Hay un hombre de 64 años que camina arrastrando un andador de cuatro ruedas por los pasillos de la prisión federal USP Terrejaute en el estado de Indiana. Perdió una pierna. Tiene una bala alojada en la columna vertebral desde hace décadas. Habla de lado con la mandíbula reconstruida quirúrgicamente. Y aún así, la justicia colombiana lleva más de 20 años esperando que hable de verdad.
Ese hombre es Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Donberna. fue guerrillero del EPL, sicario del cartel de Medellín, arquitecto de los Pepes, el grupo que ayudó a cazar a Pablo Escobar, heredero de la oficina de Envigado, jefe paramilitar de bloques que suman más de 11,000 víctimas documentadas. Y hoy un preso que lleva 17 de 30 y 1 años pagando una condena por narcotráfico en suelo norteamericano, mientras Colombia sigue sin saber qué generales, qué políticos, qué empresarios financiaron la máquina de matar que él comandó. En este video
vamos a recorrer toda esa historia. Vamos a ver como un muchacho de Tulua, Valle del Cauca, terminó siendo el hombre más temido de Medellín después de Escobar. Vamos a conocer los nombres de las víctimas que esperan verdad. Jaime Garzón, Eduardo Umaña Mendoza, Els Alvarado, Mario Calderón, los cuerpos, sin identificar que siguen apareciendo en la escombrera de la comuna 13.
Vamos a entrar a la celda de Indiana, donde hoy vive este hombre, y vamos a responder la pregunta que nadie en Colombia termina de cerrar. ¿Es suficiente lo que ha pagado el muchacho de Tuloa y las primeras guerras? El 23 de febrero de 1961 en Tuluáis, Valle del Cauca, nació Diego Fernando Murillo Bejarano, una ciudad de clima caliente, mercado agrícola, corredor entre el norte del Valle y el Eje Cafetero.
En su infancia no hay ningún trauma documentado que explique lo que vendría. Lo que sí existe es una línea clara trazada desde finales de los años 70. El joven Murillo se vinculó al Ejército Popular de Liberación, el EPL, la guerrilla maoísta, que en su mayoría se desmovilizaría entre 1990 y 1991. Dentro del EPL, Murillo perteneció a una fracción escindida conocida como Estrella Roja, un grupo menor más radical ideológicamente, que terminó en enfrentamiento directo con la estructura original del EPL.
Y esa primera ruptura lo empujó hacia donde estaba el dinero. El dinero en los alrededores de Medellín, a principios de los 80, lo tenía Fernando el Negro Galeano Berrio y su hermano Mario. Murillo llegó a Itahüí, municipio al sur de Medellín, colindante con Envigado y según declaraciones judiciales posteriores recogidas por Inside Crime en su investigación sobre élites y crimen organizado en Colombia, comenzó lavando carros para Fernando Galeano.
Un punto de entrada. Galeano era socio cercano de Pablo Escobar. Uno de los principales operadores de rutas de cocaína del cartel de Medellín y dominaba económicamente la región de Itagüí. A su servicio, Murillo demostró rápidamente algo valioso. No le temblaba la mano, pero la guerra llegó antes de que pudiera consolidarse.
Estrella Roja todavía operaba y los viejos camaradas guerrilleros de Murillo, que lo veían como traidor desde que se cambió de bando, decidieron actuar. A principios de los años 80, la revista Semana registra este episodio en su perfil de julio de 2007, Los secretos de Don Berna, un comando del grupo, llegó hasta una taberna llamada 15 Letras en Itagüí.
Murillo estaba dentro, lo ametrallaron. 17 disparos. sobrevivió de milagro, pero el precio fue permanente. Una bala alojada en la columna vertebral, la mandíbula destruida y reconstruida quirúrgicamente, la amputación de una pierna. Tenía poco más de 20 años. Esa mandíbula reconstruida lo hizo hablar de medio lado el resto de su vida.
Y el andador que arrastra hoy por los pasillos de Indiana tiene su origen en aquella taberna de Itagüí. La respuesta que dio a ese atentado no fue el silencio, fue el exterminio entre 1984 y 1985, bajo su liderazgo y con los sicarios de Galeano como brazo armado, fueron asesinadas al menos 12 personas vinculadas a Estrella Roja, tanto en Itahüí como dentro del campus de la Universidad de Antioquia.
Según datos de la revista Semana, el grupo disidente fue prácticamente liquidado. Fue el primer gran ejercicio de poder de alguien que todavía no tenía nombre en el mundo criminal. Solo una cicatriz en la mandíbula y una pata de palo. Primera guerra ganada al servicio del cartel. Los Galeano y la Catedral para la segunda mitad de los años 80.
Diego Fernando Murillo ya era el jefe de sicarios de Fernando Galeano, un cargo que significaba vida o muerte para decenas de personas cada semana. Galeano y su socio Gerardo Quico Moncada eran junto a Escobar los operadores más importantes del cartel de Medellín. A ellos Pablo le cedió dos rutas estratégicas de cocaína.
Una era conocida como la Fania, también citada en algunas fuentes como la Fani, que salía desde el puerto de Buenaventura en el Pacífico, pasaba por México y terminaba en Los Ángeles. La otra se llamaba Rancho. Según estimaciones de Inside Crime basadas en documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Fanía sola podía mover 10 toneladas de cocaína al mes, generando más de 200 millones de dólares anuales.
A cambio, Galeano y Moncada le prometieron a Escobar pagos de $500,000 mensuales. Murillo cerraba los negocios a través de Galeano, no directamente con Escobar, pero era el hombre que resolvía los problemas que no tenían solución verbal. Julio de 1992. Pablo Escobar está recluido en la catedral.
Su cárcel construida a su medida en el municipio de Envigado, desde donde sigue controlando el negocio. Se entera de que Galeano y Moncada le han estado escondiendo parte de los ingresos según registros judiciales. La cifra que circula es de 20 millones dó. Lo cita en la cárcel el 3 de julio de 1992. Según fuentes de Wikipedia basadas en archivos del expediente, Gerardo Moncada y Fernando Galeano entran a la catedral, los matan, los cortan en pedazos para que no haya rastro.
Sus hermanos William Moncada y Francisco Mario Galeano también fueron eliminados. Diego Fernando Murillo no fue ese día. Lo salvó el azar. estaba acompañando a la esposa de Galeano. Cuando llegó la noticia, su jefe estaba muerto, descuartizado dentro de la misma cárcel de lujo que Escobar había construido. Lo que siguió fue una transformación.
