarrollando entre 2003  y 2006 con una crudeza que era inusual incluso para los estándares del PRI de esa época, donde los conflictos internos generalmente se resolvían en

privado antes de llegar a los titulares. Esta vez no. En 2003,  Gordillo fue destituida de la coordinación de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Era un cargo que le daba influencia directa sobre la agenda legislativa  y perderlo era una señal clara de que la relación con la dirección nacional del partido se había deteriorado.

En 2005, Madrazo buscó apartarla de la Secretaría General. Gordillo respondió con una ofensiva pública que escaló rápidamente. En septiembre de 2005 declaró a W Radio que Madrazo la había amenazado de muerte. Madrazo lo negó. En declaraciones recogidas por la jornada ese mismo mes, Gordillo acusó a Madrazo de intentar apoderarse del partido,  de negociar con Carlos Salinas de Gortari y con el gobierno de Fox reformas orientadas a la privatización del sector energético y debloquear su ascenso a la presidencia del PRI cuando

le habría correspondido ocupar  ese cargo según los estatutos internos. Esa última acusación tiene un trasfondo político interesante. Según las reglas del PRI, cuando el presidente del partido se lanzaba como candidato presidencial, la secretaria general debía asumir interinamente la presidencia.

Madraso eligió a Mariano Palacios al Coser para ese cargo, en lugar de permitir que Gordillo lo ocupara. Ella lo interpretó como una traición. Él lo interpretó  como el ejercicio legítimo de sus atribuciones. El conflicto fue público y sin resolución interna posible. El 13 de julio de 2006, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI expulsó formalmente a Gordillo del partido.

Fue una expulsión que algunos dirigentes del propio PRI rechazaron, entre ellos el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Burs. Pero ocurrió para ese momento. Sin embargo, ella ya tenía lo que necesitaba para seguir siendo relevante sin el PRI. Llevaba meses construyendo lo que se  convertiría en el partido Nueva Alianza.

El panal, como se conoció popularmente, fue fundado a partir de la estructura político-electoral del SNTE. Sus candidatos eran, en muchos casos, personas de la red sindical. Sus operadores territoriales eran los mismos maestros que  ya operaban para el sindicato en las comunidades y su financiamiento dependía de una articulación entre recursos sindicales y recursos partidarios que los organismos electorales de la época no tenían las herramientas ni, según algunos analistas, la voluntad suficiente para auditar con profundidad. era en esencia

la maquinaria del SNTE con credenciales de partido político y en 2006 esa maquinaria demostró exactamente de qué era capaz. La elección presidencial de ese año fue la más cerrada de la historia democrática moderna de México. Felipe Calderón, candidato del PAN, obtuvo una mayoría de 243934 votos sobre Andrés Manuel López, Obrador del PRD, según el cómputo oficial del Instituto Federal Electoral.

Eso representaba menos del 0.6% de diferencia. una brecha que cabía dentro de cualquier margen de error razonable, lo que alimentó meses de protestas y disputas postelectorales. En ese contexto, el trabajo territorial de la maquinaria del SNTE en favor de Calderón fue significativo. No hay forma de medir con precisión cuántos de esos 243, 934 votos de diferencia se explican por la operación sindical, pero hay elementos que hacen difícil ignorar la contribución.

El SNTE tenía presencia en cada municipio. Sus estructuras podían movilizar personas, trasladarlas a los módulos de votación, generar incentivos para que maestros y su familia votaran en una dirección específica. En estados con alta proporción de maestros en la población económicamente activa, ese efecto era medible.

Gordillo reconoció ese apoyo públicamente en 2011. En la entrevista con la jornada del 30 de junio de ese año, afirmó que en 2006 apoyó a Calderón y que pactaron reformas a cambio de ese apoyo. La declaración fue directa y sin eufemismos. No había necesidad de negarlo ya. Calderón estaba en el último tramo de su gobierno.

La relación había generado sus resultados concretos y reconocerlo  era parte del relato que ella quería construir sobre su propio  papel en la política mexicana. Ese apoyo tuvo un precio concreto y verificable. El yerno de Gordillo, Fernando González Sánchez, llegó a ser subsecretario de educación básica en la Secretaría de Educación Pública, el área que precisamente supervisaba el sistema de plazas y el presupuesto del magisterio.

Su pareja sentimental de aquella época encabezó la Lotería Nacional, el director del ISSSTE, el sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado que  administraba servicios de salud y pensiones para millones de personas, incluyendo maestro, también era una persona de su órbita, según los testimonios recogidos por  Hill Olmos para Proceso y reportados en noroeste.

