El 29 de septiembre de 2025, en una finca del sector alto del perro, cerca de Rí Negro, Antioquia, agentes de la dijín de la policía de Colombia llegaron a la propiedad antes del amanecer. Habían pasado meses siguiendo a un hombre que había cruzado ilegalmente desde Ecuador hacia Colombia, que se había fabricado una identidad de empresario en Barbosa, con documentos que no correspondían a su verdadera identidad y que vivía en una mansión con esculturas de perros de metro y medio talladas en materiales preciosos. El
hombre que vivía en esa mansión era Georm Robinson Suárez Molina, alias el ecuatoriano. El enlace estratégico de los choneros con el clan del Golfo colombiano para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y hacia los mercados europeos. Cuando los agentes llegaron esa mañana al alto del perro Oh, el ecuatoriano los recibió con disparos de fusil.
El intercambio de fuego fue breve. Suárez Molina cayó abatido. Tres de sus escoltas fueron capturados. El arsenal incautado incluía un fusil de asalto calibre 5.56, tres pistolas 9 mm y una cantidad significativa de munición. En el inventario de la operación también figuraron 17 millones de pesos colombianos, 000 en efectivo y seis piezas de joyería de alto costo.
Fue el final de una trayectoria que había comenzado en los barrios periféricos de Guayaquil, que había pasado por una narcofiesta en la vía Guayaquil Salinas en mayo de 2024, donde fue detenido junto a otros cabecillas y luego liberado en circunstancias que nadie en Ecuador explicó de manera satisfactoria y que terminó en la Colombia, de la que había intentado usar como base de operaciones para seguir moviendo la cocaína que los choneros exportaban a escala industrial, desde los puertos ecuatorianos hacia el mercado global.
Pero la historia del ecuatoriano no se entiende sin entender primero quiénes son los choneros, qué papel jugaban en el mapa del narcotráfico latinoamericano y como una organización que nació a finales de los años 90 en el cantón Chon de la provincia de Manabí llegó a ser uno de los actores más relevantes del tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos en el primer cuarto del siglo XXI.
Los choneros nacieron a finales de los años 90 como una de esas organizaciones que el crimen organizado latinoamericano produce de manera consistente en los territorios donde la ausencia del Estado, por la pobreza estructural y la proximidad a las rutas del narcotráfico, crean las condiciones perfectas para que la violencia se convierta en un negocio.
Su fundador, Jorge Bismarck Velis España, alias el Teniente España, estableció la banda originalmente como un brazo armado prestador de servicios para organizaciones colombianas, enfocándose en el sicariato, la extorsión y la protección de rutas en el norte de Ecuador. El asesinato del teniente España en 2007 no desmanteló la organización, la transformó.
El liderazgo pasó a Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, que fue el hombre que profesionalizó los choneros y los convirtió en la organización dominante del crimen organizado ecuatoriano. Bajo el mando de Rasquiña, los choneros dejaron de ser una banda regional para convertirse en la confederación criminal que controlaba más del 70% de las rutas de narcotráfico del país.
Administraba el sistema penitenciario ecuatoriano de manera paralela al Estado. Tenía presencia en todas las provincias, cobraba tributos a otras organizaciones que querían operar en territorio que los choneros consideraban propio. Y tenía relaciones directas con el cartel de Sinaloa Mexicano, para el que funcionaban como el operador local en Ecuador de las rutas de cocaína que desde los puertos ecuatorianos llegaban a Europa y a Estados Unidos.
Ecuador en ese periodo era lo que los analistas de seguridad describían con la frase que se repetiría en todos los informes posteriores. Era la isla de paz de América Latina. Sp tenía una tasa de homicidios de 11 por cada 100,000 habitantes, cuando Colombia estaba en sus peores años de violencia y México comenzaba la espiral que lo llevaría a convertirse en el escenario de la guerra entre carteles más sangrienta del continente.