Murillo dejó de ser el hombre de Galeano para convertirse en algo mucho más peligroso. El hombre que quería matar a Escobar, los Pepes y la casa de Pablo Escobar. Agosto de 1992. Escobar ha fugado de la catedral. en algún lugar, probablemente en el entorno del clan castaño, según relatos posteriores del libro.
Así matamos al patrón de icono editores. Se produce la primera reunión del grupo que va a llamarse Perseguidos por Pablo Escobar. Los Pepes, según Carlos Castaño, que más tarde fundaría la SAUC. Esa primera reunión ocurrió a mediados de agosto de 1992, unos 30 días después de la fuga de Escobar.
Los jefes militares del grupo fueron los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil y Diego Fernando Murillo, que representaba a los clanes criminales de Galeano y Moncada. Murillo, según declaró Vicente Castaño antes de ser asesinado, fue quien logró que el cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, financiara parte de las operaciones.
Elmer Pacho Herrera, uno de los líderes del cartel de Cali, dijo en algún momento que había invertido 30 millones de dólares intentando matar a Escobar. y en alianza con el coronel Danilo González de la Policía Nacional, con inteligencia de la DEA, con recursos del Cartel de Cali y con sicarios de Medellín, los Pepes construyeron en la práctica un servicio de inteligencia paralela para cazar al hombre más buscado del mundo.
El 2 de diciembre de 1993, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue dado de baja en la azotea de una casa en el barrio Los Olivos de Medellín durante un operativo del bloque de búsqueda de la policía. Don Berna fue uno de los principales colaboradores que facilitaron esa cacería. Segunda guerra ganada. Lo que Escobar dejó al morir no fue un vacío, fue un territorio.
La oficina de Envigado, la estructura de cobro de deudas y regulación del negocio ilegal que Escobar había construido. Con base en unas oficinas literales de la alcaldía de Envigado necesitaba un nuevo jefe. Murillo la tomó en 1994, según reportes del tiempo y de Inside Crime. Se estableció como el nuevo jefe de la oficina con la bendición del cartel de Cali y con el empresario deportivo Gustavo Upegui López a su lado, con los castaño a su espalda.
Pasó de ser un sicario con cicatrices a ser la figura más poderosa de Lampa antioqueña, pero antes de construir le faltaba una guerra más. La alianza con el cartel de Cali no duró. En 1996, los Rodríguez Orejuela responsabilizaron a don Berna del asesinato de su socio José Santa Cruz Londoño, uno de sus hombres de mayor confianza.
Eso obligó a Murillo a refugiarse en Urabá bajo la protección de Carlos Castaño, según registros de la silla vacía, pero para 1998, con los Rodríguez Orejuela ya extraditados a Estados Unidos y el cartel de Cali articulado, la amenaza se había disipado. Don Berna volvió a Medellín reforzado, la oficina de Envigado. El verdadero poder.
La oficina de Envigado no era exactamente un cartel en el sentido clásico, era algo más sofisticado, un sistema de regulación del crimen en el valle de Aburrá. Cobraba deudas entre narcos, arbitraba conflictos entre bandas, extorsionaba a pequeños negocios, controlaba el chance, los juegos de azar, las rutas de microtráfico y ejecutaba a quienes no pagaban o a quienes se convertían en problemas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos la definió en 2009 como un violento grupo con base en Medellín que involucra tráfico de drogas a gran escala y lavado de activos. El fiscal Neil McB acusación formal la describió como una organización que cobra deudas empleando secuestro, extorsión y homicidios a nombre de narcos bajo don Berna, la oficina mutó.
El autor del libro Las vueltas de la oficina de envigado, Juan Diego Restrepo, dice que Murillo la transformó en una estructura paramilitar financiada con el narcotráfico y que participó en alianza con el ejército en la guerra sucia contra las milicias guerrilleras que operaban en las comunas de Medellín. Esa transformación fue paralela al proceso de paramilitarización que vivió el país desde finales de los 90 hasta principios de este siglo, indica restrepo en su análisis.
Recogido por el tiempo, la primera cúpula de la oficina bajo don Berna la conformaron el mismo, Gustavo Upegui López, Daniel Alberto Mejía, alias Danielito, y Carlos Aguilar Echeverria, alias Rogelio. Upegiui, era el empresario visible, propietario del Envigado Fútbol Club, el mismo club que en esos años tenía en sus filas a un adolescente de Ibagué que empezaba a despuntar.
James Rodríguez debutó profesionalmente con Envigado FC a los 14 años, en 2006. Un mes después de ese debut, el 3 de julio de 2006, Gustavo Upeguí fue asesinado en su finca de San Jerónimo, Antioquia, por un comando de ocho hombres que fingieron ser agentes de la SIGIN y del CTI. La investigación posterior determinó que la orden la había dado Danielito, que quería quitarlo del camino porque Upegui, libre de procesos judiciales, había acumulado demasiado poder dentro de la organización.
Eso es lo que hacía la oficina cuando no había enemigos externos. se devoraba a sí misma, pero mientras duró la cúpula intacta, el poder era real y abarcaba mucho más que el narcotráfico. Informes de inteligencia colombiana recogidos por semana en el perfil de 2007 sobre Don Berna señalan que Murillo tenía intereses en empresas de buses en Medellín, taxis, casinos, prostitución y el negocio del chance, la lotería informal que mueve decenas de millones de pesos diarios en los barrios populares, además de control político y criminal concreto sobre los municipios
de Itagüí, en Vigado, La Estrella y Sabaneta, el llamado cuarto municipio, del sur del valle de Aburrá, una fuente del periódico El Tiempo, en un perfil de 2012 sobre los jefes de la oficina, describió así la arquitectura del poder. Tienen contadores, abogados y políticos. Los dueños no son los 20 jefes que se han capturado.
El mismo artículo señalaba que detrás de los nombres visibles había empresarios legales, invisibles, cuya identidad nunca fue establecida judicialmente. Eso es lo que don Berna construyó y lo que nunca ha terminado de contar. Pero espera, si llegaste hasta acá, ya sabes que este hombre sobrevivió 17 disparos, liquidó a sus propios compañeros de guerrilla, ayudó a cazar a Pablo Escobar y construyó el imperio criminal más duradero de Medellín.
