El estado de Oaxaca atraviesa uno de los momentos más oscuros y sangrientos de su historia política reciente. En un lapso de menos de cinco días, tres figuras políticas pertenecientes a tres partidos políticos distintos y ubicadas en tres regiones geográficamente opuestas del estado, han sido blanco de ataques armados directos. El saldo de esta jornada de terror es devastador: un presidente municipal herido, un alcalde asesinado dentro de su propio hogar y una líder partidista ejecutada a plena luz del día. Estos hechos no solo han encendido las alarmas a nivel nacional, sino que han dejado al descubierto la profunda vulnerabilidad y la impunidad que impera en una región donde la violencia parece haber rebasado por completo a las autoridades.
Para comprender la magnitud de esta crisis, es indispensable analizar la secuencia de los hechos. La ola de agresiones comenzó el jueves 11 de junio de 2026 en la región de la Sierra Sur. Isidro César Figueroa Jiménez, popularmente conocido como “El Chivo”, presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz y militante del partido Morena, se encontraba en la Avenida Hidalgo del Barrio de Arriba. Participaba en un acto público que debía ser rutinario: el arranque formal de una obra pública. Sin embargo, la normalidad se rompió violentamente cuando sujetos armados irrumpieron en el evento y abrieron fuego directamente contra él y su comitiva.
Figueroa Jiménez logró sobrevivir de milagro, recibiendo un impacto de bala en el brazo izquierdo, mientras que un trabajador del ayuntamiento, identificado como Antonio Vázquez, también resultó herido en el fuego cruzado.
Ambos fueron estabilizados en un hospital local. La respuesta de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en este caso particular fue inusualmente rápida: en menos de veinticuatro horas se logró la detención de un individuo identificado con las iniciales I.C.F.J., presunto autor material, y se confiscó la motocicleta utilizada para el ataque. Las autoridades comenzaron a rastrear videos de vigilancia en busca de cómplices y autores intelectuales. Pero mientras la atención mediática se centraba en la Sierra Sur, el terror ya se estaba desplazando hacia la Costa.
El viernes 12 de junio, apenas un día después del atentado contra el alcalde de Miahuatlán, la tragedia alcanzó a Santiago Pinotepa Nacional. Isela Lisbeth González López, contadora pública de profesión y miembro activo de la Asamblea Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Oaxaca, circulaba pacíficamente en su motocicleta por la colonia El Porvenir. Eran horas de la tarde, un momento de alta actividad en esta zona habitacional y comercial, que sirve como un núcleo económico vital para las comunidades indígenas y afromexicanas de la región.
Al llegar a la intersección de la calle Vigésima Tercera Sur y la Primera Poniente, Isela fue interceptada por sujetos armados. No existió forcejeo, no le exigieron sus pertenencias, no hubo advertencia alguna. Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones en un ataque directo y despiadado. La asambleísta quedó tendida sin vida en la entrada de un establecimiento comercial, mientras los sicarios huían con total impunidad. Cuando los paramédicos de Protección Civil llegaron, solo pudieron confirmar que la joven mujer ya no presentaba signos vitales.
La ejecución de Isela no puede analizarse simplemente como un crimen aislado; representa la intersección fatal entre la violencia política y la violencia de género. El grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (Ges Mujer) documentó que, con el asesinato de Isela, la cifra de muertes violentas de mujeres en Oaxaca ascendió a 35 tan solo en la primera mitad del año 2026. Peor aún, desde que el gobernador Salomón Jara asumió el cargo en diciembre de 2022, más de trescientas mujeres han sido privadas de la vida en la entidad. La región Costa, históricamente ignorada, concentra una de cada cuatro investigaciones por delitos de género. A pesar de que desde 2018 existe una declaratoria de Alerta por Violencia de Género en 40 municipios de Oaxaca, la sangre sigue corriendo sin que las medidas gubernamentales logren frenar la tragedia.
El PRD no tardó en emitir un enérgico comunicado, calificando el hecho como un “brutal acribillamiento” y exigiendo que la investigación se apegara estrictamente a los protocolos de feminicidio. El reclamo del partido resonó fuertemente en una sociedad cansada de promesas rotas: “La vida de las mujeres es inviolable y debe ser protegida por encima de cualquier interés”.
Pero la pesadilla oaxaqueña aún no había terminado. El sábado 13 de junio, veinticuatro horas después del asesinato de Isela en la Costa y cuarenta y ocho horas después del ataque en la Sierra Sur, la violencia golpeó con furia la región Mixteca. Joel Ángel Bravo Martínez, de 53 años, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente municipal de San Miguel Amatitlán en su tercer mandato, fue atacado en el lugar donde debía sentirse más seguro: el interior de su propio hogar.
Durante las primeras horas de la mañana, un comando armado ingresó a su residencia y lo atacó brutalmente. Fue su propio hijo quien, en medio de la desesperación, llamó a los servicios de emergencia solicitando una ambulancia desde Huajuapan de León. Trágicamente, la gravedad de las heridas cobró la vida del alcalde en la misma escena del crimen.
Lo que convierte el asesinato de Bravo Martínez en un escándalo mayúsculo de negligencia institucional es que era, en toda regla, la crónica de una muerte anunciada. Casi tres semanas antes, el 22 de mayo, el presidente municipal ya había sido interceptado por dos camionetas llenas de hombres armados en la carretera Acatlán-Oaxaca. En esa ocasión, lo bajaron a golpes y lo despojaron de sus pertenencias. Sabiendo que su vida pendía de un hilo, el 11 de mayo acudió a una mesa regional de seguridad pública en Huajuapan de León y, frente a los representantes del Estado, suplicó formalmente que le asignaran protección gubernamental. La dirigencia nacional del PAN lo denunció públicamente con indignación y dolor: las escoltas que el gobierno prometió nunca llegaron. Dejaron a un hombre marcado para morir completamente solo frente a sus verdugos.
Tres días, tres regiones, tres partidos políticos. PRD, PAN y Morena. La Costa, la Mixteca y la Sierra Sur. Un saldo de dolor, viudez, orfandad y miedo paralizante. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, recurrió a sus redes sociales para emitir la tradicional condena institucional, asegurando que su gobierno no permitirá que “la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades”. A nivel federal, el gabinete de seguridad anunció un despliegue extraordinario, enviando elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República para patrullar las zonas afectadas.
Sin embargo, para los habitantes del estado, las patrullas artilladas y los discursos oficiales llegan demasiado tarde. Las preguntas que dominan las mesas de las familias oaxaqueñas son perturbadoras: ¿Qué está pasando realmente en las entrañas del estado para que los criminales actúen con esta libertad operativa? Si los alcaldes, asambleístas y líderes políticos pueden ser cazados a plena luz del día, acribillados en eventos públicos o masacrados dentro de sus habitaciones pese a haber pedido auxilio institucional, ¿qué esperanza de justicia y seguridad le queda al ciudadano común?
Mientras las carpetas de investigación se apilan en los escritorios del ministerio público bajo los habituales términos de “sigilo” e “investigación en curso”, la realidad de las calles es innegable. Oaxaca se encuentra asediada. Las cifras de los colectivos feministas no mienten y el temor de los alcaldes que hoy temen salir de sus municipios está justificado. Isela no regresó a casa tras su paseo en motocicleta; Joel Bravo murió esperando una patrulla que lo cuidara; e Isidro Figueroa carga con las cicatrices de un país donde hacer política a nivel local se ha convertido en una sentencia de muerte. La justicia en Oaxaca tiene hoy una prueba de fuego, y el reloj de la impunidad sigue corriendo sin piedad.
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