El Imperio del Terror: La Sangrienta Guerra entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ que Desangra a Barranquilla

El Ocaso de la Puerta de Oro

Barranquilla, conocida históricamente a nivel nacional e internacional como la radiante “Puerta de Oro de Colombia” y celebrada por ser la capital más próspera, vibrante y de mayor crecimiento económico de todo el departamento del Atlántico, atraviesa hoy uno de los capítulos más oscuros, dolorosos y sangrientos de su historia contemporánea. Detrás del atractivo espejismo de modernidad, de los grandes y relucientes centros comerciales y del turístico Malecón del Río que atrae a miles de visitantes diariamente, se esconde de forma siniestra una realidad paralela que le hiela la sangre a cualquiera. Las calles de numerosos sectores comerciales y de barrios populares parecen hoy los escenarios desolados de una ciudad fantasma; y están desiertas no por la tranquilidad o el descanso de un día festivo, sino por el miedo paralizante que ha impuesto de manera forzada una guerra sin cuartel. Dos megabandas criminales, identificadas por las autoridades como “Los Pepes” y “Los Costeños”, han sumido a la capital atlanticense y a todos sus municipios aledaños en una espiral de violencia y extorsión sin precedentes, disputándose a sangre y fuego el control absoluto de las millonarias rentas ilegales de la región.

Los Pepes vs. Los Costeños: Un Ejército en las Sombras

El núcleo de esta desgarradora barbarie se centra en la disputa feroz por el dominio territorial, el oscuro negocio del microtráfico y, sobre todo, la sistematización de la extorsión a gran escala. Las investigaciones policiales y los más recientes trabajos periodísticos, como el presentado por el reportero Steven Mora del programa Testigo Directo, han logrado documentar que esta maquinaria de terror es operada y liderada por dos figuras cuyo solo nombre genera un profundo temor en las calles: Digno José Palomino, cabecilla estratégico y líder absoluto de la estructura conocida como Los Pepes, y Jorge Díaz, un temido delincuente que opera bajo el alias de “Castor”, líder de Los Costeños. Según fuentes oficiales de inteligencia, se estima con gran preocupación que estas dos estructuras criminales han logrado reclutar y agrupar a más de dos mil hombres armados en sus filas. Representan un verdadero ejército operando en la sombra, conformado en su mayoría por jóvenes sicarios y cobradores de extorsiones que, sin importar a quién se lleven por delante en las calles, mantienen encendido un conflicto a fuego abierto. En medio de esta cruenta e inhumana disputa territorial, los más perjudicados no son los combatientes, sino los ciudadanos de a pie: pequeños comerciantes, madres cabeza de hogar, mototaxistas, trabajadores incansables, líderes sociales de las comunas e incluso bebés inocentes que, tristemente, han quedado atrapados y han perdido la vida en el cruce de disparos.

La Epidemia de la Extorsión: El Impuesto de la Muerte

El fenómeno de la extorsión en la ciudad de Barranquilla ha mutado en los últimos años; ya no se trata simplemente de un delito aislado o esporádico como puede presentarse en otras regiones de Colombia. En esta ciudad, la exigencia innegociable de las mal llamadas “vacunas” se ha multiplicado de forma incontrolable, estructurándose y consolidándose como una inmensa industria paralela del crimen. Las estadísticas recientes son sumamente alarmantes y dibujan un panorama crítico: Barranquilla se posiciona actualmente como la segunda ciudad con el mayor índice de denuncias por extorsión en todo el país, superada en cifras absolutas únicamente por la inmensa capital, Bogotá. No obstante, los expertos coinciden en señalar que, si esta dolorosa métrica se calculara y analizara de manera proporcional al número total de habitantes, la capital del Atlántico ocuparía sin lugar a dudas el deshonroso primer lugar a nivel nacional. La asfixia financiera y psicológica impuesta sobre la población civil es brutal, calculada y metódica.

Las tarifas de este despiadado “impuesto de la muerte” están claramente tabuladas y estratificadas por las grandes organizaciones criminales. Los dueños de los comercios más pequeños y humildes, como las típicas tiendas de barrio, se ven amenazados y forzados a pagar sumas absurdas que pueden llegar hasta los dos millones de pesos mensuales. Para los emprendimientos de tamaño mediano, esta cifra extorsiva asciende velozmente hasta los cinco millones de pesos; mientras que las grandes empresas, restaurantes de cadena y especialmente los establecimientos dedicados al ocio nocturno y entretenimiento, son extorsionados sistemáticamente por montos mensuales que superan con facilidad los diez millones de pesos. Quienes no tienen la solvencia económica para cumplir con estas exigencias, o aquellos que por dignidad deciden negarse a pagar estas cuotas exorbitantes, se enfrentan ineludiblemente a represalias casi inmediatas y, en su gran mayoría, de carácter letal.