Lo que viene es lo más oscuro de todo. Vamos a entrar a las comunas donde desaparecieron personas inocentes. Vamos a conocer los nombres de intelectuales, periodistas y abogados que murieron porque don Berna puso los sicarios. Y vamos a ver por qué hoy en 2026 sus víctimas siguen esperando mientras él arrastra un andador por una prisión de Indiana. Quédate.
Nos ven desde el interior de Colombia, desde Medellín, Bogotá o las regiones. Y para los colombianos que están viviendo en Estados Unidos, en Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston, Chicago, cuéntennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Son una parte enorme de esta comunidad y este video también es para ustedes.
La SAU, la operación Orión y la cuarta guerra, el paramilitarismo colombiano para la segunda mitad de los años 90 tenía estructura nacional. Las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, eran una confederación de bloques bajo el liderazgo nominal de Carlos Castaño. Don Berna era su inspector general, el hombre que controlaba la operación en Antioquia y que fue expandiéndose hacia otras regiones.
Para 2002, según registros de la silla vacía, Murillo tenía bajo su control bloques paramilitares en varios departamentos. El bloque Calima en el Valle del Cauca, el bloque Libertadores del Sur en Putumayo, el bloque Héroes de Tolobá en Córdoba y el bloque Casique Nutivara en Medellín. Este último fue construido en alianza con un hombre conocido como Orión y contaba con más de 4,000 hombres armados según Wikipedia.
El punto de quiebre en Medellín fue la operación Orion. Octubre de 2002. El ejército y la policía desplegaron más de 2000 efectivos para expulsar a las milicias del ELN y las FARC de la comuna 13. Las guerrillas fueron sacadas, pero el sector, una vez despejado, fue ocupado inmediatamente por los paramilitares del bloque Caique Nutivara.
Muchos civiles fueron asesinados, señalados de pertenecer a la guerrilla. Un informe de inteligencia que después recorrió el mundo vinculó al general Mario Montoya, entonces comandante del ejército, con el apoyo de los paramilitares de Murillo durante esa operación. Semana registró en 2007 que a Don Berna se les indica de 67 desapariciones en ese sector.
Ahí está el origen de la escombrera. Un exparamilitar del bloque Cque Nutivara, Juan Carlos Villaz Aldarriaga, alias Móvil 8, confirmó en versión libre ante la Sala de Justicia y Paz en 2010 que la escombrera El Vertedero ubicado en la parte alta de la comuna 13 fue utilizada como centro de operaciones paramilitares donde llevaban a cabo asesinatos y enterraban a personas retenidas.
En 2013, el propio Don Berna declaró en versión de justicia y paz que en la comuna 13, incluyendo la escombrera, podría haber más de 100 fosas comunes y más de 300 cuerpos. Luego corrigió esa cifra al alza. En una versión de abril de 2013 dijo que podrían ser más de 500 muertos. Desde julio de 2024, equipos forenses de la jurisdicción especial para la paz y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas han estado excavando en la escombrera.
Se han removido más de 36,000 m³ de tierra con excavaciones de hasta 26 m de profundidad. Al cierre de mayo de 2026, siete cuerpos han sido identificados y entregados a sus familias. El séptimo, según Infobae, era un hombre joven, padre de una niña de un año, que había desaparecido en septiembre de 2002. Los cuerpos hallados presentan tiros de gracia y signos de tortura.
La búsqueda se extenderá hasta octubre de 2026. Según auto de la JEP emitido en 2025, la VPD estima que en Medellín hay 4,168 desaparecidos. En la comuna 13 hay alrededor de 500 casos. Nadie sabe cuántos de ellos están bajo esa tierra. Mientras tanto, en Terrejaute, Indiana, el hombre que sabe dónde están, que declaró que había más de 500, arrastra su andador por el pasillo.
La cuarta guerra de Donberna también fue interna. El bloque Metro, comandado por el exmilitar Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, era el otro gran actor paramilitar en Antioquia. doble cero representaba una tendencia que privilegiaba el combate contra insurgentes sobre el narcotráfico. Murillo representaba lo contrario.
La tensión estalló en enfrentamiento armado directo entre ambos bloques en 2003. Antes de morir, doble cero acusó públicamente a don Berna de estar detrás del asesinato de Carlos Castaño. Una acusación que nunca fue probada judicialmente, pero que Inside Crime registra como elemento del expediente de la época.
En 2004, Dobles Cero fue asesinado. También en 2004, Carlos Castaño, el fundador de la SAUC, el hombre que había sido el líder nominal del proyecto paramilitar, desapareció. Sus restos no fueron encontrados hasta septiembre de 2013. Murillo quedó como la figura más poderosa del paramilitarismo antioqueño. Cuarta guerra ganada.
El 25 de noviembre de 2003, 85 integrantes del bloque Ccique Nutivara se habían desmovilizado en Medellín en un acto transmitido por televisión nacional. Fue la primera desmovilización paramilitar del proceso con las AUC. En el marco de los acuerdos de Santa Fe de Ralito, don Berna obtuvo acceso al sistema de justicia y paz, pero la desmovilización en su caso, fue más un trámite procesal que una retirada real.
Las víctimas. Cuando el poder se ensañó con los inocentes, hay nombres que no se pueden pronunciar en este relato sin detenerse. Eduardo Umaña Mendoza, nacido en Bogotá el 22 de noviembre de 1946, abogado penalista, profesor universitario, defensor de derechos humanos, hijo del abogado y sociólogo Eduardo Umaña Luna.
Estudió derecho en la Universidad Libre y fue profesor del externado de Colombia. asumió las defensas de los guerrilleros del M19 torturados en los consejos de guerra. Fue el primer jurista en afirmar y probar que durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, el ejército capturó, torturó y asesinó a civiles, defendió a las familias de los desaparecidos de esa retoma, a los sindicalistas del abuso acusados de sabotaje, a los miembros de la Unión Patriótica exterminados.
El 18 de abril de 1998, pasado el mediodía, tres personas se acercaron a la portería de su edificio en el occidente de Bogotá, cerca del estadio El Campín. Se identificaron como periodistas. Llevaban una cámara a la vista y las armas ocultas. Umaña, acostumbrado a recibir prensa, los dejó pasar. Lo mataron en su propia oficina.