Eso es lo que se llama captura institucional, ¿no? la imagen simple de alguien robando directamente de la caja, sino algo más sofisticado, más duradero y mucho más difícil de desmantelar. Personas de tu confianza colocadas en los organismos que distribuyen  recursos, que aprueban contratos, que toman decisiones sobre nombramientos, que pueden hacer o deshacer con un  sello, con una llamada telefónica, con una firma al pie de un oficio.

Cada una de esas personas en ese cargo genera una red de subdependencias hacia abajo y todo el árbol apunta hacia arriba en la misma dirección. Eso era lo que Gordillo había construido para los años del gobierno de Calderón. Una presencia en el corazón del Estado que no necesitaba que ella estuviera sentada en ningún escritorio oficial.

El poder se ejercía a través de otros y los otros sabían de dónde venía su posición. Y mientras todo eso ocurría en el ámbito político e institucional, había otra historia  corriendo en paralelo. Una historia de tarjetas de crédito, transferencias internacionales, casas en California y cuentas en Suiza y Ltenstein.

una historia que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda estaba rastreando en silencio desde al menos 2012, revisando movimientos que comenzaban en las cuentas del SNTE y terminaban en tiendas de lujo a miles de kilómetros de cualquier aula de clase en México. Pero esa historia nadie la contaba todavía o quienes la conocían tenían razones muy específicas para no contarla en ese momento.

Oye,  antes de seguir, cuéntame desde qué país o ciudad me estás viendo. Me da genuinamente mucho gusto saber de dónde viene la gente que ve esto. El 25  de febrero de 2013, Enrique Peña Nieto promulgó la reforma educativa. Era uno de los tres pilares del pacto por México. El acuerdo político firmado al inicio de su gobierno entre el PRI,  el PAN y el PRD.

La reforma modificaba el artículo tercero constitucional y establecía la evaluación obligatoria de los maestros como condición para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio educativo. También establecía que la Secretaría de Educación Pública asumiría control directo sobre la administración de las plazas del magisterio.

Ese segundo punto era el golpe central, el que desarmaba la maquinaria. Si la SEP controla las plazas, el SNT pierde el principal instrumento con el que Gordillo había mantenido el control del magisterio durante casi 24 años. Sin las plazas, el sindicato es una burocracia más. Con las plazas era el sistema nervioso de la educación pública mexicana.

Gordillo lo sabía. En las semanas previas a la promulgación de la reforma, el SNT había convocado protestas de maestros en múltiples estados del país. La resistencia era real y organizada. El 6 de febrero de 2013, en su última aparición pública antes del arresto, Gordillo dijo en una rueda de prensa, “Me voy cuando los maestros lo pidan.

Las amenazas no me quitan. Para morir nací y quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera y como guerrera murió. Eso fue el  6 de febrero. 20 días antes de que la detuvieran. El 25 de febrero se promulgó la reforma. El 26 de febrero fue detenida un día, una sola jornada entre la promulgación de la ley que acababa con su fuente de poder y la orden de aprensión ejecutada en el aeropuerto de Toluca.

Esa coincidencia no prueba nada por sí sola, pero enmarca todo lo que viene después de una manera que resulta imposible ignorar.  La noche del 26 de febrero, el procurador general Jesús Murillo Caram ofreció una conferencia de prensa. La había convocado con poco tiempo de aviso, casi intempestivamente, según el relato de la jornada de esa fecha, porque la detención se había concretado apenas unas horas antes.

Murillo Karam llegó con diapositivas, con gráficas  de flujo de dinero, con nombres, fechas, montos. El nivel de preparación del material presentado ese día sugería que la investigación llevaba tiempo avanzada, que alguien sabía exactamente lo que había y esperaba el momento para mostrarlo.

El relato que Murillo Karame expuso  esa noche era el siguiente. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda había detectado operaciones inusuales en  cuentas asociadas a una persona identificada como Nora Guadalupe Ugarte Ramírez. Al rastrear el origen de esas operaciones, encontraron que el dinero provenía de dos cuentas bancarias del SNTE en Banco Santander de México.

Número 5 6 3 7 0 1 7  1 6 6 3 y la número 5 6 3 7 0 1 700 3  6 1 6. Desde esas cuentas, los recursos habían sido transferidos a cuentas personales de tres personas  que no estaban autorizadas legalmente para manejar fondos sindicales. La propia Augarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores.

Desde esas cuentas personales, el dinero tomó varios destinos. El más documentado, el que Murillo Carán presentó con mayor detalle, era Neymar Marcus. Entre marzo de 2009 y enero de 2012, Ugarte Ramírez realizó 22 transferencias bancarias internacionales a la tienda departamental de lujo Neymar Marcus en Estados Unidos por un monto total de $2,100,000, equivalentes a aproximadamente 27,260 y 7000 pesos al tipo de cambio de ese momento.

