Veintitrés. Escucha bien ese número y asimílalo por un momento. Veintitrés sombras que, de un segundo a otro, simplemente se esfumaron en la oscuridad de la noche. Veintitrés individuos altamente peligrosos que dejaron de estar tras las pesadas rejas de un penal estatal en el estado de Jalisco para comenzar a caminar libremente por las calles, respirando el mismo aire que los ciudadanos comunes. ¿Cómo es humanamente posible que desaparezcan veintitrés personas de una prisión supuestamente resguardada sin que nadie, absolutamente nadie, vea nada? No estamos hablando del guion meticuloso de una superproducción de Hollywood, ni de una trepidante serie de televisión donde el protagonista excava un túnel magistral durante años con una simple cuchara. Estamos hablando de la cruda, tangible y brutal realidad de nuestro país. Se trata de una fuga masiva que hizo temblar hasta los cimientos de las estructuras de seguridad locales y que obligó a que las más altas esferas del poder tuvieran que tragar su orgullo para levantar el teléfono de madrugada.
Cuando las cosas se salen por completo de control a nivel estatal, cuando el agua te llega al cuello y el pánico paralizante te impide respirar con claridad, no hay espacio alguno para la soberbia. Imagina por un instante estar en los zapatos de las autoridades locales. Tienes una crisis de proporciones épicas y catastróficas en tus manos. Eres el gobierno del estado de Jalisco, tienes a los medios de comunicación a punto de destrozarte públicamente, a una sociedad sumida en el terror absoluto que exige respuestas inmediatas, y a veintitrés prófugos dispersos por tu territorio. En ese preciso y profundamente humillante instante, el orgullo político se hace a un lado y la realidad te golpea el rostro. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema cuando el gobierno estatal tuvo que admitir su incapacidad operativa y pedir un auxilio desesperado al gobierno federal. Esa llamada de emergencia es el reflejo perfecto de la inmensa fragilidad de los penales estatales en nuestro país: instituciones que muchísimas veces se ven rebasadas, corrompidas hasta la médula de sus estructuras o que son, sencillamente, inoperantes ante el inmenso poder corruptor y económico de la criminalidad organizada.
Aquí es exactamente donde entra en escena una figura central que está reescribiendo las reglas del juego en la geopolítica interna y el manejo de la seguridad en México: Omar García Harfuch. El actual titular de seguridad a nivel federal no se paró frente a los micrófonos y las cámaras para dar excusas vacías o justificaciones burocráticas. No salió a señalar con el dedo de forma histérica ni a buscar chivos expiatorios para victimizarse. Salió a poner las cartas sobre la mesa con una frialdad y una precisión que as
usta, pero que al mismo tiempo envía un mensaje clarísimo, contundente e inequívoco sobre quién tiene verdaderamente el control de las instituciones de peso en este país. García Harfuch habló con una tranquilidad asombrosa que contrastaba fuertemente con el caos absoluto que imperaba en la situación. Sus palabras, milimétricamente calculadas, revelaron mucho más de lo que parece a simple vista.
García Harfuch mencionó, con un tono protocolario y sereno, que el gobierno de Jalisco les “informó oportunamente”. Sin embargo, cualquier analista agudo sabe perfectamente cómo leer entre líneas. Ese “oportunamente” significa, en el complejo lenguaje de la crisis gubernamental, que en el estado entraron en un pánico insostenible y comprendieron de golpe que no poseían ni la capacidad operativa, ni la fuerza de fuego, ni la inteligencia táctica necesaria para cazar a veintitrés prófugos que se habían dispersado por el mapa. No hubo una burocracia interminable. No hubo reuniones de tres días para debatir opciones teóricas. La comunicación fue directa, cruda y, de manera inmediata, el gabinete de seguridad federal se activó con toda su formidable maquinaria pesada. Las instituciones de mayor envergadura, aquellas que de verdad hacen temblar el suelo cuando marchan hacia el frente, se pusieron en coordinación total en cuestión de minutos.
Este veloz despliegue representa un cambio de paradigma brutal en la forma en que el Estado mexicano está respondiendo hoy en día a las crisis de seguridad de alto impacto. Atrás quedó esa oscura época donde el gobierno federal dejaba que los estados ardieran solos en su propia incompetencia para sacar ventaja y raja política de la tragedia humana. La instrucción emanada desde la capital de la República fue rápida, implacable y letal: hay que dar con el paradero exacto de los fugados, cueste lo que cueste y estén en donde estén. Pero el implacable reloj no perdona a nadie. Veintitrés hombres en libertad gozan de una ventaja abismal durante las primeras e invaluables horas. En ese margen de tiempo, pueden robar vehículos, cambiar por completo su apariencia, refugiarse en casas de seguridad estratégicas, esconderse en la vasta y geográficamente compleja región de Jalisco o, en el peor de los escenarios, cruzar sigilosamente hacia otras fronteras estatales para evaporarse.