Su cuerpo fue velado en el auditorio León de Grave de la Universidad Nacional. Multitudes llegaron de todo el país. El presidente Ernesto Samper, ministros, intelectuales, juristas, decenas de estudiantes de derecho. Incluso sus adversarios en el estrado reconocían su solvencia. En 2015, Diego Fernando Murillo declaró ante la unidad de Justicia y Paz que el homicidio fue ejecutado por miembros de la terraza, los sicarios que él comandaba por orden directa de Carlos Castaño, con colaboración de la Brigada de Inteligencia del Ejército en cabeza
del coronel retirado Plazas Acevedo. Murillo nombró a los ejecutores, alias el negro Elkin, Gilmar, La Rota, San Pedro y Ángela. cinco personas, cinco nombres sobre los detalles precisos, qué documentos se cruzaron. ¿Qué reuniones hubo antes, quiénes coordinaron la operación entre el ejército y la banda donberna? No dijo más.
Y según el abogado Germán Romero, representante de la familia Umaña en declaraciones a el espectador, cuando se le pidió que ampliara esa declaración, Murillo respondió que no tenía interés en volver sobre el tema. 28 años después del asesinato, la familia humaña sigue esperando. Jaime Garzón Forero. Nacido el 24 de octubre de 1960 en Bogotá.
Abogado, humorista, periodista. Sus personajes en televisión, en Quak, en su sociedad lo convirtieron en un símbolo de resistencia satírica en una Colombia que se moría de miedo. Mediaba entre familias de secuestrados y la guerrilla. Tenía ese don raro de hablar de lo peor con humor, sin que pareciera y respeto.
La mañana del 13 de agosto de 1999, Garzón salía de su casa en Bogotá. Dos sicarios de la terraza llegaron en motocicleta y le dispararon cinco veces. Garzón alcanzó a acelerar el out. Se estrelló contra un poste de alumbrado público. Murió de inmediato. Por el sitio pasaban en ese momento los periodistas José Yamidat y Néstor Morales, amigos de Garzón.
Fueron ellos quienes llevaron la noticia a Radionet. Ese medio fue el primero en difundirla. Era una ironía de Colombia. colegas periodistas anunciando la muerte de otro periodista por ejercer el oficio. La fiscalía determinó años después, con base en declaraciones de don Berna y otros testigos, que los autores materiales fueron de Jesús Arboleda Suárez, alias Gilmar como conductor y Alexander Londoño, alias Alex San Pedro como el hombre que disparó.
Los dos integrantes de la terraza. La orden la dio Carlos Castaño, convencido por José Miguel Narváeze, subdirector del DAS, de que Garzón era colaborador de la guerrilla. En 2016, Narváes fue condenado a 30 años de prisión por instigar el crimen. Don Berna declaró ante justicia y paz que en los documentos que Narvaes entregó a Castaño había una fotografía de Garzón, un croquis de sus desplazamientos habituales y sus horarios.
También dijo que el coronel Plazas Acevedo era quien entregaba a las autodefensas información de inteligencia sobre los blancos y que quien convenció definitivamente a Castaño de dar la orden fue Narváez, que presumía de tener buenos nexos con altos mandos del ejército. Don Berna les pidió perdón a los familiares de Garzón públicamente.
fue el primer paso, pero los generales que aparecen en las declaraciones como determinadores últimos, los que le pasaron la información a Narváez que se la pasó a Castaño, que se la pasó a Murillo, siguen siendo para junio de 2026 un territorio que el exjefe paramilitar no ha terminado de mapear ante la justicia.
Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular, el SINEP, asesinados el 19 de mayo de 1997 en su apartamento en Bogotá. Su trabajo documentaba los alcances del paramilitarismo en Colombia, una de las tareas más peligrosas que podía ejercer un investigador social en ese país en esa época.
Don Berna confesó ante justicia y paz que el crimen lo perpetraron dos hombres y una mujer por orden de castaño bajo la acusación falsa de ser integrantes del ELLN. En el año 2000, la terraza envió una carta a las autoridades judiciales y gubernamentales del país, atribuyéndose la responsabilidad material de los crímenes de Garzón, Alvarado, Calderón, Valle, Umaña y Hernán Genao.
Según investigaciones posteriores de la fiscalía, tres de esas víctimas, Umaña, Valle y Hernán Genao, habrían sido ejecutadas con la misma arma de fuego. Jesús María Valle Jaramillo, abogado y defensor de derechos humanos en Antioquia. Asesinado el 27 de febrero de 1998, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, lo había señalado públicamente como un enemigo de las fuerzas militares por sus denuncias sobre las masacres de Ituango.
Hernán Genao Delgado, director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, investigador social, asesinado también por la terraza. El rector de la universidad en esa época, Jaime Restrepo Cuartas, dijo que Hernán era un buscador de caminos sólidos para conducir el proceso de regionalización.
Su colega María Teresa Uribe, cofundadora del Instituto de Estudios Regionales, declaró en el documental La Memoria del amor, Hernán Genao, que si hubiera tenido que hacer una lista de las personas de la Universidad de Antioquia a las que les podía pasar algo en ese momento, Hernán nunca habría estado ahí.
Piedad, Córdoba, entonces senadora de la República secuestrada por la terraza. Según el exparamilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Váez, que antes de morir en noviembre de 2019 describió el crimen de Umaña como parte de una estrategia de castaño para eliminar a personas que ejercían la defensa de los derechos humanos. Córdoba logró ser liberada.
La Fiscalía Colombiana tiene registradas 1508 víctimas directamente atribuidas a don Berna. Según datos publicados por el espectador, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema señaló en su providencia de mayo de 2026 que el expediente de Murillo Bejarano contiene más de 100 anotaciones judiciales y procesos activos por más de 100 hechos en etapa de sentencia.
Las AUC en su conjunto son responsables, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, de más de 205,000 víctimas del conflicto armado durante los años 90. Esas son las personas que esperan que don Berna hable. ¿Les parece que la condena de 31 años que paga don Berna en Estados Unidos es justa, considerando todo lo que acaban de escuchar? Déjennos su opinión en los comentarios.
Para nuestra audiencia en el exterior, en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva Jersey, creen que Colombia ha hecho justicia con las víctimas del paramilitarismo, la donbernabilidad. Cuando Medellín bajó las armas por orden de un criminal, hay un dato que incomoda y es mejor decirlo de frente. Entre 2003 y 2008, la tasa de homicidios en Medellín bajó de forma sostenida.