Gallardo Chávez sumó transferencias adicionales a la misma cadena por $900,000. alrededor de 12,255,000es.  El destino específico del grueso de esos pagos era la tarjeta de crédito número 04797004041 a nombre de Elva Ester Gordillo Morales. El saldo total de esa cuenta, según la PGR, rondaba los 3 millones de dólares. Neyman Marcus es, para quien no lo conoce, una cadena de tiendas departamentales de lujo con presencia en las ciudades más afluentes de Estados Unidos.

Sus clientes habituales son personas de alto poder adquisitivo. Sus productos van desde ropa de diseñador hasta accesorios de marcas como Hermes y Chanel. Una tarde de compras en Neymar Marcus puede costar fácilmente miles de dólares. Una tarjeta con 3,0000  de saldo acumulado implica años de compras regulares y constantes.

Eso era la punta del Iceberg. Murillo Karam también presentó información sobre depósitos realizados en cuentas bancarias en Suiza y en el principado de Litenstein. Al menos 2 millones de dólares en transferencias a esas cuentas. registradas a nombre de una empresa llamada comercializadora TTS de México, sociedad anónima de capital variable.

La accionista con el 99% de las acciones de esa empresa era la madre de Gordillo, ya fallecida para febrero de 2013. La empresa había servido para adquirir varias propiedades en San Diego,  California, incluyendo dos casas en la isla de Coronado, una con una valuación que  el Universal reportó posteriormente en torno a 1.

7 millones de dólares y otra que el mismo periódico estimó en 4.7 millones. Casas en uno de los barrios más exclusivos y caros del sur de California con deudas pendientes de impuestos locales que el mañana documentó en más de $216,000  y había más. de enero de 2010 a enero de 2012.

La investigación detectó 42 transferencias internacionales por más de 2,680 y 2,365, equivalentes alrededor de 34,540,000, a una empresa llamada Ademex, dedicada a la venta y mantenimiento de aeronaves ejecutivas.  El avión al que hacía referencia esa línea de pagos era el mismo jet privado del que Gordillo había bajado horas antes en Toluca.

y de julio de 2011 enero de 2012, cuatro transferencias por 17, 12,260 y $329 a clínicas y hospitales en California especializados en cirugía  estética y reconstructiva, con la referencia explícita del nombre de Elva Gordillo. El total del desvío que la PGR representó esa noche superaba los 2,000 millones de pesos.

2,000 m0000 de cuotas de maestros y durante todo ese periodo, entre 2009 y 2012, Gordillo había declarado al fisco ingresos totales de apenas 1,100,000  pesos. El contraste entre esa cifra y los movimientos financieros documentados fue subrayado por Murillo Carame. Con una frase que quedó en el registro periodístico, cantidad muy inferior a los depósitos y operaciones verificadas en los mismos años.

El salario oficial de la presidenta del SNTE en esa época, según ADN político en un reportaje de septiembre de 2012, era de 31,398 pesos mensuales, alrededor de $400. Con ese ingreso declarado, la cuenta de Neymar Marcus habría tardado literalmente décadas en pagarse, décadas de sueldo completo, sin gastar un centavo en nada más.

Pero la investigación de la PGR no nació de la nada ese mes. La Unidad de Inteligencia Financiera había rastreado los movimientos desde 2012. El expediente fue consignado ante el juzgado el sábado 23 de febrero. La orden de aprensión fue librada el domingo 24. La detención ocurrió el martes 26,  2 días después de la orden, un día después de la reforma.

No hay accidente en esa cronología, hay decisión. La pregunta que divide a los analistas del sistema político mexicano hasta la fecha es si esa decisión fue primariamente jurídica, es decir, si los elementos del caso llegaron a su punto de madurez en ese momento por razones propias de la investigación o si fue primariamente política, es decir, si los mismos elementos que existían antes esperaron guardados en un cajón  hasta que resultara conveniente usarlo.

Esas dos interpretaciones no son mutuamente excluyentes,  pueden ser ambas ciertas al mismo tiempo. Y aquí empieza la parte que todavía hay debajo. Porque si la detención de Gordillo en 2013 fue una operación limpia de anticorrupción, la historia debería haber terminado con una condena, con años de prisión, con la recuperación de los activos, con el dinero de regreso a los maestros y luego con reformas que garantizaran que eso nunca volviera a pasar.

Nada de eso ocurrió de esa manera. El proceso judicial se convirtió  en una cadena de recursos, amparos, impugnaciones y resoluciones contradictorias  que se extendió durante 5 años enteros. El 24 de septiembre de 2013, apenas 7 meses después de la detención, el juez federal del juzgado cuarto de distrito, en materia de amparo del primer circuito, Francisco Javier Sarabia, concedió un amparo a Gordillo y a sus coacusado.