Justo cuando la tensión parecía insoportable, y cuando gran parte de los ciudadanos comenzaban a temer con resignación que estos individuos se saldrían con la suya para pasar a engrosar la ya larga e interminable lista de la impunidad en México, entró a la cancha el jugador más pesado e imponente del tablero nacional. Estamos hablando del verdadero músculo de la nación, de aquellos que no conocen la derrota: la Secretaría de Marina. La élite táctica por excelencia. Los elementos castrenses que no hacen preguntas, los que jamás se sientan a negociar y los que, cuando hacen acto de presencia con su armamento, decretan de facto que el juego de las escondidas se ha terminado de manera abrupta para los criminales. García Harfuch, durante su intervención, reveló un dato que constituye una verdadera joya estratégica y que pasó desapercibido para la mayoría de los analistas de escritorio: a tan solo un par de días de la escandalosa fuga masiva, la Marina ya había logrado detener a cuatro de estos esquivos prófugos.
Cuatro hombres peligrosos capturados en un abrir y cerrar de ojos. La élite naval de México desplegó toda su sofisticada y sigilosa red de inteligencia, rastreó complejas huellas electrónicas, siguió rastros físicos, analizó a profundidad los patrones de fuga y, literalmente, les cayó encima con todo el peso de la ley. No fue la policía municipal la que logró el éxito. No fueron los negligentes custodios del penal que, por arte de magia y billetes, “se quedaron repentinamente ciegos” el día de la fuga masiva. Fue la imponente Marina Armada de México la que tuvo que entrar al quite de manera forzosa para limpiar el dantesco desastre institucional originado por las autoridades locales.
Haz una pausa profunda por un segundo y trata de analizar detenidamente el enorme impacto psicológico de este escenario de cacería. Eres uno de los fugados. Lograste lo que parecía imposible para cualquiera: saliste caminando de una cárcel que presuntamente era de máxima seguridad. Sientes el viento fresco en tu cara, crees ciegamente y con arrogancia que lograste burlar al sistema de justicia, encuentras una guarida que te parece inexpugnable, te escondes en la oscuridad y suspiras aliviado pensando que finalmente estás a salvo de cualquier castigo. Y de repente, en el silencio sepulcral de la más profunda madrugada, la sólida puerta de tu escondite seguro vuela en mil pedazos producto de una explosión controlada. Lo último que tus ojos logran registrar, antes de ser sometido brutalmente contra el piso con innegable destreza militar, es el imponente uniforme táctico, oscuro e infalible, de los infantes de Marina. Ese es, precisamente, el nivel de respuesta contundente e implacable que el gobierno federal está lanzando como una advertencia sobre la mesa nacional. Es un mensaje directo que combina a la perfección la fuerza bruta de fuego con una escalofriante precisión quirúrgica. Un mensaje que te grita al oído con firmeza: “Puedes escapar de una cárcel estatal porque el sistema allí está completamente podrido y es dolorosamente frágil, pero jamás en tu vida podrás escapar del inmenso y ubicuo aparato de inteligencia federal”.
Sin embargo, a pesar de este innegable éxito táctico inicial, sería un grave e ingenuo error cantar victoria de forma anticipada. El suspenso angustiante de esta narrativa de vida o muerte está muy lejos de concluir. Si las matemáticas básicas no nos fallan, de los veintitrés criminales que se escaparon burlando los controles y los cuatro que ya fueron re-capturados por el brazo fuerte de la Marina, aún nos quedan diecinueve fantasmas letales sueltos por las calles. Diecinueve sujetos altamente peligrosos y acorralados que ahora saben, con total y absoluta certeza, que los están cazando sin piedad ni descanso. Diecinueve individuos que ya vieron en los noticieros nacionales y en las redes sociales que la Secretaría de Marina no está jugando bajo ninguna circunstancia, y que sus cuatro excompañeros de fuga ya se encuentran de regreso en las frías y húmedas sombras de una celda, enfrentando nuevos y severos cargos federales que inevitablemente los sepultarán en prisión por el resto de sus vidas.
La presión psicológica, el agobiante estrés y el terror paralizante que deben estar experimentando esos diecinueve prófugos en este exacto y preciso momento son simplemente inimaginables para una mente común. Saben perfectamente que el reloj avanza de manera inexorable y juega totalmente en su contra. Su valioso tiempo de libertad robada se agota rápidamente con cada segundo que pasa. Saben que cada desesperada llamada que intentan hacer desde un teléfono celular para pedir ayuda está siendo interceptada, grabada y monitoreada desde las sombras por equipos especializados, que cada vehículo sospechoso en el que intentan desplazarse corre el altísimo riesgo de ser rastreado en tiempo real por el extenso sistema de cámaras de videovigilancia urbana, satélites gubernamentales y por los silenciosos pero letales drones de las fuerzas armadas que patrullan incansablemente los cielos de la región occidente del país.