Las comunas donde la violencia había sido devastadora, barrios de la ladera nororiental, sectores del sur, zonas de influencia paramilitar directa, vivieron un periodo de relativa calma. Ni el Estado logró explicarlo del todo, ni los ciudadanos estaban seguros de cómo sentirse al respecto. Ese periodo tiene nombre en el Argot criminal de la ciudad. Se llama la donbernabilidad.
Don Berna, como máximo jefe de la oficina de Envigado y de los bloques paramilitares en Antioquia, ordenó a la oficina reducir los homicidios al mínimo. Según Inside Crime, lo hizo porque la violencia visible era contraproducente para los negocios. ahuyentaba inversión, atraía atención federal, complicaba la corrupción de funcionarios.
Un Medellín en aparente paz era un Medellín donde se podía operar con discreción, pero esa calma tenía un precio y lo pagaban quienes vivían en los barrios. Cada combo, cada banda, cada oficina de cobro local seguía operando bajo el paraguas de Murillo. La extorsión continuaba, el microtráfico seguía, los ajustes de cuentas ocurrían, pero de forma más quirúrgica. menos espectacular.
La política también seguía siendo coptada. En las elecciones de 2002, la representante a la Cámara, Rocío Arias, obtuvo una votación atípicamente alta en Cauasia, su tierra natal en el Bajo Cauca. Semana publicó en 2022 que en ese momento ya era señalada como una de las legisladoras impuestas por los jefes de las Aucobo Banoy y don Berna.
Arias fue condenada en 2008 por parapolítica. El senador Carlos Arturo Clavijo fórmula al Senado por el movimiento Convergencia Popular Cívica. También era mencionado por fuentes de inteligencia, como apoyado por las estructuras de Macaco y Cuc. Varios diputados y concejales de Medellín, el oriente de Antioquia y Córdoba tenían vínculos documentados con los bloques de don Berna.
Y hay una dimensión que todavía no se ha cerrado del todo. La silla vacía reportó que don Berna ha revelado en sus versiones ante justicia y paz información sobre los posibles nexos entre paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe, procesos como las chusadas del DAS y reuniones en el Palacio de Nariño entre funcionarios del expresidente y jefes paramilitares.
El propio abogado de Donberna se reunió en dos ocasiones con el secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, en la casa de Nariño. En febrero y marzo de 2007, según declaraciones recogidas por la revista Semana, allí el abogado presentó la tesis de que existía un complot de la Corte Suprema contra el gobierno.
El DAS llegó a grabar ilegalmente conversaciones entre magistrados y el propio Donberna. Toda esa trama, la parapolítica, las chusadas, los nexos entre paramilitarismo e institucionalidad es el territorio que don Berna todavía no ha terminado de mapear ante la justicia. Los fiscales y representantes de víctimas que lo cuestionan dicen que él sabe.
Las cartas que ha enviado públicamente desde Indiana sugieren que sabe, pero dentro de las versiones libres ante el tribunal de Medellín, esos nombres nunca llegaron a formularse con precisión. Eso es lo que está en juego cuando se discute si debe seguir o no en justicia y paz, la extradición. El 13 de mayo de 2008, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Wood, lo había dicho con claridad desde 2004.
Desde el 27 de abril de 2004, el gobierno ha declarado y confirmado varias veces que la extradición no es tema de negociación con los paramilitares, así que no puede haber impedimento para la extradición de don Berna por los graves crímenes de los cuales se le acusa. Antes de que llegara esa extradición, Don Berna intentó maniobrar desde adentro de las cárceles colombianas.
Pasó primero por el anexo 2 de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí desde octubre de 2005. En agosto de 2007, las autoridades revelaron investigaciones que indicaban que continuaba delinquiendo desde esa cárcel, dando órdenes de asesinato contra líderes políticos. Lo trasladaron a CB en Boyacá, la prisión de máxima seguridad más severa del sistema colombiano.
Y en 2005 había ocurrido otro episodio revelador. Fue encontrado culpable del asesinato del diputado de Córdoba, Orlando Benítez. Fugó. Lo capturaron de nuevo. El testigo que lo acusaba se retractó después en circunstancias que Semana calificó como peculiares. Don Berna quedó exonerado de ese cargo específico.
El 13 de mayo de 2008, a las pocas horas de la madrugada, Diego Fernando Murillo Bejarano, fue embarcado en un vuelo hacia Estados Unidos junto con 13 jefes paramilitares más, entre ellos Salvatore Mancuso. El gobierno de Álvaro Uribe ejecutó la extradición masiva. Para las víctimas colombianas que esperaban verdad fue una segunda traición.
El Estado colombiano mandaba a los perpetradores lejos a pagar por el negocio de las drogas, mientras los crímenes de esa humanidad quedaban en expedientes que tendrían que funcionar por videollamada desde Indiana. En junio de 2008, ante el tribunal del distrito Sur de Nueva York, Diego Fernando Murillo Bejarano, se declaró culpable de conspirar para importar múltiples toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El 22 de abril de 2009, el juez dictó sentencia, 375 meses de prisión, 30 y 1 años y 3 meses más una multa de 4 millones. El fiscal en funciones, Levedasin, declaró públicamente, “Esta infame personalidad de la droga ahora será encerrado en una prisión estadounidense y no podrá volver a aterrorizar a los colombianos o continuar con su comercio mortal.
Su condena termina en 2040 después de que se llevaron a Donna. La oficina de Enigado entró en una guerra de sucesión que costó más de 6,000 muertos en Medellín entre 2008 y 2011. Según datos de Wikipedia, dos bandas se enfrentaron por el control de la ciudad, una dirigida por Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, y otra por Eric Vargas, alias Sebastián.
Valenciano fue capturado en Venezuela en 2011. Sebastián fue detenido en su rancho fuera de Medellín en agosto de 2012 y los urbeños aprovecharon el vacío para expandirse. Lo que don Berna tardó 15 años en construir, se desmoronó en tres dentro de la prisión. La vida que nadie cuenta. USPHute, una prisión federal de máxima seguridad ubicada en el condado de Vigo, Indiana, a 70 millas al oeste de Indianápolis, a orillas del río Uabash.
El complejo fue construido originalmente en 1938 financiado con 3,0000000 del programa de obras públicas del gobierno federal. Su diseño arquitectónico sigue el llamado modelo de poste telefónico. Todas las instalaciones, celdas, comedores, talleres se abren hacia un corredor central largo y estrecho. Fue la primera penitenciaría federal para adultos construidas sin un muro perimetral.