El argumento, la PGR había fundamentado mal el expediente y había vulnerado el derecho al debido proceso. La PGR impugnó ese amparo el 3 de octubre y el proceso continuó. En noviembre de 2016, el  primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito la exhoneró del cargo de defraudación fiscal por 4,300,000 encontrando inconsistencias en las pruebas de la PGR.

Los cargos se reducían. En mayo de 2018  falleció el juez que llevaba su caso, informó el informador de Jalisco. Un detalle que pasó casi inadvertido en la cobertura mediática, pero que tuvo consecuencias procedimentales sobre el expediente. Y el 8 de agosto de 2018, el juez Miguel Ángel Aguilar López, titular del primer tribunal unitario penal en la ciudad de México, declaró el sobreseguimiento del proceso.

Las pruebas acumuladas durante 5 años de investigación, argumentó el juez. No acreditaban la responsabilidad penal de Gordillo en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Salió libre. Las 17 obras de arte que le habían sido decomisadas fueron recuperadas por el SNTE en junio de 2018  según la jornada.

El paradero definitivo de las casas de Coronado y de los demás activos nunca tuvo el seguimiento mediático que habría necesitado y los maestros,  de cuyas cuotas salió todo ese dinero, siguieron siendo maestros con salarios bajos. Eso tampoco es accidental. Es el patrón funcionando exactamente como está diseñado.

¿Qué piensas de todo esto hasta ahora? Deja tu opinión en los comentarios. Y si estás viendo esto desde México, cuéntame  de qué estado eres. Para entender cómo alguien llega a tener ese nivel de impunidad, hay que mirar algo que generalmente se queda fuera de los titulares porque es menos espectacular que los Hammers  y las cuentas suizas, pero es en realidad la pieza que hace posible todo lo demás.

La manera en que Gordillo construyó poder no fue únicamente acumulando dinero, fue construyendo dependencia. El periodista José Hill Olmos, que cubrió el caso durante más de una década para proceso y  escribió el libro Los brujos del poder, describe en sus investigaciones una práctica sistemática que va más allá del clientelismo tradicional del sistema priista.

Gordillo hacía regalo, pagaba viajes, impulsaba las carreras de escritores, periodistas, políticos locales, no lo hacía de manera transaccional. explícita, no llegaba y decía, “Te voy a ayudar y a cambio quiero esto.”  La operación era más sutil y por eso más efectiva. Creaba deudas emocionales, lealtades de gratitud que se activaban en el momento en que ella las necesitaba.

Cuando alguien que había recibido su apoyo se encontraba en posición de ayudarla, la deuda estaba ahí. Hill Olmos cita en sus entrevistas a colaboradores cercanos que en algún momento se alejaron de ella, en parte porque vieron de cerca cómo operaba esa maquinaria y en parte porque, según sus testimonios, el efecto de largo plazo sobre la persona que la ejercía era algo que describen como una pérdida progresiva del razonamiento reflexivo.

Bilolmos usa una imagen que en el contexto político mexicano resulta menos absurda de lo que parece a primera vista. Una persona que actúa cada vez más por instinto y cada vez menos por cálculo, que sabe cómo moverse en la jungla política, pero que ha perdido la capacidad de salir de ella. En 1994, cuando Ernesto Cedillo llegó a la presidencia y amenazó con hacer una auditoría al SNTE y sacar a Gordillo del sindicato, la maestra sobrevivió.

Llegó a un acuerdo. Los detalles de ese acuerdo nunca fueron completamente transparentes,  pero el resultado fue visible. Siguió en su cargo. Con Carlos Salinas de Gortari, ella había tenido respaldo directo desde el origen, como ya vimos. Con Cedillo negoció, con Fox intentó convertirse en su operadora en el Congreso, con Calderón lo logró y los resultados de ese pacto quedaron documentados en los cargos que su yerno ocupó en la SEP.

Con Peña Nieto llegó un momento en que el pacto ya no era posible porque lo que Peña Nieto necesitaba era precisamente  lo que ella no podía ceder. La reforma educativa de 2013 no era solo una política pública de mejoramiento del sistema escolar mexicano, era el instrumento específico para desmantelar el control del SNTE sobre las plazas y con eso desmantelar la base del poder político de Gordillo.