Esa estabilidad era frágil, como todas las estabilidades que dependen de equilibrios no escritos y de la capacidad de un actor dominante para mantener la paz entre los actores menores. Y cuando ese equilibrio se rompió, se rompió de manera abrupta y total. El asesinato de Rasquiña en un centro comercial de Manta en diciembre de 2020 fue el detonante.
Zambrano fue asesinado en uno de los espacios comerciales más concurridos de la ciudad en un ataque que demostró que quien lo mandó a matar tenía la capacidad y la disposición de ejecutar el objetivo en cualquier lugar. Shom independientemente de los testigos o de las cámaras de seguridad. La muerte de Rasquiña eliminó el liderazgo que mantenía unida la Confederación de los Choneros y que imponía las reglas del equilibrio que había mantenido relativamente contenida la violencia del crimen organizado ecuatoriano durante los años anteriores.
Los subgrupos que habían estado subordinados a los choneros se revelaron. Los lobos, los tiguerones, los chonillers y otras organizaciones menores comenzaron a disputar el territorio y las rutas que la muerte de Rasquiña había puesto en juego. Y esa disputa tomó la forma de las masacres carcelarias que en 2021 pusieron las imágenes de Ecuador en los medios de comunicación de todo el mundo, como el ejemplo más brutal de lo que puede ocurrir cuando un sistema penitenciario ha sido tan completamente capturado por
el crimen organizado que el Estado ya no tiene control real sobre lo que ocurre en el interior de sus propias instalaciones. las masacres carcelarias de 2021 que se iniciaron en la penitenciaría del litoral de Guayaquil con 119 personas muertas en un solo día, no fueron el episodio más sorprendente de ese proceso.
Lo más sorprendente fue que ocurrieron en instituciones que estaban supuestamente bajo control del Estado y que habían sido capturadas de manera tan completa por las organizaciones criminales que el Estado tenía que negociar con los líderes recluidos para poder acceder físicamente a sus propias instalaciones. En ese contexto de colapso del sistema penitenciario y de guerra entre organizaciones que disputaban la herencia de Rasquiña, fue donde la figura de Adolfo Masías Villamar, alias Fito, adquirió la relevancia que lo convertiría en el narco más buscado de
Ecuador y en el símbolo más perturbador de hasta donde había llegado la pérdida de control del Estado ecuatoriano sobre sus propias instituciones. Fito no fue un líder accidental, fue el producto de años de construcción de poder dentro del sistema penitenciario ecuatoriano, donde había aprendido que la celda no tenía que ser el fin de la carrera criminal, sino una plataforma desde la que podía dirigir sus operaciones con una visibilidad que en las calles habría resultado demasiado peligrosa para quien tenía
sobre sí el tipo de atención institucional que Fito tenía. Adolfo Masías Villamar cumplía condena en la cárcel regional de Guayaquil cuando comenzó a construir lo que los investigadores describirían después como un búnker de lujo. No en sentido metafórico, en sentido literal. Su celda estaba equipada con acceso a internet, con comunicaciones constantes con el exterior, parte con servicios que habrían resultado imposibles en un sistema penitenciario con controles efectivos, pero que en el sistema penitenciario ecuatoriano eran
el resultado predecible de años de corrupción institucional que había convertido a los custodios en empleados de facto de las organizaciones criminales que se suponía que debían custodiar. Desde esa celda, Fito gestionaba las operaciones de los choneros con una eficiencia que resultaba perturbadora para los analistas de seguridad que estudiaban el caso.
También en términos de comunicación pública, Fito entendió desde temprano que el poder en el crimen organizado contemporáneo no se construye solo con la capacidad de matar o de mover cargamentos. Se construye también con la imagen, con la narrativa, con la capacidad de presentarse ante las comunidades de donde se recluta como algo más que un criminal, como un benefactor.
La creación de narcocorridos que glorificaban su imagen fue parte de esa estrategia. El corrido del león, interpretado por su hija con el nombre artístico de Queen Michelle, circuló en las plataformas digitales y en los barrios del extradio de Guayaquil como una declaración de poder y de presencia que ninguna campaña de comunicación institucional del Estado ecuatoriano habría podido replicar con la misma efectividad entre el mismo público.