La ironía es que hoy sea una de las más difíciles de salir. USPTR Haute es una instalación de nivel de cuidado médico 3, lo que significa que recibe reclusos con condiciones físicas serias que requieren tratamiento continuo, pero que no justifican hospitalización. También es una instalación de nivel de salud mental 3.
Eso explica por qué don Berna, con su historial médico de décadas terminó allí y tiene otro rasgo. Desde el 13 de julio de 1999, USPTe alberga el corredor de la muerte federal, para hombres la unidad de confinamiento especial y la única cámara de ejecuciones activa del sistema federal. Dos tercios de los condenados a muerte por el gobierno federal de Estados Unidos esperan su ejecución en Terrejaute.
Timothy Mcbe, responsable del atentado de Oklahoma City, fue ejecutado allí en junio de 2001. Al momento de redactar este guion, en junio de 2026, tres hombres permanecen en el corredor de la muerte federal, dos de ellos en Terrejaute. Diego Fernando Murillo Bejarano, no está en el corredor de la muerte, está en el sector de alta seguridad general, pero en junio de 2021, cuando fue trasladado aquí desde una prisión hospital donde recibía atención especializada, se encontró de vecino con esa unidad.
El traslado fue abrupto y sin preparación documentada. Según la defensa de Murillo, recogida en el expediente revisado por la Corte Suprema en su providencia de mayo de 2026, al llegar a Terrejaute, quedó en aislamiento efectivo. Los correos tardaban hasta 4 días en llegar. Pasó meses. Sin ver a su abogado norteamericano en el sistema penal federal.
Los abogados deben someterse a verificaciones de antecedentes antes de acceder a la unidad de confinamiento especial, un proceso que toma tiempo. En las visitas legales estándar de USPTJUT, los abogados pueden llegar desde las 8 de la mañana y el procesamiento en la entrada puede tomar entre 30 y 60 minutos antes de acceder al recluso, pero el obstáculo más particular fue otro.
En Terrehjaute, los reclusos son asignados a unidades de vivienda y siguen rutinas predecibles. Cuando Murillo salía a las salas especiales para conectarse por videollamada con los tribunales colombianos, otros internos dentro del complejo, a través de la logística habitual de una prisión, donde los movimientos son visibles para otros reclusos, advertían su salida.
Según declaraciones consignadas en el expediente, su vida estaba en riesgo. La Corte Suprema Colombiana, en su fallo de mayo de 2026 reconoció literalmente que esas condiciones generaron incomunicación, afectación física y emocional, riesgo para la vida e imposibilidad de preparar las diligencias judiciales. El fallo también dice que las situaciones derivadas de estar cerca del pabellón de la muerte, los gritos de los reclusos o sus intentos de suicidio afectaron su estado mental.
Y hay un tercer problema. Cuando el traslado se ejecutó, documentos que Murillo necesitaba para preparar sus versiones libres ante el Tribunal Superior de Medellín se extraviaron años de papelería judicial, expedientes, notas de sus abogados colombianos desaparecidos en algún punto entre la prisión hospital de origen y los depósitos de Terrehout.
Con eso llegó a Indiana con una pierna de menos, una bala en la columna, la mandíbula reconstruida, sin papeles y rodeado de sonidos que, según la Corte Suprema, lo afectaron emocionalmente. Diego Fernando Murillo Bejarano, cumplirá 65 años en febrero de 2026. Bueno, ya los cumplió. tiene 64. Las heridas del atentado en la taberna, 15 letras de Itahui, los 17 disparos de estrella roja, hace más de 40 años son las que definen su cuerpo.
Hoy tiene amputado una pierna por encima de la rodilla. Tiene una bala alojada en la columna vertebral que nunca fue extraída. La mandíbula reconstruida quirúrgicamente en los años 80 le impone hasta hoy la forma en que habla. Desde diciembre de 2023 tiene una nueva prótesis para la pierna. El médico de la prisión, citado en los documentos judiciales presentados ante el juez Richard Burman, la describió diciendo que funciona muy bien.
Recibió 41 sesiones de fisioterapia durante el año 2024. Su expediente médico en la prisión también registra prediabetes, próstata aumentada con infecciones urinarias crónicas, colesterol alto, dolor lumbar crónico y atrofia muscular. Condiciones que individualmente muchos hombres de 64 años manejan en casa.
Pero en una celda de Terrehute combinadas con la amputación, la bala en la columna y el historial de décadas de heridas no tratadas del todo producen un cuadro que sus abogados intentaron convertir en argumento de liberación. El 28 de octubre de 2024, la defensa presentó ante las autoridades penitenciarias de Nueva York una solicitud de libertad por motivos humanitarios.
Rechazada el 7 de noviembre, el 24 de diciembre de 2024, la petición fue elevada al Departamento de Estado de Estados Unidos, rechazada en enero de 2025. El 19 de febrero de 2025, los abogados la llevaron directamente al despacho del juez Richard Berman, quien lleva el caso desde la condena original. El juez la negó.
En su resolución, Berman describió la movilidad del recluso con exactitud clínica. Don Berna deambula en la prisión de manera independiente con un andador de cuatro ruedas y añadió que recibe la atención médica necesaria para sobrellevar sus enfermedades. El umbral que exige la legislación federal para la escarcelación humanitaria son circunstancias extraordinarias y convincentes.
Un andador de cuatro ruedas, prediabetes y fisioterapia no alcanzan ese umbral. En la misma resolución, el juez Berman dejó un párrafo que resume el razonamiento de la justicia norteamericana. Lideró una organización terrorista. Traficaba toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, tráfico de armas, amenazas a testigos y lavado de activos.
Esos factores hacen que no se contemple ningún tipo de reducción a su pena a Diego Fernando Murillo Bejarano. Tres solicitudes, tres negativas. En 16 meses, lo que la defensa colombiana añadió al argumento también quedó en los documentos. El abogado Michel Pineda declaró en septiembre de 2025, en declaraciones recogidas por Infobae, que Donber Berna habría entregado más información sobre los desaparecidos de la escombrera si hubiera logrado el cambio de prisión que solicitaba.