El Terror en las Tiendas: Testimonios de Sangre y Fuego

Don Orlando, destacado presidente de la Unión Nacional de Comerciantes (UNDECO) seccional Barranquilla, ha decidido valientemente alzar la voz para denunciar y visibilizar internacionalmente el terror psicológico y físico que padecen sus cientos de afiliados. A través de sus dolorosos testimonios, se logra construir un retrato excepcionalmente crudo de la impotencia ciudadana. El líder gremial relata con profundo dolor cómo estas temibles bandas han perfeccionado y utilizan despiadados mecanismos de altísima presión para que los comerciantes terminen doblegando su voluntad y acceden al pago de la extorsión. Todo este calvario comienza habitualmente con una llamada telefónica altamente intimidatoria, en la cual los delincuentes, con pasmosa frialdad, le detallan a la víctima las rutinas precisas, los horarios y los movimientos exactos tanto del comerciante, como de sus hijos, esposa y sus empleados dependientes.

Si por algún motivo esta severa advertencia inicial no logra de manera inmediata el efecto deseado de sumisión absoluta, los criminales escalan vertiginosamente el nivel de violencia. Ya sea a plena luz del día frente a la mirada atónita de los transeúntes, o bajo el manto encubridor de la oscuridad de la noche, pelotones de hombres armados movilizados en motocicletas de alto cilindraje realizan potentes ráfagas de disparos de armas automáticas contra las puertas y fachadas de los establecimientos comerciales, sin importarles en lo más mínimo si en ese preciso instante existen clientes, mujeres o niños realizando compras en su interior. Estas ráfagas de terror ya han cobrado de manera injusta la vida de numerosas personas, y han dejado con secuelas físicas irreversibles a decenas de clientes y administradores que sencillamente se encontraban trabajando para poder llevar un plato de comida a sus hogares. Como si la violencia armada no fuera suficiente castigo, en muchos otros casos reportados la estrategia macabra de presión consiste en presentarse a altas horas de la madrugada, rociar enormes cantidades de combustible inflamable sobre las cortinas metálicas e intentar incinerar por completo los negocios, buscando reducir a simples cenizas negras el patrimonio económico, el esfuerzo y los sueños de toda una vida entera de trabajo honrado. Ante este sofocante panorama de constante zozobra, angustia y destrucción inminente, un gran número de propietarios ha optado trágicamente por claudicar y rendirse. Es por esta razón que, al recorrer la ciudad, los característicos y tristes letreros que anuncian “Se Vende” o “Se Arrienda” se multiplican de manera alarmante en las puertas cerradas y empolvadas de locales que han sido clausurados de forma definitiva. De manera dolorosa, la realidad indica que casi nadie en su sano juicio quiere ya emprender o arriesgar su capital en las calles de Barranquilla.

El Sello de la Supervivencia: El Drama de los Mototaxistas en Soledad

Pero la desgracia criminal lamentablemente no se queda contenida en los límites urbanos de la ciudad capital. Esta verdadera metástasis de violencia y control territorial se ha expandido violentamente, logrando desbordar e infectar de gravedad a los importantes municipios vecinos que conforman la gran área metropolitana, tales como Malambo, la histórica población de Puerto Colombia y, de una manera sumamente crítica, al municipio de Soledad. Es justamente en Soledad donde la humillación, la extorsión masiva y el control social absoluto llegan a unos niveles que resultan completamente absurdos e indignantes para la sociedad civilizada. En esta localidad, los cientos de mototaxistas —trabajadores de carácter informal que laboran de sol a sol y que a duras penas logran sobrevivir del sustento diario— son vilmente obligados por estas mafias a pagar su propia y obligatoria “vacuna” para tener el mero derecho de encender sus motores.