En enero de 2024, Fito desapareció de la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil. No se escapó en el sentido convencional del término, simplemente no estaba cuando las autoridades fueron a buscarlo para trasladarlo a otra instalación. Street. La magnitud de la corrupción que esa desaparición revelaba era tan grande que el gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno y movilizó al ejército.
La fuga de Fito fue el símbolo definitivo de hasta dónde había llegado la captura del Estado ecuatoriano por el crimen organizado. No era un símbolo metafórico, era la evidencia concreta de que alguien en posición de autoridad dentro del sistema penitenciario había recibido dinero o amenazas.
o ambas cosas para mirar hacia otro lado, mientras el hombre más buscado de Ecuador salía de la prisión donde debería haber estado recluido. La fuga de Fito, el 7 de enero de 2024 no fue solo una humillación para el Estado ecuatoriano. Fue el detonante de una cadena de eventos que en cuestión de horas convirtió al Ecuador en una zona de guerra en el sentido más literal del término.
El mismo día en que se supo que Fito había desaparecido de la roca, grupos armados vinculados a los choneros tomaron rehenes en hospitales, en escuelas y en otros espacios públicos de Guayaquil. El canal de televisión TC Televisión fue asaltado durante una transmisión en vivo por hombres armados que irrumpieron en el estudio con fusiles y que forzaron a los presentadores y al personal a tirarse al suelo mientras la cámara seguía grabando.
Estas imágenes, la de los periodistas boca abajo en el estudio, mientras los hombres armados controlaban la sala, circularon por todo el mundo en cuestión de minutos y se convirtieron en el símbolo más vívido de lo que había ocurrido con Ecuador en los años anteriores. No era una toma de rehenes aislada de un criminal desesperado.
Era la demostración coordinada de la capacidad de los choneros para generar caos a escala nacional en respuesta a la amenaza de que sus líderes fueran trasladados a instalaciones donde el control fuera más difícil de mantener desde adentro. El gobierno de Noboa respondió con la declaración del conflicto armado interno, la movilización del ejército a las calles y a las prisiones y la designación formal de los choneros, los lobos y otras organizaciones como grupos terroristas.
Esa declaración fue bien recibida por la mayoría de la población ecuatoriana, que llevaba años sintiendo que el Estado había perdido la capacidad de protegerla y que quería una señal de que eso iba a cambiar. Pero la declaración del conflicto armado y la militarización no eran suficientes para solucionar los problemas estructurales que habían permitido que los choneros llegaran al punto donde estaban.
Después de su fuga de la roca, Fito pasó 16 meses como el fugitivo más buscado de Ecuador. En junio de 2025, la operación que había tardado meses en prepararse finalmente encontró a Fito en un búnker subterráneo en las afueras de Guayaquil. La recaptura del líder de los choneros fue presentada por el gobierno como una victoria de primera magnitud.
Un mes después de su recaptura, Fito fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaba siete cargos en una corte de Nueva York por conspiración para la distribución internacional de cocaína y contrabando de armas. La extradición de Fito a Estados Unidos fue para los analistas de seguridad ecuatorianos una señal significativa.
Fue la señal de que el sistema de justicia de Ecuador reconocía implícitamente que no podía garantizar que Fito permanecería efectivamente recluido en sus propias instalaciones si se lo quedaba después de que la historia de la roca había demostrado que esa garantía no existía. En ese contexto de captura y extradición del líder, las operaciones de los choneros en Colombia se volvieron todavía más importantes para la supervivencia de la organización.