Peña Nieto lo necesitaba por razones propias. El sistema educativo mexicano tenía resultados deficientes en todas las métricas internacionales disponibles y una parte del diagnóstico apuntaba directamente a la estructura sindical que había convertido el magisterio en un mercado privado de plazas hereditarias. Pero también lo necesitaba porque el SNT bajo gordillo era una pieza demasiado autónoma dentro del sistema, una pieza que había demostrado que podía mover elecciones, que podía poner y sacar personas de cargos federales, que tenía

sus propios recursos y sus propias redes. Eso es incómodo para cualquier presidente y más para uno que llegaba con la agenda de refundación del PRI después de los 12 años del PAN. El día después de la reforma fue la detención. Y ese día  después es la clave de todo, porque lo que dice ese día después no es que la investigación de la PGR fuera falsa.

Los documentos existían, las transferencias existían, las tarjetas existían, las casas en California existían, todo eso era real y verificable. Lo que dice ese día después es que la decisión de actuar sobre esa investigación fue una decisión política tomada en un momento políticamente conveniente. Eso tiene consecuencias sobre el proceso judicial posterior.

Si la detención hubiera sido puramente una operación de justicia, habría habido una presión institucional sostenida para que el proceso llegara a término con una sentencia. Pero el proceso se diluyó en 5 años de recursos y amparos y fallos parciales y exoneraciones graduales. Eso habla de una investigación  que fue construida con suficiente información para una detención espectacular, pero no con suficiente solidez procesal para una condena duradera o de una investigación  que fue construida de esa manera

deliberadamente, que servía para el golpe, pero no para el juicio. No tengo forma de probar esa segunda interpretación. Pero el patrón de lo que ocurrió sí es consistente con ella y luego está el asunto fiscal. Mientras el proceso penal se desarrollaba entre 2013 y 2018, el SAT estaba trabajando en paralelo en otro expediente.

El 30 de agosto de 2016,  el Servicio de Administración Tributaria determinó un crédito fiscal contra Gordillo. La lógica era distinta a la penal. No se trataba de probar que había robado dinero del sindicato,  sino de establecer que ciertos depósitos bancarios y pagos con tarjetas de crédito que ocurrieron entre 2008 y 2009 debían considerarse ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta y que sobre esos ingresos ella nunca pagó el ISR  correspondiente.

Gordillo argumentó lo mismo que había argumentado en el proceso penal, que esos pagos eran gastos de representación del SNTE realizados en su calidad de presidenta del sindicato, no ingresos propios. que el dinero de Neyman Marcus en su versión era dinero institucional gastado en su calidad de representante del organismo.

El SAT le pidió que  acreditara eso, que presentara documentación formal, una orden de comisión, una instrucción del sindicato, algo que demostrara que actuaba en nombre de una tercera institución  y no en nombre propio. No presentó esa documentación. El expediente fue al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El TFJA resolvió en contra de ella. Fue al sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito que le negó el amparo y confirmó que debía pagar el adeudo. Para entonces el monto era de 19,260,323  correspondiente al ISR de 2008 y 2009. Gordillo interpuso un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El expediente llegó marcado como amparo directo en revisión 2958 sobre 2025.  En mayo de 2025, la entonces ministra presidenta Norma Piña Hernández lo admitió para análisis del pleno y el 19 de febrero de 2026 el pleno de la Suprema Corte se reunió para resolver ese recurso. La sesión fue encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz.

El proyecto fue presentado por la ministra  Lenia Batres Guadarrama. La resolución fue por unanimidad, sin discusión. El recurso de revisión de Gordillo no implicaba temas de constitucionalidad. La Corte no tenía competencia para revisarlo. El recurso fue desechado. El crédito fiscal quedó firme.

19,260 y 9,323  pesos, pendientes desde 2008 y 2009, confirmados en todos los tribunales que los revisaron. Y todavía en 2026 ella llevaba casi una década peleando para no pagarlos. La resolución de la Suprema Corte citó específicamente en el texto del proyecto aprobado que el agravio de Gordillo era una cuestión  estrictamente probatoria, es decir, que el fondo del problema no era constitucional, sino que simplemente no había podido demostrar que los gastos  cuestionados correspondían a erogaciones del sindicato y no a

ingresos personales. En otras palabras, el dinero estuvo, los pagos existieron. Las tarjetas existieron y cuando se le pidió que explicara de dónde vino ese dinero y a nombre de quién lo gastó, no pudo demostrarlo. Ese hecho en 2026  sigue sin respuesta pública, pero el fondo de la historia no está en la resolución de la Suprema Corte, aunque esa resolución sea el detonador  que la hace volver a los titulares en 2026.

El fondo está en algo que el periodista Hill Olmos articuló de manera muy directa en entrevistas publicadas por noroeste en noviembre de  2015. Cuando el proceso penal todavía estaba activo, gran parte de los maestros ya no la soportaban, solo favorecía a un pequeño grupo de maestros que ahora deben estar temiendo también porque seguramente forman parte de este desvío de recursos.

