El panorama político y social de Colombia atraviesa un periodo de profunda incertidumbre. En las calles, en los hogares y en los centros de debate público, la pregunta sobre el rumbo que tomará la nación de cara a las trascendentales elecciones de 2026 se ha vuelto ineludible. En este contexto de alta tensión, las palabras del comandante Luis Quiñones han resonado con la fuerza de una alarma de emergencia nacional. Su mensaje es un llamado directo, urgente y desprovisto de adornos a la conciencia de los ciudadanos: la necesidad de reflexionar con frialdad e inteligencia antes de ejercer el derecho al voto, bajo la advertencia de que los errores históricos que hundieron a Venezuela en una crisis sin precedentes podrían repetirse en territorio colombiano si la sociedad civil permanece indiferente.
La preocupación del comandante no surge de la nada. Se alimenta de una realidad cotidiana marcada por el deterioro del orden público y el resurgimiento de una violencia que evoca los capítulos más oscuros de la historia del país. Los recientes atentados terroristas, entre ellos ataques cobardes contra vehículos de transporte público que cobraron la vida de ciudadanos inocentes en Bogotá y en diversas regiones del occidente colombiano, son analizados por Quiñones no como hechos aislados o explosiones fortuitas de criminalidad, sino como los componentes de una estrategia fríamente calculada.
La estrategia del miedo y el fantasma del “narcocontrol”
De acuerdo con el análisis del líder militar, estos actos de barbarie buscan inocular un miedo paralizante en el tejido social. La hipótesis que sostiene es alarmante: se intenta construir deliberadamente un escenario de caos para justificar la permanencia en el poder de una administración de corte izquierdista, encabezada por un exguerrillero. La narrativa oficialista, según denuncia Quiñones, pretende vender la idea de que solo quienes pertenecieron a los movimientos insurgentes poseen la capacidad y la legitimidad moral para dialogar de “tú a tú” con los grupos armados ilegales que hoy azotan los campos y las ciudades, logrando así una supuesta pacificación.
Sin embargo, detrás de esta promesa de paz, el comandante advierte que se esconde una inmensa falsedad diseñada para consolidar lo que define como “narcocontrol”. El objetivo de mantener encendida la hoguera de la violencia interna sería doble: por un lado, chantajear políticamente al electorado haciéndole creer que cualquier cambio de rumbo hacia la derecha significaría el regreso inmediato a una guerra civil abierta; por el otro, desviar la mirada de la opinión pública, de los medios de comunicación y de las agencias de inteligencia del Estado de las verdaderas actividades lucrativas que financian estas estructuras, principalmente el tráfico transnacional de estupefacientes y la minería ilegal.
La tormenta jurídica internacional: El cerco de los tribunales estadounidenses
Mientras el debate político interno se enciende en Colombia, a miles de kilómetros, en el estado de la Florida, se gesta lo que podría convertirse en el terremoto judicial más devastador para la izquierda gobernante en América Latina. Un gran jurado federal en los Estados Unidos avanza en una investigación de gran envergadura destinada a desmantelar las redes de corrupción, lavado de dinero, contrabando humano y narcotráfico que conectan a altos funcionarios gubernamentales de la región con los carteles de la droga.
El comandante Quiñones revela que el rompecabezas judicial está comenzando a completarse gracias a un flujo constante de evidencias y testimonios de alto impacto. Informantes clave de la talla del general Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar del chavismo, y personas del entorno íntimo de la primera dama venezolana, Cilia Flores, han estado aportando datos cruciales a las autoridades norteamericanas. Procesar formalmente a un jefe de Estado activo o a miembros de su círculo inmediato en países de Centroamérica, España o Colombia es una tarea jurídica titánica que exige un estándar de prueba irrefutable; sin embargo, el avance del gran jurado federal está demostrando ser sumamente productivo.
A las puertas de que concluya el periodo operativo fijado para estas deliberaciones, la justicia estadounidense ya ha emitido cargos formales contra figuras de alto nivel, incluyendo a un exgobernador mexicano y a un viceministro. Según las advertencias presentadas en la entrevista, los nombres de los próximos implicados están a punto de salir a la luz pública, y las investigaciones apuntan directamente hacia la cúpula que rodea al presidente Gustavo Petro en Colombia, los gobernantes del régimen cubano, sectores políticos en México y redes financieras en Guatemala y Honduras.
El factor Rivera y el efecto dominó en los regímenes aliados
Un hito reciente que confirma la seriedad y el alcance de la justicia federal de los Estados Unidos fue el veredicto de culpabilidad emitido contra un individuo de apellido Rivera, vinculado estrechamente a las operaciones financieras oscuras del gobierno de Nicolás Maduro en territorio norteamericano. Las investigaciones demostraron la firma de acuerdos multimillonarios que involucraban el desvío de aproximadamente cien millones de dólares depositados en las cuentas de la empresa estatal Citgo en Nueva York, una operación avalada en su momento por la ministra Delcy Rodríguez.
Aunque el procesado solo alcanzó a usufructuar veinte millones de dólares antes de que las agencias federales congelaran los fondos, su hallazgo de culpabilidad lo coloca frente a una condena que oscila entre los veintidós años de prisión y la cadena perpetua. Ante la cruda perspectiva de pasar el resto de sus días tras las rejas, Rivera se encuentra en una encrucijada donde convertirse en testigo de la Fiscalía y entregar información detallada surge como su única tabla de salvación. Esta situación ha desatado el pánico en las capitales aliadas de la región, pues las confesiones de este tipo de intermediarios suelen desencadenar órdenes de captura internacionales difíciles de esquivar.