Los testimonios recolectados en terreno indican que a los humildes conductores de vehículos conocidos como motocarros se les realiza la férrea exigencia de entregar 30.000 pesos de manera regular, mientras que a los pilotos de los pintorescos vehículos tipo “torito”, la cuota obligatoria se les incrementa hasta los 40.000 pesos. Lo que resulta más humillante, denigrante y escalofriante de toda esta aberrante dinámica delictiva es, sin duda alguna, el descarado control administrativo y visual que logran ejercer a sus anchas estas bandas organizadas: a todos aquellos conductores que efectúan su pago puntualmente y se someten a la autoridad criminal, se les adhiere de manera obligatoria una calcomanía o un sello distintivo muy particular en un lugar visible de sus vehículos de trabajo. Esta infame marca visual se ha convertido prácticamente en la única garantía o “salvoconducto” temporal de que sus frágiles vidas serán respetadas durante ese ciclo. Las rígidas y sanguinarias reglas de sometimiento impuestas por los cabecillas extorsionistas son totalmente inflexibles; el pago debe realizarse inexcusablemente un día específico del mes, sin que exista bajo ninguna circunstancia margen para prórrogas, negociaciones, compasión, descuentos o excusas de ningún tipo por bajas ventas. Entre estos trabajadores del transporte existe una premisa terrorífica pero sumamente clara: retrasarse un solo día en la entrega del pago exigido es firmar con su propia sangre una inevitable sentencia de muerte segura.

Cifras que Sangran: Un Récord Macabro de Violencia

Las devastadoras y fatales consecuencias sociales de toda esta violencia que se ejerce de manera indiscriminada han quedado profundamente grabadas, mes a mes, en los registros estadísticos oficiales del Estado y de las unidades de medicina legal. El inicio del año 2026 está marcando irremediablemente un hito negro y macabro en toda la historia judicial y criminal del departamento del Atlántico. Según revelan detalladamente los duros informes oficiales condensados por las autoridades y compartidos en diversos espacios periodísticos, tan solo en el primer mes de enero del presente año se registraron oficialmente un total de 96 dolorosas muertes de carácter violento. Durante el desarrollo del mes de febrero, esta aterradora métrica de letalidad se mantuvo en un nivel críticamente alto, consolidando 93 crueles asesinatos documentados a lo largo y ancho de la región.

Sin embargo, el punto de quiebre y la verdadera y temida explosión generalizada de violencia criminal llegó de manera implacable durante el transcurso del mes de marzo. En este lapso, los morgues reportaron un consolidado de 101 muertes violentas; un número que se consagra como la cifra más alta e impactante registrada de manera oficial en toda la historia reciente de la importante zona metropolitana del departamento. Las propias autoridades policiales, junto con prestigiosos y experimentados analistas de seguridad ciudadana e investigadores del conflicto urbano, no dudan en advertir a la opinión pública que ni siquiera en las más oscuras, caóticas y tormentosas épocas ligadas a los años 70 u 80, la región había tenido que presenciar cifras estadísticas tan abrumadoras, junto a un accionar criminal tan cínico, público y abiertamente descarado. Lejos de que los ánimos criminales lograran apaciguarse con los respectivos llamados al orden, el recién culminado mes de abril cerró sus terribles estadísticas con un todavía más escalofriante e indignante saldo total de 104 vidas humanas completamente segadas de tajo: 54 de estas trágicas muertes ocurrieron a sangre fría en las calles de la ciudad de Barranquilla, otras 15 se perpetraron violentamente en los barrios del municipio de Soledad, mientras que 10 más sumaron luto en la localidad de Malambo.

Lamentablemente, dentro de todo este trágico ecosistema donde reina la impunidad impuesta por las armas, buscar el apoyo, el amparo y la protección de la ley formal también se ha convertido paradójicamente en un enorme y mortal riesgo de alta probabilidad para un sinfín de ciudadanos honrados. Uno de los casos más mediáticos, dolorosos y profundamente representativos de toda esta desgarradora sensación de total desesperanza interinstitucional, tuvo lugar precisamente el 24 de febrero del año 2021. En esa fatídica jornada, un hombre trabajador y humilde comerciante barrial, sumamente agotado y mentalmente cansado de soportar las extenuantes y constantes amenazas telefónicas en su contra, tomó la loable y valiente decisión cívica de confiar plenamente en las instituciones del Estado. Este noble señor procedió a presentar formalmente la denuncia penal respectiva ante las autoridades policiales competentes y clamó en su momento por protección inmediata para su vida. Tristemente, el desenlace demostró ser el peor posible: su destacable valentía civil fue cruel e inmediatamente castigada con el robo de su vida. Relatan con estupor los testigos que, apenas unos instantes después de que los agentes uniformados adscritos al grupo especial del Gaula de la Policía se retiraron confiados del entorno tras acompañarlo muy brevemente en su local, los despiadados sicarios motorizados aparecieron de la nada en el lugar y, en un acto de retaliación contundente y mensaje mafioso, lo asesinaron a sangre fría ejecutando múltiples disparos mientras la víctima permanecía indefensa dentro de las instalaciones de su propio emprendimiento. Crímenes de esta impactante magnitud y alevosía han sembrado en el transcurso del tiempo una profunda e infranqueable barrera de desconfianza en el seno de la comunidad afectada, logrando erigir exitosamente para los criminales un gigantesco, espeso y conveniente muro de completo silencio originado y justificado por el terror paralizante a sufrir represalias fatales.