Esa frase apunta algo que los  números por sí solos no capturan del todo. El SNTE tenía para 2013 más de 1,illón y medio de afiliados. El sindicato existía formalmente para representar y defender a esos maestros. Sus  cuotas eran obligatorias para quienes estaban dentro del sistema público de educación. No había opción de salirse sin perder el acceso a ciertos beneficios laborales.

Era, en ese sentido, un sistema cerrado donde la afiliación era forzosa y los recursos que generaba esa afiliación masiva quedaban  en manos de una cúpula que no rendía cuentas a nadie de manera transparente. Y en ese sistema cerrado, los maestros de base vivían una realidad que tiene poco que ver con los jets privados y las casas de coronado.

Los salarios eran bajos. Los recursos para materiales educativos eran escasos. La infraestructura escolar en zonas rurales e indígenas era en muchos casos deplorable. Los maestros en comunidades marginadas frecuentemente ponían dinero de su propio bolsillo para comprar tizas, cuadernos, lo que hiciera falta.

Mientras tanto, las cuotas de esos mismos maestros viajaban a Neymar Marcu. Eso no es una metáfora, es lo que ocurrió. Y la magnitud de la brecha entre esas dos realidades es lo que hace que la historia de Gordillo no sea simplemente una historia de corrupción política convencional. La corrupción política convencional en México tiene sus propias dimensiones escandalosas, pero raramente involucra el dinero específico de las personas más vulnerables del sistema de manera tan directa y tan documentada.

Hay un detalle en toda esta historia que siempre me llama la atención cuando lo pienso.  En 2008, el mismo año que la Unidad de Inteligencia Financiera eventualmente identificaría como el inicio de los movimientos fiscales irregulares, el SNTE, bajo la dirección de Gordillo, compró 59 vehículos Hammer para los ayudantes  del sindicato.

59 Hammers, una flota de camionetas de lujo para el personal de un sindicato cuyos miembros de base no podían pagar la colegiatura de sus propios hijos en algunas regiones del país. Ese año 2008 es también cuando Gordillo lanzó la alianza por la calidad de la educación, un acuerdo con el gobierno federal de Calderón que supuestamente buscaba mejorar el sistema educativo y  entre otras cosas eliminar la venta de plazas magisteriales.

venta de plazas magisteriales, el mismo mecanismo que era el corazón del poder del SNT,  que Gordillo firmara un acuerdo para eliminar ese mecanismo mientras al mismo tiempo lo administraba para mantener su propio poder. Dice algo muy específico sobre cómo funcionaba su relación con el discurso  público.

Las palabras eran una cosa, lo que ocurría con el dinero era otra cosa completamente distinta. Forbes México en diciembre  de 2013 la incluyó en la lista de los 10 mexicanos más corruptos  del año. No era una sorpresa para nadie que hubiera seguido la cobertura del caso, pero  tenerlo escrito en una publicación de ese perfil firmado con nombre y apellido en un contexto de análisis financiero y no solo político, era un tipo diferente de señalamiento.

Después de agosto de 2018, Gordillo salió de la cárcel y retomó una presencia pública que sorprendió a quienes esperaban que el proceso penal la hubiera retirado definitivamente del  escenario. Siguió dando entrevistas. Declaró en varias ocasiones que había sido víctima de una persecución política orquestada  por Peña Nieto.

Dijo que su arresto fue el precio de negarse a ceder lo que el gobierno le pedía que se diera.  En algunas de esas declaraciones llegó a comparar su situación con la de otros líderes sociales que habían sido procesados en México bajo circunstancias que la oposición política describía como fabricadas.

Y mira, hay una parte de eso que no es completamente falsa. La coincidencia entre la reforma educativa y la detención es demasiado limpia para atribuirla solo a la madurez natural de una investigación. El hecho de que el proceso penal se desarmara en 5 años de recurso sin llegar a condena habla, al menos en parte, de una investigación construida para el golpe y no para el juicio.

La instrumentalización de la justicia con fines políticos  es una práctica documentada en México y en muchos otros sistemas similares. Pero esa parte que no es completamente falsa, no borra la tarjeta de Nan Marcus, no borra las casas de Coronado, no borra los 59 hammers ni las transferencias a Suiza.

Lo que hace la narrativa de la persecución política es algo que el análisis de comunicación política conoce bien. Convierte a la acusada en víctima y a los acusadores en villanos. Y en ese proceso de inversión de roles, los hechos  concretos se vuelven secundarios al relato. La gente deja de hablar de las cuotas de los maestros y empieza a hablar de si Peña Nieto fue justo o injusto.