Sifito estaba en manos de la justicia norteamericana. La cadena de suministro de cocaína hacia los mercados externos no podía interrumpirse, tenía que seguir funcionando bajo el liderazgo de quienes habían quedado en posición de gestionarla. Y en ese mapa de lo que quedaba de los choneros después de la captura de Fito, la figura del ecuatoriano de Geormans Suárez Molina, operando desde Antioquia con acceso directo al clan del Golfo y al corredor de coca del Magdalena medio era uno de los activos operativos más valiosos que
la organización todavía tenía disponibles. La conexión entre los Choneros y el clan del Golfo colombiano que el ecuatoriano gestionaba era uno de los ejes más importantes del narcotráfico hacia Estados Unidos en la región en 2024 y 2025. El clan del Golfo, también conocido como el ejército gaitanista de Colombia, era la organización criminal más poderosa de Colombia en ese periodo, con presencia en más de 300 municipios del país y con el control de rutas que conectaban los laboratorios de cocaína del norte de
Colombia con los puertos del Caribe y con los pasos fronterizos hacia Ecuador. La cocaína que salía desde Urabá, desde el Bajoca antioqueño, desde el Magdalena medio, necesitaba llegar a los puertos ecuatorianos para salir hacia los mercados finales de consumo. y los puertos ecuatorianos, especialmente Guayaquil y Manta, se habían convertido en los nodos más eficientes de esa cadena gracias a la combinación de una infraestructura portuaria funcional con la debilidad de los controles aduaneros y con la
penetración de las organizaciones criminales en las instituciones responsables de esos controles. Para 2025, Schunzel, los analistas estimaban que el 80% de la cocaína que salía de Ecuador se dirigía hacia la Unión Europea, donde los precios de venta al por mayor eran significativamente más altos que en el mercado norteamericano.
Esa reorientación del flujo no fue accidental, fue el resultado de una adaptación inteligente a las condiciones del mercado por parte de las organizaciones que gestionaban las rutas. Las redes albanesas que habían llegado a los puertos ecuatorianos añadieron una dimensión adicional a esa ecuación. Las mafias albanesas tenían capacidad de negociar directamente con los productores colombianos, de garantizar precios de mayorista y de gestionar la distribución en Europa con una eficiencia que los tradicionales intermediarios hispanoamericanos no
siempre podían igualar. La llegada de esas redes a Guayaquil transformó el perfil de los clientes de los choneros y amplió la capacidad de la organización para diversificar sus relaciones internacionales más allá de los carteles mexicanos. El ecuatoriano había sido parte de esa red de relaciones internacionales desde que comenzó a operar como enlace de los choneros en Colombia.
su capacidad para negociar con el clan del Golfo, para gestionar el flujo de cocaína desde los puntos de producción hasta los puertos de salida ecuatorianos y para hacerlo mientras mantenía una apariencia de empresario legítimo que le permitía moverse con relativa libertad. Era exactamente el tipo de perfil que las organizaciones criminales transnacionales necesitaban en ese eslabón específico de la cadena.
No era un sicario ni un transportista, sino era un administrador de relaciones criminales internacionales y esa función era difícil de reemplazar con alguien que no tuviera la experiencia y los contactos que él había acumulado. La narcofiesta de mayo de 2024 en la vía Guayaquil Salinas, donde fue detenido junto a otros cabecillas, había sido uno de esos momentos en que el exceso y la confianza en la impunidad producen una vulnerabilidad que los operativos de inteligencia aprovechan.
La liberación que siguió a esa detención en circunstancias que nadie explicó de manera transparente confirmó esa confianza de una manera que probablemente influyó en las decisiones que tomó en los meses siguientes. La entrada ilegal en Colombia, la fabricación de una identidad alternativa, el establecimiento en Río Negro con una mansión y una vida social visible.
Estas son las decisiones de alguien que confía en que tiene la capacidad de reinventarse en otro país y de seguir operando con relativa seguridad. Esa confianza era un error de cálculo. Los meses de seguimiento de la dischin con drones y vigilancia física que precedieron al operativo del Alto del Perro demostraron que cuando las instituciones de seguridad colombianas y ecuatorianas trabajaban con suficiente coordinación y con suficiente determinación, la impunidad que el ecuatoriano había construido no era tan sólida como él había creído.
La coordinación entre las policías de Colombia y Ecuador que produjo el operativo del Alto del Perro fue, en ese sentido, la demostración de que la respuesta conjunta que el problema requería era posible cuando existía la voluntad política de ambos lados para ejecutarla con la determinación suficiente.