El Silencio Oficial y el Clamor por la Justicia

A pesar de existir este grueso ambiente dominado por el miedo, la desconfianza generalizada y la intimidación sistémica, las altas directivas de la Policía Nacional de Colombia, operando firmemente a través de todas sus estratégicas divisiones especializadas, como lo es indiscutiblemente la dirección del Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal), han emprendido intensas campañas y continúan realizando enérgicos llamados urgentes a toda la ciudadanía en general. El mensaje policial es claro y directo: invitan férreamente a las víctimas a que no se rindan jamás ante el acoso del crimen organizado y suplican a los pobladores que utilicen activamente y confíen en las importantes líneas oficiales establecidas exclusivamente para la recepción de denuncias anónimas y seguras, como lo son particularmente el número de emergencias 165 y la línea de apoyo celular 317 896 5523.

Las altas autoridades policiales de la región metropolitana argumentan con vehemencia, presentando datos operativos contundentes en la mano, que un muy alto y positivo porcentaje de los complejos casos ligados a las extorsiones en estas zonas logran resolverse operativamente y de manera completamente efectiva, y con los responsables tras las rejas, única y exclusivamente cuando la víctima afectada logra armarse de un inmenso valor y decide dar el paso al frente para hablar, aportar información valiosa y denunciar los hechos concretos. Los voceros oficiales de la institución armada señalan que solo mediante la vital contribución de las denuncias anónimas y del acercamiento estrecho de la comunidad barrial hacia las puertas de las oficinas policiales especializadas, los equipos de inteligencia han logrado rastrear el dinero, desenmarañar y entender de forma precisa las nuevas, cambiantes y escurridizas dinámicas del delito urbano. Es gracias a esta sinergia de información civil y actuación policial que se ha posibilitado exitosamente la captura de múltiples e importantísimos cabecillas zonales de ambas estructuras armadas, y se ha permitido el despliegue de impresionantes operativos tácticos de alto impacto visual y judicial, los cuales buscan desesperadamente debilitar y desmantelar paso a paso estas gigantescas, organizadas y en extremo complejas redes delincuenciales que azotan la región.

Sin embargo, en total e incomprensible contraste con todos los notables esfuerzos operativos, de logística e inteligencia realizados por parte de las valerosas fuerzas armadas de seguridad nacional, se hace dolorosamente evidente la existencia de un colosal y abrumador vacío en materia de liderazgo político local, un tema sensible que constantemente genera, alimenta y multiplica una profunda indignación moral y una palpable frustración cívica entre los miles de habitantes y gremios económicos. Mientras que, por un lado, las aterradoras cifras de sangrientos homicidios y ataques violentos se continúan disparando hacia arriba mes tras mes sin encontrar freno alguno, y mientras el clamor unificado de los angustiados comerciantes, representados por gremios y asociaciones de barrio, exige fuertemente la implementación de soluciones inmediatas, contundentes y definitivas a esta epidemia de inseguridad; por otro lado, el actual y máximo mandatario de los destinos políticos de la urbe, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, opta incomprensiblemente por mantener un absoluto hermetismo. Este sepulcral y evasivo silencio público en medio de semejante tormenta ha sido calificado severamente por innumerables ciudadanos, víctimas, analistas y diversos líderes de opinión en redes sociales, como una postura que bordea lo cómplice y que resulta ser profundamente decepcionante, irresponsable y carente de toda empatía gubernamental.