Cordillo entendía ese mecanismo mejor que la mayoría. En 2022 contrajo matrimonio con Luis Antonio Lagunas en una ceremonia que tuvo cobertura en medios  de espectáculos. Para ese momento, su historia era ya parte del archivo del sistema político mexicano. Un capítulo cerrado formalmente, al menos en términos penales, aunque los adeudos fiscales seguían activos.

El hilo fiscal  que terminó en la Suprema Corte en febrero de 2026 había comenzado, como ya mencionamos, con la determinación del SAT en agosto de 2016. Lo interesante de ese proceso visto en retrospectiva  es que sobrevivió a todo. Sobrevivió al proceso penal, sobrevivió a la absolución de 2018, sobrevivió a los cambios de gobierno.

El de Peña Nieto terminó  en 2018. El de López Obrador ocupó el periodo 2018 hasta 2024 y la presidencia de Claudia Shainbound comenzó en octubre de 2024. El adeudo fiscal cruzó tres administraciones sin resolverse  porque a diferencia del proceso penal que tenía actores políticos con intereses cambiantes, el proceso fiscal tiene una lógica más mecánica.

El SAT detectó irregularidades, estableció un crédito  y los tribunales fueron confirmando ese crédito en cada instancia. Lo que hizo Gordillo en ese proceso fue exactamente lo mismo que había hecho toda su vida, usar cada recurso disponible para ganar tiempo, amparo tras amparo, instancia tras instancia.

El recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte era técnicamente el último eslabón de una cadena que había comenzado hace casi una década y la  corte en febrero de 2026 cortó esa cadena. El proyecto de la ministra Batre fue directo. Gordillo no estaba planteando un problema constitucional. Estaba argumentando que no podía probar lo que el SAT le pedía que probara y eso era un problema de prueba, no de constitucionalidad.

La Corte no tenía nada que revisar, el crédito quedaba firme. 19,000 que con actualizaciones e intereses probablemente supera esa cifra para cuando se ejecute el cobro. Para una persona que durante años administró un presupuesto de miles de millones de pesos, 19,000000 no son nada. Eso lo sabe cualquiera.

Que lleve casi una década peleando para no pagarlos dice algo más sobre el principio  que sobre el monto. Dice que la actitud frente al sistema que le da o le quita cosas no ha cambiado, que la lógica de usar todos los recursos disponibles para aplazar o evitar consecuencias sigue siendo la misma.

Lo que cambia es que ahora no tiene la maquinaria que antes hacía esa estrategia sostenible indefinidamente. El SNTE ya no es la pieza que era. La reforma educativa de 2013, incluso con todas las ambigüedades de su origen y su implementación cambió el mapa. La coordinación con el nuevo SNTE, que opera con una lógica distinta desde que Juan Díaz de la Torre asumió la dir, no tiene la densidad ni las redes de la estructura anterior y la persona que construyó ese sistema durante 24 años tiene hoy 81 años.

Hay un elemento en toda esta historia que no quiero pasar por alto porque creo que es donde está la pregunta más difícil de responder. Si el dinero de las cuotas de los maestros fue a tarjetas de crédito,  a casas en California, a jets privados y a cuentas en Suiza, ¿cuánto de ese dinero se recuperó? ¿Cuánto regresó al  sistema educativo? ¿Cuántos maestros recibieron algo de vuelta? La respuesta corta basada en la cobertura disponible del proceso es muy poco.

Las 17 obras de arte volvieron al SNTE. Las propiedades de California quedaron en un limbo que nunca tuvo resolución pública clara. El dinero en Suiza y Litenstein no aparece en ningún relato de recuperación documentado. El crédito fiscal de 19,000 que la Suprema  Corte confirmó en 2026 va a la Secretaría de Hacienda, no al SNTE ni a ningún fondo para el magisterio.

Eso es importante para entender qué tipo de consecuencia real tuvo  todo esto. El sistema generó el escándalo, procesó a la persona, la liberó y el dinero, en su mayor parte no volvió de donde salió. Eso no es una excepción al sistema,  es el sistema siendo consistente consigo mismo. Quiero saber qué piensas tú.

¿Crees que  en la historia que acabas de escuchar hubo justicia real o crees que la justicia quedó a medias? Deja tu  opinión abajo. Me interesa leer lo que piensa la gente que ve este tipo de contenido. Hay una lógica detrás de todo lo que ocurrió con  Gordillo, que no es exclusiva de ella, pero que en su caso queda expuesta con una claridad particular y vale la pena articularla.

El sistema político del México del siglo XX tenía una manera muy específica de manejar la corrupción dentro de sus propias estructuras. No la eliminaba, la administraba. El líder sindical, el gobernador, el director de organismo paraestatal que se enriquecía  con recursos públicos.