Solo que la familia de Adolfo Masías no esperó a que la justicia llegara a ellos. Cuando las autoridades ecuatorianas comenzaron a cerrar el cerco sobre el líder de los choneros después de su fuga de enero de 2024, los más cercanos al narco ya habían tomado medidas para ponerse fuera del alcance de esa justicia.
Inda María Peñarrieta, la esposa de Fito, junto con sus hijos y varios colaboradores, viajaron a Argentina y se instalaron en una casa en el Country Valle del Golf de la provincia de Córdoba en los primeros días de enero de 2024. La casa en Córdoba había sido adquirida mediante un boleto de compraventa en noviembre de 2023, lo que significaba que la instalación del clan Macías en Argentina había sido planificada con al menos dos meses de antelación a la fuga oficial de Fito de la Roca.
La hipótesis que los investigadores argentinos y ecuatorianos desarrollaron a partir de ese dato era que Fito había planeado la fuga con suficiente tiempo como para preparar no solo su propia salida del país, sino también la de su familia. y que Argentina era la primera etapa del plan de reubicación que le permitiría continuar dirigiendo sus operaciones desde el exterior con mayor seguridad que si permanecía en Ecuador o incluso en Colombia.
La inteligencia ecuatoriana detectó la presencia del clan Masías en Córdoba y alertó a sus pares argentinos el 16 de enero de 2024, 9 días después de la fuga de Fito. La respuesta del gobierno de Javier Miley, recién asumido y con una agenda de seguridad que incluía una postura firme frente a la criminalidad transnacional fue contundente.
La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, lideró el operativo que el 19 de enero detuvo a ocho personas vinculadas al clan Masías en Córdoba y las expulsó del país en un avión de la Fuerza Aérea Argentina. El episodio tuvo todos los ingredientes de un caso que resonaría en los medios de comunicación de Argentina y Ecuador durante días.
La imagen del círculo íntimo del narco más buscado de Ecuador, siendo expulsado en un vuelo militar desde el aeropuerto de Córdoba. tenía el tipo de impacto visual que los operativos de seguridad raramente producen, pero lo que el episodio revelaba en términos más profundos era tan perturbador como el operativo en sí mismo.
que la esposa de Fito y su círculo más cercano habían podido entrar a Argentina con documentos que correspondían a personas cuya relación con el narco más buscado de Ecuador debería haber sido suficiente para generar alertas en los sistemas de control migratorio que habían podido instalarse en una de las urbanizaciones más exclusivas de Córdoba, en un country de alta seguridad, sin que ningún sistema de alerta detectara su presencia antes de que la inteligencia ecuatoriana los señalara explícitamente.
y que la casa había sido comprada en noviembre de 2023, lo que significaba que algún mecanismo de transacción inmobiliaria había procesado esa compra sin que ninguna señal de alerta de lavado de activos funcionara de manera efectiva. El asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil sona que ocurrió apenas un día después de que se conociera la expulsión del clan Masías de Argentina.
Completó el cuadro de lo que estaba en juego en esas horas. Suárez investigaba los antecedentes de la familia de Fito. Su asesinato enviaba un mensaje que cualquiera con la información necesaria para interpretarlo podía leer sin dificultad. Los que intentaran avanzar en las investigaciones sobre el entorno de Fito pagarían un precio.
El fiscal Suárez fue enterrado y las investigaciones sobre el entorno del narco continuaron con la fragilidad que ese tipo de advertencias siempre produce en los sistemas de justicia de los países donde el crimen organizado tiene la capacidad de llegar a los fiscales que les son incómodos. La tensión entre los gobiernos de Ecuador y Colombia que la crisis de los choneros generó añadió una capa de complejidad política a un problema que ya era suficientemente difícil en sus dimensiones operativas.