Decenas de respetados comunicadores sociales y valientes periodistas de investigación e impacto social —tal y como lo es el destacado profesional Steven Mora de la prestigiosa cadena Testigo Directo— han intentado, de manera sumamente insistente y utilizando múltiples canales institucionales de comunicación oficial, lograr contactar al despacho del mandatario y obtener así algún tipo de declaraciones, entrevistas explicativas o respuestas coherentes para lograr comprender y transmitirle al ciudadano común cuál es, si es que existe, el verdadero plan de choque integral o la estrategia de contingencia diseñada por parte de la actual administración municipal para hacerle un frente sólido a esta monumental crisis de inseguridad armada. Tristemente, el único e invariable resultado obtenido a tantas solicitudes sigue siendo el mismo y frustrante muro de hermetismo burocrático: a la fecha, el mandatario local simplemente no atiende, no concede entrevistas ni le contesta a ninguno de los medios de comunicación independientes y serios. Tampoco se dirige formalmente hacia las asfixiadas agremiaciones comerciales organizadas de la ciudad que representan el motor financiero local, ni le brinda la cara o el pecho a la inmensa ciudadanía trabajadora que desde las calles, en medio de llantos y plegarias, exige que se le respeten y garanticen de manera efectiva sus derechos constitucionales más básicos, vitales y fundamentales, como lo son el sacrosanto derecho a conservar la vida, el derecho a la seguridad personal, y el derecho fundamental al libre trabajo y a la locomoción pacífica sin someterse a tributos ilegales que financian las armas criminales. Por consiguiente, no es de extrañar que para amplísimos, ruidosos y representativos sectores sociales y comunales de la región, esta escandalosa falta de firmeza institucional, de genuina presencia en los territorios críticos, de liderazgo de crisis y de una asertiva comunicación gubernamental con empatía frente a la adversidad, sea considerada como el más triste, nítido y doloroso reflejo que confirma una gestión ejecutiva que, por lo menos en la neurálgica materia de seguridad humana, garantías constitucionales y orden ciudadano, está resultando ser a la vista de todos absolutamente negligente, inoperante, mediocre e indefendible.

Conclusión: Dos Realidades Paralelas

En la actualidad, como si se tratara de un espejismo surrealista, la maravillosa capital del departamento del Atlántico parece verse obligada a sobrevivir y respirar a diario en medio de lo que sociólogos y urbanistas calificarían como una dolorosa y severa esquizofrenia urbana, habitando forzosamente en un mismo espacio geográfico dos ciudades completamente opuestas, distantes y radicalmente desiguales, separadas por un muro invisible de sangre, dinero y privilegios de clase. Por un lado del telón, se levanta de manera imponente y hermosa la cara internacional, próspera y promocionada de la urbe: el monumental, alegre y colorido Malecón del Río. Allí, bañado intensamente por el radiante y cálido sol caribeño, cientos de familias foráneas, inversionistas extranjeros y despreocupados turistas de todas partes del mundo caminan relajadamente con cámaras en mano, consumiendo la deliciosa gastronomía de vanguardia, disfrutando con inmensa alegría de los modernos espacios públicos y maravillados profundamente por la imponente y vanguardista infraestructura urbanística; unos visitantes que circulan felices intentando ignorar de manera premeditada, o sencillamente desconociendo por la más completa y absoluta ignorancia originada en el hermetismo mediático oficial, cuáles son las aterradoras, macabras y contundentes estadísticas de extorsión generalizada y muerte sistemática que acechan silenciosa pero implacablemente a la gran mayoría de la ciudad en ese mismo instante de tiempo.

Por el otro lado, bajando de las lujosas avenidas y trasladándose a escasas calles de distancia hacia el interior metropolitano, se encuentra de frente y sin filtro la Barranquilla real, la ciudad profunda, trabajadora, informal y profundamente doliente. En esta cruda dimensión paralela es donde se libran las verdaderas y sangrientas batallas diarias por el mero derecho fundamental de existir y subsistir en paz en Colombia. Allí es donde la pesada y oxidada reja metálica de seguridad de la humilde y pequeña tienda de barrio de toda la vida se tiene que cerrar apresurada y temerosamente a tempranas horas de la tarde, mucho antes de que caiga el sol, como medida desesperada de protección. Es allí, en el corazón de los barrios olvidados, donde el estruendoso y peculiar sonido del acelerador de una motocicleta desconocida aproximándose a gran velocidad por la cuadra, automáticamente y de manera instantánea le hiela el alma, le seca la garganta y le acelera a ritmos de taquicardia el corazón a todos los valientes comerciantes locales sobrevivientes y a sus angustiados vecinos asomados entre persianas, quienes temen permanentemente lo peor ante la implacable llegada de los voraces y armados cobradores de extorsiones. Es en estas calles, sin rimbombantes inauguraciones políticas ni publicidad gubernamental, donde miles de hombres y mujeres trabajadores humildes, honrados y de manos curtidas, al finalizar una larga y agotadora jornada de arduo esfuerzo bajo el sol extenuante de la costa, cuentan desesperadamente, con frustración y lágrimas contenidas en los ojos, las pocas monedas recolectadas en el día, con el único e inamovible propósito mental de poder lograr sumar a final de mes y entregarle sin rechistar y con la cabeza agachada la injusta, aberrante y criminal cuota en billetes a las temidas estructuras y despiadados recaudadores, con la única esperanza de que dicho pago, a modo de vil peaje a la parca, les permita conservar su único sustento económico intacto, salvar su patrimonio y, fundamentalmente, seguir respirando de manera prestada durante un largo y doloroso mes más de existencia incierta.