La lógica era mejores condiciones de reclusión a cambio de más verdad. La justicia norteamericana no hizo el cálculo o lo hizo y encontró que no alcanzaba. Su abogada colombiana Mónica Murillo, sin parentesco aparente con el recluso, describió la situación desde otra perspectiva. Nunca se ha negado a decir la verdad, solo que ahora en esta prisión no hay condiciones tecnológicas para que él siga con lo de justicia y paz diciendo la verdad.
Ha sido muy complicado y piensan que él no quiere o se niega, pero no es así. Pero hay algo que Mónica Murillo no explicó y es que entre 2008 y 2021, durante 13 años de prisión en instalaciones anteriores donde las condiciones eran mejores, la contribución de Murillo a la verdad también fue descrita por la fiscalía y por representantes de víctimas como insuficiente, parcial, administrada.
Las condiciones en Terrejaute son peores. Eso es real, pero la tendencia a dar verdad a cuentagotas no es nueva. En junio de 2025, junto a otros 16 exjefes paramilitares, Murillo suspendió su rol como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro designación que había recibido en noviembre de 2024. La razón declarada fue el desacuerdo con la oficina del consejero comisionado de paz dirigida por Oti Patiño.
4 meses después de esa renuncia, la Corte Suprema Colombiana le confirmó que siguen el sistema de justicia y paz. De todas formas, los reclusos de Terre tienen derecho a 7 días de visita al mes y a 300 minutos de llamadas telefónicas en incrementos de 15 minutos o menos. Pueden trabajar en Unicor, la empresa de trabajo penitenciario federal que fabrica toallas y accesorios para el ejército. Pueden tomar clases.
Hay una unidad de fe en el complejo que alberga hasta 125 reclusos y cuyas actividades giran en torno a la práctica religiosa. que no hay en USPT Rejaute, según quedó consignado en el expediente ante la Corte Suprema Colombiana, es un sistema de videoconferencia adecuado para que un recluso participe en audiencias judiciales internacionales de la complejidad y la duración que exige el proceso de justicia y paz.
Esa brecha técnica que debería ser resuelta por coordinación entre los ministerios colombianos de justicia y relaciones exteriores, según orden de la corte, es el obstáculo más reciente en la cadena de obstáculos. que lleva 20 años dándole a don Berna una excusa nueva cada vez que Colombia pregunta. 17 años dentro, 14 por cumplir si llega. Justicia y paz.
Lo que ha dicho y lo que se niega a decir desde 2006, Diego Fernando Murillo Bejarano, está postulado al sistema de justicia y paz la ley 975 de 2005, creada para juzgar a los paramilitares desmovilizados a cambio de verdad, justicia. y reparación. El mecanismo ofrece una ventaja poderosa para los postulados.
Penas alternativas de máximo 8 años de prisión en Colombia. A cambio de confesar los crímenes, aportar verdad y reparar a las víctimas, Murillo lleva casi dos décadas participando en ese proceso de forma intermitente. Ha rendido versiones libres, ha aceptado cargos, ha declarado ante el Tribunal Superior de Medellín su participación en crímenes de enorme peso.
Reconoció la responsabilidad de la terraza en los asesinatos de Jaime Garzón, Eduardo Umaña, Elsa Alvarado, Mario Calderón y Jesús María Valle. nombró a los ejecutores en cada caso. En junio de 2016, ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, aceptó formalmente su participación en esos crímenes.
Según un grupo de representantes de víctimas, citado en el fallo de la Corte Suprema de mayo de 2026, durante más de 10 años ha asistido a diligencias, ha aportado información y ha reconocido más de 1000 hechos criminales por línea de mando. Pero hay otra versión, la que cuentan las familias de las víctimas y la fiscalía.
Germán Romero, abogado de la familia Umaña, lo formuló con precisión en el espectador. La muerte de Umaña fue por orden de la banda La terraza, pero no se tiene información del organigrama del grupo y cómo habrían participado miembros del ejército. Romero agregó que don Berna se ha escudado en supuestas reglas que no le permiten dar detalles de la guerra desde Estados Unidos.
La fiscalía, en su solicitud de exclusión fue más contundente. Murillo se ha limitado a reconocer hechos ya conocidos y a mencionar responsables previamente judicializados, sin revelar quiénes financiaron, promovieron y articularon el proyecto para militar en Medellín y Antioquia. En la apelación revisada por la Corte Suprema se insistió en que Murillo Vejarano nunca ha esclarecido asuntos de alto impacto.
Los homicidios de defensores de derechos humanos, periodistas, investigadores del CTI, miembros del SINEP, profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia. Y hay una frase que circuló en los expedientes y que la prensa colombiana recogió repetidamente. Don Berna insinuó en cartas públicas que conocía información capaz de comprometer a sectores de la institucionalidad.
Nunca concretó esas afirmaciones dentro de sus versiones libres. Eso es lo que tiene a las familias suspendidas entre la esperanza y la rabia. La certeza de que el hombre que sabe está vivo, está en Indiana y está eligiendo qué contar y qué guardar. La directora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, que representa a los investigadores del SINEP, Elsa Alvarado y Mario Calderón, tomó una posición contraria a la exclusión.
Dijo en diálogo con el espectador que si Murillo hubiera sido expulsado de justicia y paz, la investigación habría tenido que comenzar casi desde cero en la justicia ordinaria. Pero para Camilo Umaña Hernández, hijo del abogado Eduardo Umaña Mendoza, ese razonamiento suena a otra forma de la misma impunidad. Antes de continuar, cuéntenos, ¿creen que Colombia hizo lo suficiente al extraditar a don Berna antes de que terminara de confesar? ¿O por el contrario, ¿sienten que el sistema de justicia y paz fue la mejor opción para
las víctimas? Suscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo estos relatos con rigor y sin adornos. Y a nuestra comunidad colombiana en Estados Unidos queremos escucharlos en los comentarios. los bienes, la reparación y el apartamento que terminó mal. Hay una historia lateral que dice mucho sobre cómo funciona la impunidad en Colombia, no en términos abstractos, en términos de un apartamento en Medellín, cuando don Berna se desmovilizó y entró al proceso de justicia y paz, el sistema exigía que entregara bienes para la
reparación de las víctimas. Murillo entregó propiedades, entre ellas un apartamento en Medellín en octubre de 2024. La directora de la unidad de víctimas, Lilia Solano, denunció públicamente que ese apartamento entregado por don Berna para reparar a las víctimas del conflicto armado, terminó siendo ocupado por Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Álvaro Uribe, condenado por Parapolítico.