Daniel Novoa había adoptado desde el principio de su gobierno una retórica de mano dura que implicaba la cooperación activa de Colombia en el control de la frontera y en la persecución de los choneros que operaban desde territorio colombiano. Gustavo Petro, con su política de paz total y su aproximación a las organizaciones criminales como actores con los que era posible y deseable negociar para reducir la violencia, representaba exactamente el modelo contrario al de NOBO en términos de estrategia de seguridad. Esa diferencia
de visiones no solo era ideológica, era también funcional. La política de paz total de Petro implicaba en la práctica conversaciones y negociaciones con organizaciones como el Clan del Golfo, que Noboa consideraba como terroristas que debían ser perseguidos y eliminados. Y mientras Colombia negociaba con el clan del Golfo, los choneros usaban esa negociación como un escudo que complicaba la cooperación bilateral en la persecución de su propio entramado criminal.
Las acusaciones cruzadas entre los dos gobiernos sobre la responsabilidad del caos ecuatoriano, con Noboa señalando la falta de vigilancia fronteriza colombiana y Petro respondiendo señalando la vulnerabilidad de los puertos ecuatorianos reflejaban no solo una diferencia de opiniones, sino también la dificultad real de coordinar respuestas a un problema transnacional cuando los gobiernos de los países involucrados tienen visiones radicalmente diferentes.
La disputa política entre Noboa y Petro sobre la crisis ecuatoriana tenía consecuencias operativas concretas en la cooperación que permitía casos como el del ecuatoriano. El operativo del Alto del Perro fue posible gracias a la coordinación entre la DIIN colombiana, la Fiscalía de Colombia y las autoridades ecuatorianas.
Esa coordinación se produjo a pesar de las tensiones entre los dos gobiernos, no gracias a que esas tensiones no existieran. Lo que los investigadores y los analistas de seguridad señalaban era que si esa tensión política se hubiera traducido en una ruptura de la cooperación a nivel operativo, mi el ecuatoriano habría podido seguir operando desde Río Negro durante meses o años adicionales.
El hecho de que los niveles técnicos de las instituciones de seguridad de los dos países mantuvieran canales de comunicación efectivos a pesar de las fricciones entre los presidentes, fue lo que permitió que el operativo se ejecutara con la efectividad que demostró. Ecuador en 2025 era un país diferente al que había sido 10 años antes en términos de los indicadores de violencia.
Tenía una tasa de homicidios que había pasado de 11 por cada 100,000 habitantes a más de 40 en 2024. tenía un sistema penitenciario que había sido tan profundamente capturado por las organizaciones criminales que recuperar el control efectivo de esas instalaciones requería una operación de largo plazo.
tenía una red de corrupción en las instituciones del Estado, en la policía, en la fiscalía, en el sistema judicial, en las aduanas, que los casos del ecuatoriano y de Fito habían documentado de manera incontrovertible, pero que requería décadas de reforma institucional para ser desmantelada de manera efectiva. La muerte del ecuatoriano en la finca del Alto del Perro fue una victoria táctica real para las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas.
eliminó a un operador relevante de la cadena logística que los choneros necesitaban para seguir funcionando con la eficiencia que habían alcanzado en los años anteriores y envió una señal a las organizaciones criminales que operaban en la región de que la cooperación entre Colombia y Ecuador era real y que podía producir resultados incluso en el contexto de las tensiones políticas entre los dos gobiernos.
La pregunta que el caso del ecuatoriano plantea y que los siguientes capítulos de la historia de los choneros en Ecuador y en Colombia tendrán que responder es si el Estado ecuatoriano y sus aliados regionales son capaces de aprender lo suficientemente rápido de sus victorias tácticas como para construir las respuestas estratégicas que la escala del problema realmente requiere.
La recaptura de Fito en junio de 2025 y su extradición a Estados Unidos en julio del mismo año cerraron un capítulo de la historia de los choneros. que había comenzado con la muerte de Rasquiña en diciembre de 2020 y que en el camino se había llevado por delante la estabilidad de Ecuador, de una manera que el país no había experimentado antes y que dejó marcas que no se van a borrar con una extradición ni con una captura, por que sea.