El terrorismo como cortina de humo para las rutas del contrabando
Al profundizar en la crisis de seguridad que padece el occidente colombiano y la capital de la república, el comandante Luis Quiñones descarta de plano que el recrudecimiento de los ataques sea una coincidencia o el simple resultado de la inoperancia policial. Sostiene, con la firmeza de su experiencia militar, que el terrorismo es utilizado como una cortina de humo deliberada por las organizaciones criminales en complicidad con sectores del poder político.
La lógica de esta estrategia es tan macabra como efectiva: al perpetrar actos salvajes y cobardes contra la población civil, se obliga al Estado y a la sociedad a concentrar todos sus recursos, su atención mediática y su angustia en la gestión de la crisis humanitaria y el miedo al resurgimiento de una guerra interna. Mientras el país se debate en el terror cotidiano, los pasadizos estratégicos de la geografía nacional quedan desatendidos, permitiendo que el flujo masivo de toneladas de cocaína hacia los mercados de Norteamérica y Europa continúe su marcha sin contratiempos.
Quiñones lanza una dura crítica a la gestión del presidente Gustavo Petro, cuestionando la falta de voluntad política para sellar las fronteras y desplegar de manera contundente la capacidad de las Fuerzas Armadas. El analista recuerda que el ejército colombiano cuenta con un presupuesto robusto y tecnología de última generación, incluyendo sistemas de detección térmica capaces de identificar con precisión las firmas de calor de los campamentos ilegales ocultos bajo la densa frondosidad de la selva. Por lo tanto, la persistencia y el crecimiento de estos grupos al margen de la ley no responderían a una incapacidad técnica del estamento militar, sino a directrices superiores que amarran las manos de las tropas.
El escándalo de la base militar y el Clan del Golfo
Uno de los puntos más álgidos y perturbadores de la denuncia radica en las revelaciones publicadas por el diario norteamericano The New York Times, que documentan la existencia de una explotación minera ilegal operada por el Clan del Golfo dentro del perímetro de seguridad de una instalación militar en Colombia. Para el comandante Quiñones, un hecho de esta naturaleza rompe cualquier lógica de negligencia simple y entra directamente en el terreno de la alta traición y la complicidad institucional.
Una operación minera de gran escala requiere el movimiento constante de maquinaria pesada, incluyendo retroexcavadoras que por su tamaño y ruido resultan imposibles de camuflar en un recinto militar custodiado. Quiñones argumenta que la única forma en que una estructura criminal puede extraer oro dentro de una base del Estado sin que se tomen acciones inmediatas ni ruede la cabeza de un solo general, es que exista una orden o un consentimiento explícito que provenga desde la cúspide de la cadena de mando, señalando de forma directa al presidente de la República en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los inmensos recursos financieros derivados de esta minería ilegal no solo engrosarían las fortunas de los cabecillas de las mafias, sino que presuntamente se estarían desviando para financiar las estructuras logísticas de una guerra de guerrillas urbana y rural destinada a garantizar el control territorial e institucional del país.
El marketing político de la violencia y el manual de la reelección indefinida
Frente al incremento de los atentados en plena víspera de los procesos electorales, la narrativa gubernamental suele defenderse argumentando que los ataques son promovidos por sectores de la extrema derecha internacional como una estrategia de marketing político para sabotear el proyecto de la “Paz Total” y desgastar la imagen del poder ejecutivo. No obstante, el comandante Quiñones desmonta este argumento señalando que el verdadero y único beneficiario del caos institucional es el bloque que actualmente ostenta el poder.
De acuerdo con su análisis, los grupos guerrilleros y la actual administración comparten un origen ideológico y un historial de alianzas estratégicas que los convierte en “compañeros de cama”. La generación de un ambiente de zozobra generalizada les proporciona la justificación perfecta para decretar estados de excepción, restringir las libertades ciudadanas y perseguir a la oposición bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional. El objetivo último de este entramado, según Quiñones, es la aplicación estricta del manual político ejecutado con éxito por figuras como Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, Fidel Castro en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua.
Este modelo consiste en acceder al poder a través de los mecanismos democráticos para, una vez instalados en la Casa de Nariño, proceder al desmantelamiento gradual de las instituciones independientes, la colonización de los tribunales con magistrados adeptos y la reconfiguración del Congreso. El fin primordial es reformar la Constitución para legitimar la reelección indefinida y permitir que el mandatario permanezca en la presidencia de por vida, anulando de facto el principio democrático de la alternancia en el poder.
El escudo de la geopolítica rusa y el abismo de 2026
Ante la inminencia de que las investigaciones federales en los Estados Unidos desemboquen en una acusación formal o un indictment contra figuras clave de la administración colombiana, el comandante prevé que el gobierno utilizará la retórica de la soberanía y la persecución ideológica para atrincherarse. En caso de verse acorralado por la justicia internacional, la estrategia del mandatario consistiría en aferrarse al poder absoluto a cualquier precio para evitar la extradición, utilizando al Estado como un escudo de protección personal.