No era un problema siempre que siguiera siendo funcional para el sistema, siempre que moviera los votos que se le pedían, que bloqueara lo que había que bloquear, que apoyara lo que había que apoyar. En ese equilibrio, los activos acumulados de manera irregular funcionaban como una garantía mutua. Tú sabes lo que yo tengo y yo sé lo que tú sabes.

Y mientras ambos sigamos siendo útiles el uno al otro, ninguno de los dos mueve esa pieza. Gordillo  construyó su poder dentro de esa lógica y durante décadas la manejó mejor que casi cualquier otro operador de su generación. Cambió de aliados cuatro veces siguiendo a quien tuviera la presidencia. usó el SNT como moneda de cambio para obtener posiciones para sus leales en cada gobierno y construyó una red de dependencias tan extensa que durante años resultó más costoso para cualquier presidente confrontarla que negociar con ella. Pero esa misma lógica tiene una

trampa incorporada. En el momento en que dejas de ser necesario para quien está arriba, todas las irregularidades que antes nadie quería ver se convierten en expedientes perfectamente listos para usarse. No porque alguien los haya construido de golpe, sino porque siempre estuvieron ahí guardados con cuidado, esperando.

En 2013, Gordillo dejó de ser necesaria porque el gobierno de Peña Nieto necesitaba la reforma educativa y la reforma educativa necesitaba desmantelar exactamente lo que ella representaba. Ese fue el momento en que los expedientes dejaron de estar guardados.  El resultado fue lo que vimos. Un proceso espectacular, una detención que fue noticia  internacional, 5 años de prisión y una absolución que técnicamente la limpió de los cargos penales más  graves, pero que dejó sin respuesta la pregunta sobre qué

pasó con el dinero. Y luego en 2026 la Suprema Corte terminando de resolver un adeudo fiscal de 19 millones  que lleva casi una década en tribunales. Hay algo que ese proceso de 19 millones dice que el proceso penal de 2000 millones no pudo decir tan claramente que la rendición de cuentas en ese sistema cuando llega llega fragmentada, tardía e incompleta.

que no  hay mecanismo que garantice que el dinero de los trabajadores que fue mal usado regrese a los trabajadores, que los maestros que pagaban sus cuotas en 2008 y 2009 nunca van a ver ese dinero de vuelta. Eso es el patrón. Y el patrón no cambia porque haya un juicio, cambia cuando cambian las instituciones que hacen posible el juicio.

México lleva décadas en ese proceso. Algunos lo llaman transición democrática, otros lo llaman reforma institucional. Lo que está claro es que no está terminado. Si este tipo de análisis te parece útil o interesante, considera suscribirte al canal. Hay muchas más historias de este tipo esperando ser contadas con este nivel de detalle.

El 6 de febrero de 2013, Elva Ester Gordillo cumplió 68 años. En su última aparición pública antes de ser detenida, exactamente ese día, dijo que quería morir con un epitafio que dijera que había sido una guerrera y que como guerrera había muerto. Guerrera es una palabra que en el contexto político mexicano se usa para describir a alguien que pelea contra las adversidades, que no cede, que resiste.

El problema con esa imagen es que supone un adversario externo que te ataca. supone que estás defendiendo algo que merece defensa. Y uno se pregunta, ¿qué es exactamente lo que defendió Gordillo durante 24 años frente a los maestros que pagaban sus cuotas sin saber que una parte de ese dinero terminaba en una tienda de lujo en San Diego que defendió frente a los niños que estudiaban en escuelas con piso de tierra en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, mientras la presidenta del sindicato que supuestamente representaba a sus

maestros mantenía una flota de aeronaves ejecutivas y propiedades en la isla de Coronado, no Tengo  respuesta para esa pregunta, pero creo que la pregunta vale la pena hacerse en voz alta, porque el dinero de los maestros no es un concepto abstracto. Son cuotas que salieron del bolsillo de  personas con sueldos de 30 y 1000 pesos al mes que no tenían elección sobre si afiliarse antes al sindicato o no.

Y lo que ocurrió con una parte de ese dinero quedó documentado con número de tarjeta, fecha y monto en una conferencia de prensa de la PGR el 26 de febrero de 2013. El epitafio de Guerrera que Gordillo eligió para sí misma dice lo que ella pensaba de su propia historia. Lo que dice el número 04797004041  es algo diferente.

¿Qué pregunta te quedaría hacerle a Elva Ester Gordillo si pudieras? Escríbela abajo en los comentarios. Cuéntame también desde qué país o ciudad estás viendo esto. Y si el canal aún no forma parte de tu lista habitual, ya sabes qué hacer.