Fito enfrenta en una corte de Nueva York siete cargos por conspiración para la distribución internacional de cocaína y contrabando de armas. Su defensa busca un acuerdo de culpabilidad mientras alega problemas de salud que sus abogados utilizan como argumento en las negociaciones con los fiscales norteamericanos. La extradición de Fito fue en sí misma una señal que merece ser analizada con la atención que se merece cualquier decisión que un estado toma sobre cómo gestionar a sus criminales más importantes.
Ecuador decidió enviar a Fito a Estados Unidos en lugar de juzgarlo en sus propios tribunales. Esa decisión refleja la desconfianza del propio Estado ecuatoriano en su capacidad para mantener afito preso de manera efectiva en sus propias instalaciones después de lo que ocurrió en la roca. Refleja también la presión de Estados Unidos para acceder a un acusado que, según su departamento de justicia tenía responsabilidad en el narcotráfico que afectaba directamente al mercado de consumo norteamericano y refleja la
realidad práctica de que los recursos de persecución y de procesamiento judicial de los que dispone la justicia de Estados Unidos son significativamente mayores que los de la justicia ecuatoriana, lo que hace que la probabilidad de una condena efectiva y de un cumplimiento efectivo de esa condena sea mayor en suelo norteamericano que en el sistema judicial ecuatoriano, tal como funciona en la actualidad.
La historia de los choneros después de la extradición de Fito, es la historia de una organización que intentaba reconstituirse bajo la presión de la pérdida de sus líderes más visibles y bajo el contexto de la militarización del Estado ecuatoriano y de la cooperación creciente con Estados Unidos y Colombia en materia de seguridad.
La captura de alias Fede, identificado por las autoridades ecuatorianas como el sucesor de Fito. En Medellín, apenas tres meses después de la extradición del líder histórico, fue la señal más clara de que los choneros seguían intentando construir su presencia en Colombia como plataforma para mantener sus operaciones.
Y fue también la señal de que la cooperación entre Colombia y Ecuador que había producido el operativo del Alto del Perro seguía siendo operativa. Yit, los choneros seguirán existiendo en alguna forma después de la extradición de Fito y después de la muerte del ecuatoriano. Las organizaciones criminales con la profundidad de enraizamiento que los choneros han construido en el tejido económico y social ecuatoriano durante más de dos décadas, no desaparecen con la captura de sus líderes individuales.
se adaptan, distribuyen el poder, reconstituyen las relaciones con los actores internacionales que sus líderes anteriores habían construido y continúan operando, quizás con menor eficiencia durante un periodo de transición, pero con la base suficiente para recuperar esa eficiencia cuando las presiones del Estado se diluyan o cuando la organización encuentre los nuevos líderes que puedan consolidar la posición que los anteriores habían ocupado.
Lo que el caso de los choneros y de sus figuras más relevantes, Rasquiña, Fito, el ecuatoriano, deja como legado para el análisis de la seguridad en América Latina, es una lección sobre los límites de las respuestas puramente reactivas al crimen organizado transnacional. Cada vez que se captura un líder, hay un periodo de celebración y de comunicación institucional sobre el éxito del operativo.
Ese periodo es seguido invariablemente por la constatación de que la organización sigue funcionando, de que los flujos de cocaína no se interrumpieron de manera duradera, de que el territorio que el líder capturado controlaba fue absorbido por otro actor que ocupa el mismo espacio con la misma lógica.
y de que la pregunta sobre qué hacer para que eso no ocurra sigue siendo tan difícil de responder después de la captura como lo era antes. S. Ecuador ha invertido enormes recursos en los últimos años en la respuesta militar y policial al crimen organizado. Ha pagado también un precio enorme en términos de instituciones dañadas, de ciudadanos muertos, de periodistas y funcionarios asesinados, de generaciones de jóvenes reclutados en las filas del crimen en barrios, donde el Estado llegó siempre tarde o nunca llegó.