La cacería humana está oficialmente declarada y se mantiene abierta las veinticuatro horas del día. Mientras tú lees estas líneas de análisis, en este preciso momento hay pesados convoyes militares moviéndose ágilmente y con propósitos letales por las intrincadas brechas del estado de Jalisco. Hay expertos analistas de inteligencia digital trabajando frente a múltiples pantallas interceptando y desencriptando febrilmente miles de comunicaciones. Existen arriesgadas operaciones encubiertas desarrollándose de manera paralela tanto en zonas urbanas densamente pobladas como en áreas rurales apartadas y agrestes. El estado entero de Jalisco, con toda su complejidad territorial, se ha convertido de facto en un gigantesco y letal tablero de ajedrez donde el gobierno federal mueve pacientemente, y con una estrategia brillante, sus piezas maestras para terminar de arrinconar a los diecinueve peones restantes que aún creen ilusamente en su libertad.
Y hay una sola garantía que resulta irrefutable en este sombrío panorama: la Marina de México no es una institución que se caracterice ni remotamente por dejar sus misiones a medias. La rápida caída de los primeros cuatro prófugos no representa bajo ninguna óptica un simple triunfo estadístico para los boletines de prensa; es, en realidad, la llave maestra y de oro que abrirá de par en par la puerta para desmantelar toda su red de complicidad y soporte. Esos cuatro sujetos detenidos, ahora sometidos bajo el rigor del interrogatorio federal, poseen información extraordinariamente vital. Están hablando. Están confesando sin tapujos quiénes financiaron la descarada operación desde el exterior, qué rutas secretas de escape estaban previamente planeadas, quiénes fueron exactamente los custodios locales cómplices que facilitaron la evasión y en qué específicos y recónditos lugares secretos tenían programado reagruparse para continuar delinquiendo.
En el marco de todo este complejo y turbulento escenario de seguridad, la estrategia discursiva de Omar García Harfuch brilla con una luz política muy particular y reveladora. Él, como el experimentado funcionario que es, fue extremadamente cuidadoso, calculador y pulcro al articular sus palabras públicas frente a una nación expectante. Declaró abiertamente que el gobierno federal actúa de manera coordinada en “apoyo a las autoridades de Jalisco”. Esa sola frase, que a los oídos de un ciudadano inexperto podría sonar aparentemente inofensiva y meramente protocolaria, es en la más profunda realidad una auténtica obra maestra de la diplomacia política y el control maestro de daños institucionales. Harfuch le está diciendo al mundo entero, con extrema elegancia pero con puño de hierro enfundado en guante de seda: “Nosotros somos quienes estamos haciendo el verdadero trabajo pesado, nosotros y nuestras fuerzas estamos atrapando de nuevo a los peligrosos delincuentes que ustedes por inoperancia dejaron escapar por la puerta grande, pero lo hacemos pacíficamente bajo el marco institucional de apoyarlos solidariamente”. Es una manera soberbia de exhibir una aplastante y total superioridad operativa, logística e institucional sin la necesidad burda de humillar públicamente al gobierno estatal de manera frontal frente a las cámaras. Sin embargo, en los hechos concretos, tangibles y medibles que todo México está presenciando, la humillación institucional para las autoridades de Jalisco es gigantesca y más que evidente. Un penal de su entera jurisdicción falló de la forma más catastrófica que se pueda concebir, y tuvo que llegar inexorablemente la federación armada para salvarles el pellejo y apagar el incendio.
Al final del oscuro día, este lamentable, indignante y escalofriante episodio de nuestro México contemporáneo nos deja plasmada una amarga lección estructural que, como sociedad consciente, no podemos darnos el lujo de ignorar. La corrupción sistemática y endémica, la alarmante falta de presupuesto, la debilidad en los controles de confianza y la ineficiencia crónica que se vive en los niveles de gobierno local siempre, tarde o temprano, terminarán estallando violentamente y afectando de manera directa e injusta la paz de los ciudadanos de a pie. Hoy en día, la dependencia innegable de la nación hacia la disciplina de las fuerzas armadas y hacia figuras de mando firme y resolutivo como García Harfuch es más fuerte y necesaria que nunca. Esto ocurre, lamentablemente, por una sencilla y cruda razón: los sistemas penitenciarios y de seguridad estatales no logran soportar el embate y el inmenso peso económico y de fuego que ejerce a diario el crimen organizado organizado.
Todo esto nos abre irremediablemente la puerta a un debate profundo, urgente y absolutamente necesario de cara al futuro de la república: ¿Debería el gobierno federal, apoyado en sus corporaciones más sólidas, tomar el control absoluto y centralizado de todas las prisiones estatales de alta seguridad en el vasto territorio nacional para evitar tajantemente que esta clase de vergüenzas operativas se repitan y pongan en peligro la vida de inocentes? La densa pregunta queda flotando en el aire de la opinión pública, mientras tanto, la cacería humana, fría y calculada en las oscuras e inciertas calles de Jalisco, no se detiene ni un solo instante hasta dar con el paradero del último de esos diecinueve fantasmas que aún creen estar libres.