Según Solano, Mario Uribe estaba en ese apartamento desde 2020, sin contrato, en ocupación no autorizada y le debía al fondo para la reparación a las víctimas 280 millones de pesos por ese inmueble. El apartamento de una víctima ocupado por alguien condenado por aliarse con los mismos paramilitares que crearon las víctimas.
Es una pequeña muestra de lo que ha ocurrido. Dijo Solano. En efecto, los bienes entregados por los paramilitares se convirtieron en una ruleta que quedó en manos de los mismos políticos o parapolíticos. Mientras eso ocurría, miles de víctimas del bloque cacique Nutíbara, del bloque héroes de Tolobá, del bloque Héroes de Granada seguían esperando alguna forma de reparación económica.
el fallo de 2026 y lo que sigue el 25 de mayo de 2026, la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia cerró el debate más reciente sobre el futuro judicial de don Berna. La Fiscalía había pedido su exclusión del sistema de justicia y paz, argumentando que entre octubre de 2021 y 2022 no asistió a versiones libres ni audiencias ante el Tribunal Superior de Medellín.
El tribunal había negado esa exclusión en agosto de 2022. La Fiscalía apeló y la Corte Suprema con ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate confirmó que don Berna se queda las razones expuestas en la providencia, los traslados entre prisiones federales, el aislamiento en Terre Rejaute, la falta de comunicación con su defensa, la pérdida de documentos durante el traslado, la Corte ordenó al gobierno colombiano ministerios de justicia y de Relaciones Exteriores, gestionar mejores condiciones de comunicación para que
Murillo pueda pueda comparecer desde Indiana. Hay más de 100 hechos con procesos activos en justicia y paz. Más de 100 anotaciones judiciales. La Corte dijo con toda claridad que excluirlo sería una medida desproporcionada frente a los derechos de las víctimas. Pero dentro de ese mismo fallo quedaron consignados los reclamos que la fiscalía y las familias llevan años formulando que la información entregada es insuficiente, que los financiadores del paramilitarismo en Antioquia siguen sin nombre dentro del expediente, que los
nexos con la fuerza pública nunca han sido desarrollados con profundidad. El expediente en este punto de 2026 también tiene otra arista. La JEP, la jurisdicción especial para la paz, ha citado a don Berna para esclarecer nexos entre militares y paramilitares. Una citación que suma al expediente de justicia y paz otro frente procesal.
Desde Indiana con el andador, Murillo Bejarano, tendría que responder ante dos jurisdicciones colombianas simultáneamente, mientras la tercera, la justicia norteamericana le niega cualquier salida anticipada. El 19 de mayo de 2026, apenas días antes del fallo de la Corte Suprema, la Jep entregó a su familia los restos del séptimo cuerpo hallado en la escombrera.
Un hombre joven, padre de una niña de un año, desaparecido en septiembre de 2002. La búsqueda en la escombrera se extenderá hasta octubre de 2026. Las excavaciones llevan removidos más de 36,000 m³ de tierra. La JP estima que hay alta probabilidad de encontrar más cuerpos. En algún momento alguien habrá de preguntarle a don Berna de manera formal y con todas las garantías procesales que exige, si recuerda específicamente dónde están los demás.
Diego Fernando Murillo Vejarano lleva 17 años en prisiones estadounidenses. En 2040 terminará su condena si la cumple completa con 79 años. En Colombia los procesos de justicia y paz contra él siguen abiertos. La JEP lo ha citado. Los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores tienen instrucciones de la Corte Suprema de mejorar sus condiciones de comunicación desde Indiana.
Las familias, las que han sobrevivido siguen vivas también. Los hijos de Eduardo Umaña, los colegas de Jaime Garzón, las mujeres del colectivo Mujeres Caminando por la verdad, que llevan más de 20 años yendo a la escombrera a pedir que busquen a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos. Margarita Restrepo, que busca a su hija Carol Vanessa, desaparecida el 25 de octubre de 2002.
Luzena Galeano, buscadora que ha dicho, “No estábamos locas, hemos dicho la verdad. La Fiscalía colombiana tiene 1508 víctimas registradas con nombre y apellido vinculadas al accionar de Donberna. El Centro Nacional de Memoria Histórica pone a la SAAUC, organización que Murillo ayudó a construir y comandó en Antioquia.
Como responsables de más de 205,000 víctimas del conflicto. Ese número no cabe en ninguna celda. Y lo que sí cabe en esa celda de Indiana es un hombre con un andador, una prótesis nueva desde 2023 y la conciencia de que todavía tiene información que nadie más tiene. Los nombres que no ha dicho, los documentos que no ha entregado, los generales que no ha nombrado, los financiadores que no ha revelado.
La Corte Suprema de Colombia dijo en mayo de 2026 que mantenerlo en el sistema es la mejor opción para los derechos de las víctimas. Quizá tienen razón. Quizá la única forma de que esas familias algún día sepan exactamente qué pasó es que el hombre que sabe siga vinculado al proceso, siga compareciendo por videollamada desde Indiana y algún día decida completar lo que lleva décadas dejando a medias.
Pero mientras eso no ocurra, cada audiencia pospuesta, cada versión libre que no llega, cada correo que tarda 4 días, es un día más que las familias esperan sentadas con la certeza de que la verdad existe en algún lugar de Indiana. y que alguien calculadamente la está administrando. Hay consecuencias, siempre las hay. La pregunta es, ¿para quién? ¿Creen que Colombia hizo justicia real con Donberna? O 31 años en Estados Unidos por narcotráfico, mientras los crímenes del esa humanidad quedan sin resolver, es en el fondo, una forma de impunidad
disfrazada de condena. Déjenlo en los comentarios, queremos leer lo que piensan. Y para los colombianos que nos ven desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, Houston, Chicago, Miami, Nueva York, ¿sienten que el país ha avanzado en justicia para las víctimas del paramilitarismo o esa deuda sigue sin pagarse? Cuéntenos, suscríbanse al canal si quieren seguir recibiendo relatos como este, con rigor y sin sensacionalismo, y cuéntennos en los comentarios sobre qué caso quieren que sea el próximo video. Hay nombres que
están esperando que alguien los cuente bien. Nombres como Salvatore Mancuso, que ya está en Colombia respondiendo ante la justicia, como Jorge 40, como los procesos de parapolítica que todavía no se han cerrado. Voten en los comentarios. El próximo episodio lo deciden ustedes.
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