La cruenta, frontal y despiadada guerra declarada y mantenida ferozmente en las calles entre las sanguinarias estructuras de Los Pepes y Los Costeños, ha dejado hace muchísimo tiempo de ser un simple choque superficial, esporádico o menor de simples pandillas callejeras de barrio marginado, o un mero ajuste de pequeñas cuentas inconclusas por control de ollas de vicio entre delincuentes comunes y corrientes, para convertirse velozmente y sin mayor freno estatal en un terrorífico, poderoso y organizado conflicto bélico sistemático y estructural de amplias y dolorosas proporciones que amenaza seria y fatalmente con devorar por completo y extinguir sin remedio todo el rico y valioso tejido social, el vigoroso ecosistema económico de desarrollo y la hermosísima y destacada herencia cultural que siempre ha enorgullecido históricamente a una de las regiones sociodemográficas, comerciales y humanas más fundamentales, queridas e importantes de toda la República de Colombia. El flagelo de la extorsión ha dado un peligroso e inadmisible salto cualitativo en la región: ya dejó definitivamente de ser percibido como un simple delito lucrativo más del extenso código penal, para perversamente convertirse, instaurarse y consolidarse en la cotidianidad como una asfixiante e insostenible forma de gobernanza criminal de facto que regula los territorios populares mediante el poder absoluto de las armas y la imposición brutal de una cultura sustentada en el miedo colectivo de la ciudadanía abandonada.

El promisorio y resplandeciente futuro de bienestar de aquella mágica e inigualable “Puerta de Oro de Colombia”, el sueño de progreso del departamento del Atlántico, pende en este preciso instante oscuro de la historia de un muy frágil y delgado hilo que está a punto de reventarse por la acumulación insoportable de tantas muertes impunes y lágrimas derramadas de familias honestas. Los expertos coinciden unánimemente en que solo mediante una intervención estatal integral que sea masiva, firme, contundente, fuertemente articulada y sostenida en el tiempo, debidamente apoyada por un sistema de justicia rápido y sin fisuras de corrupción, despojada valientemente de hipócritas e inaceptables silencios políticos o cálculo de votos, y que sobre todo esté robustamente acompañada de una profunda y verdadera estrategia transversal a largo plazo orientada a brindar protección real, permanente y efectiva —tanto a nivel de la asistencia social primaria como a nivel del respaldo económico sin burocracia desmedida a los emprendedores en todas sus variadas escalas de operación y tamaño comercial—, será entonces el momento en el cual los miles de sacrificados y resistentes ciudadanos de a pie que habitan diariamente en los confines de Barranquilla, las calles de Soledad y el territorio de Malambo, finalmente podrán, después de haber atravesado todo este largo y sombrío infierno, recuperar paso a paso, con esfuerzo colectivo, esa paz de espíritu que les fue arrebatada injustamente a la fuerza y que se les debe de forma histórica. Solo así, con determinación total del Estado central y de los líderes gubernamentales locales trabajando mancomunadamente hombro a hombro junto a las comunidades unidas, podrán en un futuro cercano volver a descorrer con firmeza las pesadas rejas, abrir plenamente las puertas de par en par de sus valiosos comercios y atender con alegría al público de sus barrios en paz, dignidad y tranquilidad, liberados por fin de las cadenas extorsivas y sin sentir jamás ese agobiante, perpetuo y frío terror acechándoles la nuca al pensar en cada minuto del día que, en cualquier instante letal e imprevisto de la jornada de trabajo, la muerte intempestiva impulsada en las ruedas de una motocicleta y escondida bajo un casco oscuro decida detener su marcha acelerada con el único objetivo de apretar cruelmente un gatillo para intentar cobrar su cuota macabra y de esta forma buscar adueñarse de manera cobarde y violenta de sus preciadas e irremplazables vidas y de los esfuerzos de toda la región.