Lo que el país no ha podido hacer todavía de manera efectiva y consistente es invertir con la misma urgencia en las condiciones que hacen posible el reclutamiento y el funcionamiento de esas organizaciones, en la educación que falta en los barrios de donde salen los ecuatorianos y los fitos del futuro, en la regulación de los sectores económicos que el crimen organizado ha colonizado, precisamente porque el Estado no llegó a ellos a tiempo, en la construcción de un sistema judicial que funcione con la independencia e
integridad suficiente. como para que los criminales de alto perfil sean juzgados y condenados en Ecuador, sin que haya que extraditarlos a otro país para garantizar que la condena sea efectiva. El caso de los choneros es también en una dimensión que los análisis de seguridad pura tienden a pasar por alto la historia de las comunidades que vivieron bajo su control o en sus márgenes durante los años de su apogeo.
los barrios de Guayaquil, donde los choneros reclutaban, extorsionaban y ejercían el tipo de gobierno paralelo que las organizaciones criminales establecen en los territorios donde el Estado ha dejado un vacío de facto. Si son comunidades con personas reales que procesaron la violencia y la presencia criminal, de maneras que ninguna estadística de homicidios puede capturar completamente.
Una comunidad en la que los jóvenes han crecido, viendo en el crimen organizado la única jerarquía de poder real que existe en su entorno inmediato, no se transforma en algo diferente porque una operación policial capture al líder de esa jerarquía. se transforma cuando el poder legítimo llega a ocupar el espacio que el poder criminal ha ocupado y lo ocupa con una consistencia y una efectividad que permiten que la gente de esa comunidad empiece a construir sus expectativas sobre el poder legítimo en
lugar de sobre el poder criminal. Ese proceso no es rápido, no es lineal. Stein no produce victorias mediáticas que los gobiernos puedan comunicar como demostraciones de éxito en el mismo ciclo de noticias donde el operativo del Alto del Perro y la extradición de Fito generaron sus propias narrativas de éxito.
Pero es el proceso que determina si Ecuador en 20 años ha conseguido revertir la transformación que vivió en los últimos 10 o si simplemente ha reemplazado a los choneros y a los lobos con nuevas organizaciones que operan con la misma lógica, porque las condiciones que producen esa lógica no han cambiado de manera sustancial. La estatua del perro de metro y medio que los investigadores de la dishin encontraron en la finca del Alto del Perro.
Ese 29 de septiembre de 2025 se convirtió en el símbolo inesperado del caso del ecuatoriano. Hice un perro enorme tallado en materiales preciosos en el jardín de una mansión donde un narco fugitivo vivía con una identidad falsa y una modelo paisa, el símbolo del exceso, del capricho, de la confianza absoluta en que la impunidad se podía comprar y mantener indefinidamente con suficiente dinero.
El perro ya no está en la finca, el ecuatoriano tampoco, pero las rutas que él gestionaba siguen ahí y la cocaína sigue viajando desde los laboratorios del Magdalena Medio hacia los puertos de Ecuador y de ahí a Europa, con o sin el ecuatoriano, con o sin el perro gigante. El proceso judicial que Fito enfrenta en Nueva York es también, en su dimensión más simbólica, un espejo que Ecuador sostiene frente a sí mismo.
El hombre que convirtió su celda en un búnker de lujo, que se fugó de una cárcel de máxima seguridad, que dirigió desde la clandestinidad una organización que ensangrentó a su país durante años, está siendo juzgado en el sistema de justicia de otro país, porque el propio Ecuador no confía en el suyo para garantizar que el proceso termine con la condena y el cumplimiento efectivo de esa condena que el crimen de Fito requiere.
Ese es quizás el dato más revelador de todos sobre el estado de las instituciones ecuatorianas. No el número de masacres carcelarias, ni las estadísticas de homicidios, ni las narrativas del crimen organizado que coparon los titulares durante años, sino el hecho de que el Estado ecuatoriano tenga que enviar a su criminal más emblemático a otro país para que la justicia funcione.
Esa confianza que todavía no existe en las propias instituciones del país, es lo que Ecuador tiene que construir si quiere que la historia de los choneros termine siendo el punto de quiebre desde el que comenzó a ser un país diferente en lugar del comienzo de una espiral que todavía no ha encontrado su suelo.
